TSJ Regiones - Decisión

ASUNTO: JE41-G-1994-000003
En fecha 17 de julio de 2012 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Juzgado, asunto proveniente del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, signado con el Nº 4.158 (nomenclatura de ese Juzgado) remitido mediante oficio Nº 1614-2012 del 11 de julio del mismo año, contentivo del RECURSO DE NULIDAD, interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano ALEXANDER ELBANO BECERRA NARANJO (cédula de identidad Nº 4.349.697) asistido por el abogado Luís Francisco SARMIENTO (INPREABOGADO Nº 49.285), contra la ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO GUÁRICO (hoy CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO GUÁRICO).
El 21 de julio de 1994 el ciudadano ALEXANDER ELBANO BECERRA NARANJO, asistido de abogado, interpuso por ante el entonces Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital con sede en Maracay, estado Aragua (hoy Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua), recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra la ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO GUÁRICO (hoy CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO GUÁRICO).
El 04 de agosto de 1994 el referido Juzgado recibió el escrito y los recaudos consignados, ordenó darle entrada en los libros respectivos, registró su ingreso con las anotaciones correspondientes, se abocó al conocimiento del procedimiento y a los fines de pronunciarse respecto a la admisión del recurso, ordenó notificar a la Asamblea Legislativa del estado Guárico (hoy Consejo Legislativo del estado Guárico), para la remisión de los antecedentes administrativos del caso, en la misma fecha se libraron los oficios correspondientes.
En fecha 27 de octubre de 1994 el Juzgado Superior de Aragua “ratifica la admisión” del recurso interpuesto, ordenó emplazar mediante cartel a cualquier interesado y libró las notificaciones correspondientes.
Mediante diligencia del 08 de noviembre de 1994 el recurrente consignó cartel de notificación publicado en el Diario El Nacional el 03 del mismo mes y año.
Por auto del 29 de noviembre de 1994 el supra mencionado Juzgado fijó el 3º día de despacho para iniciar la primera etapa de la relación y fijó el 1º día de despacho siguiente para que las partes presentasen informes.
Vencida la oportunidad legal para presentar informes, el 17 de enero de 1995 comenzó la segunda etapa de la relación del juicio y el 27 de marzo del mismo año el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) Mercantil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay, estado Aragua (hoy Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua), difirió la oportunidad para dictar sentencia.
El 16 de enero de 2001 el abogado Gerardo Omaña se abocó al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de las partes y de los interesados a los fines de informarles que la causa se reanudaría en la etapa procesal correspondiente, en la misma fecha se libraron boletas y oficios correspondientes.
El 02 de octubre de 2001 el abogado Vicente Amengual Sosa se abocó al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de las partes.
El 28 de mayo de 2012 se inauguró el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, a cargo del abogado Rafael Antonio Delce Zabala designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión del 25 de abril del mismo año como Juez Provisorio del aludido Tribunal.
En fecha 17 de julio de 2012 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Juzgado, asunto proveniente del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, signado con el Nº 4.158 (nomenclatura de ese Juzgado) remitido mediante oficio Nº 1614-2012 del 11 de julio del mismo año. El 18 del mismo mes y año se le dio entrada en los libros respectivos, abocándose este Juzgado al conocimiento del expediente el 19 de julio de 2012.
Por auto del 31 de julio de 2012 se ordenó notificar al recurrente a los fines de que manifestase su interés en la continuación del procedimiento, a tales efectos se le otorgó un lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de constar en autos su notificación, advirtiéndole que de no producirse respuesta dentro del lapso fijado se declararía la extinción de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en la misma fecha se libró la boleta de notificación ordenada.
El 17 de octubre de 2012 el ciudadano Leonard Velásquez, en su carácter de Alguacil de este Juzgado consignó boleta de notificación dirigida al recurrente por cuanto no consta en el expediente su domicilio procesal.
En fecha 18 del mismo mes y año se ordenó notificar al recurrente mediante la publicación de la boleta de notificación en la cartelera de este Juzgado.
El 14 de noviembre de 2012 el ciudadano Omar Gómez, en su carácter de Alguacil de este Juzgado consignó boleta de notificación por cuanto en fecha 19 de octubre del mismo año fue fijada en la cartelera de este Juzgado.
Realizado el estudio del expediente, pasa este Juzgado a realizar las siguientes consideraciones:
I
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Advierte este Juzgador de la revisión de las actas procesales, que la última actuación de la parte actora fue en fecha 08 de noviembre de 1994, oportunidad en que el recurrente mediante diligencia consignó cartel de notificación publicado en el Diario El Nacional el 03 del mismo mes y año y que desde ese momento no ha realizado acto alguno a los fines de impulsar y mantener el curso de la causa; evidenciándose, por consiguiente, que en este procedimiento han transcurrido más de dieciocho (18) años sin actuaciones de la parte actora para que manifieste su interés en impulsarlo, denotando con ello una absoluta inactividad procesal.
Asimismo, este Juzgado mediante auto dictado el 31 de julio de 2012 otorgó al recurrente un lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de constar en autos su notificación, para que manifestara su interés en continuar con el procedimiento en el presente asunto, advirtiéndole que de no producirse respuesta dentro del lapso fijado se declararía la extinción de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal.
En atención a lo antes expuesto, este Juzgado para decidir observa:
Mediante Sentencia N° 00075, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de enero de 2003 (caso: C.V.G. Bauxilum, C.A.), se delimitó el concepto procesal de interés para accionar, en los términos siguientes:
“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada.
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos:
(…Omissis…)
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico’…”. (Negrillas del texto).
Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, mediante la decisión N° 416 del 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros), dejó sentado en lo que respecta a la pérdida del interés procesal, lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia…”. (Destacado de esta Sala). (Negrillas del texto).

Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”, exclusive, y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En la causa bajo análisis, como quiera que desde el 27 de marzo de 1995 se difirió la oportunidad para dictar decisión y que el 31 de julio de 2012 se procedió a notificar al recurrente a los fines de que manifestara su interés en la continuación del proceso, lo cual no ocurrió, como se expresó supra; y visto que la última actuación de la parte actora tendiente a impulsar el proceso se produjo el día 08 de noviembre de 1994, debe este Juzgado, atendiendo a los precedentes jurisprudenciales antes invocados, declarar extinguida la acción por pérdida del interés procesal. (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nros. 01139, 00094 y 00275, del 5 de agosto de 2009, 28 de enero de 2010 y 02 de marzo de 2011, respectivamente). Así se declara.
En consecuencia de lo anterior, este Juzgado declara la extinción de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. Así se establece.
II
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano ALEXANDER ELBANO BECERRA NARANJO (cédula de identidad Nº V-4.439.697) asistido de abogado, contra la ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO GUÁRICO (hoy CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO GUÁRICO).
Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil trece (2013). Año 202º de la Independencia 153º de la Federación.
El Juez,

Abg. RAFAEL A. DELCE ZABALA

El Secretario,

Abg. RENÉ del JESÚS RAMOS FERMÍN

RADZ
Exp. Nº JE41-G-1994-000003

En fecha nueve (09) de enero de dos mil trece (2013), se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº: 2013-000006.
El Secretario,

Abg. RENÉ del JESÚS RAMOS FERMÍN