Revisadas las actas que anteceden, el Tribunal constata que el presente procedimiento por DESALOJO, fue iniciado el 13 de abril de 2011, por la abogada MARÍA FEDERICA PÉREZ CARREÑO, actuando como apoderada judicial de la ciudadana GISELA PÉREZ DE PIZZOFERRATO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.306.575; contra la ciudadana MARÍA ELENA RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V- 4.792.044, sin representación acreditada en autos, en carácter de arrendataria de un apartamento destinado a vivienda identificado 21-F, ubicado en el piso 21, del edificio Belvedere, que forma parte de un desarrollo urbanístico situado entre las avenidas José Antonio Páez, Monte Elena y Guzmán Blanco, Municipio Libertador del Distrito Capital. Luego de admitir la demanda y tramitarla de conformidad a lo previsto en la entonces vigente Ley de Arrendamiento de Viviendas, la causa se encontraba aun en estado de citación, cuando fue publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.668, del 6 de mayo de 2011, con vigencia desde esa misma fecha. Fundamentado en que el artículo 4º del indicado Decreto ordena la suspensión de los procesos judiciales o administrativos en curso a su entrada en vigencia, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en ella, este Juzgado dictó auto el 1º de junio de 2011, mediante el cual suspendió la causa hasta tanto la parte actora acreditara haber cumplido el procedimiento administrativo previo establecido en dicha Ley, y una vez agotado el mismo, la causa continuaría su curso en esta sede judicial dependiendo de las resultas que se obtuviesen en sede administrativa. El 14 de marzo de 2012, compareció la apoderada judicial de la parte actora y solicitó que le fuesen devueltos los originales de los documentos consignados en el expediente, lo cual fue acordado por auto dictado el 26 de marzo de 2012 y el 27 de junio de 2012, la indicada abogada dejó constancia en el expediente del retiro de los documentos acordados. Constata este Juzgado que no hay constancia en autos de que luego de la suspensión decretada por este Juzgado el 1º/06/2011, la parte actora hubiese realizado cualquier actuación en el expediente dirigida a demostrar su interés en la continuación de la causa, así como tampoco acudió a este Despacho a informar si cumplió con su carga de impulsar el procedimiento administrativo previo que ordena la indicada Ley especial o si lo estaba tramitando, pues las dos últimas actuaciones referidas no estuvieron dirigidas a mantener en curso la causa. Con relación al interés procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha destacado que surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la administración de justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. S.S.C. N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”); y que ese interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Por ello, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional. (Vid. s.S.C. n° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”). Con relación al estado en que debe declararse la falta de interés procesal o la perención de la causa, también la misma Sala Constitucional ha establecido que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso de decisión de la causa, la inactividad produce la perención de la instancia. Este criterio fue establecido en la sentencia N° 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”, en los siguientes términos: “(…) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)”. Si bien este Juzgado no estableció lapso dentro del cual la parte actora debía tramitar el indicado procedimiento previo administrativo, ello no significa que las partes pueden mantener suspendida la causa indefinidamente, incluso por un un lapso mayor al previsto para que se consume la perención anual. El presente caso, desde el 1º de junio de 2011 hasta la fecha actual, tiene más de dos (2) años de inactividad por causas imputables a la parte actora, que aparentemente sería la más interesada en su continuación porque fue la que interpuso la demanda de desalojo, en la que la demandada ni siquiera fue citada. En vista del tiempo por el cual ha sido extendida dicha inactividad, este Juzgado declara que de conformidad a lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se consumó la PERENCIÓN por falta de impulso procesal por más de un (1) año, en el presente procedimiento que por DESALOJO interpuso la ciudadana REGINA PÉREZ DE PIZZOFERRATO contra la ciudadana MARÍA ELENA RODRÍGUEZ, y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA. Así se decide. No hay condenatoria en costas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Se ordena la notificación del presente fallo a las partes. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 247 y 248 eiusdem, publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada a los trece (13) días del mes de junio de dos mil trece, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. LA JUEZA TITULAR, LA SECRETARIA TITULAR, ZOBEIDA ROMERO ZARZALEJO VIOLETA RICO CHAYEB En esta misma fecha, y siendo las (09:55) horas de la mañana, fue publicada y registrada la anterior sentencia. LA SECRETARIA TITULAR, VIOLETA RICO CHAYEB EXPEDIENTE N°: AP31-V-2011-001044.