REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 25 de Febrero de 2016 205º y 157º ASUNTO: AH16-M-2004-000037 PARTE DEMANDANTE : Sociedad Mercantil TELECOMUNCIACIONES IMPSAT S.A., inscrita ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 06 de octubre de 1992, bajo el Nro 7, Tomo 4-A-Pro. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos CARLOS AYALA CORAO, GERARDO FERNADEZ VILLEGAS, GUSTAVO LINARES BENZO, DESMOND DILLON MC LOUGHLN, JOSE IGNACIO MORENO VALE, RAFAEL HAVERO GAZDIK, MARIA ALEJANDRA ESTEVEZ FERNANDEZ , ABELARDO NOGUERA GARBAN, VICTOR ROBAYO DE LA ROSA y MARIANA MELENDEZ, abogados en ejercicio e inscrito en el inpreabogado bajo los Nros 16.021, 20.802, 25.731, 41.619, 16.835, 58.562, 69.985, 66.629, 70.933 y 99.335 respectivamente. PARTE DEMANDADA: FUNDACION INSTITUTO UNIVERSIDAD VIRTUAL SIMON RODRIGUEZ (FUNVIVIR), inscrita por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro de Registro del Municipio Sucre; Estado Miranda el 11 de junio de 1997, bajo el Nro 39, Tomo 36. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial constituido a los autos. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES Designado como ha sido por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en fecha once (11) de mayo de dos mil diez (2010), como Juez Provisorio de este Tribunal, al Dr. LUIS TOMAS LEON SANDOVAL, según oficio Nº CJ-10-0691, emanado de la Presidenta de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, juramentado ante la Rectoría Civil, en fecha tres (03) de junio de dos mil diez (2010), se ABOCA al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra. -l- Conoce este Tribunal previa la distribución de ley, la presente pretensión de COBRO DE BOLIVARES, que interpusieron los ciudadanos DESMOND DILLON MC LOUGHLN y VICTOR ROBAYO DE LA ROSA , abogados en ejercicio e inscrito en el inpreabogado bajo los Nros 41.619 y 70.933 respectivamente., representante legales de sociedad mercantil mercantil TELECOMUNCIACIONES IMPSAT S.A., inscrita ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 06 de octubre de 1992, bajo el Nro 7, tomo 4-A-Pro En fecha nueve (09) de junio de dos mil cuatro (2004), el Tribunal dicto auto en el cual admitió la pretensión propuesta por el procedimiento correspondiente, y ordeno la intimación de la parte intimada. En fecha veintiséis (26) de julio de dos mil cuatro (2004), el Tribunal mediante auto libro oficio a la Procuraduría General de la Republica en razón el juicio que por este Juzgado se tramitase. En fecha diez y ocho (18) de enero del año dos mil cinco (2005), el Juez de este despacho LEX HERNANDEZ mediante auto se aboco al conocimiento de la causa, y libo la respectiva boleta de intimación a la parte intimada En fecha diez y nueve (19) de Enero de dos mil seis (2006), el Juez de este despacho mediante auto se aboco al conocimiento de la causa. -II- Ahora bien, vistas las actuaciones que anteceden contenidas en el expediente y por cuanto no existen elementos sobre los cuales amerite el pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Igualmente, establece el artículo 269 ejusdem: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: (…) Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer(…). Asimismo, la figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales. El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “(…)La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil(…)”. Ahora bien, se desprende del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que el legislador ha previsto con la misma sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía procesal, que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas. En el caso que nos ocupa, de una revisión realizada de las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que desde el día 19 de enero de 2006, fecha en la cual el Juez Humberto Angrisano se aboco al conocimiento de la causa, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (1) año, sin que conste en autos que la parte actora haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia y en virtud de las circunstancias antes señaladas, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio se ha producido la perención anual en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento en el transcurso de un año y así se decide. DISPOSITIVA Por fuerza de los anteriores razonamientos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. SEGUNDO: NO SE CAUSARON costas en este asunto dada la naturaleza del fallo, a tenor de lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil. Publíquese, Regístrese, y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. EL JUEZ Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI En esta misma fecha, siendo las 9:38 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia. EL SECRETARIO ABG. MUNIR SOUKI Asunto: AH16-M-2004-000037