TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO.
CALABOZO, DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (16/01/2.014).
AÑOS 203° Y 154°.- EXPEDIENTE Nº 9054-12.

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS:

PARTE ACCIONANTE: JOSÉ FAUSTINO APONTE APONTE, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Municipio Francisco de Miranda, Estado Guárico, y titular de la cédula de identidad Nº V.-3.769.462.

APODERADOS JUDICIALES: GUSTAVO JOSÉ PANTOJA MONTILLA y ANDRÉS RAMÓN PANTOJA, inscritos en el inpre-abogado bajo los nros. 158.038 y 11.200.

PARTE ACCIONADA: ROSA MARÍA APONTE APONTE y AQUILES RAFAEL APONTE APONTE, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en este mismo Municipio.

MOTIVO DE LA DEMANDA: COBRO DE BOLÍVARES (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA).-

El juicio se inicia por demanda presentada por los abogados GUSTAVO JOSÉ PANTOJA MONTILLA y ANDRÉS RAMÓN PANTOJA, inscritos en el inpre-abogado bajo los nros. 158.038 y 11.200, quienes actúan con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ FAUSTINO APONTE APONTE, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Municipio Francisco de Miranda, Estado Guárico, y titular de la cédula de identidad Nº V.-3.769.462, contra los ciudadanos ROSA MARÍA APONTE APONTE y AQUILES RAFAEL APONTE APONTE, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en este mismo Municipio.
Por auto de 28/09/2.012 (folio 08), el tribunal acordó darle entrada a la demanda y en fecha 02/10/2.012 (folio 09) se admitió la misma, ordenándose la citación de los co-demandados a quienes se les libraron boletas.
En fecha 13/11/2.012 (folio 14), compareció ante la secretaria de este Juzgado el alguacil del mismo, consignó las boletas de citación por cuanto en sus visitas no pudo localizar a ninguno de los demandados.
Por diligencia de fecha 08/01/2.013 (folio 24), compareció el profesional del derecho, ANDRÉS PANTOJA, co-apoderado del actor, y solicitó la citación de los demandados, mediante carteles, lo cual por auto de fecha 11/01/2.013 (folio 25), se acordó tales citaciones por carteles; para ser publicado en prensa y fijado en su morada. Se libró cartel de citación.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Planteado así el problema de autos, el tribunal para decidir observa lo siguiente: El Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su primer aparte, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.”
Ahora bien, ha señalado la Doctrina que la perención de la instancia es una sanción impuesta a la o las partes, por inactividad procesal de parte, es decir, que deben como demostración de interés en el juicio, producir durante el tiempo que se trate, acto de procedimiento válido que se traduzca en voluntad de mantener viva la instancia.
En el caso que nos ocupa, se observa que desde el día 08/01/2.013 (folio 24), fecha esta en la que parte actora solicitó la citación de los demandados mediante carteles; y evidenciándose en autos que hasta la presente fecha ha transcurrido evidentemente más de un (01) año sin que la parte accionante e interesada, haya comparecido ante este Tribunal a cumplir con lo requerido por la Ley, a fin de impulsar la continuación del presente procedimiento, y al respecto, se observa que tampoco consta a los autos ninguna otra diligencia o escrito posterior, hecho este que debe traducirse en un abandono del trámite o el desinterés de continuar con la acción propuesta, es por ello, que siendo procedente la aplicación del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia:
Este Tribunal al evidenciar que en el presente caso ha transcurrido más de UN (01) año de inactividad del procedimiento, tiempo que excede el previsto en nuestra legislación adjetiva civil, por lo cual forzosamente ha de declarar la
PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 269 eiusdem. De manera que conforme a la disposición mencionada, la perención constituye la extinción del procedimiento por falta de impulso procesal, cuyo objeto más resaltante es el de evitar que los procesos se prolonguen de manera indefinida, así como dar seguridad a las partes de que tal situación no es legalmente posible, llevando a la esfera de los derechos privados un imprescindible margen de seguridad y estabilidad. Significa entonces, que según la Ley vigente la perención se verifica de pleno derecho, entendiéndose por instancia susceptible de perención a todos y cada uno de los actos del procedimiento, desde el libelo de la demanda hasta vista la causa.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 12 de Junio de 2003, en relación al caso planteado expresó:
“…Nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención, conforme al artículo 203 del Código de Procedimiento Civil (sustituto por el artículo 269), se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aún con antelación a la solicitud de parte en hacerla valer…”

Por otra parte, es importante traer a colación la Jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 14 de julio de 2010 Nº 00696, con ponencia de la Magistrado Dra. YOLANDA JAIMES GUERRERO), estableció que para que ocurra la perención, es necesaria la ocurrencia de ciertos requisitos:

“…1) la paralización de la causa por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual el tribunal podrá sin más trámites declarar consumada la perención, sea de oficio o a solicitud de la parte interesada; 2) la falta de realización de actos de procedimiento por las partes, pues el único límite impuesto por la norma en referencia, es que se haya dicho vistos, en cuyo caso no existirá inactividad. Se trata así, del simple cumplimiento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que estas tuvieron y por las cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención…”

Ahora bien, en el presente caso este Tribunal al evidenciar que ha transcurrido más de un (01) año de inactividad del procedimiento, tiempo que excede el previsto en nuestra legislación adjetiva civil, forzosamente declara la Perención de la Instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem y bajo el criterio jurisprudencial ya citado.
D I S P O S I T I V A
Es por lo que este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, actuando en su competencia CIVIL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
ÚNICO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y la consecuente EXTINCIÓN del presente procedimiento por COBRO DE BOLÍVARES seguida por los abogados GUSTAVO JOSÉ PANTOJA MONTILLA y ANDRÉS RAMÓN PANTOJA, inscritos en el inpre-abogado bajo los nros. 158.038 y 11.200, quienes actúan con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ FAUSTINO APONTE APONTE, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Municipio Francisco de Miranda, Estado Guárico, y titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.769.462.
Se acuerda la notificación de la parte actora mediante boleta, y como quiera que no consta en las actas procesales que haya cumplido con la obligación que le impone el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, de indicar una sede o dirección de su domicilio, o en el lugar del asiento de este Tribunal, se le tiene la sede del mismo y la boleta de notificación se le fijará en la cartelera del Tribunal. Líbrese boleta.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia del presente fallo en el archivo de este Juzgado.
DADO, FIRMADO Y SELLADO EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, EN CALABOZO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (16/01/2.014). AÑOS 203° DE LA INDEPENDENCIA Y 154° DE LA FEDERACIÓN.
EL JUEZ
ABG. RAMÓN JOSÉ VILLEGAS GÓMEZ

LA SECRETARIA,
ABG. GLENDA NAVARRO

En la misma fecha y tal como fue ordenado, se cumplió con lo ordenado en el auto que antecede y se publicó la anterior decisión, siendo las 2:15 p.m.
LA SECRETARIA,

RJVG/GN/dflores.-