REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO
201º y 153º
PARTE DEMANDANTE: ANULFO JOSE SEIJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. V-5.620.075, Técnico Agropecuario, domiciliados en la población de Tucupido, Estado Guarico.
APODERADO DE LA PARTE ACTORA: Abogada ALIDA DUARTE MENDOZA, Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.661.
PARTE DEMANDADA: EMPRESA SOCIEDAD MERCANTIL SEMILLAS FLOR DE ARAGUA C.A. (SEFLOARCA) debidamente inscrita por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la circunscripción Judicial del Estado Aragua, en la persona de su presidente ciudadano LEON ARQUIMIRO MANANTES PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.285.910, domiciliada en la ciudad de Villa de Cura Estado Aragua.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados HECTOR DIONICIO APONTE y RAFAEL R. ROSALES DIAZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros -4.669 y 19.783, respectivamente.
MOTIVO: INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
Previa revisión de la presente causa se constató que en fecha 24 de Enero de 2001, el ciudadano ANULFO JOSE SEIJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. V-5.620.075, Técnico Agropecuario, domiciliados en la población de Tucupido, Estado Guarico, representado por ALIDA DUARTE MENDOZA, Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.661, en contra la EMPRESA SOCIEDAD MERCANTIL SEMILLAS FLOR DE ARAGUA C.A. (SEFLOARCA) debidamente inscrita por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la circunscripción Judicial del Estado Aragua, en la persona de su presidente ciudadano LEON ARQUIMIRO MANANTES PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.285.910, domiciliada en la ciudad de Villa de Cura Estado Aragua, representada por los abogados HECTOR DIONICIO APONTE y RAFAEL R. ROSALES DIAZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros -4.669 y 19.783, respectivamente, constante de diecinueve (19) folios útiles y ciento tres (103) recaudos anexos.
En fecha 05 de Febrero de 2001, este despacho se admitió el escrito a demanda, constante de diecinueve (19) folios útiles y anexos en 103 folios, de conformidad con lo establecido en las letras “L” “Ñ” y “W” del artículo 12 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, se libro boletas de citación a la parte demanda y de notificación a la Procuradora Agraria auxiliar II del Estado Guárico, se comisiono al Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
En fecha 05 de Febrero de 2001, se abrió cuaderno de Medidas en la presente causa.
En fecha 29 de marzo de 2001, se recibió oficio N° 132 con comisión emanada del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Guárico.
En fecha 28 noviembre de 2001, este Juzgado dicto decisión donde se declaro competente para conocer de la presente acción de daños y perjuicios.
En fecha 04 de marzo de 2002, se recibió comisión con oficio N° 2170-058, de fecha 05 de febrero de 2002, emanada del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua.
En fecha 21 de mayo de 2002, se envió comisión al Juzgado Superior Primero Agrario de la ciudad de Caracas.
En fecha 27 de enero de 2003, se recibió comisión emanada del Juzgado Superior Primero Agrario, constante de trescientos cincuenta y ocho (358) folios útiles.
En fecha 27 de enero de 2003, se abrió la segunda pieza del expediente constante de trescientos sesenta (360) folios útiles.
En fecha 07 de abril de 2003, se recibió comisión emanada del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, segunda pieza.
En fecha 08 de diciembre de 2003, se aboco al conocimiento de la presente causa la abogada, Jumico Becerra Cahng, en virtud de haber sido nombrada Juez Provisorio de este Juzgado, segunda pieza.
En fecha 19 de enero de 2004, se abrió la tercera pieza del expediente constante de trescientos sesenta y siete (367) folios útiles.
En fecha 20 de enero de 2004, se acordó notificar a la parte demandada del abocamiento del Juez en la presente causa, se comisiono al Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, tercera pieza.
En fecha 14 de junio de 2004, se recibió comisión con oficio N° 2170-264, de fecha 20 de mayo de 2004, emanada del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua.
En fecha 04 de mayo de 2005, se comisiono al Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, se libro despacho.
En fecha 19 de julio de 2005, se recibió comisión del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua constante de nueve (09) folios útiles.
En fecha 16 de mayo de 2006, se comisiono al Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, a quien se libro despacho con boleta de notificación.
En fecha 13 de noviembre de 2006, se recibió comisión con oficio N° 2170-629, de fecha 04 de octubre de 2006, emanada del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, constante de ocho (08) folios útiles.
En fecha 07 de mayo de 2007, este despacho envió comisión con oficio N° 237 al Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua.
En fecha 10 de julio de 2007, se recibió comisión con oficio N° 2170-408, de fecha 11 de julio de 2007, emanada del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, constante de ocho (08) folios útiles.
En fecha 14 de abril de 2008, se comisiono al Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, a quien se libro despacho con boleta de notificación mediante oficio N° 178.
En fecha 30 de junio de 2008, se recibió comisión con oficio N° 2170-425, de fecha 16 de junio de 2008, emanada del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, constante de siete (07) folios útiles.
En fecha 1 de marzo de 2008, este despacho comisiono al Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, con el fin de que notificara la parte demandada a quien se libro despacho con boleta de notificación mediante oficio N° 136.
En fecha 06 de julio de 2009, se recibió comisión con oficio N° 2170-570, de fecha 11 de junio de 2009, emanada del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, constante de siete (07) folios útiles.
En fecha 22 de marzo de 2010, se comisiono al Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, a quien se libro despacho con boleta de notificación mediante oficio N° 131.
En fecha 06 de julio de 2009, se recibió comisión con oficio N° 2170-637, de fecha 16 de junio de 2010, emanada del Juzgado del Municipio Zamora del Estado Aragua, constante de siete (07) folios útiles.
En fecha 26 de octubre de 2010, se aboco al conocimiento de la present5e causa el abogado Arquímedes José cardona, en virtud de haber sido nombrado Juez provisorio de este Juzgado.
En fecha 25 de abril de 2012 se aboco al conocimiento de la causa la abogada XIOMARA MENDEZ RAMIREZ, en virtud a la designación hecha por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en reunión de fecha 13 de Marzo de 2012.
I
MOTIVA
El Tribunal observa:
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción de la ley ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
Dispone el artículo 193 hoy artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
“La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Dicha normativa adjetiva agraria, como norma especial que rige la materia agraria, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, en tanto en cuanto, solo debe aplicarse a los procedimientos contenciosos administrativos ya que dicha norma se encuentra en el Capitulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, sin embargo hay que señalar que cuando una norma especial disponga de un recurso distinto al derecho común debe aplicarse la de la norma especial, en caso contrario estaríamos frente a un error de derecho por parte del juez agrario.
En este orden de ideas la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se pronuncio en sentencia número 0803 del 19 de mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.) lo que a continuación se transcribe:
“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente:
…Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide.
Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó la perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece
En el presente asunto, este Tribunal Agrario acata y comparte el criterio antes trascrito al establecer que se debe aplicar la perención breve de seis (06) meses en materia agraria, tal como lo contempla el artículo 193 hoy articulo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al decir que “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” no distingue si son tribunales superiores agrarios o de primera instancia agraria los que deben de aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador no lo puede hacer el interprete, es decir, se deben acatar por todos los tribunales agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente este tribunal en acatamiento a dicha doctrina es por la que aplica la perención breve de seis meses. Así se decide.
Así mismo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:
“(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala Nº 00868 de fecha 10 de junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).”
En base a la sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este Tribunal Agrario y revisadas las actas procesales, este Tribunal observa en la presente causa que desde la fecha 11 de Marzo de 2010, folio (101 de la tercera pieza), se recibió diligencia de la abogada Alida Duarte Mendoza donde se dio por notificada y solicito al tribunal la notificación de la parte contraria para la continuación del juicio supra, evidenciándose que han transcurrido mas de dos (02) años y un (01) mes aproximadamente, sin que se evidencie actividad procesal en la presenta causa.
En corolario con lo sentado en la sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la paralización, lo que supone la perdida de interés; por lo que resulta forzoso para este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, declarar la perdida de interés y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el archivo de la presente causa. Así se declara.
II
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERDIDA DEL INTERES de la acción de INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por el ciudadano ANULFO JOSE SEIJAS, en contra EMPRESA SOCIEDAD MERCANTIL SEMILLAS FLOR DE ARAGUA C.A. (SEFLOARCA) en la persona de su presidente ciudadano LEON ARQUIMIRO MANANTES PEREZ, representada por los abogados, HECTOR DIONICIO APONTE y RAFAEL R. ROSALES DIAZ, previamente identificada.
SEGUNDO: Este Juzgado ordena el cese del procedimiento y el archivo del expediente.
TERCERO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, en Valle de la Pascua, a los 21 días del mes de Mayo de dos mil doce 2012. Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Jueza,
Belkis Xiomara Méndez Ramírez
La Secretaria Acc.
Johanes J. Díaz G.,
En esta misma fecha se dejó copia certificada de la presente decisión en este Tribunal y se publicó el día de hoy 21 de Mayo de 2.012, siendo las doce y treinta minutos del medio día (12:30 p.m). Conste.
La Secretaria Acc.
Johanes J. Díaz G.,
Exp. Nº 2001-3047.
XMR/amp
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