TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DÉCIMO CUARTO (14°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, once (11) de julio de dos mil dieciséis (2016)
206° y 157º

ASUNTO AP21-N-2012-0000306
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y DE SUS APODERADOS

PARTE RECURRENTE: COMERCIALIZADORA SNACKS, S.R.L, (anteriormente denominada Comercializadora Jacks, S.R.L), Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas e Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 5 de junio de 1989, bajo el N° 1, Tomo 84-A-Sgdo, cuya última modificación del Documento Constitutivo Estatutario quedó registrado en la mencionada Oficina de Registro Mercantil, en fecha 20 de noviembre de 2000, bajo el N° 13, Tomo 76-A-Cto, y PEPSICO ALIMENTOS S.C.A, (antes denominada SNACKS AMERICA LATINA VENEZUELA S.R.L y SAVOY BRANDES VENEZUELA S.R.L), en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 28 de agosto de 1964, bajo el N° 80, Tomo 31-A, modificada su denominación y forma jurídica y reformando íntegramente el Documento Constitutivo Estatutario mediante Asamblea Extraordinaria de socios celebrada en fecha 27 de febrero de 2009 e inscrita por ante la ya identificada oficina de Registro en fecha 27 de marzo de 2009, bajo el N° 52, tomo 52-A-Sgdo.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE RECURRENTE: JUAN CARLOS PRÓ-RÍSQUEZ, ESTHER CECILIA BLONDET SERFATY, FLAVIA YSABEL ZARINS WILDING, YANET CRISTINA AGUIAR DA SILVA, EIRYS DEL VALLE MATA MARCANO, REINALDO GUILARTE LAMUÑO, MARIA MICHELLE ALEGRETT, NORAH M. CHAFARDET GRIMALDI, MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CALLES, DIEGO JOSE BUSTILLOS CORNEJO y VALENTINA ALBARRAN LUTTINGER, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 41.184, 70.731, 76.056, 76.526, 76.888, 84.455, 91.561, 99.384, 145.284, 164.805 y 178.146 respectivamente.-

ACTO RECURRIDO: Providencia Administrativa N° 0095/2012 de fecha 08 de junio de 2012, en el expediente Administrativo N° 079-2012-01-00704, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz” Sede Caracas Sur.

PARTE DEMANDADA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO “PEDRO ORTEGA DÍAZ” SEDE CARACAS SUR, ENTE ADSCRITO AL MINISTERO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO.

PARTE RECURRIDA: FRANKLIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO MORALES, MICHAEL ABRAHAM RANGEL, ROBERT DE JESUS QUINTERO CACERES y ORLANDO DAVID PAIVA TORRES, titulares de las cédulas de identidad números V-11.820.582, 12.877.435, 12.688.031, 15.758.209 y 16.876.686 respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE RECURRIDA: RICHARD REIMY OLIVARES, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 111.534.

MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO DE NULIDAD DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA.

SENTENCIA DEFINITIVA.

-I-
ANTECEDENTES PROCESALES
En fecha, tres (03) de octubre de 2012, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Demanda de Nulidad de Acto Administrativo, incoado por las Sociedades Mercantiles COMERCIALIZADORA SNACKS, S.R.L, y PEPSICO ALIMENTOS S.C.A., (antes denominada SNACKS AMERICA LATINA VENEZUELA S.R.L y SAVOY BRANDES VENEZUELA S.R.L), contra la Providencia Administrativa N° 0095/2012 de fecha 08 de junio de 2012, en el expediente Administrativo N° 079-2012-01-00704, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz” Sede Caracas Sur.
Siendo distribuido la presente causa, en fecha 08 de octubre de 2012, al Juzgado Cuarto (4°) del Juicio de este Circuito Judicial Laboral, quien por auto de fecha 10 de octubre de 2012, dio por recibida la presente causa, siendo admitida mediante auto de fecha 18 de octubre de 2012, ordenando las notificaciones de las partes.
Posteriormente, por auto de fecha 05 de febrero de 2013, se fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio para el día 26 de marzo de 2013, no obstante por auto de fecha 03 de abril de 2013, se reprogramada la audiencia de juicio para el día 26 de mayo de 2013, subsiguientemente por auto de fecha 26 de septiembre de 2013, se fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio para el día 24 de octubre de 2013, siendo la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio, comparecieron las partes, así las cosas concluido en lapso de informes, en fecha 15 de enero de 2014 dictó sentencia mediante la cual declaró CON LUGAR la demanda, siendo apelada correspondiéndole previa distribución al Juzgado Segundo Superior de este Circuito Judicial Labora, quien en fecha 15 de mayo de 2014, declara CON LUGAR el recurso de apelación SE ANULAN las actuaciones dictadas por el A quo, a partir del 18 de octubre de 2012, REVOCANDO la decisión recurrida; definitivamente firme como quedo la sentencia se remitió la presente causa al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial Laboral, quien por auto de fecha 01 de julio de 2014 dio por terminado la presente causa.
Así las cosas, mediante sentencia de fecha 04 de agosto de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró: HA LUGAR, la solicitud de revisión constitucional, SE REPONE la causa al estado del que el Juzgado Superior del Trabajo, se pronuncie sobre la apelación de la sentencia dictada el 15 de enero de 2014, por el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Laboral, previa distribución, correspondió al Tribunal Séptimo (7°) Superior de este Circuito Laboral, quien en fecha 19 de enero de 2016 dictó sentencia mediante la cual declaró: CON LUGAR, el recurso de apelación, SE ORDENA, la reposición de la causa, se ANULA la decisión recurrida, así como aquellas actuaciones que guarden relación con la misma.
Posteriormente, se ordenó la remisión del presente asunto al Juzgado Cuarto (4°) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Laboral, quien mediante auto remitió el expediente a los fines de sus distribución, correspondiéndole conocer de la presente causa al Juzgado Décimo cuatro (14°) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial Laboral, quien por auto de fecha 05 de febrero de 2016 dio por recibo la presente causa, y en fecha 12 de febrero de 2016, fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio para el día 07 de marzo de 2016, la parte recurrente promovió sus pruebas, y concluido el lapso de ley, se aperturo el lapso de informe, a tal efecto y estando dentro del lapso para dictar sentencia se hace bajo las siguientes consideraciones.
II.
DE LA PRETENSION

Alega la representación judicial de la parte recurrente, que la pretensión en el presente procedimiento se encuentra dirigida a la declaratoria de Nulidad por parte del Órgano Jurisdiccional contra la Providencia Administrativa N° 0095/2012 de fecha 08 de junio de 2012, en el expediente Administrativo N° 079-2012-01-00704, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz” Sede Caracas Sur, mediante la declaró: “…CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoada por los ciudadanos FRANKLIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO MORALES, MICHAEL ABRAHAM RANGEL, ROBERT DE JESUS QUINTERO CACERES y ORLANDO DAVID PAIVA TORRES, titulares de las cédulas de identidad números V-11.820.582, 12.877.435, 12.688.031, 15.758.209 y 16.876.686 respectivamente, Que el mencionado acto objeto del presente recurso, es de imposible cumplimiento, por cuanto sus representadas no pueden reenganchar a unos reclamantes que en forma unilateral decidieron dar por terminada la relación de trabajo que existió entre los mimos.
Sigue alegando, que los reclamantes presentaron Cartas de Renuncia Voluntaria, por lo que en consecuencia la providencia administrativa N° 0095/2012, se encuentra viciada de nulidad absoluta a tenor del numeral 3 del articulo 19 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos, es decir, cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.
Que en el presente caso, los reclamantes no pueden pretender ahora ser reenganchados cuando sus representadas no despidieron injustificadamente a los mismos, por cuanto estos renunciaron voluntariamente.
Que en el expediente administrativo, cursan las cartas de renuncia voluntaria presentadas por los reclamantes al momento que manifestaron su voluntad de dar por terminada su relación de trabajo, que debieron ser tomadas en consideración por la inspectoría del trabajo a los fines de constatar que dichos reclamantes efectivamente renunciaron voluntariamente, que inclusive cuando el ente administrativo procedió a ejecutar la providencia administrativa conforme a lo dispuesto en el Art. 425 LOTTT sus representadas procedieron a consignar nuevamente las cartas de renuncia voluntaria de los reclamantes y a pesar de ello la inspectoría del trabajo instó a sus representadas a acatar la orden de reenganche y pago de salarios caídos, so pena de incurrir en desacato y proceder a oficiar al ministerio publico y abrir un procedimiento sancionatorio en contra de ésta.
Que en el caso que el ente administrativo hubiere tomado en cuenta tales cartas de renuncia, habría declarado SIN LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por cuanto el derecho al reenganche conforme al ordenamiento jurídico sólo lo tienen los trabajadores que son despedidos injustificadamente por el patrono, estando amparados por inamovilidad laboral, supuesto que no se configura en el presente caso.
Que el falso supuesto ocurre cuando la administración, al momento de dictar sus propios actos, se fundamenta en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a como fueron apreciados por ella al dictar la providencia administrativa, así también cuando la administración se fundamenta en una norma que no le es aplicable al caso concreto o que es erróneamente interpretada por ésta. Que tal definición comprende dos formas mediante las cuales se manifiesta el vicio, a saber: Falso supuesto de hecho y falso supuesto de derecho.
Que en la Providencia Administrativa objeto del presente recurso, se establece que en virtud de la supuesta inamovilidad laboral de solicitar el reenganche y pago de salarios caídos por el despido injustificado, siendo que en el presente caso la relación de trabajo culminó en fecha 15 y 16 de marzo de 2012 cuando los solicitantes manifestaron su voluntad de renunciar voluntariamente.
Que el supuesto de derecho se configuró en el momento que la inspectoría del trabajo ordenó el reenganche de los reclamantes con base a la inamovilidad laboral regulada en el decreto y establecida en el Art. 454 LOT cuando lo cierto es que habiendo terminado la relación de trabajo por despido justificado (renuncia) de los reclamantes y no por despido injustificado de los mismos, no resultaba procedente la aplicación del mencionado decreto y de la norma antes descrita.
Que por todo lo anteriormente señalado, solicita la declaratoria de nulidad absoluta de la providencia administrativa dictada por la inspectoría del trabajo, al haber incurrido en falso supuesto de derecho conforme a lo previsto en el numeral 4 del Art. 19 de la LOPA, toda vez que la terminación de la relación de trabajo se produjo como consecuencia de la renuncia voluntaria y no por despido injustificado como se evidencia del expediente administrativo y así solicita sea declarado.
III
DE LA COMPETENCIA

Se había sostenido de manera pacifica que la competencia para conocer de los recursos de nulidad en contra de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo correspondía en primer grado de jurisdicción a los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos Regionales, y en apelación a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, según sentencia No. 3517 de fecha 14 de noviembre de 2005, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, empero con la entrada en Vigencia de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela No. 39.451 del 22 de junio de 2010, en la cual se acuerda la tramitación del presente Recurso de Nulidad, conforme a lo previsto en los artículos 76-86 ejusdem. En ese sentido, la referida ley, otorga “-aunque no expresamente-“ la competencia a los Tribunales del Trabajo, tal como se puede deducir en su artículo 25 numeral 3º, en el cual el legislador suprime mediante excepción dicha competencia, por lo qué el conocimiento se le atribuye a otro órgano Jurisdiccional, el cual a continuación se transcribe:
“Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: (…) omissis (...) 3°. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades Estadales o Municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”.

Dicha disposición legal, se concatena con lo indicado en la decisión No. 955 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 23 de septiembre de 2010 en la cual se indica lo siguiente:

“…De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación.

En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.

Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.
Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.

2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. ..”

De allí, que estima este Tribunal, que la competencia hoy en día para conocer los recursos de nulidad ejercidos contra las decisiones emanadas de las Inspectorías del Trabajo, en materia de inamovilidad laboral (despidos, traslados y desmejoras sin justa causa), le corresponde a los tribunales con competencia en materia del trabajo, específicamente a los tribunales de juicio; motivo por el cual este Juzgado se declara competente para conocer el presente asunto. Así Se Decide.
V
DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA
En el marco de la audiencia oral y pública celebrada 01 de abril de 2014, desarrollada conforme a lo indicado en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las partes expusieron sus respectivas pretensiones y la parte recurrente promovió los elementos probatorios correspondientes a saber:
VI
ANALISIS DE LAS PRUEBAS
Pruebas Parte Recurrente
Junto con el escrito libelar la parte recurrente consigno:
Marcada B, cursante a los folios 36 al 172 de la pieza principal del expediente, copias certificadas del Expediente Administrativo signada bajo el número 079-2012-01-00704, contentivo de las siguientes actuaciones administrativas; escrito de solicitud de escrito de reenganche y pagos de salarios caídos, auto de fecha 11 de abril de 2012 suscrito por el Inspector Jefe de Trabajo del Distrito Capital del Municipio Libertador, Sede Sur, mediante la cual decreta la medida preventiva a favor de los trabajadores, y en consecuencia se ordenó la reincorporación de los ciudadanos up –supra, (…), hasta tanto sea resuelta la solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos, asimismo se desprende las notificaciones respectivas; Providencia Administrativa N° 0095/2012 de fecha 08 de junio de 2012 en el expediente Administrativo N° 079-2012-01-00704, impugnada cursante al folio 124 al 129, donde declaró la Inspectoría del Trabajo “Pedro en contra de la empresa COMERCIALIZADORA SNACKS, S.R.L y PEPSICO ALIMENTOS S.C.A. En consecuencia, se ordenó al referido patrono el reenganche de los trabajadores en las mismas condiciones de trabajo en las cuales se encontraba, con el correspondiente pago de los salarios caídos dejados de percibir, desde la fecha del despido; Acta de Ejecución de Reenganche/Restitución de la misma, acta de fecha 27 de junio de 2012 donde se da cumplimiento de la orden de reenganche y pagos de salarios caídos, cartas de Renuncias de los ciudadanos FRANKLIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO MORALES, MICHAEL ABRAHAM RANGEL, ROBERT DE JESUS QUINTERO CACERES y ORLANDO DAVID PAIVA TORRES, titulares de las cédulas de identidad números V-11.820.582, 12.877.435, 12.688.031, 15.758.209 y 16.876.686 respectivamente, mediante la cual renuncian voluntariamente al cargo que venían desempeñando, las mismas son apreciadas por cuanto de ellas se desprenden las razones de hecho y de derecho en que la administración fundó su actuación y el procedimiento administrativo llevado ante la Inspectoría del Trabajo -Así se Establece.-.
En la oportunidad correspondiente consigno los siguientes documentales:
Anexo A.1 a la C1.11, cursante del expediente, originales de las cartas de renuncia, planillas de finiquito y arreglo transaccional de los ciudadanos ORLANDO DAVID PAIVA TORRES, ROBERT DE JESUS QUINTERO CACERES; asimismo se desprende recibos de pagos a favor de los ciudadanos up-supra, esta sentenciadora otorga valor probatorio a los fines de observar los conceptos y cantidades canceladas, así como el finiquito por el cobro de sus prestaciones por la terminación de la relación laboral, e igualmente se desprende firma autógrafa de los beneficiarios de la providencia administrativa como impresión de la huella dactilar, así como la forma de terminación laboral.
-VII-
INFORMES DE LAS PARTES
En la oportunidad procesal correspondiente, la parte recurrente consignó escrito de informe, en el cual señaló lo siguiente:
De la Parte Recurrente:
Que el mencionado acto objeto del presente recurso es de imposible cumplimiento, por cuanto sus representadas no pueden reenganchar a los reclamantes que en forma unilateral decidieron dar por terminada la relación de trabajo que existió entre los mismos.
Que los reclamantes presentaron cartas de renuncia voluntaria, por lo que en consecuencia la providencia administrativa se encuentra viciada de nulidad absoluta a tenor del numeral 3 del articulo 19 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos, es decir, cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.
Que en el presente caso, los reclamantes no pueden pretender ahora ser reenganchados, cuando sus representadas no fue quien despidió injustificadamente a los mismos, por cuanto estos renunciaron voluntariamente.
Que en el expediente administrativo, cursan las cartas de renuncia voluntarias presentadas por los reclamantes al momento que manifestaron su voluntad de dar por terminada su relación de trabajo, que debieron ser tomadas en consideración por la inspectoría del trabajo a los fines de constatar que dichos reclamantes efectivamente renunciaron voluntariamente, que inclusive cuando el ente administrativo procedió a ejecutar la providencia administrativa conforme a lo dispuesto en el Art. 425 LOTTT sus representadas procedieron a consignar nuevamente las cartas de renuncia voluntaria de los reclamantes y a pesar de ello la inspectoría del trabajo instó a sus representadas a acatar la orden de reenganche y pago de salarios caídos, so pena de incurrir en desacato y proceder a oficiar al Ministerio Público y abrir un procedimiento sancionatorio en contra de ésta.
Que en el caso que en el ente administrativo hubiere tomado en cuenta tales cartas de renuncia, habría declarado SIN LUGAR la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por cuanto el derecho al reenganche conforme al ordenamiento jurídico sólo lo tienen los trabajadores que son despedidos injustificadamente por el patrono, estando amparados por inamovilidad laboral, supuesto que no se configura en el presente caso.
Que el Falso Supuesto ocurre cuando la administración, al momento de dictar sus propios actos, se fundamenta en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a como fueron apreciados por ella al dictar la providencia administrativa, así también cuando la administración se fundamenta en una norma que no le es aplicable al caso concreto o que es erróneamente interpretada por ésta. Que tal definición comprende dos formas mediante las cuales se manifiesta el vicio, a saber: Falso supuesto de hecho y falso supuesto de derecho.
Que en la Providencia Administrativa objeto del presente recurso, se establece que en virtud de la supuesta inamovilidad laboral de solicitar el reenganche y pago de salarios caídos por el despido injustificado, siendo que en el presente caso la relación de trabajo culminó en fecha 15 y 16 de marzo de 2012 cuando los solicitantes manifestaron su voluntad de renunciar voluntariamente.
Que el supuesto de derecho se configuró en el momento que la Inspectoría del Trabajo ordenó el reenganche de los reclamantes con base a la inamovilidad laboral regulada en el decreto y establecida en el Art. 454 LOT cuando lo cierto es que habiendo terminado la relación de trabajo por restito justificado (renuncia) de los reclamantes y no por despido injustificado de los mismos, no resultaba procedente la aplicación del mencionado decreto y de la norma antes descrita.
Que por todo lo anteriormente señalado, solicita la declaratoria de nulidad absoluta de la providencia administrativa dictada por la inspectoría del trabajo, al haber incurrido en falso supuesto de derecho conforme a lo previsto en el numeral 4 del Art. 19 de la LOPA, toda vez que la terminación de la relación de trabajo se produjo como consecuencia de la renuncia voluntaria y no por despido injustificado como se evidencia del expediente administrativo y así solicita sea declarado.
-VIII-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Se evidencia de la lectura del escrito de interposición del recurso, que la recurrente presentó recurso de nulidad de acto administrativo de efectos particulares contra la Providencia Administrativa N° 0095/2012 de fecha 08 de junio de 2012, en el expediente Administrativo N° 079-2012-01-00704, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz” Sede Caracas Sur, mediante la declaró: “…CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoada por los ciudadanos FRANKLIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO MORALES, MICHAEL ABRAHAM RANGEL, ROBERT DE JESUS QUINTERO CACERES y ORLANDO DAVID PAIVA TORRES, titulares de las cédulas de identidad números V-11.820.582, 12.877.435, 12.688.031, 15.758.209 y 16.876.686 respectivamente alegando la parte recurrente como primer punto que el mencionado acto objeto del presente recurso, es de imposible cumplimiento, por cuanto sus representadas no puede reenganchar a unos reclamantes que en forma unilateral decidieron dar por terminada la relación de trabajo que existió entre los mimos.
Que los reclamantes presentaron cartas de renuncia voluntaria, por lo que en consecuencia la providencia administrativa se encuentra viciada de nulidad absoluta a tenor del numeral 3 del articulo 19 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos, es decir, cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución, siendo que en el presente caso la relación de trabajo culminó en fecha 15, 16, y 20 de marzo de 2012 cuando los solicitantes manifestaron su voluntad de renunciar voluntariamente.
Por otra parte, se observa que la parte recurrente denuncia que la Inspectoría del Trabajo violó la garantías de aplicación inmediata de las leyes de contenido procesal, cuando no aplico lo dispuesto en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, una vez que fuera certificada la notificación de las empresas Comercializadora y Pepsi Alimentos S.C.A., de la solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos presentada por los reclamantes, lo que a su vez derivo en una violación al derecho a la tutela judicial efectiva.
Asimismo, manifiesta que la Inspectoría del Trabajo señaló que el supuesto de derecho se configuró en el momento que la Inspectoría del Trabajo ordenó el reenganche de los reclamantes con base a la inamovilidad laboral regulada en el decreto y establecida en el Art. 454 LOT cuando lo cierto es que habiendo terminado la relación de trabajo por renuncia de los reclamantes y no por despido injustificado de los mismos, no resultaba procedente la aplicación del mencionado decreto y de la norma antes descrita. Que en virtud de ello, solicita la declaratoria de nulidad absoluta de la providencia administrativa dictada por la inspectoría del trabajo, al haber incurrido en falso supuesto de derecho conforme a lo previsto en el numeral 4 del Art. 19 de la LOPA, toda vez que la terminación de la relación de trabajo se produjo como consecuencia de la renuncia voluntaria y no por despido injustificado como se evidencia del expediente administrativo cursante a los autos.
Ahora bien, quien decide observa de las actas que conformen el presente expediente administrativo, donde se evidencia que la solicitud de reenganche y pagos de los salarios caídos en sede administrativa fue presentada estando en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo (derogada) , asimismo se observa que el cartel de notificación es de fecha 11 de abril de 2012, dicha notificación fue recibida en fecha 23 de abril de 2012, por la hoy recurrente, siendo que posteriormente en fecha 31 de mayo de 2012, tuvo lugar el acto de contestación de la misma, en sede administrativa, con la incomparecencia de la empresa accionada, estando vigente la nueva Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, la cual es de aplicación inmediata conforme al artículo 24 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, más sin embargo al momento del acto de contestación se desprenden que se dejó constancia de la incomparecencia de la empresa accionada, ni por si ni por medio de representación judicial alguna.!!!!
Asimismo denuncia el Vicio De Falso Supuesto, de hecho y de derecho señala la parte recurrente que el falso Supuesto ocurre cuando la Administración, al momento de dictar sus propios actos, se fundamento en hechos inexistentes o que ocurrieron de manera distinta a como fueron apreciados por esta al dictar la Providencia Administrativa N° 2295/2012, así como cuando la Administración se fundamenta en una norma que no le es aplicable al acaso concreto o que es erróneamente interpretada por esta. Que en el presente caso los reclamante solicitaron su reenganche y pago de salarios caídos, alegando que se encontraban amparados por la inamovilidad laboral regulada en el directo y fueron despedidos injustificadamente por la empresa Comercializadora y Pepsico Alimentos S.C.A., mas sin embargo el órgano administrativo no se percató que los reclamantes habían manifestado su voluntad de renunciar a los cargos que desempeñaban en Comercializadora conforme se evidencia de las cartas de renuncias que se desprenden del expediente administrativo y de la declaración de comercializadora en el acta de ejecución de la providencia Administrativa.
Que el falso supuesto de derecho, se configuro en el momento que la Inspectoría del Trabajo ordeno el reenganche a los reclamantes con base en la inamovilidad laboral regulada en el Decreto y en lo dispuesto en el artículo 454 de LOT, cuando lo cierto del caso es que habiendo terminado la relación de trabajo por renuncia de los reclamantes y no por despido injustificado de los mismo, no resultaba procedente la aplicación del Decreto y del artículo 454 LOT. Siendo que la inspectoría del trabajo sin pruebas suficientes, solo aplicó las consecuencias jurídicas a que contrae la incomparecencia de la empresa Comercializadora Snack y Pepsico Alimentos S.C.A
Ahora bien es de resaltar que la ley sustantiva de carácter orgánico cuya entrada en vigencia data del 07 de mayo de 2012, publicada en Gaceta oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.076, extraordinaria, siendo que la solicitud de reenganche formulada por los accionantes en dicha solicitud ante la Inspectoría del Trabajo fue realizada en fecha 10 de abril de 2012, encontrándose vigente para la fecha de la interposición la Ley Orgánica del Trabajo., hoy derogada con la entrada en vigencia de la ley orgánica de trabajo Trabajadores y Trabajadoras, por lo que mal podría el Inspector del Trabajo iniciar la instrucción de un procedimiento bajo la ley Vigente, donde existe un iter o camino de actos consecutivos sujetos a un orden legal cuyo desenvolvimiento, salvo vicios graves de actividad o juzgamiento, no admiten retroceso o reposición por estar involucrados el orden publico. De allí que la accionada al estar debidamente notificada para que compareciera al acto de contestación, y sus consecuencias jurídicas tendrían que regirse necesariamente con la ley anterior, ello en atención al principio de seguridad jurídica, de modo pues tal denuncia debe ser desestimada Así Se Establece.--
Asimismo se observa del contenido de la solicitud de reenganche y pagado de salarios caídos que realizaron los trabajadores donde alegaron que fueron despedidos injustamente, pero al mismo tiempo se observa de dicho expediente que los trabajadores oponen de entrada a la solicitud la invalidez por falsedad ideológica de unas renuncias, donde los trabajadores sostiene que las mismas fueron firmadas bajo coacción conjuntamente con el CICPC, y su contenido incierto por haber un vicio en el consentimiento
De la misma manera observa esta sentenciadora del expediente administrativo que la empresa comercializadota Snack se encontraba a derecho dado que se denota la practica de la notificación de la recurrente bajo la ley derogada, yu por ende obligada a comparecer al acto de contestación para ejercer sus derecho a la defensa, mas sin embargo la misma no compareció a dicho acto como se evidencia en autos, no obstante la parte accionada posteriormente a dicho acto compareció al ente administrativo a los fines de justificar su incomparecencia por motivos de salud, el cual presento escrito en fecha 07 de junio de 2012, solicitando al Inspector se abriera una nueva oportunidad para el acto de contestación a los fines de que salvaguardara el derecho a la defensa de su representada, siendo esto negado por el inspector del trabajo, el cual fundo su decisión en la insuficiencia del elementos de convicción que justificara su incomparecencia.
Ahora bien, observa esta sentenciadora que del expediente administrativo y de todos los elementos probatorio así como lo señalados por los trabajadores al momento de su solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos, que se encontraba en entredicho por suerte una renuncias a los cuales los trabajadores alegaron haber firmado dichas renuncias bajo coacción de la empresa conjuntamente con CIPC, las cuales contienen vicio en el consentimiento, siendo esto carga completamente de los solicitantes tal y como lo ha señalado en retiradas decisión nuestro Máximo tribunal Supremos de Justicia, , todo lo cual el inspector omitió, violando así lo establecido en el artículo 18 de LOPA., numeral 5., lo que se configura el vicio de Falso Supuesto De Hecho, cuando el ente administrativo ordenó el Reenganche y Pago de Salarios Caídos basado en una inamovilidad laboral que se había extinguido por las Renuncias a las cuales se ha hecho mención, de los ciudadanos FRANKLIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO MORALES, MICHAEL ABRAHAM RANGEL, ROBERT DE JESUS QUINTERO CACERES y ORLANDO DAVID PAIVA TORRES, titulares de las cédulas de identidad números V-11.820.582, 12.877.435, 12.688.031, 15.758.209 y 16.876.686 respectivamente, en contra de las entidades de trabajo COMERCIALIZADORA SNACKS, S.R.L y PEPSICO ALIMENTOS S.C.A., (identificados en autos), habían renunciado expresamente a sus cargos., más aún cuando la Inspectoría del Trabajo hace referencia e inapropiada aplicación del supuesto de admisión de hecho, contenido en el artículo 131 de la Ley orgánica procesal del Trabajo , cuando dichos procedimiento tiene su origen en la LOT., así como en La Ley Orgánica De Procedimiento Administrativos,
Es de mencionar, que la renuncia en el ámbito laboral significa una manifestación voluntaria y unilateral, consciente y libre de coacción o apremio de cada trabajador no seguir laborando para un patrono determinado, sin que la misma se encuentre supeditada en condiciones o requisitos especiales, salvo aquellos que lesiones y comprometan el libre arbitrio del trabajador, y tales circunstancias no fueron demostradas a través de prueba alguna; y a todas luces el operador jurídico administrativo dió por cierto en un despido improbado por inexistente. Así Se Decide.
Asimismo, en a que la Inspectoría del Trabajo aplicó erróneamente el Decreto de Inamovilidad laboral dictado por el Ejecutivo Nacional N° 8732 publicado en Gaceta Oficial N° 39.828, el cual a juicio de esta sentenciadora, procede frente a aquellos trabajadores que sean despedidos injustificadamente, de lo cual se puede apreciar del expediente administrativo, las renuncias presentadas por los ciudadanos FRANKLIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO MORALES, MICHAEL ABRAHAM RANGEL, ROBERT DE JESUS QUINTERO CACERES y ORLANDO DAVID PAIVA TORRES, las cuales cursan a los folios 120 al 144, de la Pieza N° 3 del expediente, en sede administrativa, cuyos alegatos fueron desestimadas, el cual a criterio de esta juzgadora debió aperturar una articulación probatoria en búsqueda de la verdad, y pronunciarse sobre dichos instrumentos y el presunto vicio del consentimiento, aunado a ello debió examinar el derecho bajo el cual premisa pretendían los trabajadores ampararse, a los fines de determinar la procedencia o no en la solicitud de reenganche y pagos de los salarios caídos, considerando esta sentenciadora que admisión de los hechos por falta de contestación de la empresa, realizado por el inspector del trabajo aplicando una confesión de modo desproporcionado, dado que debe prevalecer el deber del juzgador en sede administrativa de revisar que lo demandado no fue contrario a derecho.-Así Se Decide
Por otra parte se observa de las pruebas consignadas en juicio, que los trabajadores Orlando David Paiva Torres; Robert de Jesús Quintero Cáceres, recibieron sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales por la terminación de la relación laboral en fecha 27 de febrero de 2013, e igualmente se observa escrito transaccional suscrita por las partes, a tal efectos esta sentenciadora debe señalar que la Providencia Administrativa primigenia que en principio declaro con lugar la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos perdió sus efectos respecto a estos ciudadanos, toda vez como se demuestra de las pruebas antes analizadas, que dichos ciudadanos transaron y renunciaron a la prestación del servicio a COMERCIALIZADORA SNACKS, C.A., y PEPSICO ALIMENTOS S.C.A y en virtud de ello, esta sentenciadora no tiene materia sobre la cual decir con respectos a estos ciudadanos, y en virtud de la perdida sobrevenida de los efectos de la providencia administrativa recurrida, dada la transacción y posterior renuncia de estos trabajadores.- Así se Establece.-
Así pues, este Juzgado actuando en Sede Contencioso Administrativa del Trabajo, vista y verificada la legalidad del acto administrativo impugnado, declara, CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo contra la Providencia Administrativa N° 0095/2012 de fecha 08 de junio de 2012, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz” Sede Caracas Sur, mediante la declaró: “…CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoada por los ciudadanos FRANKLIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO MORALES, MICHAEL ABRAHAM RANGEL, , titulares de las cédulas de identidad números V-11.820.582, 12.877.435, 12.688.031, respectivamente, en contra de las entidades de trabajo COMERCIALIZADORA SNACKS, S.R.L y PEPSICO ALIMENTOS S.C.A .- Así se Decide.-
Con respecto a los ciudadanos Orlando David Paiva Torres; Robert de Jesús Quintero Cáceres, titulares de las cédulas de identidad números, 15.758.209 y 16.876.686 , respectivamente se declara la perdida sobrevenida de los efectos de la providencia recurrida.- Así Se Decide.
-IX-
DISPOSITIVO
En base a los razonamiento antes expuestos este JUZGADO DECIMO CUARTO (14°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL AERA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la Acción Contenciosa de Nulidad incoada por las sociedades mercantiles COMERCIALIZADORA SNACKS, S.R.L, Sociedad Mercantil Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 5 de junio de 1989, bajo el N° 1, Tomo 84-A-Sgdo y PEPSICO ALIMENTOS S.C.A, (antes denominada SNACKS AMERICA LATINA VENEZUELA S.R.L y SAVOY BRANDES VENEZUELA S.R.L), en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 28 de agosto de 1964, bajo el N° 80, Tomo 31-A, contra la Providencia Administrativa N° 0095/2012 de fecha 08 de junio de 2012, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz” Sede Caracas Sur, mediante la declaró: “…CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos incoada por los ciudadanos FRANKLIN HERNANDEZ, JOSE ANTONIO MORALES, MICHAEL ABRAHAM RANGEL, titulares de las cédulas de identidad números V-11.820.582, 12.877.435, 12.688.031, respectivamente, en contra de las entidades de trabajo COMERCIALIZADORA SNACKS, S.R.L y PEPSICO ALIMENTOS S.C.A.. SEGUNDO: Perdida Sobrevenida del Objeto de la providencia Administrativa ° 0095/2012 de fecha 08 de junio de 2012, emanada de la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz” Sede Caracas Sur, mediante la declaró: “…CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, con respecto a Orlando David Paiva Torres; Robert de Jesús Quintero Cáceres, titulares de las cédulas de identidad números, 15.758.209 y 16.876.686, respectivamente TERCERO: No hay condenatoria en costas en vista de la naturaleza de la acción.

Se ordena librar oficios a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General de la República así como a la Inspectoría Del Trabajo “Pedro Ortega Díaz” Sede Caracas Sur., así como los beneficiarios de la providencia administrativa

Por aplicación analógica de acuerdo a lo dispuesto en la norma del artículo 31 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en concordancia con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia.

CÚMPLASE, REGÍSTRASE, PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y DÉJESE COPIA DE LA ANTERIOR DECISIÓN.-

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO DÉCIMO CUARTO (14°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en ésta ciudad, a los once (11) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016) Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.-
Abg. MARIELA MORGADO RANGEL
LA JUEZ
Abg. JOSE ANTONIO MORENO
EL SECRETARIO

En la misma fecha 11 de julio de 2016, previo cumplimiento de las formalidades de ley, se dictó, diarizó y público la anterior decisión.

Abg. JOSE ANTONIO MORENO
EL SECRETARIO