REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO.- Valle de la Pascua, dieciséis (16) de julio de 2.012.- 202º y 153º PARTE DEMANDANTE: RAMÍREZ ARAY CARLOS JOSÉ PARTE DEMANDADA: GÓMEZ HERNÁNDEZ KALINKA NATHALY LINNETT MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONIRARIOS PROFESIONALES EXPEDIENTE N°: 18.647 I Se inicia este procedimiento mediante escrito que riela en el cuaderno de medidas del presente expediente de fecha 27/03/2012, cursante a los folios 02 al 04, presentado por ante este Juzgado por el abogado RAMÍREZ ARAY CARLOS JOSÉ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.621.071, y de este domicilio, inpreabogado Nº 155.954, mediante el cual intentó la estimación e intimación de sus honorarios profesionales contra la ciudadana al ciudadano GÓMEZ HERNÁNDEZ KALINKA NATHALY LINNETT, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 20.526.831 y de este domicilio. Dicho escrito fue admitido por auto de fecha 02/03/2012, cursante al folio 12 del presente cuaderno, ordenándose la citación de la demandada a los fines de exponer lo que considerara conveniente. Ahora bien, el Tribunal antes de pronunciarse hace las siguientes consideraciones: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Ordinal 1° señala textualmente: “…También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Conforme a la nueva doctrina referente a la perención breve, asentada en decisión del 6 de julio de 2004 emanada de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Velez, “… la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad Constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en las que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia…” Las obligaciones que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial al demandante para lograr la citación del demandado son los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede del Tribunal. A tales obligaciones se añade doctrinariamente la que tiene el actor de señalar al Tribunal la dirección en la cual debe practicarse la citación del demandado. Ahora bien, conforme a la misma sentencia en comento, lo que se requiere para impedir que se produzca la perención breve es que el demandante cumpla con esas obligaciones dentro del lapso de treinta (30) días a que se refiere el ordinal primero del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, independientemente de que dentro de ese plazo se materialice o no la citación. En tal sentido, asentó la citada decisión: “Con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. No, por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días” (Pierre – Tapia. Tomo II Nov. 2004 pag. 461). En el presente caso se puede observar que el escrito mediante el cual el abogado RAMÍREZ ARAY CARLOS JOSÉ, intentó la estimación e intimación de sus honorarios profesionales, fue admitido el 02/03/2012, conforme al auto que riela al folio tres (12) del presente cuaderno, y que el 09/03/2012, (vuelto del folio 12), se libró la compulsa y se entregó al Alguacil de este Tribunal. Ello significa que la parte actora cumplió con su obligación de suministrar las copias para la compulsa dentro del lapso legal, sin embargo el accionante no cumplió con la obligación que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la demandada, cuestión que era imprescindible hacer dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, en este caso del escrito de estimación e intimación de honorarios profesionales, tal como lo prevé el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil.- Como ya se dijo, lo que se requiere es que el actor cumpla con sus obligaciones para lograr la citación de la demandada, dentro del lapso de treinta (30) días desde la admisión de la demanda y no que tal citación se materialice dentro de él; hay que concluir en que ciertamente estamos en presencia del supuesto establecido en el numeral primero del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, y así se resuelve. III Por los motivos expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara de conformidad con los artículos 267, ordinal 1, y 269 del Código de Procedimiento Civil, la perención de la instancia y del presente procedimiento.- El Juez. Dr. José A. Bermejo. La Secretaria Publicada y registrada en su fecha, siendo las 10:02 a.m., previa las formalidades legales. La Secretaria Exp. Nº 18.647 JB/cm/rctc.-