REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico San Juan de los Morros, catorce (14) de marzo de dos mil catorce. (2.014) 203º y 155º ASUNTO: JP31-L-2014-000011 Vista la demanda presentada por el ciudadano RAFAEL SIMON COLMENAREZ COLMENAREZ, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.787.407, debidamente asistido por la abogada JOHANA MORALES, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 112.102, en su carácter de Procuradora de Trabajadores de San Juan de los Morros, Estado Guárico, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION POR DESPIDO, BONO ALIMENTICIO Y OTROS BENEFICIOS LABORALES, en contra de la entidad de trabajo “LA NUEVA GRAN PARADA 2013, S.A.”, y por cuanto no subsanó el libelo de demanda en los términos indicados en auto de fecha dieciocho (18) de febrero de 2014, donde se le indica a la parte actora que debe señalar: “Debe indicar si la demanda es contra la entidad de trabajo LA NUEVA GRAN PARADA 2013 S.A., y los ciudadanos MANUEL GONCALVES PESTANA (PRESIDENTE) y/o MANUEL JOAQUIN DE ANDRADE (GERENTE GENERAL) o contra las personas naturales MANUEL GONCALVES PESTANA y MANUEL JOAQUIN DE ANDRADE lo cual es requisito sine qua nom, para que la pretensión esté clara e inequívocamente identificada y así garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de ambas partes”. Ahora bien, en fecha once (11) de marzo de 2014, se certificó por secretaría la notificación del demandante a los efectos de dar inicio al lapso de subsanación, el cual ocurrió en los días 12 y 13 de marzo del 2014; sin embargo transcurrió el lapso respectivo y la parte demandada no subsanó oportunamente dentro del lapso establecido el libelo, ni por si ni a través de apoderado judicial alguno. En tal sentido y a juicio de quien decide, la parte accionante no cumplió con el requerimiento ordenado, contemplado en el numeral 3º del Artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dado que no subsanó oportunamente, siendo este particular objeto del despacho saneador y requisito sine qua non, a los efectos de determinar la pretensión, de tal manera que la parte demandada, pueda ejercer su derecho a la defensa ilimitadamente y se garantice el debido proceso y la búsqueda de la verdad material por encima de las formas, aplicando la justicia de acuerdo a lo establecido en nuestra carta magna. Es importante resaltar, que el Despacho Saneador es un instrumento del cual dispone el Juez, para corregir o sanear los defectos formales que contenga el libelo que impidan u obstaculicen el ejercicio de la defensa de la contraparte, al no estar debidamente especificados los supuestos que satisfagan plenamente los requisitos legalmente exigidos, por cuanto las incidencias de las cuestiones previas han sido eliminadas en este proceso, siendo obligación del juez purificarlo de vicios sustanciales que afecten las garantías y derechos de las partes constitucionalmente establecidas. En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 12 de Abril del 2005 con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, expresó: “….El despacho saneador constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar al proceso. La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defecto el libelo, por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad, sino la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuada para obtener una sentencia ajustada a derecho. Respecto a los contenidos, es decir, la pretensión, los presupuestos procesales permiten vigilar la idoneidad de la demanda y sostienen toda la relación procesal, como son la debida individualización de la pretensión (forma de la demanda). El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige que los particulares accedan a instrumentos procesales que sean aptos desde el punto de vista formal para el procesamiento de la pretensión. No es suficiente la mera comprobación de que hubo decisión en derecho, pues debe respetarse los presupuestos que sean indispensables para conocer el fondo del proceso. ”… Una providencia de inadmisibilidad, debidamente fundamentada, satisface el derecho a la tutela efectiva….” En virtud de lo antes expuesto y de conformidad con lo previsto en el Artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Guárico, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE LA DEMANDA, por cuanto la demandante, no subsanó el libelo oportunamente, conforme a lo ordenado por el Tribunal. Así se resuelve. Publíquese regístrese y déjese copia autorizada. LA JUEZ, ABG. YELITZA JOSEFINA LÓPEZ EL SECRETARIO, ABG. FILIBERTO CONTRERAS En la misma fecha se acordó lo ordenado y se publicó la anterior decisión siendo las once (11:00) horas de la mañana. Secretario,