TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 14 de Mayo de 2012
202º y 153º
ASUNTO: AH1A-X-2012-000030

Vista la solicitud contenida en el escrito libelar de decretar medida de embargo preventivo sobre bienes muebles que sean propiedad de la parte demandad, el Tribunal pasa a resolver sobre la procedencia de la misma, previa las consideraciones que se exponen a continuación:
El Código de Procedimiento Civil, establece en sus artículos 588 y 585:
Artículo 588:
“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas:
1. El embargo de bienes muebles;
2. El secuestro de bienes determinados;
3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias apara asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Artículo 585:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
Y en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil:
“Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o letras de cambio, pagarés o cualesquiera otros documentos negociables, el Juez solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles...”

En este orden de ideas, el Dr. ROMAN J, DUQUE CORREDOR, en su obra APUNTACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, Tomo II, se expresa, así:
“…En efecto para acordar alguna de las medidas cautelares citadas, el solicitante ha de probar el derecho que se reclama, que por exigirse solo presuntivamente la prueba de su existencia, a este requisito se le denomina “fumus boni iuris” (humo u olor a buen derecho). Igualmente, ha de demostrar el solicitante en forma presuntiva la existencia del riesgo manifiesto, es decir, ostensible, de que quede ilusoria la ejecución del fallo que se le denomina “fumus periculum in mora” (humo u olor de peligro por el retardo). …” (Página 158).
En relación con el Periculum in mora, Piero Calamandrei sostiene lo siguiente:
“...En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos puedan asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho. Las condiciones de la providencia cautelar podrían, pues, considerarse estas dos: 1ª la existencia de un derecho; 2ª el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho”
Pasa este Juzgador a precisar la existencia o no de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar peticionada:
La pretensión de la parte actora es de cobro de bolívares (Procedimiento Intimatorio), fundamentada en un (01) pagaré, que trajo a los autos en original, del cual emana la obligación de pago reclamada.
Los argumentos de la parte actora, expuestos en el libelo, apoyados en la documentación traída a los autos, en principio crean en este Juzgador la presunción de que la pretensión propuesta, se encuentra en principio verosímilmente fundada, razón por la que se verifica el primero de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada, es decir el FUMUS BONI IURIS o HUMO DE BUEN DERECHO.
Presente el HUMO DE BUEN DERECHO, y ante la negativa alegada en relación al cumplimiento de la obligación de pago demandado, en criterio de este Juzgador, el eventual desconocimiento del derecho alegado por la actora en este proceso, aunado a la dilación del juicio, crea la presunción, en esta prima facie del pleito judicial, de la existencia del riesgo manifiesto de que pueda quedar ilusoria la ejecución de un eventual fallo favorable a la parte actora, y con ello el temor fundado de que se le ocasione un daño de difícil reparación, razón por la que este juzgador considera presente el Periculum in mora.
Debe este Juzgado hacer mención que mediante sentencia de fecha 21 de junio de 2005 la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dra. ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO negó la discrecionalidad del juez para otorgar medidas cautelares conforme a lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, exigiéndose de esa manera una valoración meramente objetiva de los argumentos y pruebas aportadas por el actor, de modo de que si se verifican los extremos exigidos en la citada norma, el Juez está obligado a decretar la medida solicitada.
En tal virtud, este Tribunal de llenos los requisitos establecidos el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, decreta MEDIDA DE EMBARGO PROVISIONAL, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, Sociedad Mercantil EL PAIS TELEVISION, C.A., domiciliada en Caracas, Distrito Capital y Estado Miranda, el día 16 de febrero de 1995, bajo el Nº 57, Tomo 39-A-Pro, e e inscrita ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-302.439.540, sociedad mercantil MAROIL TRADING, INC., domiciliada en Caracas, Distrito Capital, Inscrita ante el Registro Público de Panamá, Sección de Personas, el día 25 de octubre de 1996, Ficha Nº 322342 y apostillada el día 20 de enero de 2005, bajo el Nº 1211 y ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-29824576-0, y la sociedad mercantil LATIN AMERICAN PETROLEUM INTERNATIONAL SERVICES DE VENEZUELA, S.A., domiciliada en Caracas, Distrito Capital, inscrita ante el Registro Mercantil Quinto, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 01 de julio de 2003, bajo el Nº 83, Tomo 779-A y ante el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-310.249.113, hasta cubrir la cantidad de DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 12.232.350,00), monto este que comprende la cantidad demandada, que asciende al monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 5.436.600,00), en su doble proporción, y las costas procesales, las cuales fueron calculadas prudencialmente por el Tribunal en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 1.359.150,00) en base al 25% del valor de lo demandado. Si la medida se practicare sobre cantidades líquidas de dinero, la misma se haría efectiva hasta cubrir la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 6.795.750,00), que comprende la cantidad demandada, anteriormente citada y las mencionadas costas.-
A los fines de la práctica de la medida aquí decretada se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Líbrese despacho de comisión, junto con oficio.-
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil doce (2012). 202º y 153º.
EL JUEZ,

Abg. LUIS ERNESTO GOMEZ SAEZ
LA SECRETARIA,

Abg. JENNY GONZALEZ FRANQUIS
En esta misma fecha, siendo las _________, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,

Abg. JENNY GONZALEZ FRANQUIS
EXP N° AH1A-X-2012-000030.-
Asunto Principal: AP11-M-2012-000228
LEGS/JGF/sdms.-