TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO
CALABOZO, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (24/10/2.013)
AÑOS 203° DE LA INDEPENDENCIA Y 154º DE LA FEDERACIÓN.

PARTE DEMANDANTE: Arnoldo Matías González González, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.682.142, domiciliado en la Urbanización la Peña, Quinta las Piedras, San Antonio de los Altos estado Miranda.
PARTES DEMANDADAS: José Miguel Pérez González, José Rafael Pérez González, Orlando Ramirez, Orlando Ramirez, José Luís Rodríguez, Juan Pérez Martinez Tomas Tomistoclides Díaz, Israel Antonio Carmona y Isabel Palma Duarte, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-14.057.644, V-14.057.646, V-8.795.857, V-15.247.749, V-3.331.780, V-3.219.754, V-8.55.803 y el último de los nombrados sin documentos.
MOTIVO: Delito contra la propiedad.
SENTENCIA: Interlocutoria.

Vista las actas procesales que conforman el presente expediente y sus recaudos anexos, se dió inicio al mismo por denuncia presentada en fecha 26/04/2.004 (folio 1 al 9) por el ciudadano Arnoldo Matías González González, ya identificado, por ante la Guardia Nacional, Comando Regional Nº 6, Destacamento Nº 65, Sección de investigación Penales, Comando Calabozo, denunciando que un grupo de persona invadieron el fundo de su propiedad. Mediante acta policial de fecha 26/04/2.004 (folio 10), se deja constancia de la diligencia policial con la finalidad de atender la denuncia formulada por el ciudadano Arnoldo Matías González González, supra identificado, en ese mismo sentido se dejo constancia del acta de inspección ocular (folio 12). Mediante acta de entrevista de fecha 28/04/2.004 (folio 16), se deja constancia de la evacuación de testigos. Consta folio 18, denuncia interpuesta por las partes demandada, en fecha 27/04/2.004, antes el Instituto Nacional de Tierras, notificando una situación irregular de un lote de terreno en estado ociosa, denominado Hato Rancho Veguero. Mediante acta de entrevista de fecha 28/05/2.004 (folio 25 al 30), se deja constancia de la evacuación de testigos ciudadanos Denis Mercedes Gil, Orlando Antonio Gil Ramirez, José Oscar Ramos Gonzáles, identificados en autos. Mediante acta policial de fecha 27/05/2.004 (folio 31 al 52), se dejo constancia de la práctica de la diligencia solicitada por la Fiscalia Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico. Mediante oficio de fecha 02/06/2.004 (folio 53), se remite comunicado debidamente cumplido. Mediante escrito de fecha 27/05/2.004 (folio 54), suscrito por el ciudadano Arnoldo Matías González González, supra identificado, consigna a la fiscalia actuaciones complementaria que guarda relación al expediente. Con oficio Nº 12-F2-0957 de fecha 07/06/2.004 (folio 59), el Fiscal segundo del Ministerio Público del estado Guárico, solicitan la declinatoria de competencia a un Tribunal Civil, por tratarse de un Acción Agraria. Mediante sentencia de fecha 22/06/2.004 (folio 62), el Tribunal Penal Cuarto de Control de la Circuncr5ipcion Judicial del estado Guarico. Sede en Calabozo, declina la competencia por la materia al Juzgado de Primera Instancia en la Civil de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en Calabozo, y se ordena la notificación de las partes. Por auto de fecha 22/07/2.004 (folio 71), ese Tribunal, recibió con oficio Nº 3429-04 de fecha 16/07/2.004, procedente del Circuito Judicial Penal, extensión Calabozo, Juzgado de control Nº 04 de la Circunscripción Judicial del estado Guarico. Con oficio Nº 4450-04, de fecha 10/09/2004, (folios 72 al 74) el Tribunal Penal remite actuaciones complementarias. Mediante oficio Nº 289-11 de fecha 05/04/2011, (folio 75), el Juzgado Segundo de primera Instancia Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, remite el presente expediente a este Tribunal, en virtud de que corresponde a la materia agraria. Por auto de fecha 13/04/2.011 (folio 76), este Tribunal, da por recibido el presente expediente, se le da entrada y se le asigna número de causa. Por auto de fecha 11/06/2.012 (folio 77), la jueza se abocó al conocimiento de la misma, acordándose la notificación de las partes, se libro Despacho de Comisión al Juzgado Distribuidor del Municipios los Salas San Antonio de los Altos de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, a los fines de la notificación del demandante. Por auto de fecha 19/09/2.013 (folio 81), se recibe despacho de comisión sin cumplir y se agrega al presente expediente. Mediante auto de fecha 24/09/2013 (folio 92), se acordó notificar al actor a través de de carteles fijado en la cartelera de este Juzgado. Cumplida dicha notificación, no hay más actuaciones que narrar.
Analizadas exhaustivamente las actas contentivas del presente expediente, este Juzgado en aras de la estabilidad del proceso, a la igualdad de las partes y a los fines de garantizar a lo justiciable una recta administración de justicia en garantía del debido proceso, derecho a la defensa, en este sentido este Tribunal observa:
Consta en el escrito de demanda que la acción incoada fue sustentada en derecho bajo normas del derecho penal, en materia delictual, sin fundamento en normas del derecho agrario. En consecuencia de lo anteriormente narrado, es necesario para este Juzgado realizar las siguientes consideraciones:
Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999 y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la nueva jurisdicción especial Agraria a través de sus Jueces podrán y deberán proteger la unidad de producción concediéndole máxima importancia en su resguardo a la producción agraria y a la propiedad agraria, entendida como la unidad primaria de desarrollo integral sustentable de la nación Venezolana y cuentan para ello con las acciones establecida en el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. En ese sentido, el procedimiento idóneo que se debe seguir en estas acciones relacionada con la actividad agraria, es el procedimiento ordinario agrario dispuesto en el capitulo VI de la novísima Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en los artículos 186 y siguientes, dichas demandas deben ser fundamentadas en la acción dispuesta en el articulo 197, de la referida ley, las normas que se contraponen a este procedimiento y que en la actualidad los Tribunales agrarios siguen usando, son incompatibles con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, conforme a la exposición de motivos hasta los artículos 1,8,11,17, 23, 147, 152, 154, 155, 186, 188, 197 numerales 8 y 15, las disposiciones finales primera, cuarta, quinta, novena y décima, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y los artículos 2, 49, 305, 306, 307 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otros. Lo que es notable la autonomía que tiene el derecho agrario en nuestro país, en virtud del cambio en busca de la contracción del nuevo estado social de derecho y de justicia.
“En este sentido, el doctor Ricardo Zeledón Zeledón, en su obra; Derecho Agrario Contemporáneo, del año (2009) (P.17-22) señala lo siguiente:
…El Derecho Agrario contemporáneo será el movimiento jurídico mas avanzado de todos los tiempos de la disciplina iusagraria. Como movimiento jurídico evolutivo también es científico y cultural, respetuoso de los avances del Derecho de los diferentes sistemas jurídicos y de las exigencias de la conciencia jurídica internacional. ….omisis. Está encaminado a reformular el Derecho Agrario tomando en cuenta su pasado reciente a los aportes de la doctrina clásica y moderna, para asumir los nuevos desafíos y movimientos de hoy y mañana. Su fin consiste en proyectar hacia el futuro toda la herencia doctrinal con los aportes de la evolución del Derecho en general y los valores provenientes de los derechos fundamentales para resolver los problemas, vicisitudes y desafíos formulados por los nuevos tiempos a actividades agrarias entrelazadas con tantos fenómenos jurídicos, políticos e ideológicos. ….omisis…. El Derecho Agrario de hoy es bastante distinto al Derecho Agrario clásico. El de los comienzos estaba vinculado a la tierra o a un cierto tratamiento de la producción agraria en armonía con los recursos naturales. Su doctrina permitió identificar la génesis de una compleja especialidad dentro de le normativa del Derecho Privado, aun cuando en su difícil labor de inicio tropezó con grandes problemas jurídicos de su tiempo y las limitaciones de sus cultores no lograron darle a la disciplina la grandeza requerida. También el Derecho Agrario de los nuevos tiempos encuentra grandes diferencias con el Derecho Agrario moderno, acrisolado en la empresa agraria, en la actividad agraria, en la agrariedad, con mayor valentía para reconocer su rol dentro del mercado. Porque al Derecho Agrario moderno le corresponde actuar en la segunda mitad del siglo pasado cuando todavía todos los cambios no se habían precipitado. Cuando, aun con los grandes esfuerzos de una mente abierta y reflexiva, era imposible imaginarse todo lo ocurrido poco tiempo después. Lo que si debe admitirse como una herencia invaluable de esta etapa, con un instrumental técnico jurídico de mayor análisis y reflexión, fue el intento serio de construcción de su propia teoría general en la temáticas de la identificación de sus institutos del objeto, del método, de los principios generales, de la codificación, de las nuevas dimensiones y, muy especialmente, los desafíos de la disciplina frente a los nuevos tiempos. Su característica en el plano científico se encuentra constituida por un proceso cultural, no ideológico sino histórico, de un trato mas acabado y universal de los instrumentos de los diversos sistemas jurídicos contemporáneos de todos los tiempos, entrelazados pese a la resistencia de unos y otros, fuertemente acompañados por unas corriente científica madura impulsora de la difícil tarea de la sistemática del Derecho Agrario, seguidora del arduo trabajo de la construcción del pensamiento agrarista de casi un siglo, con el sello indeleble d los aportes de las diferentes escuelas y etapas del progreso intelectual. Los congresos de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios, del Instituto de Derecho Agrario Internacional y Comparado de Florencia, y el Comité Americano de Derecho Agrario son fiel testimonio de la forma como se fueron abordando estos temas, no así en la mayoría de las obras jurídicas publicadas. El Derecho Agrario contemporáneo se va a identificar con un tratamiento científico mas avanzado, arriesgado, encargado de la difícil labor de darle un tratamiento sistemático a toda la disciplina a través de la incursión en los temas de las fuentes y la interpretación jurídica. Fuentes, interpretación y sistemática son su estrategia, sus instrumentos característicos, sus banderas de contemporaneidad. La interpretación jurídica va a constituir el instrumento indispensable para darle un sentido sistemático a las fuentes del Derecho completes para resolver todos los problemas de la disciplina. Eso solo se logra a través de la interpretación jurídica. Porque ante los vacíos del ordenamiento solo el recurso a los principios generales (normativos, axiológicos o facticos) ofrecerá una disciplina orgánica y completa, susceptible de un tratamiento sistemático. Interpretación jurídica en el Derecho Agrario contemporáneo es creación normativa. Solo podrá crear el gran jurista, el conocedor de su disciplina y de todas las demás ramas históricas o emergentes vinculadas con el agrario. Solo quien conoce toda la tortuosa historia institucional del agrario, desde las estructuras del Derecho Romano, pasando por los afanes constructivos del Derecho Agrario clásico y moderno, así como de la vinculación del agrario con las demás disciplinas, podrá interpretar correctamente. Con la interpretación, el agrario debe afirmarse, consolidarse, afianzarse aun mas como ciencia y como respuesta al desconocido mundo de vació jurídico. Esto no es un misterio sino una realidad porque el agrario siempre has sido un derecho de pocas normas donde se requiere un gran esfuerzo constructivo permanente. Quienes se dejan llevar por los nuevos fenómenos jurídicos o los nuevos problemas y se inclinan por tesis segregacionistas o antitéticas a los fundamentos mismos del agrario, no interpretan, son lectores olvidadizos o desconocedores de la larga historia y los aportes de la ciencia del Derecho Agrario. La sistemática en el Derecho Agrario contemporáneo constituye el reto más importante. Es el sueño de encontrar respuesta en la misma disciplina a todo interrogante y problema surgido, dándole el valor merecido a los fenómenos nuevos y muchos otros inimaginables, plenos de sorpresas y dinamicidad… (P.17-22)”.

En este orden, el Artículo 252 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece:
“Las acciones petitorias, el juicio declarativo de prescripción, la acción de deslinde de propiedades contiguas, se tramitarán conforme a los procedimientos especiales establecidos en el Código de Procedimiento Civil, adecuándose a los principios rectores del Derecho Agrario….”

De la norma parcialmente transcrita, se desprende que cuando la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario remite a procedimientos especiales en otras leyes, significa que estos procedimientos son compatibles con la Constitución Nacional y con el espíritu de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para sostener la verdadera autonomía de la ley, aplicando su propia norma en su sentido de especialidad y por tal no se podría afirmar la existencia del derecho agrario como disciplina jurídica.
Ahora bien, como consta del auto las presente actuaciones se ventilo por denuncia y se llevo por un procedimiento penal, siendo de naturaleza distinta al procedimiento agrario ya que este es mas expedito he impera la forma oral sobre la escrita, para tutelar así la Producción Agroalimentaria de la nación y así cumplir con unas de las necesidades mas importante del ser humano como es la alimentación.
En este mismo orden de ideas, se observa de lo anteriormente analizado, es decir, con la inobservancia del procedimiento ordinario agrario, se alteró la noción de orden público, lo cual necesariamente debe ser resuelto por este Tribunal de manera oficiosa, a los fines de garantizar la primacía constitucional, la equidad, la ética y fundamentalmente la responsabilidad del Juez, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil que señala:
“El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a solucionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesal, o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes”

De acuerdo a lo antes expuesto y con base al orden público que se traduce en el poder inquisitivo de juez agrario como director del proceso para eventualmente apartarse del principio dispositivo, se declara oficiosamente la nulidad absoluta de las actuaciones en la presente causa, todo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 23 de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario, se repone la causa al estado que el actor proceda a subsanar y adecuar su pretensión conforme al procedimiento Ordinario Agrario, con fundamento en los artículos 199 y 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dentro de los tres (03) días de despacho siguientes al presente fallo como se indica en la parte dispositiva. Así se declara.
DISPOSITIVA
De conformidad con lo anteriormente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decide:
PRIMERO: Con base al orden público establecido en el poder inquisitivo del Juez Agrario como director del proceso; se declara oficiosamente la nulidad absoluta de las actuaciones de la presente causa, todo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se declara.
SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior, se repone la causa al estado de que la parte actora proceda a subsanar y adecuar su pretensión al procedimiento Ordinario Agrario, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 199 y 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a la fecha del presente fallo. Así se declara.
TERCERO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de lo aquí decidido. Así se decide.
CUARTO: Por cuanto el presente fallo es publicado dentro del lapso legal que establece el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su parte final, se hace innecesaria la notificación de las partes.
Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Debidamente, sellada y firmada en la sala de despacho de este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil trece (24/10/2.013). Años 203° de la Independencia y 154 º de la Federación.
La Jueza Provisorio,

Xiomara Méndez Ramírez La Secretaria,

Maribel Caro Rojas
En esta misma fecha se dejó copia certificada de la presente decisión en este Tribunal, y se anunció y publicó el día de hoy los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil trece (24/10/2.013), siendo las once y treinta (11:30 a.m.) hora de la mañana. Conste.
La Secretaria.

XMR/MCR/jwmc.
Exp. 083-11