REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico San Juan de los Morros, dieciséis (16) de mayo de dos mil doce 2012 202º y 153º ASUNTO: JH32-X-2012-000008 En fecha nueve (09) de mayo de 2012, se admitió la presente demanda de nulidad contra Providencia Administrativa Nº 225-2011, de fecha 10 de noviembre de 2011 sustanciada en el Expediente con la nomenclatura 060-2011-01-00251, emanada de la Inspectoría del Trabajo de San Juan de los Morros, conjuntamente con medida cautelar se suspensión de los efectos, para lo cual este Tribunal acordó pronunciarse por cuaderno separado, a tal efecto pasa a pronunciarse en los siguientes términos: En primer término vale señalar que el poder cautelar de los jueces viene de la voluntad del Legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso jurisdiccional, con la finalidad inmediata de evitar el acaecimiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes y la majestad de la justicia. En segundo término, es preciso mencionar el dispositivo legal que enmarca la materia, tal como es el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece: ” A petición de la partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la administración pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso….” Así mismo, el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece: ” Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” Atendiendo al marco legal antes mencionado, resulta importante señalar que para ello se requiere de ciertos requisitos de procedencia, como son: el fomus bonis juris, o apariencia del buen derecho que debe derivar de los hechos expuestos en la demanda y de las pruebas o recaudos promovidos; el periculum in mora que procede por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho, conduce a la convicción de que debe preservarse ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un juicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación; el periculum in damni, el cual corresponde con que el daño sea irreparable o de difícil reparación por la definitiva y la ponderación de los intereses particulares y los colectivos, porque de privar estos últimos, no podrá decretarse ninguna medida cautelar a favor de un particular. De manera tal que el Juzgador se encuentra habilitado para emitir todo tipo de medida cautelar con base a un juicio de mera probabilidad o verosimilitud, que resulten necesarias para brindar tutela provisional frente a la acción que dio lugar a la demanda, vale decir para que el Juez pueda adoptar esas medidas el único criterio que debe ser siempre valorado por el juez es la concurrencia de los anteriores requisitos, no obstante como fundamento del demandante para solicitar dicha medida se observa textualmente lo siguiente: “…Con motivo a la Providencia Administrativa de reenganche arriba indicada, que ordena el Reenganche y Pago de Salarios Caídos a el solicitante, por lo que mi representada IMPREGILO S.P.A SUCURSAL VENEZUELA”, esta siendo objeto de procedimientos de sanciones sucesivas, además que existe notoriedad judicial de que después de la providencia de reenganche el beneficiario ejerce recurso de amparo o demandara la supuesta indemnización y supuesto salarios caídos y que se puede evidenciar que no se acató porque adolece de vicios de nulidad absoluta, adicional que contraviene lo establecido en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, tal cual como lo establece la sentencia de la Sala Social (Sent. N° 1612, del 10-12-2010, del SCS/TSJ), siendo materialmente imposible su cumplimiento, por lo que indefectiblemente la recurrente va a ser objeto de sanciones sucesivas. Solicito en nombre de mi Apoderada la suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa dictada bajo el N° 225-2011 de fecha 10 de Noviembre de 2011, sustanciada en el Expediente con la nomenclatura 060-2011-01-00294, por la Inspectoría del Trabajo de San Juan de los Morros del Estado Guárico, aquí recurrida y ut supra identificada, marcada con la letra “B”, pues esto constituiría un perjuicio “de difícil o imposible reparación en la definitiva”, esto es de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, con esto establezco los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, como lo son el “FUMUS BONI IURE y el PERICULUM IN MORA, es por ello que JURO LA URGENCIA DEL CASO”. Precisado lo cual, es claro que pretende la parte solicitante sea acordada medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos de la providencia administrativa, sin embargo la parte demandante no aporta elementos de prueba demostrativos del buen derecho alegado ni del peligro en el retardo, simplemente se conforma con denunciar la existencia de vicios en la decisión, como el falso supuesto y la imposibilidad en la ejecución, sin que conste en autos las circunstancias demostrativas que hagan verosímil el buen derecho, que a la vez de pié a este Tribunal para suspender los efectos de un acto administrativo que por su conformación y naturaleza goza de la ejecutividad y ejecutoriedad atientes al principio de conservación de todo acto administrativo, por tal razón y considerando que las razones esbozadas son objeto de consideración del fondo de este asunto, resulta incuestionable la vinculación de la suerte de la medida cautelar solicitada con la revisión del fondo de la demanda, en consecuencia su análisis en esta fase del proceso conllevaría a vaciar de contenido el fondo de la controversia, adelantando los efectos de la decisión de fondo en caso que la misma resultare favorable, constituyendo entonces una simple ejecución adelantada del fallo definitivo; siendo ello así, y por cuanto de los autos no se desprenden elementos demostrativos esenciales para el decreto de medida cautelar solicitada, esta Juzgadora estima que no están dados los requisitos exigidos para su procedencia, razón por la cual se niega la Medida cautelar de Suspensión de Efectos. Y así se decide. Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confieren la Ley declara: PRIMERO: Se niega la medida cautelar de suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa N° 225-2011, de fecha 10 de Noviembre de 2011, sustanciada en el Expediente con la nomenclatura 060-2011-01-00251, dictada por la Inspectoría del Trabajo de San Juan de los Morros Estado Guarico mediante la cual declaro con lugar la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesta por el ciudadano PEDRO JOSE ROJAS, titular de la cedula de identidad Nº V- 5.152.853, en contra de la empresa IMPREGILO S.P.A. SUCURSAL VENEZUELA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año 2012. La Juez Zurima Bolivar Castro La secretaria Marberis Altuve