REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 7 de agosto de 2014 204º y 155º ASUNTO: AP11-V-2014-000490 PARTE ACTORA: ciudadanos LOURDES GONZALO DE CORIANO, JOSE EDUARDO CORIANO GONZALO y CARELIA CORIANO GONZALO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-2.748.534, V.-14.123.534 y V.-15.182.754, respectivamente.- ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: ciudadano EDGAR MOYA MILLAN, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 30.428.- PARTE DEMANDADA: ASOCIACION CIVIL CLUB ORICAO, inscrito por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Publico del Departamento Libertador del distruto Federal, de fecha 2 de agosto de 1977, bajo el Nº 29, Tomo 1º, Folio 217, Protocolo Primero; siendo modificada posteriormente en fecha 3 de junio de 2002, quedando anotada bajo el Nº 28, Tomo 15, Protocolo Primero, y agregada la misma al cuaderno de comprobante bajo el Nº 171, folios 548 al 566.- APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTA EN AUTOS.- MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO. Vistas las actas procésales que conforman este expediente, este Juzgador pasa a hacer las siguientes consideraciones: PRIMERO: Este proceso se inició por libelo de demanda introducido por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial y debido a la distribución, fue asignado a este Juzgado a los fines de su tramitación.- Mediante auto proferido en fecha 5 de junio de 2014, este Tribunal ordenó la acumulación del expediente Nº AP11-V-2014-000522, al presente asunto, en virtud de estar llenos los requisitos exigidos en los artículos 51, 52 81 del Código de Procedimiento Civil.- Posteriormente, en fecha 30 de junio de 2014, este Tribunal admitió el presente expediente, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, a los fines de que compareciera ante este Despacho Judicial, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, en las horas comprendidas para despachar, para que conteste la demanda u oponga la defensa que considerara pertinente.- Subsiguientemente, en fecha 7 de julio de 2014, comparece ante este Juzgado la representación judicial de la parte actora y solicita la revocatoria del auto dictado por este Juzgado en fecha 5 de junio de 2014.- SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.-… “También se extingue la instancia: 1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.(...).” De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de treinta días sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” Así mismo, es importante señalar el criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en la Sala de Casación Civil, en el fallo de fecha 06 de Julio de 2004, por el Magistrado Ponente CARLOS OBERTO DE VELEZ, en el caso José Ramón Barco Vásquez contra la Sociedad mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, en el cual se señala que si bien es cierto que hoy en día rige el principio constitucional de la gratuidad de la justicia, también es cierto que es necesario que la parte demandante suministre al Alguacil del tribunal los recursos económicos necesarios, a los fines de que el mismo cumpla la función que por Ley le ha sido asignada, lo cual lo estableció la Sala textualmente en los términos siguientes: “...No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando esta haya de practicarse en un sitio que diste mas de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el articulo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso publico. Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreara la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicara para las demás que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece....”.- Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la Perención de la Instancia. Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE. TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, y en estricto acatamiento del criterio anteriormente trascrito, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. Y ASÍ SE DECIDE. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 4º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de agosto de 2014. Años 204º y 155º. El Juez, Abg. Carlos A. Rodriguez Rodriguez El Secretario Abg. Luis Eduardo Rodriguez En esta misma fecha, siendo las 10:41 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario Abg. Luis Eduardo Rodriguez Asunto: AP11-V-2014-000490 CARR/LERR/mv