TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal Primero de Ejecución de San Juan de los Morros
San Juan de los Morros, 24 de Agosto de 2016
206º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL: JP01-P-2016-000886
ASUNTO : JP01-P-2016-000886

JUEZ: DETMAN MIRABAL ARISMENDI
SECRETARIA: MARIELBI TERAN MORENO
PENADOS: Jesús Manuel Sánchez González, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.864.631 y José Maria Fernández Aponte, titular de la cédula de identidad Nº V-10.987.438
DELITOS: PECULADO DOLOSO IMPROPIO, previsto y sancionado en el Artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionad en el articulo 37 concatenados con el articulo 29, numerales 09 y 10 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con el Artículo 83 del Código Penal
VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO
FISCALIA NOVENA del MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO GUARICO
DEFENSOR PUBLICO N° 05: ABOG. DANIEL MONTANI VILORIA

DECISIÓN: IMPROCEDENTE SOLICITUD DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL POSIBLE OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA

Visto el Escrito N° GU-SJ-PE-DP120-2016-118 ( que riela desde el folio 242 al folio 243 de la pieza N° 04 del asunto penal ), en su condición de Defensor de los penados : Jesús Manuel Sánchez González, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.864.631 y José Maria Fernández Aponte, titular de la cédula de identidad Nº V-10.987.438, mediante el cual Solicita el Beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a favor de sus representados, en virtud de que la pena impuesta es requisito indispensable para formular dicha solicitud, tal como esta preceptuado en el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente .”.-
A los fines de decidir este Tribunal de Ejecución, Observa: Se ejecutó la sentencia en este Tribunal en fecha 18 de Agosto de 2016, definitivamente firme como quedó la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Estado Guárico con sede en San Juan de los Morros, en fecha 14 de junio de 2016, la cual corre inserta a los folios 130 al folio 143 de la Cuarta (04) pieza y publicada en fecha 30 de junio de 2016, inserta a los folios 169 al folio 180 de la pieza número 04, que conforma el presente asunto, mediante la cual se condenó por Admisión de los Hechos a los hoy penados Jesús Manuel Sánchez González, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.864.631 y José Maria Fernández Aponte, titular de la cédula de identidad Nº V-10.987.438, Quienes fueron condenados por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Guárico- Sede San Juan de Los Morros, a cumplir la pena de CUATRO (4) AÑOS y SEIS (06) MESES DE PRISION, por los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO, previsto y sancionado en el Artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionad en el articulo 37 concatenados con el articulo 29, numerales 09 y 10 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con el Artículo 83 del Código Penal en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, todo de conformidad con el artículo 471 ordinal 1º en relación con el 474 y el 476 todos los artículos del Código Orgánico Procesal Penal.
Solicita la Defensora Pública se aperture el procedimiento para el posible otorgamiento del BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA alega el contenido del articulo 482 del Código Orgánico Procesal Penal .
El artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal establece: Para que el Tribunal de Ejecución acuerde la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, se requerirá:
1) Pronóstico de Clasificación de mínima seguridad del penado, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo técnico, constituido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 488 de este Código; 2) Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco años. 3) Que el penado o penada se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el Tribunal o el delegado de prueba. 4) Que presente oferta de trabajo; y 5) Que no haya sido admitida en su contra acusación por la comisión de un nuevo delito o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad.
Por otra parte se encuentra lo preceptuado en el artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual están previstas las excepciones para otorgar las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena y que por el Delito cometido debe aplicársele dicha Excepción al Beneficio de Suspensión Condicional de la Pena:
PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 488 DEL COPP
• “Excepciones
• Cuando el delito que haya dado lugar a la pena impuesta, se trate de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, las fórmulas alternativas previstas en el presente artículo solo procederán cuando se hubiere cumplido efectivamente las tres cuartas partes de la pena impuesta.” (Subrayado del Tribunal).
Por su parte este Tribunal estableció en el auto de Ejecución de la Sentencia ( que riela desde el folio 291 al folio 304 de la pieza Nº 04 del asunto penal ), lo siguiente: “ Así mismo es de hacer notar que los penados : Edisson Roberto Aular Cortez, titular de la cédula de identidad N° V-13.356.487 ; Johander Rafael Valera Vargas, titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.545.470 ; Kharlos Esneiderman Guanche Moreno, titular de la cédula de Identidad Nº V-20.449.774 ; Luís Arturo Armas Ledezma, titular de la cédula de identidad Nº V-20.956.526; Romer José Rodríguez, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.029.168 ; Jesús Manuel Sánchez González, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.864.631 ; José Albel Ropero Pineda, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.597.397 ; ;Tomas Isaac Zambrano Amaya, titular de la cédula de identidad Nº V-15.642.317 ;José Maria Fernández Aponte, titular de la cédula de identidad Nº V-10.987.438 ;Ronnyer Ovidio Buenaño Aguilar, titular de la cédula de identidad Nº V-14.368.941 ; Cesar Lisanger Rodríguez Serrara, titular de la cédula de identidad Nº V-21.060.526 ;José Antonio Padrón Arias, titular de la cédula de identidad Nº V-14.380.977 ; Darwin José Chirinos Reyes, titular de la cédula de identidad Nº V-18.563.447, Neiro Emir Gutiérrez Rojas, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.530.761, y José Luís Ramírez Carpio, titular de la cédula de identidad Nº V-16.803.965, fueron condenados por la comisión de uno de los delitos Previstos en la Ley Contra la Corrupción, como lo es el PECULADO DOLOSO IMPROPIO, previsto y sancionado en el articulo 54 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, por lo que de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Segunda de dicho Instrumento Jurídico que establece: “SEGUNDA: La Comisión de los delitos contemplados en esta Ley se tendrá como de Lesa Patria.”, Con esta afirmación concluye quien aquí decide que delitos de Lesa Patria son aquellos que atentan contra la seguridad del estado, en consecuencia la Ley Contra la Corrupción equipara los delitos contra el patrimonio público como delitos contra la seguridad del Estado y por ende de la nación.
Asimismo el articulo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela preceptúa que :…(omissis)…” No Prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes… (omissis)…”
Es de hacer notar que en la exposición de motivos del DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, en el Libro Quinto DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA, menciona que “ Se establecen igualmente, nuevos supuestos de procedencia para la autorización del trabajo fuera del establecimiento, del régimen abierto y la libertad condicional, que procederán a partir del cumplimiento de la mitad de la pena impuesta, así como la supervisión y orientación respectivas y las excepciones para los delitos mas graves que tienen un mayor impacto social, ya señalados casos en los cuales el condenado o condenada deberá cumplir por lo menos las tres cuartas partes de la pena impuesta además de un conjunto de requisitos, para que proceda cualquier beneficio” (negrillas y subrayado del Tribunal)
Así mismo de la revisión que se realizó de la normativa prevista en el Código Orgánico Procesal Penal, en busca del espíritu y razón de dichas excepciones, es de hacer notar para quien aquí decide que las excepciones fueron incluidas por el legislador prácticamente en todas las fases del proceso penal, es decir desde la fase de Investigación hasta la fase de Ejecución de Sentencias, por lo que se evidencia que el legislador las consideró necesarias a los fines de que no exista impunidad en virtud de la gravedad de los delitos que son objetos de la excepción y se garantice un mínimo de pena cumplida a los fines de optar a los beneficios procesales o postprocesales, como lo estableció expresamente para los siguientes artículos como lo son: ARTICULO 38: PRINCIPO DE OPORTUNIDAD, se excluyó expresamente de la aplicación de este Principio a las causas que se refieran a la investigación de delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra.
ARTICULO 43: SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO (cuya pena ahora es hasta ocho años para optar a ella): así mismo quedaron excluidos de la aplicación de esta norma los delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra.
ARTICULO 354: DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS MENOS GRAVES: se exceptúan de este Juzgamiento los delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, corrupción, delitos contra el patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra.
ARTICULO 375: DEL PROCEDIMIENTO POR ADMISION DE LOS HECHOS el cual establece que Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su limite máximo y en los casos de delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, corrupción, delitos contra el patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el juez o jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena.
ARTICULO 430: EFECTO SUSPENSIVO, también se establece la excepción cuando se trate de una decisión que otorgue la libertad al imputado, en los delitos de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, corrupción, delitos contra el patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra.
Así las cosas, tomando en consideración lo establecido en la Exposición de Motivos quien aquí decide considera que dichas excepciones sí se deben aplicar al Beneficio de Suspensión Condicional de la Pena previsto en el articulo 482 del Código Orgánico Procesal Penal en el presente caso, aun cuando expresamente en su texto no están incluidas, por cuanto se encuentran en el mismo capitulo del texto legal y además fue consecuente el legislador en todo el texto legal (del Código Orgánico Procesal Penal) con su inclusión en cada fase del proceso donde el imputado o penado pudiese acogerse a algún beneficio procesal o postprocesal, y en virtud del delito que asumieron y que aceptaron ser responsables, los penados de autos como lo son en los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO, previsto y sancionado en el Artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionad en el articulo 37 concatenados con el articulo 29, numerales 09 y 10 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con el Artículo 83 del Código Penal, estando uno de ellos previsto en la Ley contra la Corrupción que es una Ley especial, y cuyo espíritu y razón es reprimir la corrupción, pues la corrupción es un fenómeno que debe ser erradicado y que es necesario combatir por lo pernicioso que es en la vida social, y esta ley especial tiene como finalidad prevenir, perseguir y sancionar los delitos en ella previstos, y que atentan contra la ética publica y moral administrativa, y que de conformidad con lo previsto en la Disposición Final Segunda de dicho Instrumento Jurídico establece : “ SEGUNDA: La Comisión de los delitos contemplados en esta Ley se tendrá como de lesa patria.” Y que ya este Tribunal esta conteste en que delitos de Lesa Patria son aquellos que atentan contra la seguridad del estado, en consecuencia la Ley Contra la Corrupción equipara los delitos contra el patrimonio público como delitos contra la seguridad del estado y por ende de la nación, en razón a ello le corresponde o precede cuando el mismo haya cumplido efectivamente las Tres cuartas partes (3 / 4 ) de la Pena, Por lo que se declara IMPROCEDENTE la solicitud de apertura del procedimiento para el posible otorgamiento del BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, a los penados Jesús Manuel Sánchez González, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.864.631 y José Maria Fernández Aponte, titular de la cédula de identidad Nº V-10.987.438, la cual les corresponde en fecha 26 de JULIO de 2019 ( si antes no han redimido pena por Trabajo, Estudios, actividades Deportivas y/o Culturales ), quienes fueron Sentenciados a cumplir la pena de CUATRO (4) AÑOS y SEIS (06) MESES de PRISION , como coautores en la comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO, previsto y sancionado en el Artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionad en el articulo 37 concatenados con el articulo 29, numerales 09 y 10 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con el Artículo 83 del Código Penal en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Todo de conformidad con el artículo 471 ordinal 1º en relación con los artículos, 474, 482, 488 Parágrafo Segundo del Código Orgánico Procesal Penal y Disposición Final Segunda de la Ley Contra la Corrupción. Y así se decide.-

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: declara IMPROCEDENTE la solicitud de apertura del procedimiento para el posible otorgamiento del BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA, Solicitada por
El Defensor Público N° 05 del estado Guárico Daniel Montani Viloria, la cual les correspondería en fecha 26 de JULIO de 2019 ( si antes no han redimido pena por Trabajo, Estudios, actividades Deportivas y/o Culturales ), a los penados Jesús Manuel Sánchez González, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.864.631 y José Maria Fernández Aponte, titular de la cédula de identidad Nº V-10.987.438 ; quienes fueron condenados a cumplir la pena de CUATRO (4) AÑOS y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, como coautores en la comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO, previsto y sancionado en el Artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionad en el articulo 37 concatenados con el articulo 29, numerales 09 y 10 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con el Artículo 83 del Código Penal en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO ; y quienes admitieron ser coautores en la comisión de los delitos descritos, todo de conformidad con el artículo 471 ordinal 1º en relación con los artículos, 474, 482, 488 Parágrafo Segundo del Código Orgánico Procesal Penal y Disposición Final Segunda de la Ley Contra la Corrupción, actualmente Recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas ( CICPC) de San Juan de los Morros, Estado Guárico. Publíquese y regístrese lo decidido. Particípese lo conducente a la ciudadana Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y al Defensor Público. Ofíciese al Presidente del Consejo Nacional Electoral. Infórmese al Jefe de la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia y al SAIME. Remítase al Departamento de Ejecución y Sanciones Penales del Ministerio del Interior líbrense copias certificadas del presente auto. Cúmplase.-

EL JUEZ PRIMERO DE EJECUCION
ABG. DETMAN MIRABAL ARISMENDI

LA SECRETARIA.
ABG. MARIELBI TERAN MORENO