TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Guárico. Extensión Calabozo
Calabozo, uno (01) de julio de dos mil trece
203º y 154º
ASUNTO: JP61-L-2013-000081
ACTOR: Ciudadano ADALCIA DEL VALLE PORTES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 17.603.766, con domicilio procesal según lo indicado en el escrito libelar en el Barrio Modesto Freites Carrera 4 entre Calles 2y 3 Casa S/Nº en la Ciudad de Calabozo, Estado Guárico.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: RICHARD EUDES JOSE PALMA MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.192 con domicilio en el Centro Comercial Atrache Piso 1 Oficina Nº 16 Carrera 10 entre Calles 6 y 7 Casco Central en la Ciudad de Calabozo, Estado Guárico.

DEMANDADA: COMPLEJO AGRICOLA INDUSTRIAL, C.A. (COMAINCA), inscrita en el Registro Mercantil III de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico bajo el Nº 39 Tomo 3-A de fecha 15 de Abril de 1996 con domicilio en la Calle Nº 4 Sector Vicario Local S/Nº en el Municipio Miranda Calabozo del Estado Guárico paralelo al Aeropuerto.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: SIN CONSTITUIR

MOTIVO: INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO.

Se inicia el presente asunto por demanda de INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO, presentada por la ciudadana: ADALCIA DEL VALLE PORTES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 17.603.766, en su condición de viuda del Extrabajador Ciudadano JOSE ANGEL FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 13.237.750, quien compareció debidamente asistida por el Profesional del Derecho RICHARD EUDES JOSE PALMA MARTINEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.192 contra la Sociedad Mercantil COMPLEJO AGRICOLA INDUSTRIAL, C.A. (COMAINCA), por recibido el asunto, en fecha tres (03) de junio de 2013, este tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dicto DESPACHO SANEADOR, en fecha cinco (05) de junio de 2013, librándose Cartel de notificación a la ciudadana ADALCIA DEL VALLE PORTES, en la misma fecha, con señalamiento expreso de que debía comparecer con apercibimiento de perención por ante este Juzgado, a corregir el libelo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de haberse realizado su notificación; en caso contrario se declararía la INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

En este sentido, resulta preciso señalar que la institución del DESPACHO SANEADOR, se encuentra orientado hacia la depuración ulterior, del conocimiento de la demandada, cuando la misma adolece de defectos o vicios procesales, en este sentido, resulta propio traer a colación el criterio sentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 0248 de fecha 12-04-2005, del tenor siguiente:

“…Cabe insistir en que el control sobre los presupuestos no debe darse en etapas finales del juicio, sino que debe estar ligado al despacho saneador, como una facultad y un deber del juez competente que permita terminar el proceso, u ordenar su depuración, en cualquier momento en que constate la ausencia de un presupuesto procesal o un requisito del derecho de acción que requiera de su fenecimiento o que por medio de un auto de reposición que haga renovar, en casos específicos, el acto al momento oportuno para aplicar el correctivo formal del caso, sin esperar que el control sea requerido por el opositor de una excepción. Todo ello con la finalidad de evitar que el juez, cumplidas las etapas sustanciales, llegue a un pronunciamiento formal en el que constate la existencia de obstáculos o impedimentos trascendentales para emitir una sentencia de fondo, ya por invalidez o ineficacia, pero siempre buscando un control para remediarlos…” “… En tal sentido, los artículos 124 y 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagran, como ya se dijo, la institución del despacho saneador. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige que los particulares accedan a instrumentos procesales que sean aptos desde el punto de vista formal para el procesamiento de la pretensión. No es suficiente la mera comprobación de que hubo decisión en derecho, pues deben respetarse los presupuestos que sean indispensables para conocer el fondo del proceso. Una providencia de inadmisibilidad, debidamente fundamentada, satisface el derecho a la tutela efectiva. Es importante rescatar, al tratar sobre el despacho saneador, los planteamientos elaborados por la doctrina extranjera desde principios del siglo pasado, en la que se sostenía que no puede dejarse el control de estos defectos a las partes, sino al juez, extendiendo tal prioridad a los presupuestos materiales para la sentencia de fondo. El control del proceso -decía Bulöw- no puede confiarse al opositor con prescindencia del juez. Permanecer arraigado a la teoría de las excepciones procesales y mixtas, desconociendo el principio procesal del juez competente para aplicar el despacho saneador, restringiendo los defectos formales a la denuncia realizada por la parte opositora, es relegar la eficacia del proceso a la teoría de la nulidad procesal y las normas del Derecho Procesal a una concepción privatista sobre el proceso contractual puro…”

En nuestra legislación, el Despacho Saneador, tiene cabida en dos escenarios, en el primer momento; establecido a partir de la potestad y obligación de los jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de examinar, antes de admitir la demanda, si el libelo cumple con los extremos exigidos en el artículo 123 de la Ley Adjetiva Laboral, ordenando al demandante “con apercibimiento de perención”, corregir el libelo por incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 124 ejusdem; y, en un segundo momento, después de agotada la fase de mediación, en la oportunidad de corregir oralmente (lo cual deberá constar en acta) los vicios formales que puedan obstaculizar el desenvolvimiento pleno del proceso en la fase de juicio, lo que lo convierte en un instrumento de obligatoria observancia para los jueces, en la medida de fungir como herramienta para la humanización del proceso, como instrumento para la realización de la justicia bajo los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, precisado lo anterior, se observa respecto al despacho saneador dictado, con fundamento del articulo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que la alguacil adscrita a la Unidad de Actos de Comunicación Ciudadana CLEMENCIA RAMOS, encargada de practicar la notificación declaró mediante consignación: “En horas de despacho del día de hoy veinticinco (25) de Junio comparece, la ciudadana CLEMENCIA RAMOS(…)quien expone: Dejo constancia que este mismo día, siendo las 10:50 a.m., aproximadamente, realice la entrega del Cartel de Notificación, librado por auto de fecha 05/06/2013, emitido por el Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, para notificar a la ciudadana: ADALCIA DEL VALLE PORTES, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.475.046, en su carácter de demandante, haciéndole entrega del cartel al Abogado Richard Eudes José Palma Martínez titular de identidad Nº V-8.620.192, Inpreabogado Nº 79.619, seguidamente recibió y firmo la presente…” (Negrillas y subrayado del tribunal); configurándose de esta manera la notificación de la parte actora en fecha veinticinco (25) de junio de 2013, en los términos del Cartel de Notificación, fecha a partir de la cual comenzó a transcurrir el lapso procesal de dos (02) días para la comparecencia de la actora por ante este despacho, a los efectos de presentar el escrito de subsanación del Libelo.

De lo que se colige, que correspondió a la parte actora subsanar la demanda en los términos indicados en el Cartel para los días veintiséis (26) y veintisiete (27) de junio de 2013, en los términos del auto de fecha cinco (05) de junio del año que discurre; sin embargo hasta la presente fecha no consta que se haya presentado escrito de subsanación, por lo que resulta claro el incumplimiento de la carga impuesta a la actora de autos, resultando forzoso para quien suscribe, declarar la inadmisibilidad de la demanda tal y como se señalará en la parte dispositiva del fallo. ASÍ SE ESTABLECE

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos de hecho y derecho explanados este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO, CON SEDE EN CALABOZO, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por la autoridad que le confiere la ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE el libelo de demanda interpuesto por la ciudadana: ADALCIA DEL VALLE PORTES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 17.603.766, debidamente asistida del Profesional del Derecho RICHARD EUDES JOSE PALMA MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.192 contra la Empresa Mercantil COMPLEJO AGRICOLA INDUSTRIAL, C.A. (COMAINCA), de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión. TERCERO: Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia. Déjense correr los lapsos a los fines de la interposición de los recursos a que hubiere lugar.
Publíquese y Regístrese y Déjese Copia Autorizada

Dada, firmada y sellada en el despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. En la Ciudad de Calabozo al primer (1º) día del mes de julio de 2013. Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
LA JUEZ;

ABG. YENNY SOTOMAYOR GONZALEZ
LA SECRETARIA;

ABG. GREGNYS CASSERES LAYA
En esta misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las dos y veinte (2:20) horas de la tarde, y se cumplió con todo lo ordenado.
LA SECRETARIA;