Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 19 de diciembre de 2013
203º y 154º
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 1674
Asunto: AP41-U-2010-000004
En fecha 21 de diciembre de 2009, el ciudadano Antonio Albano, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.210.638, actuando en su carácter de administrador de la contribuyente CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL MACARACUAY PLAZA, asistido en este acto por la abogada Josefina Cilona Ingenuo, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.970.997, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 36.237, interpuso recurso contencioso tributario subsidiariamente al jerárquico, contra la Planilla de Liquidación N° 01-10-01-1-30-072444, de fecha 01 de junio de 2004, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual impuso multa e intereses moratorios, por la cantidad total de ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 11.624.038,39), actualmente expresados en la cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.F. 11.624,00).
El 11 de enero de 2010, se recibió la presente causa de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), y en fecha 26 de enero de 2010, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el N° AP41-U-2010-000004, ordenándose notificar a los ciudadanos Procurador y Fiscal General de la República, a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT y a la contribuyente CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL MACARACUAY PLAZA.
El ciudadano Fiscal General de la República, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, y la contribuyente CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL MACARACUAY PLAZA, fueron notificados en fechas 12 y 22 de marzo de 2010 y 10 de junio de 2010, respectivamente, siendo consignadas las respectivas boletas de notificación en fechas 18 de marzo de 2003.
II
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
La Planilla de Liquidación N° 01-10-01-1-30-072444, de fecha 01 de junio de 2004, se encuentra fundamentada en la revisión efectuada a la contribuyente CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL MACARACUAY PLAZA, donde la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dejó constancia de lo siguiente:
“…DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO (C.O.T.) DE 2001, ESTA DIVISION EFECTUÓ LA REVISION DE LOS MONTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDOS Y ENTERADOS MEDIANTE LA PLANILLA DE PAGO FORMA 13 NRO. 0000200143617 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE IMPOSICIÓN 03/1993. DE LA VERIFICACIÓN SE DETERMINÓ EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE RETENCIONES, RAZON POR LA CUAL SE PROCEDIÓ A LIQUIDAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.
FECHA DE PRESENTACIÓN DECLARACION: 03/04/2003
FECHA DE VENCIMIENTO DECLARACIÓN: 05/04/1993
DIAS DE MORA DEL PAGO: 3650
CONCEPTO IMPUESTO MULTA INTERES
1. IMPUESTO RETENIDO DECLARADO 1198767,92
2. IMPUESTO RETENIDO ENTERADO 1198767,92
3. MULTA EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 DEL C.O.T. DE 2001 5993839,60
4. INTERES MORATORIO ARTÍCULO 66 DEL C.O.T. DE 2001 5630198,79
SALDOS A PAGAR 5993839,60 5630198,79
…”
En consecuencia, en fecha 21 de diciembre de 2009, el ciudadano Antonio Albano, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.210.638, actuando en su carácter de administrador de la contribuyente CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL MACARACUAY PLAZA, asistido en este acto por la abogada Josefina Cilona Ingenuo, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.970.997, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 36.237, interpuso recurso contencioso tributario subsidiariamente al jerárquico, contra la Planilla de Liquidación N° 01-10-01-1-30-072444, de fecha 01 de junio de 2004, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual impuso multa e intereses moratorios, por la cantidad total de ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y OCHO BOLIVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 11.624.038,39), actualmente expresados en la cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs.F. 11.624,00).
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico por la contribuyente CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL MACARACUAY PLAZA; no obstante, se observa que desde el día 11 de enero de 2010, fecha en que se recibió el presente asunto ante este Tribunal (folio 132 del expediente judicial), hasta el día de hoy 19 de diciembre de 2013, la contribuyente accionante no realizó acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en el cual se estableció lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.
En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal).
Siendo así, en el presente caso se observa que desde el día 11 de enero de 2010, fecha en que se recibió el presente asunto ante este Tribunal (folio 132 del expediente judicial) hasta el día de hoy 19 de diciembre de 2013, la contribuyente accionante no realizó acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso, durante tres (03) años, once (11) meses y ocho (08) días, por lo que indudablemente, conforme al criterio precedentemente transcrito, se presume la pérdida del interés procesal por parte de la contribuyente CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL MACARACUAY PLAZA, en que se dicte sentencia, quedando así extinguida la presente causa. Así se declara.
Como consecuencia de la declaratoria anterior, este Tribunal no entra a pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico, por el ciudadano Antonio Albano, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.210.638, actuando en su carácter de administrador de la contribuyente CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL MACARACUAY PLAZA, asistido en este acto por la abogada Josefina Cilona Ingenuo, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.970.997, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 36.237.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De igual forma notifíquese a la Fiscal General de la República, al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la accionante CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL MACARACUAY PLAZA, de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 277 del Código Orgánico Tributario.
Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro máximo Tribunal de Justicia (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013).
Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
La Juez,
Lilia María Casado Balbás El Secretario,
José Luis Gómez Rodríguez
En el día de despacho de hoy diecinueve (19) del mes de diciembre de dos mil trece (2013), siendo las nueve y cuarenta minutos de la mañana (9:40 am), se publicó la anterior sentencia.
El Secretario,
José Luis Gómez Rodríguez
Asunto: AP41-U-2010-000004
LMCB/JLGR/DGD
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