TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
SALA UNO

Caracas, 25 de abril de 2014
204º y 155º

CAUSA N° 3275
JUEZ PONENTE: DRA. EVELIN DAYANA MENDOZA HIDALGO

IMPUTADO: RONDON PEREIRA GABRIEL ALFREDO
DELITO: HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA
Y MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO
AGRAVADO y ASOCIACION PARA DELINQUIR
MOTIVO: RECURSO DE APELACION

Corresponde a esta Alzada pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el abogado Yonnys Aponte, Defensor Público Penal Nonagésimo (90°) del Área Metropolitana de Caracas, actuando en representación del ciudadano Gabriel Alfredo Rondón Pereira, en contra de la decisión de fecha 14 de marzo de 2014, dictada por el Juzgado Vigésimo Noveno (29º) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad sobre el referido ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía por motivos Fútiles en la Ejecución de un Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal y Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en los artículos 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Cumplidos los trámites procesales en esta instancia, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones, habiéndose designado ponente a quien con tal carácter suscribe el presente fallo, dicta pronunciamiento en los términos siguientes:

I
DEL RECURSO DE APELACION

Capítulo I

I.1.- Alegatos del recurrente:

Señala el recurrente, que ejerce la presente acción recursiva en contra de la decisión proferida por el Juzgado Vigésimo Noveno (29º) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a su defendido.

La defensa denuncia que la recurrida violó a su patrocinado el derecho a ser juzgado en libertad, al debido proceso, el derecho de presunción de inocencia la tutela judicial efectiva, no motivando su decisión para acoger la precalificación fiscal, no la motivó y menos aun para decretar la medida judicial preventiva de libertad, que no señala el tribunal de control, la estimación de peligro de fuga, ni de obstaculización de la búsqueda de la verdad, como se puede leer de la decisión emitida por el tribunal, que la defensa también solicitó un cambio en la precalificación dentro del tipo penal, porque considera que de los hechos no están presentes todos los elementos exigidos para precalificar el Homicidio Calificado en la ejecución de un Robo, que la recurrida no tomó en consideración que su patrocinado tiene domicilio fijo, familia constituida, no tiene como modo de vida conocido el delito, ni tiene registros policiales y está dispuesto a someterse a cualquier llamado que se le pueda hacer, como en efecto ocurrió, ya que su patrocinado, acudió al llamado que la realizaron funcionarios policiales cuando se desplazaba por la Parroquia La Vega, para investigar hechos ocurridos días pasados en un sector en el 2014, hecho este que tampoco es concurrente, ya que su representado en todo momento ha mostrado interés para que en tales hechos sean aclarados, que al no reunir el carácter de fundado los elementos de convicción en que se apoyó el juzgado de instancia para considerar que su asistido sea autor o partícipe de la comisión de un hecho punible, se hace improcedente el decreto de medida de privación judicial preventiva de libertad, que ante la falta de acreditación del hecho punible y de los fundados elementos de convicción y no obstante haberse impuesto la medida privativa de libertad, no es menos cierto que el fin del procedimiento ordinario es para la correcta investigación de los hechos con todos los elementos que influyan en la correcta determinación de los mismos, y sujetar indefinidamente a una persona a una medida de coerción personal por leve que sea, causa un gravamen permanente y desnaturalizaría la finalidad en la aplicación de las mismas, puesto que el Ministerio Público aseguradas las evidencias, y practicados todos los actos de investigación, conserva la facultad de eventualmente, con vista a un acto conclusivo definitivo, solicitar ante el Juez de Control, la imposición de medidas privativas de libertad, para asegurar las resultas de un eventual juicio penal, que considera esa defensa que no existen en las actas procesales los constitutivos de medios probatorios de la presunta comisión de un delito ni de la culpabilidad de sus presuntos autores o participes imputados el 14 de marzo de 2014, que evidentemente, ante este error de valoración de los hechos y aplicación de una norma jurídica, hecho el examen cuidadoso de los hechos concretos, integrando la norma al orden jurídico y persiguiendo éste la certeza y seguridad jurídica, esa defensa solicita que el recurso de apelación sea declarado Con Lugar y por consiguiente se le acuerde a su defendido la libertad sin restricciones, por cuanto la medida de privación de libertad carece de fundamento jurisdiccional.

II
DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

Llegada la oportunidad establecida en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal para que el Ministerio Público diera contestación al recurso de apelación interpuesto por la defensa del ciudadano Gabriel Alfredo Rondón Pereira, el mismo fue ejercido señalando que del contenido de las actas de investigación se evidencia que el hoy imputado Gabriel Alfredo Rondón Pereira, fue una de las personas que participó, junto a otros sujetos, en el homicidio de quien en vida respondiera al nombre de Jesús Antonio Landaeta, que la medida privativa judicial preventiva de libertad decretada por el juez de la recurrida, se encuentra ajustada a derecho, siendo la misma proporcional a los delitos cometidos y llenos los extremos de los artículos 236, 237 y 238 del texto adjetivo penal, entre los cuales está el comprobar la existencia de elementos de convicción que evidencian la presunta comisión del hecho punible, así como la presunta participación de la persona imputada en su comisión y por último la existencia de peligro de fuga o de obstaculización en la investigación, que establecen entre otras circunstancias que se ha de estimar, la posible pena a imponer y el daño ocasionado, todo ello con el fin de garantizar la prosecución del proceso y en ese sentido el Ministerio Público considera que está perfectamente ajustada a derecho la medida privativa de libertad dictada en contra del imputado, que por una parte el peligro de fuga se encuentra claramente acreditado en virtud de la pena que podría llegar a imponerse, ya que la pena prevista, pena media de 17 años y 6 meses, para el delito de Homicidio Intencional Calificado con alevosía, evidentemente supera el límite de diez años que es el mismo establecido por Ley para que se presuma de pleno derecho el peligro de fuga, que por otra parte, se encuentra también acreditado el peligro de fuga por la magnitud del daño causado, ya que en el caso de marras nos encontramos frente al mayor de los daños posibles que no es otro que haber causado la muerte a quien en vida respondiera al nombre de Jesús Antonio Landaeta, que de igual forma en lo que respecta al peligro de obstaculización, considera el Ministerio Público que éste también se encuentra acreditado, ya que el ciudadano sobre quien fue dictada medida de privación judicial preventiva de libertad, a través de actos o amenazas directas o bien por intermediarios, puede influir en el comportamiento de las victimas y de sus familiares, para que estos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente durante el proceso, colocando en peligro la investigación, el establecimiento de la verdad de los hechos y en fin la realización de la justicia, que visto que se encuentran llenos todos y cada uno de los requisitos de Ley, establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, artículos 236, 237 y 238, esa representación estima que la decisión tomada por el Juez de la recurrida, está ajustada a derecho y no ha violado ninguno de los derechos que asisten al imputado, que solicita que se declare Sin Lugar el recurso de apelación y en consecuencia se confirme en todas y cada una de sus partes la decisión recurrida.

III
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

De los folios 31 al 45 de las actuaciones corre inserta decisión de fecha 14 de marzo de 2014, dictada por el Tribunal Vigésimo Noveno de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde se lee lo siguiente:

“…DEL DERECHO

Los elementos antes descritos conllevan a esta juzgadora a presumir la autoría del imputado de autos en el hecho punible atribuido por el Ministerio Público, y de conformidad con el parágrafo primero del artículo 237 de la ley penal adjetiva, toda vez que se presume el peligro de fuga en delitos cuyas penas excedan de 10 años o mas y en el presente proceso, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal, por cuanto se desprende de las actuaciones aportadas por el Ministerio Público el imputado de autos, presuntamente le causa la muerte a la víctima de los presentes hechos para despojarlo de sus pertenencias específicamente un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros propiedad del occiso quien según se desprende de las actuaciones trabajaba como escolta y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por cuanto se presume que este ciudadano en compañía de otros sujetos del sector forman un grupo organizado reconocido por la comunidad dedicada a cometer todo tipo de delitos, haciendo la salvedad de que es una precalificación jurídica provisional, pudiendo variar en el transcurso de la investigación, delitos estos con penas superiores a los 10 años de prisión. De tal manera que al tribunal analizar de manera individual, el contenido de cada uno de los elementos de convicción referidos, para luego relacionarlas, adminicularlas, compararlos y concatenarlos entre si a los fines de tener una visión global de esos contenidos a objeto de precisar los puntos coincidentes, es del criterio quien aquí se pronuncia, que son suficientes para acreditar la existencia del hecho punible imputado por el Ministerio Público y una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad.

Evidenciándose así que, en el presente caso, están llenos los extremos previstos en el artículo 236 en sus tres numerales, del Código Orgánico Procesal Penal, lo que se traduce en: la existencia de un hecho punible, cuya acción no está evidentemente prescrita, en este caso el delito de Homicidio Calificado, presuntamente cometido en fecha 09-10-2013, así como fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano RONDON PEREIRA GABRIEL ALFREDO, es el posible autor o participe en la presunta comisión del hecho punible imputado por el Ministerio Público, así como la presunción razonable de peligro de fuga, toda vez que el delito imputado acarrea una pena privativa de libertad, superior a diez (101) años en el caso de una eventual condena. En este sentido, debe destacarse que en el caso concreto, se acredita la existencia concurrente tanto del principio denominado por la doctrina patria como el fumus boni iuris, principios de prueba y que en el proceso penal se traduce en que el hecho investigado tenga efectivamente carácter de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión, de allí deriva la potestad del estado a perseguir el delito y también está configurado el periculum in mora, principio que en el proceso penal se traduce que el imputado, valiéndose de su libertad pueda obstaculizar, o entorpecer o vulnerar de alguna manera la investigación. Ahora bien, en atención a la norma contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando dispone en su encabezamiento que: “El Juez de Control…podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de…que en razón a la interpretación gramatical, el verbo ACREDITAR, significa “Hacer digno de crédito”, esto es, reputar la solvencia, la existencia, dar crédito a una cosas, creerla, dar seguridad que una persona o cosa es lo que se presenta o parece. En este sentido, este Órgano Jurisdiccional, al examinar los requisitos del ordinal 2° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, denota que la frase utilizada por el Legislador Patrio, al señalar que deben existir “fundados elementos de convicción” no debe interpretarse en el sentido estricto de que se exija LA PLENA PRUEBA, pues lo que se busca es de crear convencimiento sobre lo acontecido, y esto es así, por cuanto, será en el juicio oral y público, en donde se debatirá acerca de la veracidad definitiva de los hechos imputados, y subsecuentemente, se verificará el proceso de valoración probatoria. Por otra parte, quien aquí decide, observa, que la existencia de la circunstancia que dispone el ordinal 3° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ser adminiculada en todo momento, con lo pautado en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de ser uno de los principios generales que rigen las medidas asegurativas provisionales, lo es el principio de la proporcionalidad. La referida disposición legal, nos lleva a una innovación jurídica procesal basada en trasladar el Principio de la Proporcionalidad de los delitos y de las penas, a las medidas de coerción personal, y así poder, hacer efectiva la detención preventiva judicial de cualquier persona y así poder, hacer efectiva la detención preventiva judicial de cualquier persona, todo ello, en procura de una aplicación razonable de este tipo de medidas asegurativas, únicamente o específicamente en aquellos delitos, que revistan cierto daño de relevancia social, es decir, que dicha norma requiere que el ilícito investigado produzca un verdadero daño de relevancia penal, y que no sea una simple falta o un delito de menor cuantía. Igualmente en dicho articulado imperan tres (03) requisitos de fundamentación básica, los cuales autorizan la práctica de la detención preventiva judicial y estos son: La gravedad del delito, las circunstancias de la comisión del hecho y la sanción probable. En el caso de autos, este juzgador considera, que están dados los tres (03) requisitos señalados anteriormente, ya que los delitos imputados a los ciudadanos antes referidos, llena los requisitos para la fundamentación básica de la detención preventiva judicial de libertad.

Con respecto al peligro de fuga, observa quien aquí decide que, el Legislador Patrio, consideró necesario la implementación o práctica de la medida cautelar privativa de libertad, cuando exista el supuesto procesal acerca del PELIGRO DE FUGA por parte del imputado, y pueda quedar ilusoria el poder punitivo del Estado, en tal sentido estableció ciertos presupuestos básicos o algunas circunstancias que autorizan la detención judicial del imputado. Al efecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 492, de fecha 01/04/2008, ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López sentó el siguiente criterio:

…(omissis)…

Así las cosas, es por todo lo antes expuesto que quien aquí decide considera que si bien toda persona sometida a un proceso penal tiene derecho a ser juzgada en libertad, y por ende, las normas que autorizan la privación o restricción de la libertad de un ciudadano deben ser interpretadas de forma restrictiva, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 8 y 9 también es cierto que la misma norma prevé, como excepción a ese estado de libertad, las circunstancias en que de manera excepcional puede ser acordada la privación judicial preventiva de libertad, y siendo que en este caso se encuentran llenos tales extremos, conforme a las previsiones del artículo 236 numerales 1, 2 y 3, 237 numerales 2, 3 y parágrafo primero y el artículo 238 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, considerando que existe una presunción grave de que se vea frustrada la búsqueda de la verdad y la justicia en la aplicación del derecho como finalidad del proceso penal consagrada en el artículo 13 Ibídem, y atendiendo a la proporcionalidad que deben existir entre la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, no resta a quien decide otra alternativa que decretar la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del imputado RONDON PEREIRA GABRIEL ALFREDO, ampliamente identificado al inicio de la presente decisión, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo. Designándose como sitio de reclusión internado judicial de Tocorón. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

POR TODOS LOS RAZONAMIENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, ESTE JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO (29°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, ESTIMA QUE EN EL PRESENTE CASO, LO PROCEDENTE Y AJUSTADO A DERECHO ES “DECRETAR con fundamento en el artículo 236 numerales 1, 2 y 3 en relación con lo establecido en los artículos 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal la MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano RONDON PEREIRA GABRIEL ALFREDO, titular de la cédula de identidad N° V-21.437.110, nacionalidad VENEZOLANO, fecha de nacimiento 20-06-1989, edad 24, estado civil SOLTERO, profesión u oficio ALBAÑIL, CARPINTERO, Y ARTESANO, LABORANDO ACTUALMENTE POR SU CUENTA, grado de instrucción SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO, hijo de MIRIAM PEREIRA (v) y de PEDRO RONDON (v), Dirección: LA VEGA, PARTE ALTA DE LAS TORRES, CASA DE COLOR BLANCA, PUERTA DE COLOR NEGRA, CERCA DE LA BODEGA DEL PORTUGUES, teléfono… por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. ASÍ SE DECIDE”.

Capítulo IV
MOTIVA

La Sala para decidir previamente observa:

De la revisión de las actas que conforman la presente incidencia, observa este Órgano Colegiado que el recurrente en el presente recurso de apelación procura se revoque la decisión dictada por el Tribunal Vigésimo Noveno (29°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad, al ciudadano Gabriel Alfredo Rondón Pereira, por considerar que no se encuentran acreditados los elementos de convicción a que se refiere el artículo 236 numerales 1, 2 y 3, artículo 237 numerales 2 y 3 y parágrafo primero, y numeral 2 del artículo 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, del análisis de las presentes actuaciones se constata que efectivamente en fecha 14 de marzo de 2014, tuvo lugar el Acto de Audiencia para Oír al Aprehendido, solicitado por el Fiscal 55° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, abogada Gabriela Barrera, ante el Juzgado Vigésimo Noveno (29°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de este Circuito Judicial, oportunidad en la que esa Instancia Judicial acordó la continuación del proceso por la reglas del procedimiento ordinario de conformidad a lo previsto en el artículo 373 ejusdem, acogió la precalificación jurídica dada a los hechos por la Vindicta Pública, es decir por los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía y Motivos Fútiles en la ejecución de un Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1 y 2 del Código Penal y Asociación Para Delinquir, previsto y sancionado en los artículos 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y decretó al ciudadano Rondón Pereira Gabriel Alfredo, medida de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 236 ordinales 1, 2 y 3, 237 ordinales 2, 3 y parágrafo primero y 238 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal.

A tal efecto del estudio y análisis del acta levantada con ocasión a la celebración audiencia celebrada en fecha 14 marzo de 2014, se observa una precisa valoración de la conducta desplegada por el sujeto en el hecho delictivo, la cual quedó reflejada en los términos siguientes:

”PRIMERO: Por cuanto este Tribunal considera que la Representante del Ministerio Público, tiene el deber ineludible de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas, tal y como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y a esa finalidad debe atenerse en todas sus actuaciones y constatando este Tribunal de Control que se requiere la práctica de diversas diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos expuestos en esta audiencia por las partes, es por lo que quien aquí decide considera que lo procedente es acordar continuar la investigación por la VÍA ORDINARIA, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 373 con relación al artículo 280 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Este Tribunal oída como fue la solicitud por parte de la Fiscalía del Ministerio Público de que se acuerde el PROCEDIMIENTO ORDINARIO en este acto acuerda la aplicación del procedimiento ordinario con fundamento en el artículo 373 parte in fine del Código Orgánico Procesal Penal, tal como lo ha solicitado el Ministerio Público. SEGUNDO: En cuanto a la precalificación dada por el Ministerio Público a los hechos investigados, este Juzgado considera que de acuerdo al contenido de las actas que han sido consignadas por la vindicta pública se acredita la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal, por cuanto se desprende de las actuaciones aportadas por el Ministerio Público el imputado de autos, presuntamente le causa la muerte a la víctima de los presentes hechos para despojarlo de sus pertenencias específicamente un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros propiedad del occiso quien según se desprende de las actuaciones trabajaba como escolta y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por cuanto se presume que este ciudadano en compañía de otros sujetos del sector forman un grupo organizado reconocido por la comunidad dedicados a cometer todo tipo de delitos, haciendo la salvedad que la misma puede variar o está sujeta a cambio dependiendo el resultado que arroje la investigación. TERCERO: En cuanto a la medida de privación judicial preventiva de libertad solicitada por el Fiscal del Ministerio Público como lo es un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, en segundo lugar existen para esta decisora revisado como fue el presente expediente fundados elementos de convicción para estimar que el imputado presente en esta audiencia ha sido autor o participe de la comisión de los presuntos hechos punibles que le está imputando la Fiscalía del Ministerio Público así mismo considera este Tribunal que existe la presunción razonable de peligro de fuga y obstaculización del proceso por la presunta pena que podría llegar a imponerse así como la magnitud del daño causado ya que el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal, ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en virtud de los presupuestos copulativos antes mencionados este Tribunal pasa a mencionar los elementos de convicción que reposan en la presente causa como lo son: acta de investigaciones penal, suscrita por los funcionarios adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas…Cursa a las actuaciones ACTA DE ENTREVISTA de fecha Trece de Agosto de 2013…ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 20 de octubre de 2013…OFICIO DIRIGIDO AL GERENTE DE SEGURIDAD DE LA COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DIGITEL (FOLIO 37)…CURSA DEL FOLIO 38 AL FOLIO 43 VACIADO DE LLAMADAS TELEFONICAS). ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL de fecha 21 de octubre de 2013…cursa a las actuaciones acta de entrevista rendida por testigo 4, la cual queda identificada como Johann Vanesa Mendieta Cabello…cursa Registro de cadena de Custodia de Evidencias Físicas…Elementos estos que hacen presumir la autoría y/o participación del imputado de autos en los delitos imputados y de conformidad con el parágrafo primero del artículo 238 de la ley penal adjetiva, toda vez que se presume el peligro de fuga en delitos cuyas penas excedan de 10 años o mas y en el presente proceso, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FUTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal, por cuanto se desprende de las actuaciones aportadas por el Ministerio Público el imputado de autos, presuntamente le causa la muerte a la víctima de los presentes hechos para despojarlo de sus pertenencias específicamente un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros propiedad del occiso quien según se desprende de las actuaciones trabajaba como escolta y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, tienen penas superiores a 10 años de prisión. De tal manera que al tribunal analizar de manera individual el contenido de cada uno de los elementos de convicción referidos, para luego relacionarlos, adminicularlos, compararlos y concatenarlos entre si a los fines de tener una visión global de estos contenidos a los fines de precisar los puntos coincidentes, es del criterio quien aquí se pronuncia, que son suficientes para acreditar la existencia del hecho punible imputado por el Ministerio Público y una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad. En este sentido, este Órgano jurisdiccional, al examinar los requisitos del Numeral 2 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, denota que la frase utilizada por el Legislador Patrio, al señalar que deben existir “fundados elementos de convicción”, no debe interpretarse en el sentido estricto de que se exija LA PLENA PRUEBA, pues lo que se busca es de crear convencimiento sobre lo acontecido y esto es así, por cuanto, será en el juicio oral y público, en donde se debatirá acerca de la veracidad definitiva de los hechos imputados y subsecuentemente, se verificara el proceso de valoración probatoria. Por otra parte, quien aquí decide, observa, que la existencia de la circunstancia que dispone el numeral 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ser adminiculada en todo momento, con lo pautado en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de ser uno de los principios generales que rigen las medidas asegurativas provisionales, especialmente, las que contraen la Privación Judicial Preventiva de Libertad, como lo es el principio de la proporcionalidad. La referida disposición legal, nos lleva a una innovación jurídica procesal basada en trasladar el Principio de la Proporcionalidad de los Delitos y de las Penas, a las medidas de coerción personal, y así poder hacer efectiva la detención preventiva judicial de cualquier persona, todo ello, en procura de una aplicación razonable de este tipo de medidas asegurativas, únicamente o específicamente, en aquellos delitos, que revistan cierto daño de relevancia social, es decir, que dicha norma requiere que el ilícito investigado produzca un verdadero daño de relevancia penal y que no sea una simple falta o un delito de menor cuantía. Igualmente en dicho articulado imperan tres (03) requisitos de fundamentación básica, los cuales autorizan la práctica de la detención preventiva judicial y estos son: 4. La gravedad del delito. 5. Las circunstancias de la comisión del hecho y 6. La sanción probable. En el caso de autos, esta juzgadora considera, que están dados los tres (03) requisitos señalados anteriormente ya que los delitos imputado al ciudadano de autos, vale decir HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FUTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal, por cuanto se desprende de las actuaciones aportadas por el Ministerio Público el imputado de autos, presuntamente le causa la muerte a la víctima de los presentes hechos para despojarlo de sus pertenencias específicamente un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros propiedad del occiso quien según se desprende de las actuaciones trabajaba como escolta y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, llenan los requisitos para la fundamentación básica de la detención preventiva judicial de libertad. Por otro lado, el artículo 238 del Código Adjetivo Penal, entre las circunstancias que deben tomarse en cuenta para decidir sobre el peligro de fuga, tenemos la de los numerales 3 y 4 específicamente, la pena que podría llegar a imponerse y la magnitud del daño causado, y en el caso concreto, el juzgador presume el peligro de fuga por tratarse de un delito considerado pluriofensivo. Por todas las razones antes expuestas considera quien aquí decide, que lo procedente ajustado a derecho, es decretar la Medida Judicial Preventiva de libertad al ciudadano GABRIEL ALFREDO RONDON PEREITA por la presunta comisión del delito de COAUTOR EN EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FUTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal, por cuanto se desprende de las actuaciones aportadas por el Ministerio Público el imputado de autos, presuntamente le causa la muerte a la víctima de los presentes hechos para despojarlo de sus pertenencias específicamente un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros propiedad del occiso quien según se desprende de las actuaciones trabajaba como escolta y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de LANDAETA JESUS ANTONIO (OCCISO) por encontrarse llenos los extremos del artículo 236 numerales 1, 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Se acuerda como sitio de reclusión el internado judicial de San Juan de los Morros. Se advierte a la representante del Ministerio Público que procurará dar término a la investigación en un lapso no mayor de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS contados a partir del día de hoy, por lo que de lo contrario se procederá conforme al tercer aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal…”

Por su parte en la fundamentación realizada por auto separado, la cual consta del folio 31 al 45 de las actuaciones, se aprecia que en la estructura de dicho decisorio fueron indicados los fundamentos para el decreto de la medida restrictiva de libertad, quedando plasmada de la siguiente manera:

“…DEL DERECHO

Los elementos antes descritos conllevan a esta juzgadora a presumir la autoría del imputado de autos en el hecho punible atribuido por el Ministerio Público, y de conformidad con el parágrafo primero del artículo 237 de la ley penal adjetiva, toda vez que se presume el peligro de fuga en delitos cuyas penas excedan de 10 años o mas y en el presente proceso, el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal, por cuanto se desprende de las actuaciones aportadas por el Ministerio Público el imputado de autos, presuntamente le causa la muerte a la víctima de los presentes hechos para despojarlo de sus pertenencias específicamente un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros propiedad del occiso quien según se desprende de las actuaciones trabajaba como escolta y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por cuanto se presume que este ciudadano en compañía de otros sujetos del sector forman un grupo organizado reconocido por la comunidad dedicada a cometer todo tipo de delitos, haciendo la salvedad de que es una precalificación jurídica provisional, pudiendo variar en el transcurso de la investigación, delitos estos con penas superiores a los 10 años de prisión. De tal manera que al tribunal analizar de manera individual, el contenido de cada uno de los elementos de convicción referidos, para luego relacionarlas, adminicularlas, compararlos y concatenarlos entre si a los fines de tener una visión global de esos contenidos a objeto de precisar los puntos coincidentes, es del criterio quien aquí se pronuncia, que son suficientes para acreditar la existencia del hecho punible imputado por el Ministerio Público y una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad.

Evidenciándose así que, en el presente caso, están llenos los extremos previstos en el artículo 236 en sus tres numerales, del Código Orgánico Procesal Penal, lo que se traduce en: la existencia de un hecho punible, cuya acción no está evidentemente prescrita, en este caso el delito de Homicidio Calificado, presuntamente cometido en fecha 09-10-2013, así como fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano RONDON PEREIRA GABRIEL ALFREDO, es el posible autor o participe en la presunta comisión del hecho punible imputado por el Ministerio Público, así como la presunción razonable de peligro de fuga, toda vez que el delito imputado acarrea una pena privativa de libertad, superior a diez (101) años en el caso de una eventual condena. En este sentido, debe destacarse que en el caso concreto, se acredita la existencia concurrente tanto del principio denominado por la doctrina patria como el fumus boni iuris, principios de prueba y que en el proceso penal se traduce en que el hecho investigado tenga efectivamente carácter de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión, de allí deriva la potestad del estado a perseguir el delito y también está configurado el periculum in mora, principio que en el proceso penal se traduce que el imputado, valiéndose de su libertad pueda obstaculizar, o entorpecer o vulnerar de alguna manera la investigación. Ahora bien, en atención a la norma contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando dispone en su encabezamiento que: “El Juez de Control…podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de…que en razón a la interpretación gramatical, el verbo ACREDITAR, significa “Hacer digno de crédito”, esto es, reputar la solvencia, la existencia, dar crédito a una cosas, creerla, dar seguridad que una persona o cosa es lo que se presenta o parece. En este sentido, este Órgano Jurisdiccional, al examinar los requisitos del ordinal 2° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, denota que la frase utilizada por el Legislador Patrio, al señalar que deben existir “fundados elementos de convicción” no debe interpretarse en el sentido estricto de que se exija LA PLENA PRUEBA, pues lo que se busca es de crear convencimiento sobre lo acontecido, y esto es así, por cuanto, será en el juicio oral y público, en donde se debatirá acerca de la veracidad definitiva de los hechos imputados, y subsecuentemente, se verificará el proceso de valoración probatoria. Por otra parte, quien aquí decide, observa, que la existencia de la circunstancia que dispone el ordinal 3° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ser adminiculada en todo momento, con lo pautado en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de ser uno de los principios generales que rigen las medidas asegurativas provisionales, lo es el principio de la proporcionalidad. La referida disposición legal, nos lleva a una innovación jurídica procesal basada en trasladar el Principio de la Proporcionalidad de los delitos y de las penas, a las medidas de coerción personal, y así poder, hacer efectiva la detención preventiva judicial de cualquier persona y así poder, hacer efectiva la detención preventiva judicial de cualquier persona, todo ello, en procura de una aplicación razonable de este tipo de medidas asegurativas, únicamente o específicamente en aquellos delitos, que revistan cierto daño de relevancia social, es decir, que dicha norma requiere que el ilícito investigado produzca un verdadero daño de relevancia penal, y que no sea una simple falta o un delito de menor cuantía. Igualmente en dicho articulado imperan tres (03) requisitos de fundamentación básica, los cuales autorizan la práctica de la detención preventiva judicial y estos son: La gravedad del delito, las circunstancias de la comisión del hecho y la sanción probable. En el caso de autos, este juzgador considera, que están dados los tres (03) requisitos señalados anteriormente, ya que los delitos imputados a los ciudadanos antes referidos, llena los requisitos para la fundamentación básica de la detención preventiva judicial de libertad.

Con respecto al peligro de fuga, observa quien aquí decide que, el Legislador Patrio, consideró necesario la implementación o práctica de la medida cautelar privativa de libertad, cuando exista el supuesto procesal acerca del PELIGRO DE FUGA por parte del imputado, y pueda quedar ilusoria el poder punitivo del Estado, en tal sentido estableció ciertos presupuestos básicos o algunas circunstancias que autorizan la detención judicial del imputado. Al efecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 492, de fecha 01/04/2008, ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López sentó el siguiente criterio:

…(omissis)…

Así las cosas, es por todo lo antes expuesto que quien aquí decide considera que si bien toda persona sometida a un proceso penal tiene derecho a ser juzgada en libertad, y por ende, las normas que autorizan la privación o restricción de la libertad de un ciudadano deben ser interpretadas de forma restrictiva, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 8 y 9 también es cierto que la misma norma prevé, como excepción a ese estado de libertad, las circunstancias en que de manera excepcional puede ser acordada la privación judicial preventiva de libertad, y siendo que en este caso se encuentran llenos tales extremos, conforme a las previsiones del artículo 236 numerales 1, 2 y 3, 237 numerales 2, 3 y parágrafo primero y el artículo 238 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, considerando que existe una presunción grave de que se vea frustrada la búsqueda de la verdad y la justicia en la aplicación del derecho como finalidad del proceso penal consagrada en el artículo 13 Ibídem, y atendiendo a la proporcionalidad que deben existir entre la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, no resta a quien decide otra alternativa que decretar la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del imputado RONDON PEREIRA GABRIEL ALFREDO, ampliamente identificado al inicio de la presente decisión, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo. Designándose como sitio de reclusión internado judicial de Tocorón. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

POR TODOS LOS RAZONAMIENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, ESTE JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO (29°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, ESTIMA QUE EN EL PRESENTE CASO, LO PROCEDENTE Y AJUSTADO A DERECHO ES “DECRETAR con fundamento en el artículo 236 numerales 1, 2 y 3 en relación con lo establecido en los artículos 237 y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal la MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al ciudadano RONDON PEREIRA GABRIEL ALFREDO, titular de la cédula de identidad N° V-21.437.110, nacionalidad VENEZOLANO, fecha de nacimiento 20-06-1989, edad 24, estado civil SOLTERO, profesión u oficio ALBAÑIL, CARPINTERO, Y ARTESANO, LABORANDO ACTUALMENTE POR SU CUENTA, grado de instrucción SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO, hijo de MIRIAM PEREIRA (v) y de PEDRO RONDON (v), Dirección: LA VEGA, PARTE ALTA DE LAS TORRES, CASA DE COLOR BLANCA, PUERTA DE COLOR NEGRA, CERCA DE LA BODEGA DEL PORTUGUES, teléfono… por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. ASÍ SE DECIDE”.

Al respecto podemos observar, que el análisis y las consideraciones plasmadas por el Juzgador de Primera Instancia, para admitir la precalificación jurídica dada por el Ministerio Fiscal, constituyen argumentos sólidos y suficientes para que en esta etapa del proceso, -la cual es considerada primigenia- en la que la subsunción realizada sobre los hechos tienen carácter provisional y está sujeta a los elementos probatorios que serán aportados luego de finalizada los actos investigativos a que dieran lugar, por lo que el decisorio cuestionado, fue razonado debidamente y fueron los motivos que lo hicieron arribar a dicha apreciación, no debiéndose olvidar que durante esta etapa puede la defensa de autos intervenir a los fines de efectuar todo tipo de diligencia y actuación que desvirtúe los cargos sindicados a su representado, en tal sentido por cuanto la finalidad del proceso, no es otra que establecer la verdad de los hechos, dependerá de lo obtenido en la averiguación fiscal, para que en un plazo razonable y en aplicación de todas las garantías, se obtenga el acto conclusivo correspondiente.

Por su parte el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, contempla

“El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan”.

En armonía con todo lo antes expuesto La Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia nro 728, de fecha 25ABRIL07, explanó lo siguiente:

“… De estas disposiciones se desprende que en la fase preparatoria del proceso penal, las partes recolectarán, respectivamente, todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado, dentro de la cual, el imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el proceso y sus representantes, podrán solicitar al fiscal la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos, quien, por su parte, las llevará a cabo si las considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria, a los efectos que ulteriormente correspondan.

Es precisamente en esta fase (y no otra) donde ordinariamente se practicarán las diligencias que permitan fundar, por una parte, el acto conclusivo de la investigación y, por otra, la defensa del imputado, pues justamente una de las funciones centrales de la misma es preparar el juicio oral y público, el cual, entre otras características, deberá ser concentrado, es decir, deberá ser efectuado en el menor tiempo posible conforme al principio homónimo acogido y desarrollado, entre otros, en los artículos 17, 335, 336 y 337 del Código Orgánico Procesal Penal…

Por otro lado aprecia esta Alzada que la recurrida en sus argumentos tomó en consideración los elementos de convicción aportados por la representación fiscal en la audiencia para oír al aprehendido, entre los que se señala la declaración de los testigos y actuaciones policiales en las que mencionan al sindicado de autos como sujeto activo del hecho delictivo que se le imputa, como lo son: 1.-Acta de Investigación penal suscrita por los funcionarios adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Folio 207, pieza dos, de la causa original. 2.- Inspección Técnica Policial de fecha 09 de octubre de 2013, folios 6 y 7, pieza uno de la causa original.-3. Acta de Investigación Penal suscrita por funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. 4.- Acta de Entrevista al ciudadano identificado como Testigo 01. Folios 20 y 21. 5.- Oficio dirigido al Gerente de Seguridad de la Compañía de Telecomunicaciones Digitel. Folio 37 de la pieza uno de la causa original.- 6. Vaciado de llamadas telefónicas. Folios 38 al 43 de la pieza uno de la causa original.- 7.- Acta de Investigación Penal de fecha 20 de octubre de 2013, suscrita por funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Folios 114 y 115 de la segunda pieza de la causa original. 8.- Acta de Entrevista tomada al testigo identificado como 2. Folio 22, pieza uno de la causa original, y que materializan los supuestos contemplados en los artículos 236 numerales 1, 2, 3, 237 numerales 2, 3 y parágrafo primero, y 238 numeral 2, de la Normativa Adjetiva Penal, para hacer procedente la privación judicial preventiva de libertad, dejando asentado en su decisión que el ciudadano RONDON PEREIRA GABRIEL ALFREDO, está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FÚTILES EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal y el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la cual no se encuentra prescrita, además de la magnitud del daño causado por cuanto el bien tutelado que se lesionó es el mas preciado como lo es el derecho a la vida, circunstancias estas que hacen presumir un eminente peligro de fuga, así como la inminente posibilidad de influir en los testigos del proceso, entorpeciendo la indagatoria que tiene como objetivo develar la verdad de los hechos.
En este mismo orden de ideas los artículos 236, 237 y 238 del Texto Adjetivo Penal disponen:

Artículo 236:
“El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación….”
Artículo 237
“Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2.La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3.La magnitud del daño causado;
4.El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.
En este supuesto, el Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancias del artículo 250, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez podrá, de acuerdo a las circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición Fiscal e imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. La decisión que se dicte podrá ser apelada por el Fiscal o la víctima, se haya o no querellado, dentro de los cinco días siguientes a su publicación…”

Artículo 238.
Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción;
2. Influirá para que coimputados, testigos, víctimas, o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

Como vemos, la recurrida luego de verificar las actuaciones investigativas, con las que el Representante Fiscal, cimentó la solicitud de privación judicial preventiva de libertad al ciudadano Rondón Pereira Gabriel Alfredo, las cuales quedaron suficientemente señaladas en las consideraciones que anteceden, apreció el contenido de la Normativa Adjetiva Penal, que excepciona el principio de ser juzgado en libertad, el cual sin lugar a duda no menoscaba la presunción de inocencia que arropa a toda persona sometida a un proceso penal, de manera que el pronunciamiento proferido por el Tribunal de Primera Instancia estuvo revestido de la debida ponderación y proporcionalidad necesaria que debe caracterizar dicha decisión.

De esta forma, queda desvirtuado el alegato interpuesto por el recurrente, en vista que de la decisión recurrida se observa que el Juez A quo concatenó de manera eficaz la acción penal con lo dispuesto en la Ley Sustantiva Penal, otorgando así una precalificación idónea para el caso en concreto, donde a posteriori, y tal como se observa de las presentes actuaciones, expresó las razones de hecho y derecho que lo llevaron a tal dictamen; por lo que esta Alzada Penal concluye que de la decisión recurrida está ajustada a Derecho y no presupone violación alguna al Debido Proceso.

En consecuencia esta Alzada estima que los argumentos realizados por el recurrente, como base de su impugnación, quedaron debidamente desvirtuados y en virtud de ello se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación y se confirma la decisión recurrida. Y así se declara.

V
DECISIÓN

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Yonnys Aponte, Defensor Público Penal Nonagésimo (90°) del Área Metropolitana de Caracas, actuando en representación del ciudadano Gabriel Alfredo Rondón Pereira, en contra de la decisión de fecha 14 de marzo de 2014, dictada por el Juzgado Vigésimo Noveno (29º) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad sobre el referido ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía por motivos Fútiles en la ejecución de un Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 406 numerales 1, 2 del Código Penal y Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en los artículos 27 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión impugnada. ASÍ SE DECIDE.

Regístrese y publíquese la presente decisión en la oportunidad legal correspondiente.
Déjese copia de la misma en el archivo de la Sala.

LOS JUECES PROFESIONALES,

DRA. EVELIN DAYANA MENDOZA HIDALGO
PRESIDENTA PONENTE

DRA. ANIELSY ARAUJO BASTIDAS DR. FRANZ CEBALLOS SORIA

LA SECRETARIA

ABG. JHOANA YTRIAGO

En esta misma fecha se dio fiel cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

LA SECRETARIA

ABG. JHOANA YTRIAGO
EDMH/AAB/FCS/JY/Ag
CAUSA Nº 3275