TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO GUARICO
CORTE DE APELACIONES PENAL
San Juan de Los Morros, 26 de Febrero de 2014.
203° y 154°
DECISIÓN Nº 27

ASUNTO PRINCIPAL: JP01- P-2011-004201

ASUNTO: JP01-R-2013-000240

PENADA: Carmen Milagros Torres Lovera

DEFENSORA
PÚBLICA: Abg. Daniel Alberto Montani Viloria

FISCALÍA: Novena del Ministerio Publico de La Circunscripción Judicial del Estado Guárico

PROCEDENCIA: Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal del Estado Guarico San Juan de los Morros.

MOTIVO: Recurso de Revisión De Sentencia

PONENTE: Abg. Héctor Tulio Bolívar Hurtado

De los Antecedentes
En fecha 26 de Noviembre del año 2013, se le dio entrada a la causa correspondiéndole por distribución el número JP01-R-2013-000240, designándose como ponente al Abg. Héctor Tulio Bolívar Hurtado, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En fecha 29 de Noviembre de 2013, se Constituyó la Corte de Apelaciones con los Jueces Superiores Abg. Gilda Rosa Arvelaez Gamez, (Presidenta de Sala), Abg. Carmen Álvarez y Abg. Héctor Tulio Bolívar Hurtado, abocándose el Tercero de los nombrados.
En fecha 29 de Noviembre de 2013, se Admite el presente Recurso de Revisión de sentencia, interpuesto por el Abg. Daniel Alberto Montani Viloria, en su condición de Defensor Público Penal Nº 05, con Competencia Penal Ordinario en Fase de Ejecución de Sentencias, fijándose acto de Audiencia Oral para el día 09 de Noviembre del 2014.
En fecha 07 de Enero de 2014, se Constituyó la Corte de Apelaciones con los Jueces Superiores Abg. Jaime de Jesús Velásquez Martínez, (Presidente de Sala), Abg. Carmen Álvarez y Abg. Héctor Tulio Bolívar Hurtado, abocándose el primero de los nombrados.

En relación al recurso incoado, observa esta Alzada el criterio sostenido, unánime y reiterado con respecto a las solicitudes de revisión de sentencia planteadas en estos mismos términos por la defensa publica penal, con ocasión a la reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal de vigente data, los cuales han sido declarados Sin Lugar en reiteradas oportunidades, es por lo que estima esta Corte de Apelaciones que lo más procedente y ajustado a derecho, es realizar el pronunciamiento respectivo por auto separado, en relación a los asuntos con fecha ya fijadas para celebración de audiencia con el mismo planteamiento de carácter jurídico, para asegurar una Justicia expedita, sin dilaciones indebidas, dado lo congestionado de la agenda única de actos llevados por esta Corte de Apelaciones.

Del Contenido del Objeto del Recurso
En fecha 26 de Noviembre de 2013, se recibió ante esta Alzada, escrito presentado por el Abg. Daniel Alberto Montani Viloria, en su condición de Defensor Público Penal Nº 05, con Competencia Penal Ordinario en Fase de Ejecución de Sentencias, adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, de la penada Carmen Milagros Torres Lovera; mediante el cual interpone recurso de Revisión de Sentencia, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Guarico, Sede Principal de San Juan de los Morros, publicada en fecha 14/02/2012.

El presente Recurso se interpone de conformidad con lo dispuesto en los artículos 462.6, 464 y 465 todos del Código Orgánico Procesal Penal vigente; y lo atinente en el artículo 43 numeral 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Publica, alegando lo siguiente:

“OMISIS…
…ante usted con el debido respeto ocurro a los fines de ejercer RECURSO POR EXCELENCIA DE REVISION DE SENTENCIA, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control, publicada en fecha: 14FEBRERO2012, en la cual condenó en SENTENCIA POR ADMISION DE LOS HECHOS, al penado a cumplir la penal de DOCE (12) AÑOS de prisión, por el delito de: TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PSICOTROPICAS OMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado y sancionado en el articulo 149 DE LA LEY ORGANICA DE DROGA.
EL PRESENTE RECURSO SE INTERPONE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 2, 19, 26, 49, 51, Y 257 todos de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA; asimismo lo establecido en los artículos 462.6, 464, 465 y 466 todos del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VIGENTE, Y lo atiente en el articulo 43 NUMERAL 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA PÚBLICA.
Por consecuente, así como observa procesalmente, la derogatoria de la Norma Adjetiva Penal y la entrada en vigencia la nueva normativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 375 de la normativa in comento, donde se evidencia que existe una modificación que incide sobre la pena impuesta, lo que indudablemente favorece al penado, por cuanto la normativa anterior la cual le fue aplicada solo procedía la rebaja de un tercio de la pena, pero que esta no debía sobrepasar el límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito que corresponda, en el caso especifico que como excepción establecía el Código derogado, delitos éstos donde haya habido violencia contra las personas, delitos contra el patrimonio publico o de los previstos en la ley que regula la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Es de hacer destacar que esta excepción de rebaja de pena relativa a delitos en los que procede la disminución de la misma, no se encuentra establecida en el código adjetivo penal vigente, puesto que no discrimina por delitos las rebajas, lo que se traduce, que cualquier acusado que de desee admitir los hechos independientemente del delito por el cual se le acusó se hace merecedor de las rebajas establecidas en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a los procedimientos por admisión de hechos.
Bajo estas premisas, y amparado en la excepción al principio de cosa juzgada, y tomando en consideración la aplicación de la retroactividad de la ley mas benigna o que favorezca al penado (a), tal como lo establece el artículo 24 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y el artículo 2 del Código Penal Venezolano; en armonía en la Sentencia Nº 790 de fecha 04-05-2004 Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, considera la Defensa que es procedente contra la sentencia firme el Recurso de Revisión Extraordinario, por cuanto, esto implica la disminución de la pena establecida, ateniendo esta circunstancia y el principio de legalidad se afirma entonces, que el penado (a) se le puede reducir la pena que le fue impuesta y por tanto, le debe ser aplicable la normativa penal que le favorece, salvaguardando el principio de igualdad ante la ley.
De la argumentación que antecede esta defensa solicita se proceda a rectificar el dispositivo con lo referente a la pena aplicable y se efectué la rebaja del tercio (1/3) de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 375 último aparte de la Norma Adjetiva Penal Vigente.
A los fines de cumplir con lo establecido en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, consigno al presente COPIAS CERTIFICADAS DE SENTENCIA DEFINITIVAMENTE FIRME, LA CUAL ES REQUISITO SINE QUANON PARA PROCEDENCIA DEL RECURSO AQUÍ INTERPUESTO.
FUNDAMENTO JURIDICOS DEL RECURSO POR VIA EXTRAORDINARIO DE LA SENTENCIA
Tal interposición del Recurso, se fundamenta en los siguientes criterios jurídicos: 1. LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY; esta expresamente en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo 24, 2. DEL RECURSO DE REVISIÓN, establecido en el artículo 462.6 de la norma Adjetiva Penal Vigente, 3. Del PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD de la Norma Sustantiva Penal; establecido en el artículo 2, 4. Decisión Jurisprudencial de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en SENTENCIA Nº: 790 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2004.
DEL PETITORIO
De acuerdo a lo planteado solicito a la distinguida Corte de Apelaciones, de decidir a Derecho y Declarar con lugar el presente Recurso, dicte una decisión propia en la cual concurra la aplicación la aplicación discurrida y razonada de las garantías constitucionales y el debido proceso de nuestro sistema acusatorio a favor de los derechos penitenciarios del CARMEN MILAGROS TORRES, plenamente identificado en la causa JP01-P-2011-004201, quien cumple pena en el Centro de Reclusión Femenino de la PGV, y en solo efecto declarar CON LUGAR EL PRESENTE RECURSO EXTRAORDINARIO Y DICTE DECISION PROPIA Y SE PROCEDE LA REBAJA DE LA PENA QUE PROCEDA de la pena impuesta de conformidad con el articulo 375 y 467 ambos del Código Orgánico Procesal Penal vigente…Omisis”

De la Decisión Objeto de Impugnación
Del folio ciento veintidos (122) al folio ciento veinticuatro (124) de la pieza N° 02 de la presente causa, riela la decisión recurrida, publicada en fecha 14/02/2012, la cual es a tenor siguiente:

“…Omisis…
Segundo: Condena a CARMEN MILAGROS TORRES LOVERA, mediante el procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el 330, ordinal 6º, a cumplir la pena de de DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito antes mencionado por el cual fue admitida la acusación presentada por el Fiscal del Ministerio Público. Tercero: Se mantiene la privación judicial preventiva de libertad…Omisis”

Motivaciones para Decidir.
La Sala observa que el Abg. Daniel Alberto Montani Viloria, en su condición de Defensor Público Penal Nº 05, con Competencia Penal Ordinario en Fase de Ejecución de Sentencias, del penado Carmen Milagros Torres Lovera, Interpone Recurso de Revisión, contra de la sentencia debidamente firme, emitida por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 02, del Circuito Judicial Penal de Estado Guarico, Sede Principal de San Juan de los Morros, publicada en fecha 14/02/20102, mediante la cual condenó al ciudadano Carmen Milagros Torres Lovera, a cumplir la pena de Doce (12) Años de prisión, por el delito de: Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas en la Modalidad de Distribución, previsto y sancionado y sancionado en el articulo 149 de La Ley Orgánica de Droga; el mismo se interpone de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 462.6, 464, 465 y 466 único aparte del Código Orgánico Procesal Penal Vigente y articulo 43 numeral 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública.
Esta Alzada procede a resolver el recurso incoado de la siguiente manera:
Refiere la recurrente que:

“…(Omissis)…en lo aplicable a la vigencia del nuevo Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 375, en la respectiva rebaja de la pena por el procedimiento de Admisión de los Hechos, donde favorece al penado en virtud del principio de retroactividad de la ley a favor del penado en cuanto a la pena a rebajar, de ser positivo a favor del penado sea esta Corte quien ordene al órgano competente realizar la rebaja correspondiente, todo lo anteriormente expuesto en base a la vigencia del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, con relación al procedimiento por admisión de los hechos en cuanto a la pena…”

Seguidamente, en virtud de lo expuesto anteriormente este Tribunal de Alzada pasa a analizar lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la época de la publicación de la sentencia, y lo establecido en el texto adjetivo penal vigente específicamente en el artículo 375 ejusdem:
Artículo 376 (Derogado): Procedimiento. EL procedimiento por admisión de los hechos procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del debate.
En caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, el acusado o acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y hasta antes de la constitución del tribunal.
El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.
En estos casos el Juez o Jueza deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias , tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.
Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o de los previstos en la ley que regula la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su limite máximo, el Juez o Jueza solo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.
En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia dictada por el Juez o Jueza, no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente.
Articulo 375 (COPP vigente): El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación y hasta antes de la recepción de pruebas.
El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitara al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.
En estos casos; el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.
Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su limite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; trafico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la dependencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza solo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable. …”

De la norma anteriormente transcrita, en comparación con el caso que nos ocupa, se evidencia que efectivamente se deroga un articulo de manera parcial, y en su lugar se modifica su contenido, pero no existe una nueva ley, es decir, no nace iniciativa alguna en la normativa penal sustantiva, en el marco de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que derogue la ley sustantiva que exima la punibilidad del hecho o modifique la pena impuesta en el presente caso. En virtud de ello es necesario hacer referencia a lo establecido articulo 462 del Código Orgánico Procesal Penal vigente.

“…Articulo 462: la revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado o imputada, en los casos siguientes:

…6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida…”. (Negrillas propias de esta Corte)

Por otra parte, establece el artículo 202 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en cuanto a la iniciativa legislativa:

“Sic…”
“Sección cuarta: de la formación de las leyes
Artículo 202.- La Ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las Leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos.”

De igual manera debe tomarse en cuenta lo establecido el artículo 24 de nuestra Carta Magna, el cual establece:

“…Articulo 24: ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicaran desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimaran en cuanto beneficien al reo o la rea, conforme a la ley vigente para la fecha que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicara la norma que beneficie al reo o a la rea. (Negrillas propias)

En relación con lo anteriormente analizado, se desprende que el numeral 6º del articulo 462 de la Ley Adjetiva penal, se refiere a dos situaciones especificas, textualmente descritas, la primera cuando un hecho, considerado delictuoso o tipificado en la ley penal como delito, en virtud de la promulgación de una ley penal sustantiva le hace perder el carácter delictuoso o típico penal; el segundo cuando la promulgación de una ley penal modifique o específicamente reduzca la pena a imponer sobre un determinado hecho punible, casos único en los cuales procedería la revisión de la sentencia planteada por el recurrente, pero en el caso sub lite no procede.

En efecto, en este mismo sentido, el Código Penal aplicable pro tempore establece en su artículo 2:
“…Articulo 2: Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiera ya sentencia firme y el reo estuviera cumpliendo la pena.

Con respecto del principio de irretroactividad de las leyes y su excepción en el campo penal cuando favorece al reo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 232 del 10.3.2005, ratificada en sentencia No. 257 de fecha 17.02.2006, precisó lo siguiente:
“Omissis…”
“Del principio de legalidad deriva el carácter irretroactivo de la ley y, como excepción, su retroactividad es admitida sólo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como adjetivo, únicamente en el caso de su mayor benignidad en relación al acusado.
La retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales, que por emanar de seres humanos y estar destinadas a controlar la conducta de éstos, su validez o vigencia se encuentran sometidas a la temporalidad, por lo cual se dan casos donde la situación fáctica acaecida en un determinado momento y bajo el imperio de una ley, al tiempo de ser sometida al juzgamiento se encuentra con que ha entrado en vigencia otro texto legal más favorable y por ello se debe aplicar la nueva ley retrotrayendo su vigencia al momento de la comisión del delito, o por el contrario, con la nueva ley se desfavorece al sujeto activo del hecho punible acaecido bajo el imperio de la ley derogada, por lo que ésta adquiere supervivencia.
Bajo la égida del principio de irretroactividad de la ley consagrado en la indicada disposición constitucional se diseñó, organizó e implementó, no sin dificultades prácticas, el aparato judicial venezolano para acometer institucional y procesalmente la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, el 1º de julio de 1999, adecuando el recurso humano y material disponible y emprendiendo una muy elaborada y encomiable labor doctrinaria y jurisprudencial por parte de los órganos jurisdiccionales en general y este Supremo Tribunal en particular, con miras a cristalizar los postulados fundamentales que el nuevo orden constitucional y procesal penal prescribe, dentro de la concepción del Estado Venezolano como un estado democrático y social de derecho y de justicia que postula el artículo 2 del Texto Fundamental.
Uno de los corolarios del principio general de irretroactividad de la ley es el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley procesal, aun a los procesos que se hallaren en curso al momento de su entrada en vigencia, estatuido para garantizar bajo el imperio de la legalidad y la seguridad jurídica, la transición procesal derivada de la sucesión de leyes en el tiempo. Y una de las principales derivaciones de la llamada extraactividad general de la Ley, es el principio especial de la ultraactividad de la ley procesal, establecido en rango legal en los artículos 9 del Código de Procedimiento Civil y 553 del vigente Código Orgánico Procesal Penal, para regular los efectos procesales no verificados todavía de los actos y hechos ya cumplidos bajo la vigencia de la ley anterior…”.

Ahora bien, de lo supra indicado y en comparación con el caso que nos ocupa, se desprende que el recurso de revisión incoado por el Abg. Daniel Alberto Montani Viloria, en su condición de Defensor Público Penal Nº 05, con Competencia Penal Ordinario en Fase de Ejecución de Sentencias, de la penada Carmen Milagros Torres Lovera, contra de la sentencia definitivamente firme, de fecha 14/02/2012, emitida por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control Nº 02, del Circuito Judicial Penal de Estado Guarico, sede principal de San Juan de los Morros; fue interpuesto de conformidad con el artículo 462 numeral 6º, esgrimiendo que considera que con la promulgación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, se modifica el quantum de la pena impuesta a su defendido, en virtud de ello, cabe destacar que es necesario mencionar que la normativa invocada por la parte recurrente, es una ley penal adjetiva que no modifica la pena establecida en una ley penal sustantiva prevista para determinados delitos, es decir, solo es una ley que establece el procedimiento a seguir para los juzgamientos de hechos que revisten carácter penal; y en relación a la admisión de los hechos, como formula alternativa a la prosecución del proceso, determina la dosimetría a emplear por parte del Juez para la imposición de las penas, sin que ello sea óbice del poder discrecional del órgano jurisdiccional a la hora de emitir su fallo y condena. Con respecto a lo establecido en el artículo 2 del Código Penal, este es aplicable solo bajo la promulgación de una nueva ley sustantiva. No pudiendo esta Corte, evidenciar que se haya promulgado ley penal alguna que le quitara el carácter delictivo o que modificara la pena de alguno de los delitos por los cuales fue condenada la ciudadana; Carmen Milagros Torres Lovera.

De igual manera debe aclarar esta Corte, que aun cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 24, dispone el carácter retroactivo de las leyes sustantivas, esto solo es procedente a partir de la fecha de promulgación de la nueva ley, si fuere el caso, para procesos nuevos o que estén en curso, haciéndose contrario a derecho su aplicación a procedimientos adjetivos en los que solo procede la extractividad. Cabe destacar que la sentencia condenatoria impuesta por el juez de control o juicio en su oportunidad obedeció a las penas correspondientes para cada delito en la norma penal sustantiva respectiva, y en los casos de admisión de los hechos se haría de forma facultativa la rebaja que considerase en relación a lo establecido otrora en el artículo 376 de la norma penal sustantiva. En el presente caso estamos en presencia de una reforma reciente de la normativa procesal penal que determina un nuevo procedimiento a seguir, este regirá a partir de su entrada en vigencia, como lo establece el artículo 24 constitucional. Por lo tanto esta alzada de manera unánime y siendo reiterado el criterio emitido en decisiones anteriores con respecto a estas solicitudes de Revisión de Sentencia, por la promulgación del Código Procesal Penal, estima que la razón no le asiste con respecto al criterio planteado por el recurrente, en virtud de que no se evidencia la creación por parte de ninguno de los Poderes embestidos de iniciativa legislativa, de alguna ley penal sustantiva, ni ninguna reforma que quite el carácter penal a los hechos por los cuales se dictó sentencia condenatoria o modifique el quantum de la pena.

En relación, a las consideraciones antes expuestas, es por lo que se considera ajustado a derecho , para esta Corte de Apelaciones, declarar Sin Lugar el Recurso de Revisión de Sentencia, interpuesto en fecha 15/08/2013, por el Abg. Daniel Alberto Montani Viloria, en su condición de Defensor Público Penal de la penada Carmen Milagros Torres Lovera, contra de la sentencia debidamente firme, emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal de Estado Guarico, Sede Principal de San Juan de los Morros, indicando la recurrente que la misma fue publicada en fecha 14/02/2013, en la cual condeno a la ciudadana Carmen Milagros Torres Lovera, a cumplir la pena de Doce (12) Años de prisión, por el delito de: Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas en la Modalidad de Distribución, previsto y sancionado y sancionado en el articulo 149 de La Ley Orgánica de Droga, el mismo se interpone de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 462.6, 464, 465 y 466, único aparte del Código Orgánico Procesal Penal Vigente y articulo 43 numeral 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública; por considerar quienes aquí deciden que no procede la aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal Adjetiva, por tratarse de un proceso recluido con carácter de cosa juzgada. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 462 del Código Orgánico Procesal Penal, 2 del Código Penal. Y Así Se Declara
Dispositiva
Por todo lo expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Guarico, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide en los siguientes términos:
Primero: Se declara Sin Lugar, el Recurso de Revisión de Sentencia, interpuesto por por el Abg. Daniel Alberto Montani Viloria, en su condición de Defensor Público Penal Nº 05, con Competencia Penal Ordinario en Fase de Ejecución de Sentencias, adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, contra el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, mediante la cual condenó en Sentencia por Admisión de los Hechos a la ciudadana Carmen Milagros Torres Lovera, a cumplir la pena de Doce (12) Años de prisión, por el delito de: Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas en la Modalidad de Distribución, previsto y sancionado y sancionado en el articulo 149 de La Ley Organica de Droga, interpuesto de conformidad con los artículos 462.6, 464, 465 y 466 todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, Diarícese, Regístrese, Notifíquese y en la oportunidad de ley remítase a su tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala Única de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guarico, en la ciudad de San Juan de los Morros, a los veintiséis (26) días del mes Febrero del año 2014.

El Juez Presidente de Sala,

Abg. Jaime De Jesús Velásquez Martínez

Los Jueces Miembros,

Abg. Héctor Tulio Bolívar Hurtado Abg. Carmen Álvarez
(Ponente)

La Secretaria,

Abg. Marìa Armas
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.-

La Secretaria,

Abg. Marìa Armas

ASUNTO: JP01-R-2013-000240
JDJVM/HTBH/CA/MA/Gm.-