TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, dieciséis (16) de julio de 2014.
204º de la Independencia y 155º de la Federación

ASUNTO: AH1B-V-2005-000126.
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva.

PARTE DEMANDANTE: ASOCIASION CIVIL MINITIENDASEL TRIUNFO, sociedad civil, sin fines de lucro, domiciliada en el Centro Comercial de Coche, entre las Avenidas Intercomunal de El Valle y Guzmán Blanco, Parroquia Coche, de esta ciudad de Caracas, cuya acta constitutiva se encuentra protocolizada por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito del Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 26 de octubre de 1989, bajo el Nº 18, Tomo 14, protocolo primero.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ciudadanos VICTOR JULIO LIRA y TOMAS ENRIQUE GUARDIA CHACON, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 7339 y 1988, respectivamente.-
PARTE DEMANDADA: ciudadano HUMBOLDT JIMÉNEZ venezolano, mayor de edad, mayor de edad, de este domicilio, y con cédula de identidad Nº V.- 3.396.794.
DEFENSORA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ciudadana MARA CANCINO PRADO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 59.359.

MOTIVO: DAÑOS y PERJUICIOS.

I
De una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente este Juzgador pudo constatar lo siguiente:
Consta en el presente asunto que conjuntamente con el escrito presentado en fecha 25 de mayo de 2011, por los Abogados TOMAS ENRIQUE GUARDI CHACÓN y VÍCTOR JULIO LIRA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 7339 y 1988, respectivamente; actuando en su condición de apoderados judiciales de la parte actora; fue consignada copia certificada del Acta de Defunción Nro. 1852, expedida por la Oficina Subalterna de Registro Civil de la Parroquia San Pedro, Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, en fecha 17 de noviembre de 2010, correspondiente al de-cujus HUMBOLDT JIMÉNEZ, venezolano, mayor de edad, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.396.794, quien era parte demandada en el presente juicio.
De la lectura de dicha copia certificada del Acta de Defunción, que corre inserta al folio ciento noventa y seis (196) de la pieza No. 1, se evidencia que el de-cujus HUMBOLDT JIMÉNEZ, dejó cuatro hijos de nombre Humboldt Antonio Jiménez Pérez, de treinta y ocho (38) años, de cédula de identidad Nº 10.871.074; Jonathan Amilcar Jiménez Mújica, de veintinueve (29) años de edad, cédula de identidad Nº 15.574.963; y dos menores, de diez (10) y ocho (08) años de edad, cuyas identidades se omiten conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; siendo estos quienes se constituyen en herederos del acervo patrimonial de su causante, los cuales le suceden en el litigio por transmisión de los derechos litigiosos mortis causa, por tanto en el caso de marras, se evidencia la existencia de herederos conocidos en los que se debe practicar la citación personal conforme lo establecido en nuestro Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, siendo que de lo antes expuesto se desprende que entre los herederos conocidos dejados por el demandado, se encuentran dos menores de edad, siendo un debe que es deber del Estado, garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo la protección de sus derechos e intereses de naturaleza patrimonial, mas aún al encontrarse estos niños involucrados en el presente proceso judicial, considera quien aquí se pronuncia que las decisiones que se hayan de tomar en lo adelante en la presente causa, podrían afectar o no el patrimonio de los menores, a quienes debe asegurársele el derecho a la defensa, así como la protección que a ellos les corresponde, resultando prudente traer a colación lo que dispone el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente Parágrafo Segundo Literal C), el cual es del tenor siguiente:
“…El Juez designado por el presidente de la Sala de Juicio, según su organización interna, conocerá en primer grado de las siguientes materias:....
Parágrafo Segundo:
C) demandas contra niños y adolescentes….”

Asimismo, es ineludible observar, que ha dicho nuestro máximo Tribunal de Justicia sobre el tema, en sentencias dictadas por la Sala Plena con ponencia del Magistrado Dr. LUÍS ALFREDO SUCRE CUBA, de fechas 02 de agosto de 2006 y 15 de noviembre de 2006, las cuales establecieron lo siguiente:

“…No obstante, esta Sala considera necesario abandonar el anterior criterio jurisprudencial respecto a la interpretación del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, en virtud de que el objeto de dicha ley, es garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle desde el momento de su concepción. Derechos y garantías cuyo ejercicio y disfrute pleno y efectivo necesitan de la protección estatal no sólo en aquellos casos en que los niños, niñas y adolescentes figuren como demandados, sino también en aquellos casos en que figuren como demandantes, pues el patrimonio de éstos puede verse afectado en ambos casos. Cabe preguntarse, y sólo a título de ejemplo, qué pasaría si en un juicio cualquiera el demandado propone reconvención contra los niños, niñas y adolescentes que figuren como demandantes. O en aquellos casos donde el único patrimonio del niño, niña y adolescente es el objeto de la pretensión de carácter patrimonial. No necesitaría también el niño, niña y adolescente una protección especial, integral y cabal de sus derechos e intereses de carácter patrimonial. Es la pregunta que debemos hacernos. Por eso es que la intención del Legislador no pudo ser la de excluir del ámbito de competencia de los Tribunales de Protección al Niños y al Adolescente, aquellos asuntos de carácter patrimonial en que los niños, niñas y adolescentes figurasen como demandantes, ya que, además de lo expuesto anteriormente, es necesario advertir que la Exposición de Motivos de la referida ley, punto de referencia para indagar sobre la intención del Legislador, señala lo que se indica a continuación:

“(…) Puntal del nuevo sistema es la concepción del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, órgano jurisdiccional especializado para conocer todos los asuntos que afecten directamente la vida civil de niños y adolescentes, en materia de familia, patrimoniales y laborales (…) Esto evidencia la magnitud de la importancia del Tribunal, diseñado para una especial, integral y cabal protección (…)”. (Destacado de la Sala)

De allí que la conjugación de un sistema de interpretación gramatical, relativo al sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí, y el sistema lógico de interpretación, relativo a la intención del legislador, lleva a esta Sala a concluir que los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños y adolescente, independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente; más aún si se piensa que estos Tribunales cuentan con especialistas en las distintas materias y servicios propios para una especial, integral y cabal protección de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional. El interés superior del niño, según la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es la premisa fundamental de la doctrina de la protección integral. Dicho principio es la base para la interpretación y aplicación de la normativa para los niños y adolescentes, establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas las instancias de la sociedad y pone límites a la discrecionalidad de sus actuaciones. Y muy conectado a aquél se encuentra el principio de prioridad absoluta que implica atender antes que nada, las necesidades y derechos básicos de los niños. Es así como el Legislador busca que los niños, los adolescentes y sus familias tengan acceso a una ley de fácil lectura, sin remisiones a otras leyes o tratados internacionales difíciles de ubicar y entender, y de muy sencilla interpretación y aplicación por los órganos jurisdiccionales que integran el sistema de protección integral. Entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes que protege dicho sistema, se encuentra el de petición de justicia según el cual todos los niños y adolescentes tienen derecho de acudir ante un tribunal competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales; y lógicamente, es de suponer que entre los órganos judiciales a través de los cuales opera el sistema de protección integral de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, está el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente. Por ello, esta Sala considera necesario abandonar el criterio establecido en la sentencia Nº 33 del 24 de octubre de 2001, y establecer que en lo adelante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente serán competentes para conocer de los asuntos de carácter patrimonial, en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente del carácter con que éstos actúen. ASÍ SE DECIDE…” (Sentencia Nº 56 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 02 de agosto de 2006).

“…Es por ello que esta Sala considera necesario abandonar el criterio establecido en la sentencia Nº 33 del 24 de octubre de 2001, y establecer que en lo adelante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente serán competentes para conocer de los asuntos de carácter patrimonial, en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente del carácter con que estos actúen, y así se decide…” (Sentencia Nº 74 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15 de noviembre de 2006).

Decisiones estas que acoge este Tribunal de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y las aplica al caso que nos ocupa, por estar constituida la parte demandada por los herederos del de-cujus HUMBOLDT JIMÉNEZ, entre los cuales se encuentran dos menores de edad, y a los fines de salvaguardar los derechos tanto legales como constitucionales de los menores, este Juzgado conforme a todos los fundamentos antes relatados, debe declararse INCOMPETENTE en razón de la materia para continuar conociendo de la presente demanda y declina su competencia ante un Tribunal del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

-III-

Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República de Bolivariana Venezuela y por Autoridad de la Ley, se DECLARA: INCOMPETENTE en razón de la materia para continuar conociendo de la presente demanda y DECLINA su competencia ante un Tribunal del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En consecuencia, se ordena la notificación del este fallo a las parte a los fines de la remisión del presente asunto, una vez haya quedado definitivamente firme la decisión.
Publíquese y regístrese.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014). Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA ACC,

DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
ABG. GABRIELA PAREDES

En esta misma fecha, siendo las 1:30 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA ACC,

ABG. GABRIELA PAREDES.
ASUNTO: AH1B-V-2005-000126.
AVR/SC/maría*.-