REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO GUÁRICO CORTE DE APELACIONES PENALES San Juan de los Morros; 15 de Enero de 2015 202° y 153° DECISIÓN Nº: TRES (03) ASUNTO PRINCIPAL Nº ASUNTO Nº JP21-P-2014-000344 JP01-X-2015-000001 PONENTE: ABG. CARMEN ALVAREZ MOTIVO: INHIBICION JUEZ INHIBIDO: ABG. FRANCIA MALUX PIÑERUA CARDOZO Corresponde a esta Sala Única de la Corte de Apelaciones, conocer sobre la inhibición planteada por la Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, ABG. FRANCIA MALUX PIÑERUA CARDOZO, en su acta de Inhibición de fecha 16 de Diciembre de 2014, en la cual señala como causa la norma contenida en el Artículo 89 numeral 8° del Código Orgánico Procesal Penal. DE LOS ANTECEDENTES En fecha 6 de Enero de 2015, se da por recibido el cuaderno separado de Inhibición procedente del Tribunal Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, adjunto al cual se remiten actuaciones relacionadas con el acta de inhibición planteada por la Jueza Tercera de Control, ABG. FRANCIA MALUX PIÑERUA CARDOZO, en consecuencia, esta Sala ordenó darle entrada a dichas actuaciones, quedando asignada la ponencia a la Abg. CARMEN ALVAREZ, y con tal carácter suscribe el presente fallo. Inserta al folio uno (01) del cuaderno separado formado al efecto, como consecuencia del impedimento planteado, cursa acta de inhibición de fecha 16 de Diciembre de 2014, de la cual se desprenden los motivos en virtud de los cuales la jurisdicente de autos, plantea su impedimento para conocer de la causa que en primera instancia se encuentra signada con el Nº JP21-P-2014-000344 esencialmente bajo los siguientes argumentos: “(…) “Cursa por ante este Tribunal asunto signado con el No. JP21-P-2014-000344, donde figura como victima la ciudadana CARMEN CECILIA LORETO, de quien me fue informado en la presente fecha, que el día de ayer presentó querella acusatoria en mi contra por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y 198 del Código Penal, correspondiendo el conocimiento de la misma al Tribunal Segundo de Control. Ahora bien, en atención al dispositivo contenido en el Código Orgánico Procesal Penal, procedo formalmente plantear inhibición de conformidad con lo establecido en el artículo 90, en virtud del motivo previsto en el ordinal 8° del artículo 89 ejusdem, toda vez que considero un irrespeto grave hacia mi persona y mi desempeño como servidora publica, el cual siempre ha sido observado dentro del marco Constitucional y legal, se me pretenda vincular con un delito previsto en la Ley Contra la Corrupción”… (Omissis)…”. En esta misma fecha, es admitida la inhibición planteada por la Jueza ut supra mencionada. Consideraciones para Decidir Esta Sala pasa a decidir la presente inhibición, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 96 del Código Orgánico Procesal Penal y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y acoge el criterio jurisprudencial sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 211, dictada en fecha 15 de febrero de 2001, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, donde se dejó establecido que: “La inhibición es un deber jurídico impuesto por la ley al funcionario judicial de separarse del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse en una especial vinculación con las partes, con el objeto del proceso o con otro órgano concurrente en la misma causa, calificada por la ley como causal de recusación y, por ser un deber procesal, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil dispone que si el funcionario retarda esa declaratoria a sabiendas de que está incurso en el impedimento, deberá responder de los daños que con su intervención haya causado a la parte que resulte afectada y está sujeto también a la multa, por retardo en el cumplimiento de este deber”. Previo al pronunciamiento que corresponda, debe este Órgano Colegiado, realizar algunas consideraciones en relación a la figura de inhibición, así tenemos que a nivel de la doctrina, la figura de la inhibición, atañe a la competencia subjetiva del juez, esto es absoluta idoneidad de este para conocer de una causa en concreto por la ausencia de vinculación de este funcionario con los sujetos o con el objeto de la pretensión que es puesta a su conocimiento y se constituye en un acto personalísimo del juez, en virtud del cual por las razones indicadas y determinadas por la ley el mismo tiene el deber de separase del estudio de la causa. Por otra parte, el autor Arminio Borjas, en su Obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, expresa entre otras cosas que el funcionario encargado de administrar justicia, debe ser imparcial, y cuando recae sobre el alguna sospechosa o motivo de parcialidad capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de alguna de las partes, la consecuencia natural de ello es que de manera voluntaria declare el motivo de su inhabilidad (inhibición) y se separe de intervenir en el asunto, y de no hacerlo, es justo que la parte a quien le interese haga uso del recurso de ley que obligue a aquel a la abstención y que no es otro que la recusación. Se considera así, que la inhibición como institución dentro del sistema acusatorio penal, atañe a garantizar un debido proceso y una tutela judicial efectiva a través de la figura de un Juez imparcial, en relación a dicha institución el Tribunal Supremo de Justicia ha realizado algunas consideraciones que estiman procedentes esta alzada a destacar así: De igual forma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2011 de fecha 15 de Febrero del 2001, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, dejó lo establecido lo siguiente: “La inhibición es un deber jurídico impuesto por la ley al funcionario judicial de separarse del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse en una especial vinculación con las partes, con el objeto del proceso o con otro órgano concurrente en la misma causa, calificada por la ley como causal de recusación y, por ser un deber procesal, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil dispone que si el funcionario retarda esa declaratoria a sabiendas de que está incurso en el impedimento, deberá responder de los daños que con su intervención haya causado a la parte que resulte afectada y está sujeto también a multa, por retardo en el cumplimiento de este deber”. Así realizadas las consideraciones precedentes, y revisada como ha sido la jurisprudencia venezolana en torno a la naturaleza y procedencia de la incidencia planteada, se procede a revisar el fundamento legal de dicha institución en el artículo 89, del Código Orgánico Procesal Penal que establecen lo siguiente: Artículo 89. “Causales de inhibición y recusación. Los Jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes: …8. Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad…” De lo anterior se desprende que el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal dispone las causales o fundamentos legales en las cuales deben fundarse las inhibiciones formuladas por los Jueces Profesionales, así como cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, que consideren que le son aplicables una o algunas de las causales señaladas en el artículo in comento. Decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 144 de fecha 24 de marzo de 2000, ponencia del Magistrado Jesús Cabrera Romero expreso: “…En la persona del juez natural (…) deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes… La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez.” (Resaltado de la alzada). Ahora bien, en el caso sub examine, observa este Tribunal Colegiado que la Juez inhibida fundamenta su separación de la causa, expresando que “…Cursa por ante este Tribunal asunto signado con el No. JP21-P-2014-000344, donde figura como victima la ciudadana CARMEN CECILIA LORETO, de quien me fue informado en la presente fecha, el día de ayer presentó querella acusatoria en mi contra por la presunta comisión de delitos previstos y sancionados en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y 198 del Código Penal, correspondiendo el conocimiento de la misma al Tribunal Segundo de Control. Ahora bien, en atención al dispositivo contenido en el Código Orgánico Procesal Penal, procedo formalmente plantear inhibición de conformidad con lo establecido en el artículo 90, en virtud del motivo previsto en el ordinal 8° del artículo 89 ejusdem, toda vez que considero un irrespeto grave hacia mi persona y mi desempeño como servidora publica, el cual siempre ha sido observado dentro del marco Constitucional y legal, se me pretenda vincular con un delito previsto en la Ley Contra la Corrupción…”; en atención a ello considera esta Sala Única de la Corte de Apelaciones, que la inhibida al expresar circunstancias que relacionan la causa in comento con intereses propios, se observa la no disposición de la inhibida para emitir opinión objetiva en cuestiones de fondo que se le requieran en atención a las actuaciones mencionadas ut supra, en consecuencia se evidencia que si se encuentra incursa en las causales de la normativa que rige la materia inserta en el Código Orgánico Procesal Penal alegada por la jueza inhibida Abg. FRANCIA MALUX PIÑERUA CARDOZO; por lo que debe ser declarada Con Lugar la inhibición planteada. Todo en ocasión a lo previsto en el artículo 89 ordinal 8º del Código Orgánico Procesal Penal, y en aras de garantizar el Principio de raigambre constitucional, referidos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso ateniente a un juez natural imparcial, contemplados en los artículos 26 y 49 respectivamente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantizando así una recta y transparente administración de justicia. Así se decide. DISPOSITIVA: Por todo lo procedentemente expuesto, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: Con Lugar la Inhibición planteada por la Abg. FRANCIA MALUX PIÑERUA CARDOZO, Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle d de la Pascua, en la causal invocada de conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Código Orgánica Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el Artículo 89, numeral 8° eiusdem. Regístrese, Diarícese la presente decisión y remítase copia certificada al Tribunal que corresponda Ofíciese lo conducente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, a los (15) días del mes de Enero del Dos mil Quince (2015). EL JUEZ PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES ABG. JAIME DE JESÚS VELÁSQUEZ MARTINEZ LOS JUECES MIEMBROS ABG. CARMEN ÁLVAREZ ABG. HECTOR TULIO BOLIVAR HURTADO (Ponente) EL SECRETARIO, ABG. OSMAN FLORES En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. EL SECRETARIO, ABG. OSMAN FLORES ASUNTO: JP01-X-2015-000001 JDJV/CA/HTBH/OF/ari.-