TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO
202º y 153º

PARTE DEMANDANTE: ABRAHAN DÍAZ, CELSA DOLORES REBOLLEDO DE DÍAZ y AURA MARINA DÍAZ REBOLLEDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros. 2.393.055, 2.399.152 y 5.619.004, respectivamente, de este domicilio.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: LUCIMAR BALZA DE PEREZ y CARMEN E. MENDOZA Procuradoras Agrarias II inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 54.395 y 32.492 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: AURORA DE LA PAZ CONTRERAS ORTEGA y NILDA VERA, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad N° 2.389.040 y 8.569.734 respectivamente, de este domicilio.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: JORGE SALOMON MONTAÑEZ y LIBIA ESQUIVEL DE SALOMON, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 33.142 y 30.121 respectivamente.
MOTIVO: QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA. (Expediente N° 1999-2556)
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.

Previa revisión de la presente causa se constató que en fecha 07 de Junio de 1.999, fue interpuesta por los ciudadanos ABRAHAN DÍAZ, CELSA DOLORES REBOLLEDO DE DÍAZ y AURA MARINA DÍAZ REBOLLEDO, representado por la abogada LUCIMAR BALZA DE PEREZ, antes identificados, presentaron demanda de QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA en contra de los ciudadanos AURA DE LA PAZ CONTRERAS ORTEGA y NILDA VERA, representada por los abogados JORGE SALOMON MONTAÑEZ y LIBIA ESQUIVEL DE SALOMON, previamente identificadas, constante de seis (06) folios útiles y sesenta y siete (67) recaudos anexos.
En fecha 30 de Julio de 1.998, se admitió la demanda, se decreto el secuestro en una extensión de terreno constante de una hectárea (01 ha) ubicada en el fundo “Los Coloraditos” Jurisdicción del Municipio Autónomo Leonardo Infante del estado Guarico, comisionando al Juzgado de los Municipios Leonardo Infante, Las Mercedes del Llano y Chaguaramas de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en cuanto a la citación de los querellados, se ordenará una vez conste en autos la practica del Secuestro.
En fecha 24 de Septiembre de 1.999, se recibió cumplida la comisión emanada del Juzgado de los Municipios Leonardo Infante, Las Mercedes del Llano y Chaguaramas de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
En fecha 06 de Junio de 2.000 se admitió la reforma de la demanda dejando sin efecto el secuestro decretado y la comisión librada al Juzgado de los Municipios Leonardo Infante, Las Mercedes del Llano y Chaguaramas de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. Se comisiono al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Leonardo Infante, Las Mercedes del Llano y José Félix Ribas de la Circunscripción Judicial del estado Guarico y una vez conste en autos la practica del Secuestro, se libraran las boletas de citación de las querelladas.
En fecha 06 de Noviembre de 2.000, se recibió cumplida la comisión emanada del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Leonardo Infante, Las Mercedes del Llano y José Félix Ribas de la Circunscripción Judicial del estado Guarico. En la misma fecha se libraron las respectivas boletas de citación a las querelladas. Fue recibida la comisión debidamente cumplida, en fecha 26 de Enero de 2.001.
En fecha 06 de febrero de 2.001, presentó escrito de promoción y evacuación de pruebas la abogada LUCIMAR BALZA DE PEREZ en su carácter de autos. Fue admitido en fecha 08 de febrero de 2.001.
En fecha 08 de febrero de 2.001 el abogado JORGE SALOMON MONTAÑEZ en su carácter de autos, presento Escrito de Promoción de Pruebas. Mediante auto de fecha 08 de febrero de 2.001 fueron admitidas las pruebas.
En fecha 08 de febrero de 2.001 la abogada LUCIMAR BALZA presento escrito de promocion de pruebas y fueron admitidas en fecha 09 de febrero de 2.001.
En fecha 09 de febrero de 2.001 presento escrito de promocion de pruebas el abogado JORGE SALOMON MONTAÑEZ. Fueron admitidas en fecha 09 de febrero de 2.001.
Mediante escrito de fecha 14 de Noviembre de 2.001 presento alegatos el abogado JORGE SALOMON MONTAÑEZ.
Mediante Escrito de fecha 14 de Noviembre de 2.001 presento alegatos la abogada ACRMEN ELIZABETH MENDOZA en su carácter de autos.
En fecha 25 de Julio de 2.007, presentó diligencia la abogada CARMEN E. MENDOZA, mediante la cual solicito se dictara sentencia.
En fecha 24 de Abril de 2012, se aboco al conocimiento de la causa la abogada XIOMARA MENDEZ RAMIREZ, en virtud a la designación hecha por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en reunión de fecha 13 de Marzo de 2.012.

I
MOTIVA
El Tribunal observa:
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción de la ley ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
Dispone el artículo 193 hoy artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
“La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Dicha normativa adjetiva agraria, como norma especial que rige la materia agraria, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, en tanto en cuanto, solo debe aplicarse a los procedimientos contenciosos administrativos ya que dicha norma se encuentra en el Capitulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, sin embargo hay que señalar que cuando una norma especial disponga de un recurso distinto al derecho común debe aplicarse la de la norma especial, en caso contrario estaríamos frente a un error de derecho por parte del juez agrario.
En este orden de ideas la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se pronuncio en sentencia número 0803 del 19 de mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.) lo que a continuación se transcribe:

“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente:
…Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.

Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide.
Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó la perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece

En el presente asunto, este Tribunal Agrario acata y comparte el criterio antes trascrito al establecer que se debe aplicar la perención breve de seis (06) meses en materia agraria, tal como lo contempla el artículo 193 hoy articulo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al decir que “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” no distingue si son tribunales superiores agrarios o de primera instancia agraria los que deben de aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador no lo puede hacer el interprete, es decir, se deben acatar por todos los tribunales agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente este tribunal en acatamiento a dicha doctrina es por la que aplica la perención breve de seis meses. Así se decide.
Así mismo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:

“(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala Nº 00868 de fecha 10 de junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).”

En base a la sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este Tribunal Agrario y revisadas las actas procesales, este Tribunal fecha 25 de Julio de 2.007, folio (427 de la primera pieza), se recibió diligencia la abogada CARMEN E. MENDOZA, mediante la cual solicito se dictara sentencia, evidenciándose que han transcurrido mas de cuatro (04) años y ocho (08) meses aproximadamente, sin que se evidencie actividad procesal en la presenta causa.

En corolario con lo sentado en la sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la paralización, lo que supone la Perención de la Instancia; por lo que resulta forzoso para este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, declarar la Perención de la Instancia y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el archivo de la presente causa. Así se declara.
II
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA de la acción de QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA, interpuesta por los ciudadanos ABRAHAN DÍAZ, CELSA DOLORES REBOLLEDO DE DÍAZ y AURA MARINA DÍAZ REBOLLEDO, representados por los abogados LUCIMAR BALZA DE PEREZ y CARMEN E. MENDOZA, en contra de las ciudadanas AURORA DE LA PAZ CONTRERAS ORTEGA y NILDA VERA representadas por los abogados JORGE SALOMON MONTAÑEZ y LIBIA ESQUIVEL DE SALOMON, previamente identificados.
SEGUNDO: Se ordena suspender la Medida de Secuestro decretada en fecha 26 de Septiembre de 2.000, por el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Leonardo Infante, Las Mercedes del Llano, Chaguaramas y Jose Felix Ribas de la Circunscripción Judicial del estado Guarico sobre una extensión de terreno de aproximadamente una hectárea (1 ha) ubicada en el fundo Los Coloraditos Jurisdicción del Municipio Infante del estado Guárico carretera Nacional Valle de la Pascua-El Socorro dentro de los siguientes linderos: Norte: terrenos de la ciudadana Aurora de la Paz Contreras y carretera Nacional Valle de la Pascua – El Socorro; Sur: vía de penetración que conduce El Carito; Este: bienhechurías ocupadas por Abrahan Díaz, Celsa Dolores Rebolledo de Díaz, Aura Marina Díaz Rebolledo y vía de penetración que conduce a El Carito y Oeste: terrenos ocupados por Aurora Contreras y Nelida Rodríguez.
TERCERO: Este Juzgado ordena el cese del procedimiento y el archivo del expediente.
CUARTO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese y regístrese
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, en Valle de la Pascua, a los 18 días del mes de Mayo de dos mil doce 2012. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Jueza,
Belkis Xiomara Méndez Ramírez La Secretaria Acc.
Johanes J. Díaz G.
En esta misma fecha se dejó copia certificada de la presente decisión en este Tribunal y se publicó el día de hoy 18 de Mayo de 2.012, siendo las nueve y cuarenta de la mañana (09:40 a.m). Conste.
La Secretaria Acc.
Johanes J. Díaz G.

Exp. Nº 1999-2556
XMR/dc