REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico San Juan de los Morros, veinte (20) de Octubre de dos mil dieciséis (2.016) 206º y 157º ASUNTO: JP31-L-2016-000037 Vista la demanda presentada por el ciudadano HERDERSON JOSÉ ACOSTA DOMÍNGUEZ , venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.246.747, debidamente asistido en este acto por el Profesional del Derecho AQUILES MALUENGA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 78.904, por PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS LABORALES, en contra de las entidades de trabajo EL FOGON DE CRIS F.P e IMPREGILO S.P.A y en contra de las personas naturales CRISTIANO ANTONIO AGUIRRE CABEZA y JOSE FELIZ ARREAZA, y por cuanto no subsanó el libelo de demanda en los términos indicados en auto de fecha siete (07) de octubre de 2016, donde se le indica a la parte actora que debe señalar: CAPÍTULO PRIMERO: Debe indicar la jornada de trabajo con especificación del horario que trabajaba para cada una de las codemandadas. CAPÍTULO SEGUNDO: Debe señalar los datos regístrales de las entidades de trabajo EL FOGON DE CRIS F.P. e IMPREGILO S.P.A., así como el número de cédula del codemandado ciudadano JOSÉ FELIX ARREAZA. CAPÍTULO TERCERO: Señalar el salario diario, normal e integral devengado desde que comenzó la presunta relación de trabajo hasta que finalizó la misma, mes por mes. CAPÍTULO CUARTO: Por cuanto demanda Daño Moral, debe describir los supuestos de la escala de sufrimiento. CAPÍTULO QUINTO: Describir los hechos que sirven de fuente a los conceptos de Lucro Cesante y Daño Emergente. CAPÍTULO SEXTO: Describir la naturaleza de la enfermedad, el diagnóstico emitido por el Instituto Competente, el tratamiento médico recibido, el centro médico donde lo recibió, el tipo de discapacidad y CAPÍTULO SÉPTIMO: Debe señalar en forma individual la dirección de cada uno de los codemandados, a los fines de dar seguridad jurídica y garantizar el derecho de defensa de la demandada,”. Ahora bien, en fecha diecisiete (17) de octubre de 2016, se certificó por secretaría la notificación del demandante a los efectos de dar inicio al lapso de subsanación, y posteriormente en fecha diecinueve (19) de octubre de 2016, fue consignado por la parte demandante y agregado al expediente escrito de subsanación, donde se puede observar que el actor efectivamente subsanó el libelo en los términos señalados en los capìtulos Primero, Segundo y parcialmente el Tercero, por cuanto se observa del escrito de subsanación que el demandante no señalò el número de cédula de identidad del codemandado ciudadano José Félix Arreaza, además no indicó con precisión los datos solicitados en los capítulos Cuarto, Quinto y Sexto correspondiente a la escala de sufrimiento, los hechos que conllevan a la reclamación de Lucro Cesante y Daño Emergente asì como la naturaleza de la supuesta enfermedad con ocasión al trabajo, es decir, el informe médico de evaluación del paciente emitido por el INPSASEL, mediante el cual este juzgado constataría el tipo de enfermedad y el grado de incapacidad certificado por dicho instituto, siendo esto un requisito sine qua nom, para su admisibilidad, todo ello a los fines de dar seguridad jurídica y garantizar el derecho de defensa de la demandada por lo cual el thema decidedum no esta claramente establecido, en tal sentido resulta forzoso para este Juzgado declarar como en efecto lo hace, que el libelo no fue subsanado en los términos exigidos en el auto supra identificado. En tal sentido y a juicio de quien decide, la parte accionante no cumplió con el requerimiento ordenado, contemplado en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º del Artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dado que no subsanó correctamente, siendo este particular objeto del despacho saneador y requisito sine qua non, a los efectos de garantizar que la parte demandada, pueda ejercer su derecho a la defensa ilimitadamente y se garantice el debido proceso y la búsqueda de la verdad material por encima de las formas, aplicando la justicia de acuerdo a lo establecido en nuestra carta magna. Es importante resaltar, que el Despacho Saneador es un instrumento del cual dispone el Juez, para corregir o sanear los defectos formales que contenga el libelo que impidan u obstaculicen el ejercicio de la defensa de la contraparte, al no estar debidamente especificados los supuestos que satisfagan plenamente los requisitos legalmente exigidos, por cuanto las incidencias de las cuestiones previas han sido eliminadas en este proceso, siendo obligación del juez purificarlo de vicios sustanciales que afecten las garantías y derechos de las partes constitucionalmente establecidas. En este orden de ideas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 12 de Abril del 2005 con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, expresó: “….El despacho saneador constituye una manifestación contralora encomendada al juez competente, a través de la facultad de revisar la demanda in limine litis, con el fin de obtener un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar al proceso. La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defecto el libelo, por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad, sino la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuada para obtener una sentencia ajustada a derecho. Respecto a los contenidos, es decir, la pretensión, los presupuestos procesales permiten vigilar la idoneidad de la demanda y sostienen toda la relación procesal, como son la debida individualización de la pretensión (forma de la demanda). El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva exige que los particulares accedan a instrumentos procesales que sean aptos desde el punto de vista formal para el procesamiento de la pretensión. No es suficiente la mera comprobación de que hubo decisión en derecho, pues debe respetarse los presupuestos que sean indispensables para conocer el fondo del proceso. “…Una providencia de inadmisibilidad, debidamente fundamentada, satisface el derecho a la tutela efectiva….” En virtud de lo antes expuesto y de conformidad con lo previsto en el Artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Guárico, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara INADMISIBLE LA DEMANDA, por cuanto el demandante, no subsanó el libelo en los términos señalados, conforme a lo ordenado por el Tribunal. Así se resuelve. Publíquese regístrese y déjese copia autorizada. LA JUEZ, ABG. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA EL SECRETARIO, ABG. FILIBERTO CONTRERAS En la misma fecha se acordó lo ordenado y se publicó la anterior decisión siendo las diez y treinta y treinta (10:30) horas de la mañana. Secretario,