TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Guárico
San Juan de los Morros, cuatro (04) de Noviembre de dos mil Trece (2.013)
203º y 154º

ASUNTO: JP31-N-2013-000031

Recibido el presente asunto, contentivo de recurso de nulidad interpuesto por los abogados, GILBERTO ANTONIO BOLIVAR PIÑERO e IBRAHIN ORLANDO PEREZ SALDEÑO, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 68.833 y 158.105, respectivamente, actuando en este acto con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos DIAZ MENDOZA JEOVANNY DE JESUS, CAMACHO BARRIOS YOLIMAR, VELASQUEZ NAVARRO JORGE LUIS y PERNIA PEREIRO EVANDER DAVID, venezolanos, mayores de edad titulares de las cedulas de Identidad Nros V- 14.643.595, V- 13.874.550, V- 18.616.832, y V- 22.025.582, respectivamente, en contra del acto administrativo (de fecha 17 de Septiembre de 2013), emanado de la inspectoría del trabajo de San Juan de los Morros, estado Guárico, que declaró la Suspensión Laboral entre las partes, previo a considerar las condiciones de admisibilidad, este Tribunal se pronuncia sobre la competencia para conocer.- Al respecto, ha sido doctrina judicial hasta el 23 de septiembre del 2010 que las causas relativas a recursos de nulidad contra Providencia administrativas atendiendo al criterio orgánico, debían ser conocidas y decididas por el Tribunal contencioso administrativo.- Pues bien; en sentencia dictada por el máximo Tribunal de la República, mediante la cual se ordenó remitir copia certificada a las Salas Político Administrativa y Sala de Casación Social, para el conocimiento de los Tribunales de la Jurisdicción contencioso administrativa y de la jurisdicción laboral, así como de su publicación en gaceta oficial, lo que la hace de obligatorio cumplimiento y con carácter vinculante a los Tribunales del país, se asentó nuevo criterio sobre el Tribunal competente para conocer de casos como el de autos.- En el marco de la referida decisión publicada en el 23 de septiembre del año 2010, se asentó que el Tribunal competente para conocer dichos asuntos es el Tribunal Laboral, en este sentido la máxima autoridad judicial estableció lo siguiente:
“…Aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación.
En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.
Cabe señalar igualmente, en el marco de la vigencia de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de fecha 16 de septiembre de 2010 en cuanto a la estructura orgánica de la jurisdicción y a la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, expresamente se excluyó tal materia de la competencia de los Juzgados superiores estadales de la jurisdicción contencioso administrativa, tal como lo reza el numeral 3 del artículo 25:
“Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
3.- Las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la ley Orgánica del trabajo”
Así mismo, este criterio fue ratificado mediante sentencia Nº 311 de la Sala Constitucional en fecha 18 de marzo del año 2011, al indicar:
“…En efecto, como se explicó en el fallo n.° 955, de 23 de septiembre de 2010, caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros, que se citó supra, debe atenderse al contenido de la relación más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural para la decisión de este tipo de pretensiones es el laboral, que es el especializado en proteger la persona de los trabajadores y, en particular, “la parte humana y social de la relación”.
En este sentido, una vez que se determinó que el laboral es el juez natural, resulta en interés y beneficio de las partes que las causas a las que se ha hecho referencia sean decididas por éste con independencia de los criterios atinentes a la competencia que se hayan podido sostener con anterioridad y, por tanto, de la fecha de la interposición de las demandas, de modo que esta circunstancia fáctica, que le es ajena, no les impida el acceso al juez que está más calificado para la cabal composición de la controversia; ventaja que se acentúa en materia de amparo constitucional, caracterizada como está por la urgencia, que exige la mayor celeridad posible, celeridad que el juez más especializado está en mayor capacidad de ofrecer (Vid. s.S.C. n.° 108 de 25.02.11)….”

De forma tal que este órgano judicial, dentro de la estructura organizativa, es el competente para conocer y decidir el presente asunto, siguiendo el procedimiento de disposiciones comunes y el procedimiento común a las demandas de nulidad de actos de efectos particulares contenido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción contencioso administrativa, y así se declara.
Determinado lo que antecede, y a los efectos de pronunciarse sobre la Admisibilidad, se observa, que cumplidos como se encuentran los extremos indicados en el articulo 33 de la referida ley y no encontrándose incursa en alguno de los supuestos de inadmisibilidad referidos en el articulo 35 de la ley orgánica de la Jurisdicción Contencioso administrativa, este Tribunal estima que el presente recurso debe ser admitido, por lo cual, en cumplimiento de los requisitos de ley, en garantía del derecho a la defensa, se ordena de conformidad con el articulo 78 ejusdem la notificación mediante oficio del representante del órgano que emitió el acto, estos es la Inspectoría del Trabajo de San Juan de los Morros Estado Guárico con la orden de remisión, en el plazo de diez días siguientes a su notificación todo el expediente contentivo de la solicitud de Suspensión Laboral entre los demandantes y la empresa MACUTO I C.A., de fecha 17 de Septiembre de 2013, se ordena notificar a la parte interesada en el proceso administrativo, centro comercial MACUTO I C.A. en la persona de su Gerente, Ciudadana ANA MARIA ROMERO, mediante boletas de Notificación, para que comparezca a hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia de juicio, y de igual forma se ordena notificar al Fiscal General de la República y al Procurador General de la República de conformidad a lo previsto en el artículo 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de conformidad con la citada disposición se ordena la suspensión del presente asunto por un lapso de quince (15) días hábiles siguientes de que conste en autos haberse practicado la ultima de las notificaciones ordenadas, para lo cual se exhorta amplia y suficientemente al Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que practique las referidas notificaciones.

En lo que respecta a la medida cautelar y suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, este juzgado se pronunciará por auto separado y cuaderno separado dentro de los cinco (05) días de despacho siguiente, el cual se tramitará de acuerdo con las disposiciones establecidas en los artículos 103 y 105 de la ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. -

LA JUEZ,

ABG. ZURIMA BOLIVAR CASTRO
EL SECRETARIO
ABG. JOSE HERNANDEZ

En la misma fecha se libraron las notificaciones ordenadas.
Secretario,