REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL EXPEDIENTE Nº 9868 I Mediante escrito presentado en fecha 22 de marzo de 2017, la abogada Natalia Díaz Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 211.450, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana OLY DEL VALLE TOVAR PARTIDAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.811.849, interpuso ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor de causas, recurso contencioso administrativo funcionarial, en contra del SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME). Asignado por distribución el recurso a este Juzgado Superior, consta en Nota de Secretaría que riela al folio 22, que en fecha 27 de marzo de 2017, se le dio entrada al mismo, formándose expediente signado bajo el número 9868. Por auto de fecha 30 de marzo de 2017, se le concedió a la parte actora un lapso de tres (3) días de despacho computado a partir de su fecha de emisión, para que produjese los instrumentos en que fundamentó su pretensión para verificar si el recurso interpuesto era admisible. II En el presente caso, observa quien decide que la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuerpo normativo especial que rige la tramitación de los recursos contenciosos administrativos funcionariales, como el caso sub examine, en el numeral 5 del artículo 95 dispone la consignación de los recaudos o, como específicamente indica, los instrumentos en que se fundamente la pretensión, siendo estos recaudos imprescindibles para pronunciarse sobre la admisibilidad y posteriormente resolver el fondo de lo debatido, y por cuanto la referida norma no establece de manera concreta cuál es la consecuencia jurídica referente a la no consignación, debe aplicarse de forma supletoria la ley procesal de la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud del vacío legal de la Ley del Estatuto en referencia. Así, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo texto procedimental tutela de forma general todos los actos del proceso en las distintas acciones que se ejercen ante los Juzgados de la señalada jurisdicción. La aludida ley dispone en su artículo 35.4, en cuanto a la falta de consignación de los documentos o instrumentos fundamentales lo siguiente: “(…) La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes: (omisis), 4. No acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad (…)”. Ahora bien, a pesar que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no es expresamente una norma supletoria de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este órgano jurisdiccional, en atención al espíritu contenido en el artículo 1 de la mencionada Ley Orgánica, debe aplicarla a los casos como el presente, a los fines de llenar los vacíos u omisiones que puedan desprenderse de las leyes especiales, como lo es la Ley del Estatuto de la Función Pública. De modo que, en el caso bajo estudio se observa que la parte recurrente, no ha consignado en el expediente, hasta la fecha de la presente decisión -18 de abril de 2017-, los documentos fundamentales en los cuales sustentan su pretensión, entre estos, la renuncia presentada en fecha 9 de noviembre de 2016, y recibida presuntamente en la indicada fecha por el “Inspector Jefe en la Oficina de Inspectoría”; motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5to del artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el artículo 35 numeral 4 retro transcrito, debe quien decide, forzosamente, inadmitir la querella, como en efecto se establecerá en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por la abogada Natalia Díaz Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 211.450, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana OLY DEL VALLE TOVAR PARTIDAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.811.849, en contra del SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME). Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. LA JUEZ SUPLENTE, ANA VICTORIA MORENO EL SECRETARIO, JESÚS ESCALONA CARBALLO En la misma fecha de hoy, siendo las ( ), se publicó y registró la anterior decisión, bajo el Nº EL SECRETARIO, JESÚS ESCALONA CARBALLO. Exp. Nº 9868 AVM/jec/jg.-