REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico San Juan de los Morros, tres (03) de marzo de dos mil dieciséis (2.016) 205º y 157º ASUNTO: JP31-L-2016-000008 Vista la demanda presentada los ciudadanos HERDERSON JOSE ACOSTA DOMINGUEZ y WILMAN ROBERTO RODRIGUEZ NIEVES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-20.246.747 y V-11.687.039 respectivamente, debidamente asistidos por el Abogado AQUILES MALUENGA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 78.904, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS DERECHOS LABORALES, en contra de las entidades de trabajo “EL FOGON DE CRIS F.P. e IMPREGILO S.P.A.”, y por cuanto no subsanó el libelo de demanda en los términos indicados en auto de fecha doce (12) de febrero de 2016, donde se le indica a la parte actora que debe señalar: “CAPITULO ÚNICO: : El Representante Legal o Judicial de la Empresa IMPREGILO S.P.A., y debe indicar la dirección de las Empresas EL FOGON DE CRIS F. P. e IMPREGILO S.P.A. con el objeto de practicar las notificaciónes, a los fines de dar seguridad jurídica y garantizar el derecho de defensa de la demandada, lo cual es requisito sine qua nom, para que la pretensión este clara e inequívocamente identificada y así garantizar el debido proceso de ambas partes”. Ahora bien, en fecha veintinueve (29) de febrero de 2016, se certificó por secretaría las notificaciones de los demandantes a los efectos de dar inicio al lapso de subsanación, el cual ocurrió en los días 01 y 02 de marzo del 2016; sin embargo transcurrió el lapso respectivo y la parte demandante no subsanó el libelo oportunamente dentro del lapso establecido, ni por si ni a través de apoderado judicial alguno. En tal sentido y a juicio de quien decide, la parte accionante no cumplió con el requerimiento ordenado, contemplado en el numeral 2º del Artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dado que no subsanó oportunamente, siendo este particular objeto del despacho saneador y requisito sine qua non, a los efectos de determinar la pretensión, de tal manera que la parte demandada, pueda ejercer su derecho a la defensa ilimitadamente y se garantice el debido proceso y la búsqueda de la verdad material por encima de las formas, aplicando la justicia de acuerdo a lo establecido en nuestra carta magna. Es importante resaltar, que el Despacho Saneador es un instrumento del cual dispone el Juez, para corregir o sanear los defectos formales que contenga el libelo que impidan u obstaculicen el ejercicio de la defensa de la contraparte, al no estar debidamente especificados los supuestos que satisfagan plenamente los requisitos legalmente exigidos, por cuanto las incidencias de las cuestiones previas han sido eliminadas en este proceso, siendo obligación del juez purificarlo de vicios sustanciales que afecten las garantías y derechos de las partes constitucionalmente establecidas. En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 12 de Abril del 2005 con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, expresó: “….El despacho saneador constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar al proceso. La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defecto el libelo, por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad, sino la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuada para obtener una sentencia ajustada a derecho. Respecto a los contenidos, es decir, la pretensión, los presupuestos procesales permiten vigilar la idoneidad de la demanda y sostienen toda la relación procesal, como son la debida individualización de la pretensión (forma de la demanda). El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige que los particulares accedan a instrumentos procesales que sean aptos desde el punto de vista formal para el procesamiento de la pretensión. No es suficiente la mera comprobación de que hubo decisión en derecho, pues debe respetarse los presupuestos que sean indispensables para conocer el fondo del proceso. ”… Una providencia de inadmisibilidad, debidamente fundamentada, satisface el derecho a la tutela efectiva….” En virtud de lo antes expuesto y de conformidad con lo previsto en el Artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Guárico, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE LA DEMANDA, por cuanto el demandante, no subsanó el libelo oportunamente, conforme a lo ordenado por el Tribunal. Así se resuelve. Publíquese regístrese y déjese copia autorizada. LA JUEZ, ABG. LORIANDY LOZADA PERALTA EL SECRETARIO, ABG. FILIBERTO CONTRERAS En la misma fecha se cumplió con lo ordenado y se publicó la anterior decisión siendo las diez y treinta (10:30 am) horas de la mañana. Secretario,