TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO

En el procedimiento por solicitud de medida autónoma, incoado por los ciudadanos Jimmy Leonel Silva, Agripina Rafaela Brizuela, Manuel Antonio Carrasquel, Carmen Josefina Carrasquel, Julio Ramón Osorio, Ana Ayarit Rodríguez, José Lorenzo Ríos y Chistopher Moisés Tovar, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.624.587, V-8.632.473, V-5.360.709, V-10.266.492, V-8.631.582, V-10.274.183, V-4.980.371 y V-15.812.666, respectivamente, representados judicialmente por la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico la ciudadana Yoraima Liscano Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V-7.279.796, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.961, sobre las parcelas: fundo “La Perseverancia”, constante de setenta y cinco hectáreas (75 Has); fundo “chispita”, constante de cincuenta hectáreas (50 Has); fundo ”Los Hermanos”, constante de cincuenta y un hectáreas (51 Has); fundo “La Morena”, constante de cincuenta hectáreas (50 has); fundo “El Progreso”, constante de cincuenta y nueve hectáreas (59 Has); fundo “ Paso Bramador”, constante de cincuenta hectáreas con tres mil cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados (50 has con 3492 m2); fundo “Mi Nieto”, constante de noventa y dos hectáreas con cinco mil ciento ocho metros cuadrados (92 Has con 5108 m2); y fundo “ Los Tovares”, constante de ochenta y cinco hectáreas con seis mil trescientos treinta y siete metros cuadrados (85 Has con 6337 m2), respectivamente, ubicados en el sector chigüi chigüi, Municipio Francisco de Miranda, Parroquia Calabozo del Estado Guárico. Recibido por este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico en fecha 03 de abril de 2014, dándole entrada y asignándole el Nº JSAG-S-055.
I
NARRATIVA

En fecha 03 de abril del 2014, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, recibe escrito por los ciudadanos Jimmy Leonel Silva, Agripina Rafaela Brizuela, Manuel Antonio Carrasquel, Carmen Josefina Carrasquel, Julio Ramón Osorio, Ana Ayarit Rodríguez, José Lorenzo Ríos y Chistopher Moisés Tovar, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.624.587, V-8.632.473, V-5.360.709, V-10.266.492, V-8.631.582, V-10.274.183, V-4.980.371 y V-15.812.666, respectivamente, representados judicialmente por la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico la ciudadana Yoraima Liscano Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V-7.279.796, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.961. Este mismo día se le dio entrada y signó el número JSAG-S-055.
En fecha 15 de abril del 2014, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, se envió oficio a la Defensa Pública del estado Guárico con sede en San Juan de los Morros, para la designación de un defensor público en materia agraria, para la defensa de los derechos e intereses de los campesinos solicitantes en la causa N° JSAG-S-055.
En fecha 28 de abril del 2014, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, deja por vista la diligencia suscrita por la abogada Yoraima Liscano Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V-7.279.796, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 30.961, a los fines de consignar oficio procedente de la coordinación regional de la Defensa Pública, mediante el cual se le designa la defensa en la causa N° JSAG-S-055
En fecha 12 de mayo del 2014, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, deja por vista la diligencia suscrita por la abogada Yoraima Liscano Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V-7.279.796, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 30.961, a los fines de consignar oficio N° ORT-GU-0053-14 de fecha 08 de mayo de 2014, remitido por el coordinador de la oficina Regional de Tierras del estado Guárico, Ingeniero Algebres Morillo, el Ingeniero Javier García coordinador de Fondas, cuyo texto informa el status, ocupación o permanencia y solvencia de los productores allí identificados, dando como conclusión que las parcelas se encuentran improductivas y en estado de abandono.
II
DE LA COMPETENCIA

Establecido lo anterior considera necesario quien decide, pasar de seguida a establecer algunas consideraciones acerca de la competencia de este Juzgado Superior Agrario para dictar medidas ambientales, y en ese sentido este sentenciador observa:
Que toda medida preventiva por su naturaleza jurídica, en principio se encuentra alineada en el marco del derecho privado, en contraposición, al Derecho Agrario, visto como derecho eminentemente social y de trascendental importancia para el cumplimiento de los fines del Estado en cuanto a la seguridad agroalimentaria, desarrollo sustentable y protección al ambiente, tales medidas cautelares deben resultar cónsonas con los intereses efectivamente tutelados por el derecho, por ello resultan extensivas tanto al interés social y colectivo, al entorno social, así como a los bienes de producción agrícola y al ambiente.
Ahora bien, tal división es lo que efectivamente marca la diferencia entre las medidas preventivas en un juicio agrario y un juicio civil mercantil, es que en el caso de éste último las mismas se dictan para tutelar intereses particulares que aseguren los bienes litigiosos y evitando la insolvencia del demandado antes de la sentencia, mientras que en el primero como señalábamos, se dictan fundamentalmente en resguardo del interés social y colectivo, de allí que puedan ser dictadas aun de oficio, e incluso con prescindencia de juicio previo.
Conforme lo anteriormente expuesto y a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, este Juzgador formalmente declara, su absoluta e inequívoca competencia para dictar medidas cautelares innominadas de protección a favor del ambiente. Todo en el entendido que la misma sería eventualmente dictada por una autoridad judicial especial agraria, actuando dentro del ámbito de su competencia; Que igualmente sería dictada sobre materia de estricto orden público procesal agrario de protección. Razones suficientes por la cual este Juzgado Superior Agrario es competente. Así se declara.
III
MOTIVA
El Tribunal a los fines de decidir observa: El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la perención de la instancia procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
Dispone al artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (Negrillas del Tribunal).
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:
(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala N° 00868 de fecha 10 de junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).
En base a la sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este tribunal agrario y revisadas las actas procesales, este tribunal observa que, en la presente causa, en fecha 03 de abril de 2014, los ciudadanos Jimmy Leonel Silva, Agripina Rafaela Brizuela, Manuel Antonio Carrasquel, Carmen Josefina Carrasquel, Julio Ramón Osorio, Ana Ayarit Rodríguez, José Lorenzo Ríos y Chistopher Moisés Tovar, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.624.587, V-8.632.473, V-5.360.709, V-10.266.492, V-8.631.582, V-10.274.183, V-4.980.371 y V-15.812.666, respectivamente, consignan escrito de solicitud de mediada ante este Juzgado Superior Agrario Agraria de la Circunscripción judicial del estado Guárico, y por cuanto no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal por la parte solicitante para instar la causa hasta la fecha; y en virtud que han transcurrido más de once (11) meses y 8 dias aproximadamente sin que se hubiere realizado acto alguno de impulso del procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
En corolario con lo sentado en la sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal, lo que manifiesta de manera fehaciente la paralización; lo que supone la falta de interés del recurrente y en consecuencia resulta forzoso para este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, declarar la perención de la instancia y se ordena remitir el presente expediente al archivo judicial. Así se declara.

IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer la medida de protección autónoma, incoado por los ciudadanos Jimmy Leonel Silva, Agripina Rafaela Brizuela, Manuel Antonio Carrasquel, Carmen Josefina Carrasquel, Julio Ramón Osorio, Ana Ayarit Rodríguez, José Lorenzo Ríos y Chistopher Moisés Tovar, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.624.587, V-8.632.473, V-5.360.709, V-10.266.492, V-8.631.582, V-10.274.183, V-4.980.371 y V-15.812.666, respectivamente, representados judicialmente por la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico la ciudadana Yoraima Liscano Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V-7.279.796, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.961, sobre las parcelas: fundo “La Perseverancia”, constante de setenta y cinco hectáreas (75 Has); fundo “chispita”, constante de cincuenta hectáreas (50 Has); fundo ”Los Hermanos”, constante de cincuenta y un hectáreas (51 Has); fundo “La Morena”, constante de cincuenta hectáreas (50 has); fundo “El Progreso”, constante de cincuenta y nueve hectáreas (59 Has); fundo “ Paso Bramador”, constante de cincuenta hectáreas con tres mil cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados (50 has con 3492 m2); fundo “Mi Nieto”, constante de noventa y dos hectáreas con cinco mil ciento ocho metros cuadrados (92 Has con 5108 m2); y fundo “ Los Tovares”, constante de ochenta y cinco hectáreas con seis mil trescientos treinta y siete metros cuadrados (85 Has con 6337 m2), respectivamente, ubicados en el sector chigüi chigüi, Municipio Francisco de Miranda, Parroquia Calabozo del Estado Guárico SEGUNDO: Se declara PERDIDA DE INTERES sobre la medida de protección autónoma, incoado por los ciudadanos Jimmy Leonel Silva, Agripina Rafaela Brizuela, Manuel Antonio Carrasquel, Carmen Josefina Carrasquel, Julio Ramón Osorio, Ana Ayarit Rodríguez, José Lorenzo Ríos y Chistopher Moisés Tovar, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.624.587, V-8.632.473, V-5.360.709, V-10.266.492, V-8.631.582, V-10.274.183, V-4.980.371 y V-15.812.666, respectivamente, representados judicialmente por la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico la ciudadana Yoraima Liscano Sánchez, titular de la cédula de identidad N° V-7.279.796, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.961.
TERCERO: Se ordena remitir la presente causa al archivo judicial.
CUARTO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la presente sentencia.
Publíquese y regístrese
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico; en San Juan de los Morros, a los 11 días del mes de marzo de 2015. Años: 204° de la Independencia y 156° de la Federación.

El Juez,

ARQUIMEDES JOSE CARDONA A.

El Secretario
NEHOMAR QUERO
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las doce y treinta de la tarde (12:30 p.m.)

El Secretario
NEHOMAR QUERO
EXP: JSAG-S-055
AJCA/NQ/mb