TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:
JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO GUÁRICO.
202° y 153°
Actuando en Sede Civil
EXPEDIENTE: 7.169-12.
MOTIVO: PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA (Apelación contra sentencia que niega medida de secuestro).
PARTE ACTORA: DAVIS CASSANO SALAZAR, ALEJANDRO CASSANO SALAZAR y MARCO ANTONIO CASSANO SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.540.182; V-11.796.402 y V-6.929.059, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: BLANCA ANDREINA CASSANO MEDINA, DOMENICO RICARDO CASSANO MEDINA y JORGE ALEJANDRO CASSANO MEDINA.
APODERADO JUDICIAL DE LA DE LA PARTE ACTORA: Abogado WILLIAMS J. BRITO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 135.716.
APODERADO JUDICIAL DE LA DE LA PARTE DEMANDADA: Sin Apoderado Judicial constituido.
.I.
NARRATIVA
Llegado a ésta Alzada Cuaderno de Medidas, correspondiente al recurso de apelación ejercido en fecha 10 de Octubre de 2012 por el Apoderado Judicial de la Parte Actora, a través de diligencia consignada ante Tribunal de la causa Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la ciudad de Calabozo, contra la decisión dictada por dicho Tribunal en fecha 01 de Octubre de 2012, en la cual el Juez a-quo declaro la negatividad de la Medida Cautelar de Secuestro solicitada, por cuanto dicha medida fue peticionada en el escrito libelar de la demanda, dictándose posteriormente en fecha 04 de Mayo de 2012 (en el Cuaderno de Medidas), auto interlocutorio mediante el cual el Tribunal declaró improcedente dicha solicitud de decretar tales medidas, debido a que no estaban llenos los extremos legales para acordar las mismas, en tal sentido, la parte demandante insistió nuevamente en que se acordara la Medida de Secuestro sobre los vehículos: 1°.- Un vehículo con las siguientes características, Clase: Rustico; Tipo: Pick-up; Modelo: Hilux 4x4 cabin; Marca: Toyota; Color; Verde; Placa: 10BJAI; Año: 1997; Serial del Motor 22R4210892; Serial de Carrocería: RN1069700407; Uso: Carga; Servicio: Privado; Capacidad Carga: 800 Kgs. 2°.- Un vehículo con las siguientes características, Clase: Camioneta; Tipo: Sport-Wagon; Modelo: Station Wagon S; Marca: Toyota; Color: Gris Torment; Placa: AA128HJ; Año: 1993; Serial del Motor: 1F2-0061671; Serial de Carrocería: FZJ809003007; Uso: Privado; Servicio: Privado. 3°.- Un vehículo con las siguientes características, Clase: Camioneta; número de trámite 26643535, Cédula / Rif V – 6141943, Nombres Domenico Cassano; Placa: A45AA5J; Serial de Carrocería: 8XA33ZV2589005046; Marca: Toyota; Modelo: Hilux Kavak D/C; Año: 2.008. 4°.- Un vehículo con las siguientes características, Clase: Camión; Modelo: DINA; Placa: 63WCAA; Serial de Carrocería: BU2110004541; Marca: Toyota; Año: 1998; Uso: Privado; Servicio: Privado. 5°.- Un vehículo con las siguientes características, Clase: Camioneta; Tipo: Pick-up; Modelo: Land Cruiser Pi; Placa: A08AD1H; Serial de Carrocería: 8XA31UJ7949501417; Marca: Toyota; Año: 2004; Uso: Privado; Servicio: Privado; y descritos en su escrito de fecha 26 de Septiembre de 2012, limitándose a exponer sus razonamientos, sin señalar hechos o circunstancias especificas que lo considerara como parte afectada, o causantes de un daño o perjuicio irreparable, ni tampoco aportó suficientes elementos probatorios que permitieran al Órgano Jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad de los mismos por la definitiva.
Dicha apelación fue oída en ambos efectos mediante auto de fecha 11 de octubre de 2012, ordenándose remitir lo conducente a esta Superioridad.
Recibidas las actuaciones por esta Alzada se le dio entrada y se fijó el décimo (10º) día de despacho de dicha admisión para la presentación de los informes, los cuales solo fueron presentados por la parte actora en fecha 14 de noviembre de 2012.
Llegada la oportunidad para dictar sentencia, esta Alzada pasa hacerlo con los siguientes pronunciamientos:
.II.
MOTIVA
En el caso sub lite, la parte actora apela del fallo de la recurrida, Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico con sede en la Ciudad de Calabozo, de fecha 01 de Octubre de 2.012, que niega la solicitud de medida cautelar de secuestro solicitada sobre cinco (05) vehículos, alegando, que éstos se encuentran en circulación diaria, y debido al uso sufren deterioro propios de los metales y desgastes de todas las piezas que componen el vehículo medidas que solicitan conforme a los artículos 26 y 51 de la Carta Política de 1.999, y los artículos 585, 588, ordinal 2° y 599, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil.
Como puede observarse, el objeto de la apelación radica, - según expresa la recurrente en sus informes ante ésta instancia recursiva -, en que la sentencia sobre medidas dictada por el A-Quo: “…incurrió en inobservancia e incongruencia negativa, pues es evidente que la declaratoria de procedencia de la medida declarada por el juez A-Quo, causa un gravamen irreparable a mi representado, por el deterioro que causa el uso y la circulación diaria de los vehículos señalados en el libelo de la demanda, por los motivos antes señalados y lo señalado en la diligencia de solicitud de medidas, dichos vehículos están perdiendo el valor actual, ésta medida es para conservar los vehículos señalados en buen estado o en el estado actual en que se encuentre y preservar su valor actual…”.
Ahora bien, establecido lo anterior, para poder determinar la instancia de conocimiento recursiva si la parte demandante fundamentó o no debidamente su solicitud de medida de SECUESTRO, y de si dentro de las documentales anexas, se encuentran los elementos documentales y probatorios en general para la ocurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 585 y 599.2 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, de Fumus Boni Iuris y el Periculum In Mora, y lo relativo a la posesión dudosa, circunstancias fácticas y de hecho que pretende el apelante escudriñe esta Alzada, pero observándose, que el recurrente apela sin acompañar a los autos, ni copias certificadas del libelo de la demanda, ni copias certificadas de los autos o documentos que lo acompañan. Obligación que no es del Tribunal de instancia, pues éste sustanció el cuaderno cautelar, más sin embargo, si el actor-recurrente pretende plantear ante la Alzada la existencia de los presupuestos del artículo 585 del Código Adjetivo Civil, y lo relativo a la propiedad de dichos vehículos, además, que dichos bienes sobre los cuales se acordaría la medida son aquellos correspondientes al decreto de la medida, es elemental deducir que la apelación remite a la Superioridad el cuaderno cautelar, pero no el cuaderno principal, donde se sustancia la causa, por lo que, deben trasladar las partes al primero de los nombrados las copias certificadas conducentes para que el Juez de la Alzada, pueda observar o no, si existe el Fumus Boni Iuris o el Periculum In Mora, y además, si los bienes sobre los cuales se solicita decreto de la medida, son bienes o no del difunto, y el resto de los supuestos facticos relativos al decreto de la medida preventiva, pues con base a ello, fue que la instancia A-Quo, negó el secuestro de los vehículos supra trascrito, en el presente caso, no sabemos ni si quiera que se pide en la demanda ni de que se trata el proceso, por lo que la parte debe instar el procedimiento a través del principio dispositivo, vale decir, de interés de la parte.
Para esta Superioridad Civil del Estado Guárico, siguiendo al Constitucionalista Español JOAN PICÓ Y JUNOY (El Principio de la Buena Fé Procesal. Editorial Bosch. Barcelona 2.003, Pág. 83 y siguientes), el proceso jurisdiccional se configura como el mecanismo que el estado pone a la disposición de las personas para solucionar de forma pacífica su conflicto, evitando así el recurso de la auto-tutela. Si ello es así, el Estado tiene un especial interés en procurar que el proceso se desarrolle de la forma legalmente prevista. Todo ello a los fines de dar cumplimiento a la efectiva tutela judicial, debiendo proscribirse las omisiones de los litigantes, las actuaciones maliciosas o temerarias de las partes y en general la mala fe procesal, pues en resumen lo que involucra el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la idea de la efectividad de la justicia, entendiendo que se trata de la aptitud del proceso para alcanzar los fines propios para lo que fue instituido. En definitiva, en la medida en que los litigantes omitan suministrar los elementos necesarios a los órganos jurisdiccionales o no cumplir con las normas procesales relativas al principio dispositivo, están dificultando que el Juez pueda otorgar una efectiva Tutela Judicial de los intereses en conflictos. De la misma manera tampoco puede alegarse la existencia de indefensión, prevista en el artículo 49.1° de nuestra Carta Magna, cuando el recurrente, habiendo tenido la oportunidad de acceder a la jurisdicción A-Quem, sin embargo, en su comportamiento o conducta procesal, no se ajustó a las reglas adjetivas, de suministrar al A-Quem, los elementos concretos por los cuales apelan.
Para la Doctrina Alemana más avanzada, forma parte del dolo procesal apelar de una decisión: “venire contra factum proprium”, aforismo que se traduce en el ejercicio de un derecho o la invocación de una imposición jurídica que se transforma en inadmisible cuando está en contradicción con la conducta del legitimado, vale decir, cuando se utiliza al órgano jurisdiccional y se le excita a través de la apelación y del alegato, pero con la no asunción, o falta por parte del actor-recurrente de una fundamentación debida o acompañamiento de las instrumentales necesarias, entre otras, de su escrito libelar, para solicitar se decreten las medidas cautelares. Así, cuando se apela de la decisión que acuerda la cautelar, y no se acompañan al cuaderno autónomo los elementos de prueba necesarios, como lo son: 1.- El libelo de la demanda y, 2.- Los anexos liberares o instrumentos fundamentales de la pretensión, de donde la recurrida fundamentó la negativa de la medida cautelar, para que el juez de la instancia Superior pueda conocer, como bien lo indica el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, lo alegado y probado en autos, pues éste no puede sacar elementos de convicción fuera de autos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados, ni probados, conforme al principio: “Quo Non Est In Actus, Nom Est In Mundo”.
En efecto, para la Doctrina Adjetiva Argentina, encabezada por los procesalistas LUIS ALVAREZ JULIÁ, GERMAN NEUS y HORACIO WARNER, (Manual de Derecho Procesal. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1.990, Pág. 46 y siguientes), los principios procesales constituyen la estructura sobre la que se construye la sustanciación del iter adjetivo, es así como de ello derivan las diversas instituciones que permiten presentar el proceso como un todo orgánico, de donde debemos extraer el denominado “Principio Dispositivo”, que consiste en que los hechos los suministran las partes y únicamente ellas. La contienda y sus límites la determinan los interesados, porque es su interés individual el que está en juego.
“Dadme los hechos que yo les daré el derecho”, dice otro adagio que se expresa para significar que los hechos deben ser aportados por los particulares en litigio; el Juez en cambio, conoce y pone el derecho aplicable “Iura Novit Curia”.
Ahora bien, la labor de un Juez, es dirigir el proceso y dirimir una controversia, pero solo podrá hacerlo si cuenta con los elementos de juicio necesarios para ello; es decir, es deber irrenunciable de las partes suministrar las copias certificadas de las actuaciones pertinentes en las cuales estén los elementos de juicio que el Juez necesita para producir su decisión. Tal es el criterio actual de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia a través de Sentencia del 31 de Octubre de 2.000 (La Primera Entidad de Ahorro y Préstamo de Caracas contra M. N. Díaz).
Es de hacer notar, que dentro del proceso las actuaciones tienen una oportunidad previamente establecida en la Ley para su realización, y de no hacerse en ese lapso, no podrán practicarse en ninguna otra oportunidad procesal, salvo en lo previsto en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, por ello, cuando sea necesaria la consignación de ciertos recaudos para la resolución de un recurso, dicha actividad inherente a las partes, debe ser realizada en la oportunidad procesal que se fije al efecto.
En el caso de autos, no fueron presentados en su oportunidad los recaudos necesarios para la sustanciación del recurso, como lo es el escrito libelar y su documentación anexa, ya que ese fue el fundamento de la apelación del actor-recurrente y el fundamento del porqué la recurrida negó la medida de secuestro sobre los vehículos supra trascrito; siguiendo el reiterado criterio de la Sala de Casación Civil, el de que el Juez no puede suplir –por mandato del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil-, la conducta omisiva de los apoderados de la actora. Razón por la cual éste alto Tribunal debe tener como renunciada o desistida la apelación interpuesta.
La importancia de remitir todas las copias radica en el propio interés del recurrente en la búsqueda de un resultado favorable, ya que, si no están consignados todos los autos, diligencias, y escritos necesarios para que la Alzada pueda tener los elementos de juicio que representen fidedignamente la controversia incidental que se debe resolver, el resultado le será adverso.
El Código de Procedimiento Civil, impone la carga de indicar las copias de las actas conducentes a las partes y al Tribunal de la Causa, por lo que no puede suplir esta Alzada tal gravamen, máxime cuando a éstas se le confieren los lapsos necesarios para incorporar dichas copias para la decisión del recurso. Al faltar las copias necesarias, se impide la formación de un criterio ajustado a derecho, sin que tampoco cuente la Alzada recursiva, con los elementos de juicio suficientes, para determinar si el actor fundamentó debidamente su solicitud de medida cautelar o si se acompañó los recaudos de los cuales se desprenda el Fumus Boni Iuris y el Periculum In Mora. De la misma manera, esta Alzada debe reiterar la constante doctrina de la Sala de Casación Civil, a éste respecto; debiendo destacarse la Sentencia de fecha 19 de Octubre de 2.000, con ponencia del Magistrado Dr. CARLOS OBERTO VELEZ, en el caso de J. P. Silva contra B. E. Arocha, donde expresó:
“…por tanto, la Sala al igual que el Tribunal Superior, no puede suplir –por mandato del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil-, la conducta omisiva de las apoderadas de la demandada, razón por la cual éste alto Tribunal debe tener como renunciada o desistida la apelación intentada y así se decide.
Más recientemente en Sentencia del 11 de Octubre de 2.001, la Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, en el caso de Edificaciones Las Rocas contra L. Andreoli:
“…En el caso de autos, el recurrente no aportó los recaudos necesarios para la sustanciación del recurso de hecho, como son la diligencia, que contiene la apelación, el auto apelado y el auto que admite la apelación; actividad que no puede suplir el Tribunal conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Adjetivo Civil, por lo que esta Alzada tiene como renunciado o desistida la apelación interpuesta…”
Tal criterio ha sido reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en Sentencia del 25 de Junio del 2.001, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, expresó:
“…sobre el particular considera la Sala que en el caso sub examine, correspondía a la apelante la carga de estar atenta a que, en el legado de copias certificadas remitidas al Juzgado Superior correspondiente, estuvieran incluidas las correspondientes a los escritos, diligencias, autos y pruebas relevantes para la decisión del recurso, por lo que cualquier deficiencia en ese sentido le era imputable a su persona. De forma tal, que al no actuar la recurrente con la diligencia propia de un buen padre de familia, le es aplicable el aforismo, según el cual nadie puede alegar su propia torpeza, en virtud de lo cual estima la Sala que la decisión objeto del presente recurso de amparo, no es violatoria del Debido Proceso de la quejosa y así se establece…”
En vista de lo anteriormente expuesto, y al no poder deducir esta Alzada, si el actor fundamentó bien su solicitud cautelar o acompañó los elementos que permitan decidir los supuestos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, pues el recurrente no acompaña las copias cuya obligación le atribuye el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, y siendo éste el fundamento de la apelación se debe tener por desasistida la apelación, y así se decide.
En consecuencia:
.III.
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, actuando en sede Civil, administrando justicia, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: Se Declara DESISTIDA, la apelación interpuesta por la parte recurrente, Ciudadanos DAVIS CASSANO SALAZAR, ALEJANDRO CASSANO SALAZAR y MARCO ANTONIO CASSANO SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-13.540.182; V-11.796.402 y V-6.929.059, respectivamente, al no consignar las copias necesarias, de conformidad con lo expresado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia queda FIRME el auto de la recurrida, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la Ciudad de Calabozo de fecha 01 de Octubre de 2.012, que niega la medida de secuestro sobre los bienes supra señalados, en la parte narrativa del presente fallo, y así se establece.
Regístrese, Publíquese, y Déjese copia autorizada.
Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en la Ciudad de San Juan de los Morros, A los Nueve (09) días del mes de Enero del año 2.013. Año 202 de la Independencia y 153 de la Federación.-
El Juez Titular.

Dr. Guillermo Blanco Vázquez.
La Secretaria,

Abog. Shirley M. Corro B.
En la misma fecha, siendo las 02:00 P.M., se publicó la anterior Sentencia.
La Secretaria,

GBV/es.