REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 12 de junio de 2014 204º y 155º ASUNTO: AH1A-X-2014-000024 Vista la anterior diligencia suscrita por el abogado en ejercicio EANNYS JOSÉ PALMA SILVA, inscrito en el inpreabogado bajo 145.833, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual requiere el decreto de Medida Preventiva de Embargo, efectuada en el escrito libelar del presente juicio que por COBRO DE BOLÍVARES sigue la BANESCO, Banco Universal C. A (en lo sucesivo BANESCO)., contra la Sociedad Mercantil INVESIONES TATA 78 C.A y la ciudadana CORTESÍA PIRES BELLEYBES DEL CAR, expediente signado con el N° AP11-M-2014-000024; el Tribunal pasa a resolver sobre la procedencia de la misma, previa las consideraciones que se exponen a continuación: El Código de Procedimiento Civil, establece en sus artículos 588 y 585: Artículo 588: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas: 1. El embargo de bienes muebles; 2. El secuestro de bienes determinados; 3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias apara asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado. Artículo 585: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. En este orden de ideas, el Dr. ROMAN J, DUQUE CORREDOR, en su obra APUNTACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, Tomo II, se expresa, así: “…En efecto para acordar alguna de las medidas cautelares citadas, el solicitante ha de probar el derecho que se reclama, que por exigirse solo presuntivamente la prueba de su existencia, a este requisito se le denomina “fumus boni iuris” (humo u olor a buen derecho). Igualmente, ha de demostrar el solicitante en forma presuntiva la existencia del riesgo manifiesto, es decir, ostensible, de que quede ilusoria la ejecución del fallo que se le denomina “fumus periculum in mora” (humo u olor de peligro por el retardo). …” (Página 158). En relación con el Periculum in mora, Piero Calamandrei sostiene lo siguiente: “...En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos puedan asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho. Las condiciones de la providencia cautelar podrían, pues, considerarse estas dos: 1ª la existencia de un derecho; 2ª el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho” Pasa este Juzgador a precisar la existencia o no de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar peticionada: Los argumentos de la parte actora, expuestos en el libelo, apoyados en documentación pública, en principio crean en este Juzgador la presunción de que la pretensión propuesta, se encuentra en principio verosímilmente fundada, razón por la que se verifica el primero de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada. En tal virtud, este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 585, en concordancia con el artículo 588 en su ordinal 1°, ambos del Código de Procedimiento Civil, decreta MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada hasta cubrir la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS SESENTA Y CINCO BOLIVARES CON SIETE CEMTIMOS (Bs. 944.665,07), que comprende el doble de la cantidad demandada más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Tribunal en un veinticinco por ciento (25%). Se advierte que la medida aquí decretada solamente se practicará sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada antes identificada y en caso de que la misma recaiga sobre cantidades líquidas de dinero, deberá practicarse hasta cubrir la cantidad de QUNIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE BOLIVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 524.813,93), cantidad esta que comprende la suma demandada, agregadas las costas procesales anteriormente señaladas. A los fines de la práctica de la medida aquí decretada se Comisiona Amplia y Suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Líbrese despacho de comisión, junto con oficio.- PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los doce (12) días del mes de junio de dos mil trece (2013). 202º y 154º. EL JUEZ, Abg. LUIS ERNESTO GÓMEZ SAEZ LA SECRETARIA, Abg. SONIA CARRIZO ONTIVEROS En esta misma fecha, siendo las _________, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. LA SECRETARIA, Abg. SONIA CARRIZO ONTIVEROS ASUNTO: AH1A-X-2014-000024 Asunto Principal: AP11-M-2014-000157 LEG/SCO/Yesmar R.-.-*