TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO.
201° Y 153°

Actuando en Sede Civil
EXPEDIENTE N° 7.058-12
MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES (Apelación contra sentencia condena a pagar al intimado todo por concepto de honorarios al intimante.)
PARTE INTIMANTE: Abogado RAFAEL CELESTINO TORREALBA INFANTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.558.111, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 81.888.
PARTE INTIMADA: COOPERATIVA LA SAGRADA FAMILIA GU2RL, documento constitutivo protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Pedro Zaraza del Estado Guárico, bajo el número veinte (20), folio ciento cincuenta y dos (152) al ciento sesenta (160), tomo octavo, tercer trimestre del dieciséis de agosto de 2006. Representante legal, ciudadano LISANDER GABRIEL PÉREZ MAGALLANES, titular de la Cédula de Identidad Número 13.341.343 y domiciliado en la calle El Roble cruce Sucre, sector Los Guásimos del Municipio Pedro Zaraza del Estado Guárico.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE INTIMADA: Abogada MARGELIS JOSEFINA D´LUCAS CABEZA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 31.205.
.I.
Narrativa
Le compete conocer a esta Alzada, recurso de apelación formulada por la parte intimada contra sentencia de retasa dictada en fecha 03 de noviembre de 2011, por el Juzgado de los Municipios Pedro Zaraza, El Socorro y Santa María de Ipire de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, a través de la cual condenó a pagar al intimado la cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS BOLÍVARES (Bs. 13.900,oo) por concepto de honorarios profesionales al intimante. Luego de haber sido negada dicha apelación a través de auto dictado en fecha 19 de octubre de 2011 por el Tribunal de la causa, y haber sido declarado CON LUGAR recurso de hecho interpuesto por el Abogado Rafael Celestino Torrealba Infante por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
Asimismo, por medio de auto de fecha 23 de enero de 2012, el Tribunal de Municipio oyó dicha apelación en un SOLO EFECTO, y ordenó remitir copias certificadas de las actuaciones que indicara la parte apelante y las que se reservara indicar dicho Tribunal a esta Superioridad, a los fines de que conociera de dicha apelación.
En fecha 14 de febrero de 2012, este Juzgado Superior las recibió y fijó el décimo (10°) día de despacho siguiente a esa fecha, para dictar sentencia.
Llegada la oportunidad para que esta Superioridad dictaminara, lo hizo de la siguiente manera:
.II.
Motiva
En el caso sub lite, se trata de un recurso de apelación en el juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales seguido por ante el Juzgado de los Municipios Pedro Zaraza, El Socorro y Santa María de Ipire del Estado Guárico, donde la accionada es la Cooperativa La Sagrada Familia GU2RL.
Ahora bien, ante tal recurso de apelación, es menester traer ha colación el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en el Ordinal 4°, que consagra el principio, ahora con Supremacía Constitucional (Art. 7 CRBV), que establece:
Ordinal 4°: “TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER JUZGADO POR SUS JUECES NATURALES EN LAS JURISDICCIONES ORDINARIAS, O ESPECIALES, CON LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN ESTA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY…”
En efecto, si bien es cierto que el propio Código de Procedimiento Civil, en su Artículo 1, confunde los términos de Jurisdicción, al hablar de una Jurisdicción “Civil”, para esta Alzada Guariqueña, la Jurisdicción es una, definida ya, desde hace algún tiempo por el procesalista Uruguayo EDUARDO J. COUTURE, como la: “…función pública realizada por los órganos competentes del estado, con las formas requeridas por la Ley, en virtud por la cual por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, los conflictos Inter. Partes…”. Tal Jurisdicción, tiene como limitante la competencia, que puede definirse como la medida de la Jurisdicción, y la cual está atribuida por la Ley; siendo de observarse, que en el presente caso, esta Alzada no tiene atribuida por Ley, la competencia para conocer del conflicto Inter Subjetivo de las parte de autos, pues es evidente el contenido de la disposición transitoria N° 4, de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, publicada en Gaceta Oficial N° 39.363 del 08 de Febrero de 2.010, que establece: “Hasta tanto no se cree la jurisdicción especial en materia asociativa, los Tribunales competentes para conocer de las acciones y recursos judiciales previstos en esta ley, son los Tribunales de Municipios independientemente de la cuantía del asunto…”. Como puede observarse tal atribución del conocimiento de dicha causa, al ser demandado una cooperativa, no se corresponde con los supuestos atributivos de competencia que emanan de la resolución N° 2.009-0006, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de Marzo de 2.009; por lo tanto, en el casos de las acciones contra las cooperativas o asociaciones cooperativas, cuya competencia corresponde a los Tribunales de Municipio, lo es por efecto de la Ley Especial supra trascrita de asociaciones cooperativas, específicamente en su disposición transitoria N° 4, y no por efecto de la resolución del Supremo Tribunal.
Se desprende de tal aseveración que con la promulgación de la resolución N° 2.009-0006 de la Sala Plena de este alto Tribunal, le fue asignado a los Tribunales de Municipio, algunas competencias que por normas adjetivas le correspondían a los Tribunales de Primera Instancia; por cuanto, lo que fue materia de modificación fueron las normas procesales que regulan la atribución de competencia, quedando exceptuadas las competencias otorgadas por leyes y procedimientos especiales. Así las cosas, es menester indicar que el conocimiento y competencia para decidir el presente recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, establece que el recurso de hecho se interpondrán por ante el Tribunal de Alzada del A-Quo, corresponde en el caso de autos al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la Ciudad de Valle de la Pascua, a quien se ordena remitir el presente recurso de conformidad con lo establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fallos de fecha 20 de Julio de 2.011, el primero de ellos con ponencia del Magistrado Doctor CARLOS OBERTO VELEZ, expediente N° 000531 y el segundo, con ponencia del Magistrado Doctor ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ, expediente N° 000715.
Así, la competencia regula la actividad de los órganos Jurisdiccionales en razón de una materia determinada. La competencia de cada órgano, es la expresión de una norma y en ese sentido, la Constitución establece normas claras sobre las competencias de cada uno de los Tribunales. En definitiva, la competencia es la medida de la actividad organizativa que el Estado otorga a los órganos públicos, a fin de evitar arbitrariedades en su actuación; por lo cual, debe definirse al Juez Natural, como el órgano que conoce en la materia afín al caso concreto. El órgano Judicial, debe estar investido de autoridad, vale decir, con competencia, para conocer del caso concreto. Así, la Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 5 de Octubre del 2.002, con ponencia del Magistrado Dr. ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, ha establecido que: “…el derecho del Juez Natural consiste, básicamente, en la necesidad de que el proceso sea decidido por el Juez Ordinario predeterminado en la Ley, esto es, aquél que le corresponde el conocimiento según las normas vigente con anterioridad…”.
Bajo tal fundamento doctrinal y ante el planteamiento del recurrente, al no habérsele atribuido al Tribunal de Municipio la competencia para conocer de los casos donde uno de los sujetos procesales intervinientes sea una Cooperativa, vale decir, que dicha competencia no le haya sido atribuida por la resolución N° 0006-2.009 del Tribunal Supremo de Justicia, sino, por efecto de la disposición transitoria Cuarta de la Ley de Asociaciones de Cooperativa, es por lo que, no puede extenderse la apelación al Tribunal Superior, pues en este caso sub lite, el Tribunal de Municipio no está conociendo: “Como en Primera Instancia”; sino: “Municipio”, por lo tanto la apelación o los recursos de hecho deben remitirse al Tribunal Competente conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, vale decir, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil competente por el territorio, y así se establece.
En consecuencia:
.III.
Dispositiva
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO y del TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, actuando en Sede Civil, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la disposición Cuarta Transitoria de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativa, se declara la INCOMPETENCIA de este Juzgado Superior, en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la ciudad de San Juan de los Morros, para conocer de un recurso de apelación contra el auto dictado por el Tribunal de la causa, Juzgado de los Municipios Pedro Zaraza, El Socorro y Santa María de Ipire del Estado Guárico, con sede en la Ciudad de Zaraza, de fecha 14 de Octubre de 2.011, declarándose competente para conocer al no entrar dentro de las competencias atribuidas por la resolución N° 0006-2.009 de fecha 18 de Marzo de ese mismo año, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la Ciudad de Valle de la Pascua, a quien se ordena remitir el presente recurso de apelación a los fines de su debida tramitación y así se establece. Déjese transcurrir el lapso para el ejercicio del recurso de Regulación de la Competencia, y así se establece.
Se hace un llamado de atención a la instancia A-Quo, para que de cumplimiento al principio constitucional establecido en el artículo 49.4 de la Carta Política de 1.999, relativo al derecho de ser juzgado por los jueces naturales, y así se establece.
Publíquese, Regístrese y déjese copia autorizada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en la Ciudad de San Juan de los Morros, Dos (02) días del mes de Marzo de Dos Mil Doce (2.012).- Años 201° de la Independencia y 153° de la Federación.-
El Juez Titular.-

Dr. Guillermo Blanco Vázquez.

La Secretaria.-

Abogado Shirley Corro B.

En la misma fecha siendo las 2:00 Pm, se publicó la anterior Sentencia y se dio cumplimiento a lo ordenado.

La Secretaria.-

GBV/es.-