TSJ Regiones - Decisión

San Juan de los Morros, siete (07) de febrero de dos mil trece (2013)
202º y 153º

ASUNTO: JE41-G-2002-000007
Mediante escrito presentado el 04 de marzo de 2002 el ciudadano MIGUEL EDUARDO ROTONDARO CABAÑA (cédula de identidad Nº 9.538.299), asistido por el abogado Pablo C. SÁNCHEZ RIVERO (INPREABOGADO Nº 45.678) interpuso por ante el entonces Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay, estado Aragua (hoy Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua), recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con acción de amparo constitucional contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO.
El 07 de marzo de 2002 el referido Juzgado recibió el escrito, ordenó darle entrada y registrar su ingreso en los libros respectivos con las anotaciones correspondientes, se abocó al conocimiento del procedimiento, se declaró competente para conocer el asunto y admitió el recurso interpuesto, asimismo ordenó citar al Director del Servicio de Asistencia Medica Integral (SAMI) de la Gobernación del estado Guárico y al Procurador General del estado Guárico, de igual forma admitió la acción de amparo constitucional y ordenó abrir cuaderno separado a los fines de su sustanciación.
El 04 de junio de 2002 la parte querellante confirió poder APUD-ACTA al abogado Pablo C. SÁNCHEZ RIVERO.
El 15 de julio de 2002 la representación judicial de la parte querellada consignó escrito de contestación al recurso de querella funcionarial.
Por auto de fecha 19 de julio de 2002 el supra mencionado Juzgado abrió la causa a pruebas.
El 26 de julio de 2002 el representante judicial de la parte querellada al igual que la parte querellante consignó escrito de promoción de pruebas, los cuales fueron admitidos en fecha 06 de agosto de 2002.
Vencido el lapso de evacuación de pruebas el 10 de octubre de 2002 el Tribunal ordenó notificar a las partes para que pasados diez (10) días de despacho siguientes a la última notificación, fijaría el 3º día de despacho siguiente para que las partes presentasen informes.
En fecha 04 de febrero de 2003 el representante judicial de la parte querellante y de igual forma la parte querellada consignaron escritos contentivo de informes.
Por auto de fecha 07 de abril de 2003 se difirió la oportunidad para dictar decisión.
El día 11 de septiembre de 2003 la parte actora consignó poder APUD-ACTA al abogado Luis Ernesto TORO VALERA.
Mediante auto de fecha 19 de junio de 2006 el Juzgado de Aragua manifestó “…que el presente expediente se encuentra entre los ya relacionados, seleccionados y estudiados para dictar la sentencia respectiva…”
El 28 de mayo de 2012 se inauguró el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, a cargo del abogado Rafael Antonio Delce Zabala designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión del 25 de abril del mismo año como Juez Provisorio del aludido Tribunal, en virtud de lo cual, se remitió el presente asunto a este Órgano Jurisdiccional, quien se abocó al conocimiento del expediente el 23 de noviembre de 2012.
Por auto del 04 de diciembre de 2012 se ordenó notificar al querellante a los fines de que manifieste su interés en la continuación del procedimiento, a tales efectos se le otorgó un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de constar en autos su notificación, advirtiéndole que de no producirse respuesta dentro del lapso fijado se declarará la extinción de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal en la misma fecha se libró la boleta de notificación ordenada.
El 13 de diciembre de 2012 el ciudadano Leonard Velásquez en su carácter de alguacil de este Juzgado consignó al expediente la boleta, en virtud de haber resultado infructuosa la notificación de la parte querellante.
En fecha 17 de diciembre del mismo mes y año se ordenó notificar a la querellante mediante la publicación de la boleta de notificación en la cartelera de este Juzgado.
El 18 de enero de 2013, el ciudadano Omar Gómez, en su carácter de Alguacil de este Juzgado consignó boleta de notificación por cuanto en fecha 18 de diciembre del mismo año fue fijada en la cartelera de este Juzgado.
I
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Advierte este Juzgador de la revisión de las actas procesales, que la última actuación de la parte querellante fue en fecha 11 de septiembre de 2003 oportunidad en la cual la parte actora consignó poder APUD-ACTA al abogado Luis Ernesto TORO VALERA, y que desde ese momento no ha realizado acto alguno a los fines de impulsar y mantener el curso de la causa; evidenciándose, por consiguiente, que en este procedimiento han transcurrido más de (09) años y cinco meses, sin actuaciones de la parte actora para que manifieste su interés en impulsarlo, denotando con ello una absoluta inactividad procesal.
Asimismo, este Juzgado mediante auto dictado el 04 de diciembre de 2012 otorgó al querellante un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de constar en autos su notificación, para que manifestara su interés en continuar con el presente asunto, advirtiéndole que de no producirse respuesta dentro del lapso fijado se declararía la extinción de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal.
En atención a lo antes expuesto, este Juzgado para decidir observa:
Mediante Sentencia N° 00075, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 23 de enero de 2003 (caso: C.V.G. Bauxilum, C.A.), se delimitó el concepto procesal de interés para accionar, en los términos siguientes:
“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada.
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos:
(…)
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico’…”. (Negrillas del texto).
Aunado a lo anterior, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, mediante la decisión N° 416 del 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros), dejó sentado en lo que respecta a la pérdida del interés procesal, lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia…”. (Negrillas del texto).

Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”, exclusive, y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En la causa bajo análisis, como quiera que desde el 07 de abril de 2003 se difirió la oportunidad para dictar decisión y que el 04 de diciembre de 2012 este Juzgado Superior procedió a notificar al querellante a los fines de que manifestara su interés en la continuación del proceso, lo cual no ocurrió, como se expresó supra; debe este Juzgado, atendiendo a los precedentes jurisprudenciales antes invocados, declarar extinguida la acción por pérdida del interés procesal. (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nros. 01139, 00094 y 00275, del 5 de agosto de 2009, 28 de enero de 2010 y 2 de marzo de 2011, respectivamente). Así se declara.
En consecuencia de lo anterior, este Juzgado declara la extinción de la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. Así se establece.
II
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el recurso contencioso administrativo funcionarial conjuntamente con acción de amparo constitucional, interpuesto el ciudadano MIGUEL EDUARDO ROTONDARO CABAÑA (cédula de identidad Nº 9.538.299), asistido por el abogado Pablo C. SÁNCHEZ RIVERO contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO GUÁRICO.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, a los siete (07) días del mes de febrero de dos mil trece (2013). Año 202º de la Independencia 153º de la Federación.
El Juez,

Abg. RAFAEL A. DELCE ZABALA

El Secretario,

Abg. RENÉ del JESÚS RAMOS FERMÍN
RADZ
Exp. Nº JE41-G-2002-000007

En fecha siete (07) de febrero de dos mil trece (2013), se publicó y registró la anterior decisión bajo el Nº: 2013-000052
El Secretario,

Abg. RENÉ del JESÚS RAMOS FERMÍN