REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 25 de Febrero de 2014 203º y 155º ASUNTO: AH16-R-2007-000020 PARTE DEMANDANTE: ciudadano: ALEXANDER BOZO MORILLO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-4.771.838. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: MANUEL RUBIAL CANCILLO, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 17.101. PARTE DEMANDADA: Ciudadano: CARLOS SOTO UZCATEGUI, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 6.034.376. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tienen apoderado Judicial constituido en autos MOTIVO: RECURSO DE INVALIDACIÓN. -I- Se inicia el procedimiento en virtud de remisión de copias certificadas emanadas del Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante oficio distinguido con el Nº 07-488 de fecha 03 de octubre de 2007 y recibido en este despacho en fecha 05 de octubre de 2007, previa distribución de las mismas. En fecha 15 de octubre de 2007, este juzgado le dió entrada al presente asunto fijando el décimo (10) día de despacho para la presentación de informes. En fecha 01 de noviembre de 2007, la parte demandada consigno escrito de informes en la presente causa. En fecha 14 de febrero de 2012, se remitió al asunto a los Juzgados Itinerantes de Municipio, y recibido por el Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de esta Circunscripción Judicial en fecha 18 de abril de 2012, el cual mediante auto de fecha 09 de enero 2013, remitió el presente asunto a este despacho por cuanto el fondo de la controversia es una sentencia interlocutoria. En fecha 16 de enero de 2013, este Juzgado le dio entrada al presente asunto, ordenándose la notificación de las partes. -II- Observa quien suscribe que luego de que este Juzgado le dio entrada al presente asunto, no consta en autos actuación alguna de parte, verificándose así el supuesto contemplado en el encabezado del artículo 267 de nuestro Código de Procedimiento Civil, por lo que considera oportuno este Sentenciador traer a colación la norma establecida en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual reza: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…” En armonía con lo anterior, el Artículo establece el Artículo 269 eiusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...” (Énfasis añadido). Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir sea en forma normal con la sentencia o a través de las formas de auto composición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 269 antes citado, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. A mayor abundamiento, la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 982 de fecha 06-06-2001(caso: José Vicente Arenas Cáceres), dejó sentado lo siguiente: “...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia”. En el caso de estos autos la omisión de actuación de la recurrente durante más de un (1) año (desde el 16/01/2013) encaja dentro de los extremos expuestos tanto en la sentencia parcialmente transcrita como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta consumada. En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés de la apelante por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de la instancia,. Así se establece. III En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el primer aparte del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, se declara la PERENCIÓN DE INSTANCIA en la presente causa. SEGUNDO: No hay especial condenatoria en costas. Publíquese, Regístrese, y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014). Años 203° de la Independencia y 155° de la Federación. EL JUEZ ABG. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI URBANO En la misma fecha se publicó y registró el presente fallo siendo las 2:42 a.m. EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI URBANO ASUNTO: AH16-R-2007-000020