REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO

El presente recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, fue incoado por la sociedad de comercio Agriconsulting de Venezuela C.A, cuyo presidente es el ciudadano Federico Graziolo, italiano, mayor de edad, pasaporte Nº G-358629, representado judicialmente por los abogados Leonel Pérez Mendez y María de Castro Silva, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-8.832.944 y V- 7.116.716 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 30.650 y 55.231 ese orden, contra el acto administrativo dictado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 555-13, punto de cuenta Nº 05, de fecha 27 de noviembre de 2013, el cual acordó declaratoria de tierras ociosas, inicio de procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento de la tierra, sobre un lote de terreno denominado “Fundo Mata Gorda” ubicado en el Sector Mata Gorda, Parroquia Calabozo, Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, constante de una superficie de diez mil treinta hectáreas (10.030 has) alinderado de la siguiente manera, Norte: Fundo “El Moriche” propiedad de Felipe Neri Reverón, José Alejandro Reverón, Marcelino Antonio Reverón Ascanio, Carlos Roque Ascanio y Jesús Enrique Ascanio; Sur: Hato “La Mata” propiedad de los hermanos Trabucco S.R.L (HERTRA S.R.L); Este: El Aceitico, propiedad de los hermanos Trabucco S.R.L. (HERTRA S.R.L) y Oeste: Fundo “Bucaral” propiedad de Julio Cesar Villavicencio Dale y Guillermo Silvestri González Hernández, en fecha 16 de diciembre de 2014, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico le dio entrada y le asignó el Nº JSAG-363.
I
NARRATIVA
En fecha 16 de diciembre de 2.014, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, recibe el expediente y acuerda darle entrada y le asignó el Nº JSAG-363 al escrito de recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, incoado por la sociedad de comercio Agriconsulting de Venezuela C.A, representado judicialmente por los abogados Luis Delgado Guerrero y María de Castro Silva, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-6.168.460 y V- 7.116.716 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 52.315 y 55.231 ese orden, contra el acto administrativo dictado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 555-13, punto de cuenta Nº 05, de fecha 27 de noviembre de 2013, el cual acordó declaratoria de tierras ociosas, inicio de procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento de la tierra.
En fecha 07 de enero de 2015, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico admite la presente causa, así mismo ordena librar las notificaciones de su admisión a la Procuraduría General de la República, al Presidente del Instituto Nacional de Tierras y se libra el cartel de notificación a los terceros interesados y ordena la remisión de los antecedentes administrativos.
En fecha 09 de enero de 2015, comparece ante este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico el abogado de la parte recurrente Leonel Pérez Méndez dejando constancia mediante diligencia que procedió a retirar el cartel de notificación a terceros para su publicación. En esta misma fecha se agrego a autos la diligencia.
En fecha 13 de enero de 2015, comparece ante este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico el abogado de la parte recurrente Leonel Pérez Méndez dejando constancia mediante diligencia que consigna el ejemplar del diario.
En fecha 26 de enero de 2015, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico emite auto mediante el cual ordena la apertura del cuaderno separado en la presente causa.
En fecha 25 de marzo de 2015, este Juzgado superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico recibe exhorto debidamente cumplido emitido del Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En esta misma fecha se agrega a autos.
En fecha 09 de abril de 2015, comparecen ante este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico los abogados Ricardo Laurens y Greuiner Marín apoderados judiciales del Instituto Nacional de Tierras consignando mediante diligencia poder general conferido por el presidente del INTI ciudadano Wilian Eduardo Peña Pérez a los abogados antes nombrados. En esta misma fecha fue agregado a autos el poder consignado.
En fecha 29 de junio de 2015, comparece ante este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico el abogado Ricardo Laurens apoderado judicial del Instituto Nacional de Tierras consignando mediante diligencia poder general conferido por el presidente del INTI ciudadano Juan Antonio Montenegro Nuñez al abogado antes nombrado. En esta misma fecha fue agregado a autos el poder consignado.
En esta misma fecha comparece ante este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico el abogado Ricardo Laurens apoderado judicial del Instituto Nacional de Tierras consignando escrito de oposición y contestación al recurso de nulidad.
En fecha 30 de junio de 2015, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico emite auto cerrando y abriendo pieza.
En fecha 09 de julio de 2015, comparece ante este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico el abogado Ricardo Laurens apoderado judicial del Instituto Nacional de Tierras consignando antecedes administrativos en la presente causa.
En esta fecha el abogado Ricardo Laurens apoderado judicial del Instituto Nacional de Tierras comparece ante este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico consignando escrito de promoción de pruebas del acto administrativo en el recurso de nulidad.
En fecha 14 de julio compare ante este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico los abogados Leonel Pérez Méndez, Luis Delgado Guerrero y María de Castro Silva apoderados judiciales de la parte demandante Agriconsulting de Venezuela C.A, consignando escrito de promoción de pruebas en el recurso de nulidad y solicitan a este juzgado requiera oficiar a la Oficina Regional de Tierras, con sede en Calabozo, para la exhibición del documento original del memorando de fecha 19 de junio de 2014.
En fecha 20 de julio de 2015, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, ordena agregar al expediente el escrito de promoción de pruebas consignado por los apoderados judiciales del Instituto Nacional de Tierras e igualmente el escrito de la parte recurrente.
En fecha 28 de julio de 2015, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, admite las pruebas consignadas por la parte demandante y demandada por no ser pruebas promovidas por las partes contrarias al orden público o alguna disposición expresa en la ley.
En fecha 04 de agosto de 2015, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, de acuerdo a lo solicitado en el escrito por la parte recurrente en fecha 14 de julio de 2015, ordena librar cartel de citación al coordinador de la Oficina Regional de Tierras con sede en Calabozo para que comparezca ante este juzgado el día 11 de agosto fines de que exhiba el documento solicitado.
En fecha 11 de agosto de 2015, se lleva a cabo la audiencia de exhibición de documentos en la sala de audiencia de este en la presente causa, Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, encontrándose presente el abogado de la parte recurrente Luis Delgado, el abogado del INTI Ricardo Laurens y se dejo constancia que no compareció el ciudadano Omar Carrillo Coordinador de la Oficina Regional de Tierras para la exhibición de documentos.
En fecha 12 de agosto de 2015, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, emite auto fijando audiencia oral de informe para el tercer día de despacho a las 10 a.m.
En fecha 16 se septiembre de 2015, se lleva a cabo la audiencia oral de informes en la sala de audiencia de este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, encontrándose presente la parte demándate y demandada.
En esta misma fecha los abogados de la parte demandante Leonel Pérez Méndez y María de Castro Silva, ambos identificados en autos, consignaron informe en la presente causa.
En fecha 17 de septiembre de 2015, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, recibe oficio emanado de la Procuraduría General de la República dándose por notificado de la admisión de la demanda del presente recurso contencioso administrativo de nulidad.
II
DE LA COMPETENCIA
Antes de emitir el pronunciamiento de merito del presente recurso de nulidad, estima este Juzgador Agrario actuando en sede Contencioso Administrativo como Tribunal de Primera Instancia, pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente asunto, y en tal sentido, observa lo siguiente:
El acto administrativo recurrido ha sido dictado por el Instituto Nacional de Tierras, que como ente agrario autónomo, se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, el cual cuenta con personalidad jurídica, así como patrimonio propio, el cual goza de las prerrogativas y privilegios que la ley le otorga, cuyos actos están sometidos al control de los órganos del sistema jurisdiccional contencioso administrativo en materia agraria. En este sentido, dispone el artículo 151 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente: “La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás Tribunales señalados por la ley”.
De igual forma, los artículos 156 y 157 eiusdem, establecen lo siguiente:
Artículo 156: “Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:
1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia”…
Artículo 157: “Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios.”
Por su parte la disposición final segunda de la referida Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ultimo aparte, nos indica lo siguiente:
“…Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capítulo II del título V de la presente Ley…”.
Del estudio del contenido normativo de las citadas disposiciones legales, se verifica una competencia específica, que comprende el conocimiento de los recursos administrativos que se intente contra cualesquiera de los actos administrativos agrarios dictados por los órganos administrativos en materia agraria, en consecuencia este Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, es competente para conocer del presente recurso de nulidad. Así se declara.
III
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
Este juzgador pasa a establecer los motivos de hecho y derecho en los cuales fundamentará la presente decisión, relacionada con el recurso de nulidad, contra el acto administrativo dictado por el ente agrario en sesión Nº 555-13, punto de cuenta Nº 05, de fecha 27 de noviembre de 2013, donde declara tierras ociosas, inicio del procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento de la tierra, sobre un lote de terreno denominado “Fundo Mata Gorda” ubicado en el Sector Mata Gorda, Parroquia Calabozo, Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, constante de una superficie de diez mil treinta hectáreas (10.030 has), de la siguiente manera:
PUNTO PREVIO
RESOLUCIÓN DE LAS CASUALES DE INADMISIBILIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGRARIO.

Alegó la representación judicial del Instituto Nacional de Tierras en la audiencia de informes, que debe declararse la inadmisibilidad del presente recurso, por ser ejercido en contra de un acto de mero trámite.
En tal sentido, ha sostenido y ratificado la Sala Político Administrativa en decisión de fecha 04 de octubre del 2001; con ponencia del Magistrado HADEL MOSTAFÁ PAOLINI; EXP. Nº 2001-0104; que “la revisión de las causales de admisibilidad, proceden en cualquier estado y grado de la causa por ser dichas causales de orden público; aún cuando haya sido admitida la demanda”;
Siendo así, es incuestionable que el Juez de la causa no podría pasar por alto el carácter de orden público implícito en las causales de inadmisibilidad del recurso, que le imponen al sentenciador su revisión en cualquier estado y grado del proceso, so pena de incurrir en responsabilidad personal.
En este sentido, considera necesario este juzgador, hacer referencia que, el recurso de nulidad interpuesto se encuentra consagrado y regulado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en la cual se establecen los supuestos para su interposición. Dispone esta Ley especial la procedencia del presente recurso en contra de cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos de la administración pública originados por diversas situaciones que se suscitan entre el ente agrario en contra de los administrados, grupos u organizaciones, que hayan violado, violen o amenacen con violar cualquier etapa del procedimiento contencioso administrativo.
En este orden de ideas, es oportuno delimitar, que el auto que se dicta en materia de admisión en el Contencioso Administrativo, en principio no prejuzga sobre el fondo, sino que, constatado que se llenan los requisitos fundamentales y de orden público para dar curso a las mismas, se ordena tramitarla, con el fin que en el fallo definitivo se analice y examine todo lo referente a la acción instaurada, momento en el cual el juez contencioso administrativo en uso de sus poderes conferidos por ley, sin menoscabo al análisis del artículo 160 eiusdem, podrá también de oficio o a petición de parte y antes del pronunciamiento de la sentencia de fondo, y dado su estricto orden público analizar los requisitos de admisibilidad, volviendo entonces a revisar el cumplimiento de estos pudiendo declarar la demanda inadmisible de ser el caso.
Asimismo observa este Juzgador que el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece lo siguiente:
“Artículo 162: Sólo podrán declararse inadmisibles las acciones y recursos interpuestos por los siguientes motivos:
1. Cuando así lo disponga la ley.
2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el Tribunal competente.
3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción.
4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.
5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.
6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda.
7. Cuando exista un recurso paralelo.
8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.
10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida. (Negritas del Tribunal).
11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios.
12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan de conformidad con la ley.
13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia.
Contra la decisión que declare inadmisible el recurso podrá apelarse dentro de los cinco días hábiles siguientes.
No se admitirá apelación contra el auto que acuerde la admisión del recurso o acción principal. En todo caso, los opositores podrán hacer valer, junto con las razones de fondo, los motivos por los cuales estimen la inadmisibilidad del mismo, los cuales serán decididos, junto a los primeros, en la sentencia definitiva”
En relación al primer motivo de inadmisibilidad, relativo disposición legal para no admitir el mismo, observa este juzgador que dicho recurso no encuadra en el motivo descrito.
En cuanto al segundo motivo de inadmisibilidad relacionado al conocimiento de la acción o si el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, vale señalar que este motivo no encaja en el presente recurso.
En relación al tercer motivo de inadmisibilidad relacionado a la caducidad del recurso por haber transcurrido los 60 días continuos desde la publicación del acto en gaceta oficial agraria o de su notificación o por la prescripción de la acción, considera este despacho que no encuadra en el motivo señalado.
En cuanto al cuarto motivo de inadmisibilidad relacionado a la falta de cualidad o interés manifiesta del accionante, este juzgador considera que el presente recurso no encaja en el mismo por cuanto la parte recurrente demuestra la cualidad con que actúa.
En relación al quinto motivo de inadmisibilidad relacionado al cúmulo de pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles, observa este tribunal que no encuadra en tal motivo.
En cuanto al sexto motivo de inadmisibilidad en relación a que no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda, observa este juzgado que el presente recurso no encaja en el motivo mencionado por cuanto consignaron los documentos indispensables donde establezcan los datos necesarios del acto administrativo objeto del recurso de nulidad.
En relación al séptimo motivo de inadmisibilidad relacionado a que exista un recurso paralelo, observa este juzgador que no encuadra el presente recurso en el motivo descrito.
En cuanto al octavo motivo de inadmisibilidad relacionado a que el escrito resulte ininteligible o contradictorio, que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos, analiza este tribunal que el presente recurso no encaja dentro del numeral descrito.
En relación al noveno motivo de inadmisibilidad vinculado a la manifiesta falta de representación que se atribuye el actor, considera este juzgador que el presente recurso no encuadra en el motivo de inadmisibilidad planteado.
En cuanto al décimo motivo de inadmisibilidad relacionado a que cuando se haya recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para decidir, en tal sentido considera este juzgador que este numeral si encuadra en el mismo, por cuanto en el presente acto no se cumplieron con los lapsos establecidos en el artículo 82 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
En relación al décimo primer motivo de inadmisibilidad cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios, considera este sentenciador que el presente recurso no encaja en el motivo descrito.
En cuanto al décimo segundo motivo de inadmisibilidad, en relación a que no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan de conformidad con la ley, este tribunal observa que el presente recurso no encuadra con el motivo planteado.
Y en relación al décimo tercer y último numeral del referido artículo de inadmisibilidad, concerniente a que la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia, analiza este juzgador que el recurso planteado no se ajusta en el numeral referido.
Ahora bien en cuanto al procedimiento idóneo según lo dispuesto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a la hora de rescatar tierras con vocación agraria, debe realizarse de conformidad con los artículos 82 y siguientes de la Ley ya citada, cuyo contenido del artículo 82 eiusdem dispone lo siguiente:
“El Instituto Nacional de Tierras (INTI), tiene derecho a rescatar las tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente. A esos fines iniciará de oficio o por denuncia, el procedimiento de rescate correspondiente, sin perjuicio de las garantías establecidas en los artículos 17, 18 y 20 de la presente Ley.
Asimismo, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), podrá rescatar las tierras aun en los casos en que la propiedad sea atribuida a particulares, cuando al efectuar el análisis documental de los títulos suficientes que fueran requeridos a aquél que se atribuye el derecho de propiedad, éste no lograre demostrar una perfecta secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y demás derechos alegados, desde el desprendimiento válidamente otorgado por la Nación venezolana, hasta el título debidamente protocolizado de adquisición por parte de quien alega propiedad.
Quedan a salvo, en todo caso, los recursos administrativos y acciones judiciales que pudieran corresponder al afectado.
Se consideran desprendimientos válidamente otorgados por la Nación venezolana los siguientes:
1. Las ventas puras y simples perfectas e irrevocables realizadas por el extinto Instituto Agrario Nacional (IAN) a favor de un particular (persona natural o jurídica) siempre que se correspondan con las Resoluciones del Directorio del Instituto Agrario Nacional (IAN).
2. Las adjudicaciones de tierras realizadas por los Ministerios de Fomento, Agricultura y Cría, Secretaría de Hacienda, Ministerios de Agricultura, Industria y Comercio, a favor de un particular o colectivos. Para que las mismas surtan plenos efectos jurídicos deben constar en la memoria y cuenta del ministerio respectivo o en la Gaceta Oficial de la República. Así como las adjudicaciones de tierras otorgadas por los Presidentes de los Estados de la Federación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución del 13 de mayo de 1891.
3. Los haberes militares, siendo éstos las adjudicaciones de tierras baldías o confiscadas a los emigrantes españoles que se otorgaron a los militares patriotas como recompensa por su participación en la guerra de independencia contra el imperio español, como un proceso de titulación, en tanto constituía una transferencia del derecho de propiedad sobre terrenos que pertenecían al Estado.
4. Los títulos otorgados por la Corona Española, bien sea bajo la figura de Merced, por Composición o Cédulas Reales. En el caso de los Títulos de Composición deben encontrarse debidamente convalidados por las Leyes Republicanas.
5. Los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales tales como las Sentencias de Reivindicación, Juicios de certeza de Propiedad y Prescripción Adquisitiva, declaradas definitivamente firmes, con autoridad de cosa juzgada.
6. Las ventas realizadas por entes gubernamentales con capital suscrito por la Nación debidamente validadas por la Procuraduría General de la República.”
Asimismo la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en sus artículos 92 y 93 disponen lo siguiente:
“Artículo 92: Interpuesto el recurso de reconsideración, o el jerárquico, el interesado no podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras no se produzca la decisión respectiva o no venza el plazo que tenga la administración para decidir.”
“Artículo 93: La vía contencioso administrativa quedará abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa, estos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado, o no se haya producido decisión en los plazos correspondientes. Los plazos para intentar los recursos contenciosos son los establecidos por las leyes correspondientes.”
En este mismo orden de ideas es importante señalar el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 3.257, de fecha 12 de diciembre de 2.004, (caso: MARIA DORILA CANELON Y OTROS), con Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, estableció lo siguiente:
“…Luego de examinar las actas del expediente y de oír tanto a la parte actora como al tercero interviniente en la audiencia oral y pública, la Sala encuentra que en la decisión accionada, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, luego de advertir que supuestamente no constaba en autos ningún documento que acreditara en forma inequívoca que los recurrentes hubieran ejercido los recursos en sede administrativa en forma previa al ejercicio del recurso de nulidad en sede judicial, declaró inadmisible el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por los actores, el 28 de enero de 2002, contra la Resolución n° 2535, del 05.11.01, dictada por la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 124, numeral 2, de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con lo dispuesto por la Ordenanza de Procedimientos Administrativos del mencionado Municipio;
Ahora bien, en atención a la corrección solicitada por esta Sala en decisión del 17 de diciembre de 2003, los apoderados judiciales de los actores consignaron, el 28 de enero del año en curso, copias simples de escritos contentivos de recursos de reconsideración y jerárquico interpuestos los días 14 de noviembre y 11 de diciembre de 2002, ante las autoridades municipales competentes, antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, en los que consta el sello de recibido por parte de la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta y del Despacho del Alcalde; asimismo, pudo la Sala constatar que en el expediente administrativo que tuvo a la vista la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativa como anexo 3 de la causa en la que se sustancia el juicio de nulidad, y que está debidamente certificado por el Gerente de Ingeniería Municipal, cursan a los folios 56 y 168, copias de los escritos contentivos de los recursos de reconsideración y jerárquico interpuestos ante las autoridades municipales.
No obstante lo anterior, la Sala advierte igualmente que, tal y como lo afirmó el representante judicial del Municipio Baruta del Estado Miranda en la audiencia oral, y de acuerdo con los autos (folios 39 y 42 de la pieza principal, expediente administrativo que cursa como anexo 3 de la causa principal), sólo la ciudadana María de Jesús Rodríguez Canelón, quien no participó como accionante en este juicio de amparo constitucional ni como recurrente en el juicio contencioso de nulidad en que se dictó el fallo accionado, fue la persona que agotó los recursos de reconsideración y jerárquico ante las autoridades del referido Municipio del Estado Miranda, siendo el caso que dicha ciudadana actuó sólo en nombre propio y no en nombre de los demás actores en este amparo, quienes sí figuran como recurrentes ante la jurisdicción contencioso-administrativo en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada ante esta Sala.
Tal constatación permite a la Sala concluir que, efectivamente, según lo juzgó en la decisión accionada la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo luego de haber revocado, en fallo del 31 de julio de 2003, el amparo cautelar decretado en primera instancia, los ciudadanos María Dorila Canelon, Maritza Rodríguez Canelón, Miriam Rodríguez Canelón, Amado Almeda, Mérida Hibirmas, Magdaleno Enrique Rodríguez, María Fernanda Rodríguez, Vanesa Hibirmas y Enrique Pacheco no agotaron la vía administrativa, a pesar de que tal trámite era, para la fecha en que se planteó la controversia ante la jurisdicción contencioso-administrativa, un requisito de admisibilidad de la pretensión de nulidad interpuesta por dichos ciudadanos; la prueba de tal incumplimiento desvirtúa lo afirmado por el abogado de los actores y evidencia que el fallo de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativa estuvo ajustado a Derecho y que no menoscabó los derechos a la tutela judicial efectiva, entendido como derecho de acceso a la justicia, y a la defensa en todo estado y grado de la causa, protegidos por los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución vigente, pues los demandantes no cumplieron con su carga procesal prevista en la ley. Visto lo anterior, y de acuerdo con el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, no puede la Sala dejar de censurar la conducta del abogado Juan Garantón, apoderado de los actores, al pretender inducir en error a la Sala en lo afirmado en sus alegatos, a pesar de carecer de respaldo probatorio.
En cambio, en la actualidad, según lo ha señalado la Sala Político-administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia –en su sentencia n° 1609, del 29.09.04-, la nueva Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal no contempla el agotamiento de la vía administrativa como un requisito de admisibilidad de los recursos que se interpongan ante los Tribunales contencioso-administrativos, de modo que hoy día, salvo en el caso del llamado antejuicio administrativo que precede a las demandas contra la República, es optativo para el interesado interponer los recursos administrativos o acudir directamente a la vía judicial, y sólo si acude a la vía administrativa deberá agotar los recursos administrativos, antes de ir al contencioso-administrativo. Así se declara.
Con base en las razones expuestas, la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara sin lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta por los abogados Juan Garantón y Milagros Rodríguez, apoderados judiciales de los ciudadanos María Dorila Canelon, Maritza Rodríguez Canelón, Miriam Rodríguez Canelón, Amado Almeda, Mérida Hibirmas, Magdaleno Enrique Rodríguez, María Fernanda Rodríguez, Vanesa Hibirmas y Enrique Pacheco, contra la sentencia dictada, el 8 de octubre de 2003, por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativa, en el expediente n° AB01-A-2003-001333, según numeración de la referida Corte. Así decide…”.
Del mismo modo la sentencia Nº 957, de fecha 09 de mayo de 2.006, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, (caso: LUIS EDUARDO MONCADA IZQUIERDO), con Ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, señalo lo siguiente:
“…En el presente caso, la Sala comprueba que, si bien en un inicio la parte demandante denunció violaciones a sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso sobre la base de la actuación material en su contra, también consta que el propio demandante propuso recurso de reconsideración contra esa decisión y el mismo fue respondido por la Comisión Judicial con la remisión de las actuaciones a la Inspectoría General de Tribunales y a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a quienes compete su resolución de conformidad con las Normativas sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, publicadas en la Gaceta Oficial nº 37.014 del 15.08.00.
Así, la Sala considera que, por cuanto el recurso de reconsideración no se pronunció sobre el fondo del asunto, el quejoso dispondrá de la pretensión contencioso administrativa para la satisfacción de su pretensión de tutela de derechos constitucionales; medio judicial que puede ser interpuesto sin que deba agotarse, de manera previa y obligatoria, la vía administrativa, puesto que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia eliminó el requisito del agotamiento previo de la vía gubernativa como un presupuesto necesario para la admisión de la pretensión contencioso administrativa de nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares y la jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa de este Supremo Tribunal así ya lo ha precisado (Ver, entre otras, sentencias nos 786/2004, 944/2004 y 1609/2004); de forma tal que el justiciable pueda escoger entre acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa o el ejercicio de los recursos administrativos.
En este caso, el recurso de reconsideración fue decidido en los términos que se señaló precedentemente, por lo que, contra esa decisión o contra la que resuelva el asunto –o en el caso de que hubiera operado el silencio administrativo-, el administrado puede válidamente acudir a la sede judicial para la protección de su situación jurídica. La aclaratoria es pertinente, pues es deber de la Sala, como máxima intérprete y garante de la Constitución, garantizar el acceso a la justicia.
En efecto, es preciso aclarar que, por cuanto los actos administrativos inciden en la esfera jurídica de sus destinatarios desde que son dictados, por su carácter de ejecutividad y ejecutoriedad el interesado puede dirigirse a la sede judicial sin necesidad de agotamiento de la vía administrativa, pues esto último constituiría una interpretación contraria al principio constitucional pro actione (artículo 26 constitucional).
En decisión nº 97/2005, esta Sala, respecto de ese principio constitucional, señaló: “El alcance del principio pro actione (a favor de la acción) ha sido objeto de un sistemático tratamiento por parte de esta Sala. La conclusión que se puede extraer de las decisiones que han considerado el tema, es que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que ‘el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia’ (s.S.C. nº 1.064 del 19.09.00).”
Lo que sí debe quedar claro es que, cuando se intenta un recurso administrativo, el recurrente, para poder incoar la demanda contencioso administrativa que corresponda, debe o bien esperar la respuesta expresa del recurso o el silencio administrativo negativo, de conformidad con lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En relación con la eficacia de la pretensión contencioso administrativa de nulidad, la Sala estableció en la sentencia nº 82/2001, que: “la eficacia del recurso contencioso administrativo de anulación como medio judicial a los fines del cabal restablecimiento de la situación jurídica infringida, se evidencia de las amplias potestades que por disposición del texto constitucional le han sido otorgadas al juez contencioso, dado que no solo puede anular el acto administrativo impugnado, sino también ‘…disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas que resulten lesionadas por la actividad administrativa’, lo cual demuestra su absoluta idoneidad, con relación a lo que ocurre con el juez constitucional de amparo, para alcanzar así la efectiva protección de los derechos y garantías constitucionales que han sido conculcados por el acto administrativo impugnado”.
Así las cosas es preciso para este Juzgador traer a colación el criterio vinculante que contiene la doctrina novedosa la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 24 de marzo de 2000 (Caso: José Gustavo Di Mase), en la cual se definió la notoriedad judicial en los siguientes términos:
“…La notoriedad judicial consiste en aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones…”
Por notoriedad judicial a este Juzgador le consta que en la presente causa no se había agotado la vía administrativa por cuanto existe una tramitación de un recurso de nulidad existente en este juzgado signado con el N°JSAG-373, donde el Directorio del Instituto Nacional de Tierras dicto un acto administrativo en sesión Nº 580-14, punto de cuenta Nº 9, de fecha 18 de junio de 2.014, el cual acordó rescate del lote de terreno denominado “Fundo Mata Gorda”, ubicado en el sector Mata Gorda, Parroquia Calabozo, Municipio Miranda del estado Guárico, constante de una superficie de diez mil cuarenta y un hectáreas con ocho mil novecientos treinta y ocho metros cuadrados, (10.041 has con 8.938 m2), donde el mismo se encuentra en estado de suspensión de los noventa días de la notificación de la Procuraduría General de la República.
Ahora bien, visto que en el presente caso solo se inicio el procedimiento de rescate de la tierra no cumpliendo el accionante con el procedimiento administrativo establecido en el artículo 82, y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual entre otras cosas dispone, que dictado el acto de inicio de procedimiento de rescate, como es el presente caso, el o los ocupantes y cualquier tercero interesado, deberá comparecer ante la Oficina Regional de Tierras; para dar por agotados los lapsos de la vía administrativa, lo que evidencia que no se dio cumplimiento al presente requisito, por lo que deberá este juzgado declarar inadmisible el presente recurso de nulidad. Así se decide.
Finalmente analizadas las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario contempladas en el artículo 162 numeral 10, es forzoso para este Juzgador declarar la INADMISIBILIDAD del presente recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, incoado por la sociedad de comercio Agriconsulting de Venezuela C.A, cuyo presidente es el ciudadano Federico Graziolo, italiano, mayor de edad, pasaporte Nº G-358629, representado judicialmente por los abogados Leonel Pérez Méndez y María de Castro Silva, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-8.832.944 y V- 7.116.716 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 30.650 y 55.231 ese orden, contra el acto administrativo dictado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 555-13, punto de cuenta Nº 05, de fecha 27 de noviembre de 2013, el cual acordó declaratoria de tierras ociosas, inicio de procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento de la tierra, sobre un lote de terreno denominado “Fundo Mata Gorda” ubicado en el Sector Mata Gorda, Parroquia Calabozo, Municipio Miranda del estado Guárico, constante de una superficie de diez mil treinta hectáreas (10.030 has) alinderado de la siguiente manera, Norte: Fundo “El Moriche” propiedad de Felipe Neri Reverón, José Alejandro Reverón, Marcelino Antonio Reverón Ascanio, Carlos Roque Ascanio y Jesús Enrique Ascanio; Sur: Hato “La Mata” propiedad de los hermanos Trabucco S.R.L (HERTRA S.R.L); Este: El Aceitico, propiedad de los hermanos Trabucco S.R.L. (HERTRA S.R.L) y Oeste: Fundo “Bucaral” propiedad de Julio Cesar Villavicencio Dale y Guillermo Silvestri González Hernández. Así se decide.
IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE para conocer el recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, incoado por la sociedad de comercio Agriconsulting de Venezuela C.A, cuyo presidente es el ciudadano Federico Graziolo, italiano, mayor de edad, pasaporte Nº G-358629, representado judicialmente por los abogados Leonel Pérez Méndez y María de Castro Silva, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-8.832.944 y V- 7.116.716 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 30.650 y 55.231 ese orden, contra el acto administrativo dictado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 555-13, punto de cuenta Nº 05, de fecha 27 de noviembre de 2013, el cual acordó declaratoria de tierras ociosas, inicio de procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento de la tierra, sobre un lote de terreno denominado “Fundo Mata Gorda” ubicado en el Sector Mata Gorda, Parroquia Calabozo, Municipio Miranda del estado Guárico, constante de una superficie de diez mil treinta hectáreas (10.030 has).
SEGUNDO: Declara INADMISIBLE el recurso de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, incoado por la sociedad de comercio Agriconsulting de Venezuela C.A, cuyo presidente es el ciudadano Federico Graziolo, italiano, mayor de edad, pasaporte Nº G-358629, representado judicialmente por los abogados Leonel Pérez Méndez y María de Castro Silva, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-8.832.944 y V- 7.116.716 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 30.650 y 55.231 ese orden, contra el acto administrativo dictado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 555-13, punto de cuenta Nº 05, de fecha 27 de noviembre de 2013, el cual acordó declaratoria de tierras ociosas, inicio de procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento de la tierra, sobre un lote de terreno denominado “Fundo Mata Gorda” ubicado en el Sector Mata Gorda, Parroquia Calabozo, Municipio Miranda del estado Guárico, constante de una superficie de diez mil treinta hectáreas (10.030 has) alinderado de la siguiente manera, Norte: Fundo “El Moriche” propiedad de Felipe Neri Reverón, José Alejandro Reverón, Marcelino Antonio Reverón Ascanio, Carlos Roque Ascanio y Jesús Enrique Ascanio; Sur: Hato “La Mata” propiedad de los hermanos Trabucco S.R.L (HERTRA S.R.L); Este: El Aceitico, propiedad de los hermanos Trabucco S.R.L. (HERTRA S.R.L) y Oeste: Fundo “Bucaral” propiedad de Julio Cesar Villavicencio Dale y Guillermo Silvestri González Hernández.
TERCERO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.
CUARTO: Se ordena notificar mediante oficio a la Procuraduría General de la República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
QUINTO: Se deja constancia que la presente decisión salió dentro del lapso legal.
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, en San Juan de los Morros, a los trece (13) días del mes de noviembre de dos mil quince (2.015). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

EL JUEZ,
ARQUIMEDES JOSE CARDONA A.
EL SECRETARIO,
RICHARD HERRERA


En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.).

EL SECRETARIO,
RICHARD HERRERA


EXP: JSAG-363
AC/RH/lp.