TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas

PARTE ACTORA: Andrés Avelino Algarin, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 254.205.

APODERADA ESPECIAL DE LA PARTE ACTORA: Zoila Gutiérrez, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 2.121.296.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Fanny Martínez de Arraiz, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 57.007.

PARTE DEMANDADA: Graciela Schuchani Davara, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 66.499.

DEFENSORA AD-LITEM DE LA PARTE DEMANDADA: Claudia Sulbey Adarme Naranjo, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad N° 10.485.886, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 51.166.

MOTIVO: Prescripción Extintiva de Hipoteca.

Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la pretensión deducida por el ciudadano Andrés Avelino Algarin, en contra de la ciudadana Graciela Schuchani Davara, relativa a la prescripción extintiva de la hipoteca convencional de primer grado que pesa sobre un lote de terreno situado en el lugar denominado Los Castaños, jurisdicción de la Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador del Distrito Capital, la cual fue inicialmente constituida a favor del ciudadano Jacob Hai Maikhor, mediante documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02.03.1957, bajo el N° 43, Tomo 03, Protocolo Primero, para garantizar un préstamo por la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,oo), equivalentes actualmente a la cantidad treinta bolívares (Bs. 30,oo), y posteriormente cedida a la demandada a través de documento protocolizado ante la misma Oficina de Registro Público, el día 23.04.1963, bajo el N° 20, Tomo 03, Protocolo Primero, en vista de haber trascurrido más de veinte (20) años, sin que la acreedora hipotecaria instara las vías conducentes a exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas en dicho documento.

En tal virtud, una vez efectuado el estudio individual de las actas procesales, procede de seguida este Tribunal a dictar la máxima sentencia procesal de la primera instancia, previas las consideraciones siguientes:

- I -
ANTECEDENTES

El presente procedimiento se inició mediante escrito presentado el día 18.10.2012, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en funciones de distribuidor, quién luego de verificar el trámite administrativo de distribución de expedientes, correspondió su conocimiento a este Tribunal, siendo que la parte actora presentó las documentales con las cuales fundamentó su pretensión en esa misma oportunidad.

A continuación, en fecha 23.10.2012, se admitió la demanda interpuesta por los cauces del procedimiento breve, ordenándose la citación de la parte demandada, a fin de que diese contestación de la demanda, al segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado su citación, a las once de la mañana (11:00 a.m.).

Acto seguido, el día 01.11.2012, la ciudadana Zoila Gutiérrez, debidamente asistida por la abogada Fanny Martínez de Arraiz, consignó las copias fotostáticas necesarias para la elaboración de la compulsa, siendo la misma librada en fecha 02.11.2012.

Acto continuo, el día 09.11.2012, el alguacil dejó constancia de haber sido provisto por la parte actora de los recursos necesarios para gestionar la práctica de la citación personal de la parte demandada. En esa misma oportunidad, la ciudadana Zoila Gutiérrez, debidamente asistida por la abogada Fanny Martínez de Arraiz, solicitó se oficiara al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y al Consejo Nacional Electoral (CNE), a fin de que informaran sobre el último domicilio de la parte demandada, cuya petición fue acordada mediante auto dictado en fecha 12.11.2012, librándose, a tales efectos, oficios Nros. 712-12- y 713-12, respectivamente, siendo los mismos retirados por la parte actora el día 19.11.2012.

Después, en fecha 04.12.2012, el alguacil consignó la compulsa, en vista de no haber sido provisto del domicilio de la parte demandada, a los fines de practicar la citación.

Luego, el día 19.12.2012, se agregaron en autos los oficios Nros. RIIE-1-0501-4961 y ONRE/O 7567/2012, de fecha 22.11.2012 y 13.12.2012, procedentes del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y Consejo Nacional Electoral (CNE), respectivamente.

De seguida, el día 14.01.2013, la ciudadana Zoila Gutiérrez, debidamente asistida por la abogada Fanny Martínez de Arraiz, consignó escrito de reforma de la demanda, siendo que por auto dictado en fecha 17.01.2013, se instó a la parte actora a aclarar la contradicción en el nombre de la parte demandada detectada en la reforma, cuyo requerimiento fue satisfecho el día 24.01.2013.

Acto continuo, en fecha 28.01.2013, se instó a la parte actora a consignar copia certificada mecanografiada del documento contentivo de la hipoteca cuya extinción reclama, siendo dicho requerimiento satisfecho el día 25.03.2013.

Acto seguido, en fecha 26.03.2013, se instó a la parte actora a indicar el número de cédula de identidad de la parte demandada, cuyo requerimiento fue satisfecho el día 08.04.2013.

Luego, en fecha 09.04.2013, se admitió la reforma de la demanda por los cauces del procedimiento breve, ordenándose la citación de la parte demandada, a fin de que diese contestación de la demanda, al segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado su citación, a las once de la mañana (11:00 a.m.).

Después, el día 25.04.2013, la ciudadana Zoila Gutiérrez, debidamente asistida por la abogada Fanny Martínez de Arraiz, proveyó al alguacil de los recursos necesarios para gestionar la práctica de la citación personal de la parte demandada, así como consignó las copias fotostáticas necesarias para la elaboración de la compulsa, siendo la misma librada en fecha 26.04.2013.

De seguida, el día 15.05.2013, el alguacil informó acerca de la práctica de la citación de la parte demandada, por lo cual consignó la compulsa.

Acto continuo, en fecha 20.05.2013, la ciudadana Zoila Gutiérrez, debidamente asistida por la abogada Fanny Martínez de Arraiz, solicitó la citación cartelaria de la parte demandada, cuya petición fue acordada mediante auto dictado en fecha 21.05.2013, librándose, a tal efecto, cartel de citación.

Después, el día 30.05.2013, la ciudadana Zoila Gutiérrez, debidamente asistida por la abogada Fanny Martínez de Arraiz, dejó constancia de haber retirado el cartel de citación para su publicación, mientras que en fecha 11.06.2013, consignó sus publicaciones originales en la prensa.

Acto continuo, el día 17.06.2013, se dejó constancia por Secretaría de haberse fijado el cartel de citación, así como de cumplirse las formalidades exigidas por el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

Acto seguido, en fecha 31.07.2013, la ciudadana Zoila Gutiérrez, debidamente asistida por la abogada Fanny Martínez de Arraiz,, solicitó fuese designado defensor ad-litem a la parte demandada, lo cual fue acordado por este órgano jurisdiccional en auto proferido el día 01.08.2013, cuyo cargo recayó en la abogada Claudia Sulbey Adarme Naranjo, quien luego de notificada de su designación, aceptó el cargo y juró cumplir los deberes inherentes al mismo en fecha 12.08.2013.

Luego, el día 25.09.2013, la ciudadana Zoila Gutiérrez, debidamente asistida por la abogada Fanny Martínez de Arraiz,, solicitó la citación de la defensora ad-litem, para lo cual consignó las copias fotostáticas necesarias para la elaboración de la compulsa, cuya petición fue satisfecha en fecha 27.09.2013.

Después, el día 08.10.2013, el alguacil informó acerca de la práctica de la citación de la defensora ad-litem y, por tanto, ésta consignó escrito de contestación de la demanda en fecha 11.10.2013.

- II -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteada en estos términos la presente controversia, procede de seguidas este Tribunal a decidirla con base en las consideraciones que se esgrimen a continuación:

La prescripción es el medio por el cual se adquiere un derecho o se libera de una obligación, mediante el transcurso del tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley.

Lo anterior, se colige de lo establecido en el artículo 1.952 del Código Civil, el cual dispone:

“Artículo 1.952.- La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones, determinadas por la Ley”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Así pues, la prescripción se delimita en:

1) Prescripción Extintiva o Liberatoria: es el modo de extinción de una obligación proveniente de una relación jurídica preexistente, por la inercia del acreedor, el transcurso del tiempo y que suministra al obligado una excepción para rechazar la acción que el pretensor promueve contra él.
2) Prescripción Adquisitiva o Usucapión: es el medio de adquirir el dominio y otros derechos reales, por la posesión a título de dueño durante el tiempo regido por la Ley.

A mayor abundamiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1118, dictada en fecha 25.06.2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente N° 00-2205, caso: Rafael Alcántara Van Nathan, puntualizó lo siguiente:

“…La mayoría de los derechos son susceptibles de perderse por la inacción de sus titulares durante el plazo fijado por la ley y, aunque el artículo 1952 del Código Civil, al definirla, se refiere a la liberación de obligaciones, otras normas se remiten a derechos (artículo 1979, por ejemplo), y otras a acciones (artículo 108 del Código Penal, por ejemplo), por lo que una figura netamente procesal, como la acción, puede perderse por su falta de ejercicio dentro del plazo fijado por la ley.
La prescripción es una institución distinta a la caducidad (aunque ambas persiguen mantener la certidumbre y la seguridad en las relaciones jurídicas) y se caracteriza por tres elementos:
a) La existencia de un derecho o una acción que se pueda ejercitar;
b) El transcurso del plazo fijado por la ley para ejercer el derecho a la acción;
c) El no ejercicio (inacción) del derecho, o la acción por parte del titular, al omitir los actos que caracterizan tal ejercicio.
En los tres elementos señalados coinciden la prescripción y la caducidad, pero ambas difieren en que la prescripción puede interrumpirse, comenzando de nuevo a correr el término de la prescripción extintiva desde el acto interruptivo, mientras que la caducidad no es susceptible de interrupción, sino de impedimento; por lo que el plazo de caducidad es fatal, la actividad impeditiva tiene que realizarse dentro de él y, agotado dicho término, el mismo no se reabre como en la prescripción. También difieren en que la prescripción es renunciable (artículo 1.917 del Código Civil) y la caducidad no lo es, lo que motiva que la caducidad pueda ser declarada de oficio, mientras que la prescripción no puede suplirse por el juez si no ha sido opuesta (artículo 1.956 del Código Civil)…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Siendo ello así, el sólo transcurso del tiempo establecido en la ley para que opere la prescripción, concede la posibilidad de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación; sin embargo, para evitar su verificación, el acreedor puede interrumpirla naturalmente cuando por cualquier causa deje de estar el poseedor en el goce de la cosa por más de un (01) año, o civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquier otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación, y para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la oficina de registro público correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del escrito libelar con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el juez, a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso, tal y como lo establece el artículo 1.969 del Código Civil.

Ahora bien, observa este Tribunal que la reclamación invocada deducida por el ciudadano Andrés Avelino Algarin, en contra de la ciudadana Graciela Schuchani Davara, se patentiza en la prescripción extintiva de la hipoteca convencional de primer grado que pesa sobre un lote de terreno situado en el lugar denominado Los Castaños, jurisdicción de la Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador del Distrito Capital, que tiene una superficie total de doscientos diez metros cuadrados (210 M2) y está alinderada así: Norte, en una extensión de treinta metros (30 mts.) con la parcela propiedad de Julián González; Sur, en una extensión de treinta metros (30 mts.) con la parcela propiedad de Carmen Ochoa; Este, en una extensión de siete metros (7 mts.) con la Avenida Los Mangos que es su frente; y Oeste, en una extensión de siete metros (7 mts.) con terrenos propiedad de José Antonio Yzaguirre, la cual fue inicialmente constituida a favor del ciudadano Jacob Hai Maikhor, mediante documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02.03.1957, bajo el N° 43, Tomo 03, Protocolo Primero, para garantizar un préstamo por la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,oo), equivalentes actualmente a la cantidad treinta bolívares (Bs. 30,oo), y posteriormente cedida a la demandada a través de documento protocolizado ante la misma Oficina de Registro Público, el día 23.04.1963, bajo el N° 20, Tomo 03, Protocolo Primero, en vista de haber trascurrido más de veinte (20) años, sin que la acreedora hipotecaria instara las vías conducentes a exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas en dicho documento.

Pues bien, en vista del principio procesal de la carga probatoria, a la parte actora atañe ab initio el deber de probar los hechos que fundamentan su pretensión (onus probandi incumbit actori), ya que sólo a dicha parte corresponde en principio demostrar fehacientemente el derecho que aduce detentar al momento de presentar la demanda ante la autoridad judicial que conocerá de la controversia.

Por tal motivo, la parte actora produjo conjuntamente con el libelo de la demanda copia certificada del contrato de venta protocolizado por ante la Oficina Subalterna Pública del Tercer Circuito de Registro Público del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 18.03.1953, bajo el N° 79, Tomo 06, Protocolo Primero, a la cual se atribuye el valor probatorio que dispensa el artículo 1.384 del Código Civil, en concordancia con lo pautado en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que fue expedida por un funcionario público con facultad de dar fe pública en el lugar donde se autorizó, apreciándose de la documental en referencia que el ciudadano José Antonio Yzaguirre, dio en venta pura y simple, perfecta e irrevocable, al ciudadano Andrés Avelino Algarin, el bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria, así como la nota marginal de la constitución de la hipoteca convencional cuya extinción ha sido reclamada.

Y, además, el demandante aportó original de la certificación de gravámenes expedida en fecha 28.02.2013, por el Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, a la cual se atribuye el valor probatorio que dispensa el artículo 1.357 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto constituye un instrumento público emitido por un funcionario público en ejercicio de sus facultades legales, evidenciándose de la documental en comento que sobre el lote de terreno situado en el lugar denominado Los Castaños, jurisdicción de la Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador del Distrito Capital, que tiene una superficie total de doscientos diez metros cuadrados (210 M2) y está alinderada así: Norte, en una extensión de treinta metros (30 mts.) con la parcela propiedad de Julián González; Sur, en una extensión de treinta metros (30 mts.) con la parcela propiedad de Carmen Ochoa; Este, en una extensión de siete metros (7 mts.) con la Avenida Los Mangos que es su frente; y Oeste, en una extensión de siete metros (7 mts.) con terrenos propiedad de José Antonio Yzaguirre, existe vigente una hipoteca especial de primer grado a favor de la ciudadana Graciela Chuchani, la cual fue cedida a través de documento protocolizado ante la mencionada Oficina de Registro Público, el día 23.04.1963, bajo el N° 20, Tomo 03, Protocolo Primero.

En virtud de las probanzas analizadas anteriormente, juzga este Tribunal que ha quedado plenamente comprobado que el ciudadano Andrés Avelino Algarin, constituyó a favor del ciudadano Jacob Hai Maikhor, una hipoteca convencional sobre el lote de terreno situado en el lugar denominado Los Castaños, jurisdicción de la Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador del Distrito Capital, para garantizar un préstamo por la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,oo), equivalentes actualmente a la cantidad treinta bolívares (Bs. 30,oo), mediante documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02.03.1957, bajo el N° 43, Tomo 03, Protocolo Primero, y posteriormente cedida a la demandada a través de documento protocolizado ante la misma Oficina de Registro Público, el día 23.04.1963, bajo el N° 20, Tomo 03, Protocolo Primero.

Así pues, el artículo 1.977 del Código Civil, establece:

“Artículo 1.977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley.
La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Conforme al anterior precepto legal, las acciones reales prescriben a los veinte (20) años, mientras que las acciones personales prescriben a los diez (10) años, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, siendo que la acción originada de una ejecutoria prescribe a los veinte (20) años y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva prescribe a los diez (10) años.

Por su parte, el artículo 1.907 del Código Civil, establece:

“Artículo 1.907.- Las hipotecas se extinguen:
1º. Por la extinción de la obligación.
2º. Por la pérdida del inmueble gravado, salvo los derechos conferidos en el artículo 1.865.
3º. Por la renuncia del acreedor.
4º. Por el pago del precio de la cosa hipotecada.
5º. Por la expiración del término a que se las haya limitado.
6º. Por el cumplimiento de la condición resolutoria que se haya puesto en ellas”. (Subrayado y negrillas de este Tribunal)

De acuerdo con la anterior disposición jurídica, las hipotecas se extinguen por la extinción de la obligación; por la pérdida del inmueble gravado, salvo los derechos conferidos en el artículo 1.865 ejúsdem; por la renuncia del acreedor; por el pago del precio de la cosa hipotecada; por la expiración del término a que se las haya limitado; y, por el cumplimiento de la condición resolutoria que se haya puesto en ellas.

En consecuencia, estima este Tribunal que ha prescrito la obligación de pagar la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,oo), equivalentes actualmente a la cantidad treinta bolívares (Bs. 30,oo), debido a que desde la oportunidad en que fue cedida a la demandada la hipoteca convencional el día 23.04.1963, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de veinte (20) años, sin que se evidencie de autos que la acreedora hipotecaria haya instado las vías conducentes para lograr el pago de la misma o haya hecho la liberación de la hipoteca como consecuencia del pago de la misma.

En efecto, como consecuencia de la inversión de la carga probatoria que recayó en la parte demandada, en virtud del principio reus in excipiendo fit actor, quién se convirtió en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos que fundamentan su defensa, este Tribunal observa que en la contestación de la demanda, la defensora ad-litem designada para que asumiera la defensa jurídica de la accionada no aportó medio probatorio alguno, ni alegó alguna causa que evidenciara la interrupción de la alegada prescripción, así como tampoco lo hizo durante la fase probatoria, lo cual conlleva a este órgano jurisdiccional a declarar la procedencia de la acción de prescripción extintiva o liberatoria ejercida por el accionante, debido al transcurso de más de veinte (20) años, sin que la acreedora hipotecaria instara las acciones conducentes para exigir el cumplimiento de la obligación plasmada en el contrato constitutivo de la hipoteca cuya prescripción se verificó. Así se declara.

- III -
DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes:

Primero: Se declara CON LUGAR la pretensión de Prescripción Extintiva de Hipoteca, deducida por el ciudadano Andrés Avelino Algarin, en contra de la ciudadana Graciela Schuchani Davara, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.952 y 1.977 del Código Civil.

Segundo: Se declara la prescripción extintiva de la hipoteca convencional de primer grado que pesa sobre un lote de terreno situado en el lugar denominado Los Castaños, jurisdicción de la Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador del Distrito Capital, que tiene una superficie total de doscientos diez metros cuadrados (210 M2) y está alinderada así: Norte, en una extensión de treinta metros (30 mts.) con la parcela propiedad de Julián González; Sur, en una extensión de treinta metros (30 mts.) con la parcela propiedad de Carmen Ochoa; Este, en una extensión de siete metros (7 mts.) con la Avenida Los Mangos que es su frente; y Oeste, en una extensión de siete metros (7 mts.) con terrenos propiedad de José Antonio Yzaguirre, la cual fue inicialmente constituida a favor del ciudadano Jacob Hai Maikhor, mediante documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 02.03.1957, bajo el N° 43, Tomo 03, Protocolo Primero, para garantizar un préstamo por la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,oo), equivalentes actualmente a la cantidad treinta bolívares (Bs. 30,oo), y posteriormente cedida a la ciudadana Graciela Schuchani Davara, a través de documento protocolizado ante la misma Oficina de Registro Público, el día 23.04.1963, bajo el N° 20, Tomo 03, Protocolo Primero.

Tercero: Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en la litis, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: El presente fallo ha sido dictado dentro del lapso a que se contrae el artículo 890 ejúsdem.

Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año dos mil trece (2.013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

El Juez Titular,

César Luis González Prato

La Secretaria Titular,

Grisel del Valle Sánchez Pérez

En esta misma fecha, se registró, se publicó y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las tres y veinte de la tarde (3:20 p.m.).

La Secretaria Titular,

Grisel del Valle Sánchez Pérez

CLGP.-
Exp. N° AP31-V-2012-001745