ASUNTO: JP41-G-2014-000080
En fecha 31 de julio de 2014 la ciudadana MIREMIS JOSEFINA CARABALLO CABEZA (Cédula de Identidad Nº 5.157.462), asistida por la abogada Belkis FIGUERA CARPIO (INPREABOGADO Nº 61.267), interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Juzgado, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO, mediante el cual pretende el reajuste y pago de la pensión de jubilación.
En esa misma fecha se dio entrada y se registró el presente asunto en los libros respectivos.
En fecha 04 de agosto de 2014 este Juzgado admitió el asunto y ordenó librar las notificaciones correspondientes, previa consignación de los fotostatos necesarios por parte del querellante, lo que cumplió el 11 de agosto de 2014.
El 08 de agosto de 2014 el querellante otorgó poder apud acta a la abogada Belkis FIGUERA CARPIO (INPREABOGADO Nº 61.267).
En fecha 12 de agosto de 2014 el Abogado Rafael Antonio Delce Zabala, Juez de este Órgano Jurisdiccional, se abocó al conocimiento del presente asunto, ordenándose las notificaciones correspondientes.
El 05 de diciembre de 2014 fueron consignados el expediente administrativo y el escrito de contestación.
En fecha 09 de diciembre de 2014 se ordenó abrir cuaderno deparado con los antecedentes administrativos.
En fecha 09 de diciembre de 2014, este Juzgado ordenó la reposición de la causa al estado de notificar del auto de admisión a los ciudadanos Procurador General del estado Guárico, Gobernador del estado Guárico, Tesorería de Seguridad Social y Procurador General de la República.
El 22 de enero de 2015 fueron consignados los fotostatos necesarios para cumplir con las notificaciones ordenadas el 09 de diciembre de 2014.
En fechas 12 y 14 de mayo de 2015, la representación de la Tesorería Nacional de Seguridad Social y de la Procuraduría General del estado Bolivariano de Guárico, consignaron escritos.
El 21 de mayo de 2015 se fijó la celebración de la audiencia preliminar, la cual se llevó a cabo el 27 de mayo de 2015, abriéndose la causa a pruebas el 28 de mayo de 2015.
El 28 de mayo y 03 de junio de 2015 la Tesorería Nacional de Seguridad Social y la Procuraduría General del estado Bolivariano de Guárico consignaron sus respectivos escrito de promoción de pruebas, pronunciándose este Juzgado respecto a la admisibilidad de las pruebas promovidas por autos de fecha 16 de junio de 2015, ordenándose las notificaciones respectivas, previa consignación de los fotostatos necesarios por parte de la querellante.
En fecha 08 de julio de 2015 la representación de la Tesorería Nacional de Seguridad Social, se dio por notificada del pronunciamiento respecto a las pruebas.
El 23 de septiembre de 2016 la querellante otorgó poder apud acta al abogado Joel José SALAZAR (INPREABOGADO Nº 203.577).
Realizado el estudio del expediente, pasa este Juzgado a pronunciarse, previa las consideraciones siguientes:
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Luego de revisados los autos, este órgano jurisdiccional pudo constatar que en fecha 16 de junio de 2015 este Juzgado emitió pronunciamiento respecto a la admisibilidad de las pruebas promovidas, lo cual ordenó notificarse, previa consignación de los fotostatos necesarios por parte de la querellante y que no fue sino hasta el 23 de septiembre de 2016 que se volvió a registrar alguna actuación de la actora, otorgando poder apud acta al abogado Joel Salazar, razón por la cual se pasa a verificar si operó la perención de la instancia. Al respecto se observa:
La perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el demandante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido.
Se erige entonces el referido instituto procesal, en un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales. (Ver entre otras, sentencia de la Sala Político Administrativa Nº 00620 del 11 de mayo de 2011).
En este sentido el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, prevé lo siguiente:
“Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al juez o jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”.
De la disposición legal transcrita, se evidencia que la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un (1) año, debiendo contarse dicho lapso a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el Tribunal, podrá declarar consumada la perención, bien sea de oficio o a instancia de parte, excepto en aquellos casos en los cuales corresponda al juez el acto procesal siguiente, tales como: la admisión de la demanda, la fijación de una audiencia o la admisión de pruebas (ver Sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia números 01389 y 00563 de fechas 20 de octubre de 2011 y 23 de mayo de 2012, respectivamente).
Queda claro que lo que pretendió el legislador fue evitar la eternización de aquellos juicios en los cuales no medie el interés impulsivo de las partes contendoras, erigiéndose dicha institución como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes.
Serán tres entonces los requisitos exigibles para que se configure la perención de la instancia, el primero de ellos relacionado con la paralización efectiva de la causa, el segundo relacionado a que esa paralización sea imputable a las partes y no al juez y el tercero que exige que dicha paralización se mantenga por el lapso de un año.
Así pues, pasa quien decide a analizar si en el caso de autos ha operado la perención de la instancia, para lo cual estima pertinente verificar la existencia del primero de los requisitos antes referidos, es decir, “la paralización de la causa”, se entiende por paralización o inercia de la causa aquella situación procesal en la que se encuentre un proceso en el que no se hayan realizado en el expediente actuaciones de impulso procesal. Es decir, cada etapa del proceso requiere el impulso de las partes, consistente bien en la dotación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las formalidades de ley en materia de citación y notificación, bien el proporcionar las direcciones o datos necesarios para la práctica de las de tales diligencias, circunstancias que cumplirán una doble función, en principio servirán para que se vayan cumpliendo cada una de las etapas del proceso, y adicionalmente se estatuyen como un mecanismo a través del cual se demuestra el interés del accionante y del accionado en la tramitación del juicio y con ello en obtener una resolución a su conflicto.
Ello explica el hecho de que no todo acto que se realice en un procedimiento, interrumpa el lapso para la consumación de la perención, sino sólo aquellos que contengan implícita o explícitamente la intención de impulsar el mismo, excluyéndose por vía jurisprudencia por ejemplo la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos que se haga en el expediente, pues estas en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso, es decir, que serán capaces de interrumpir la paralización aquellas actuaciones que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente. En tal sentido, comenzará a contarse el lapso de perención al día siguiente a partir del último acto tendiente a dar impulso procesal.
En el caso bajo examen, de una revisión exhaustiva de las actas procesales, se evidencia que el 16 de junio de 2015 este Juzgado emitió pronunciamiento respecto a la admisibilidad de las pruebas promovidas, lo cual ordenó notificarse, previa consignación de los fotostatos necesarios por parte de la querellante y que no fue sino hasta el 23 de septiembre de 2016 que se volvió a registrar alguna actuación de la accionante, otorgando poder apud acta al abogado Joel Salazar, ahora bien, aun cuando el 08 de julio de 2015 la representación de la Tesorería Nacional de Seguridad Social, se dio por notificada del pronunciamiento respecto a las pruebas promovidas, la causa estuvo paralizada por más de un (1) año, contado desde ésta última fecha, aunado a que a que se instó a la querellante a consignar los fotostatos para cumplir con la notificación de los autos de admisión de pruebas en el presente asunto, lo cual no cumplió, por tanto, este Juzgado debe declarar consumada la perención y, en consecuencia, extinguida la instancia. Así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias de este Juzgado. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Juez,

Abg. RAFAEL A. DELCE ZABALA
La Secretaria,

Abg. GÉNESIS C. MIRANDA MORALES
RADZ
Exp. Nº JP41-G-2014-000080

En la misma fecha, siendo las once y veinte de la mañana (11:20 a.m.) se publicó la presente decisión bajo el Nº PJ0102016000113 y se agregó a las actuaciones del expediente. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte del ciudadano Juez, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://guarico.tsj.gob.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.
La Secretaria,

Abg. GÉNESIS C. MIRANDA MORALES