TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO.
Calabozo, 05 de Abril de 2.017
206º y 158º
El presente Procedimiento por Acción Derivados por Contratos Agrarios, iniciado por los abogados Julio Cesar Ruiz Araujo y Ottman Rafael Guzmán Pino, inscritos en los Inpreabogados Nros. 54.050 y 76.111, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados Judiciales del Banco Provincial, S.A. Banco Universal, Sociedad Mercantil de Comercio Domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, originalmente inscrita ante el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el día 30 de Septiembre de 1.952, anotado bajo el Nº 488, Tomo 2-B, transformado en Banco Universal según Documento Inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y estado Miranda, el día 30 de Diciembre de 1.996, bajo el Nº 56, Tomo 337-A Pro., según documento poder debidamente autenticado por ante la Notaria Publica Undécima del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 15 de diciembre de 2.010, anotado bajo Nº 28, Tomo 275, de los libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, contra los ciudadanos Yris Gertrudis Hurtado Pérez y Carlos Alonso Rojas Villavicencio, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas Nos V-10.267.213 y V-7.282.954 respectivamente. En fecha 16 de Octubre de 2.013, presentó escrito libelar con sus respectivos anexos los abogados Julio Cesar Ruiz Araujo y Ottman Rafael Guzmán Pino, ut supra antes identificados, por ante este Juzgado de Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, en representación del Banco Provincial, S.A. Banco Universal, Sociedad Mercantil. (Folios 01 al 20).
I
NARRATIVA

En fecha 22 de Octubre de 2.013, se dictó auto mediante el cual se insto al actor a subsanar el escrito e indique la acción específica en el presente juicio. (Folios 21).
En fecha 25 de Octubre de 2.013, suscribió diligencia el abogado Julio Cesar Ruiz Araujo, antes identificado, apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual subsano la presente demanda. (Folios 22).
En fecha 04 de Noviembre de 2.013, se dictó auto mediante el cual se dictó auto mediante el cual se le dio entrada y se admitió la misma acordándose el emplazamiento de la parte demandada. (Folios 23 al 26).
En fecha 13 de Noviembre de 2.013, suscribió diligencia el abogado Julio Cesar Ruiz Araujo, antes identificado, apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual consigo los emolumentos para las respectivas compulsas a los fines legales consiguientes. (Folio 27).
En fecha 20 de Enero de 2.014, suscribió diligencia el alguacil de este Juzgado consignando dos (02) boletas de citación con sus respectivas compulsas. (Folios 28 al 40).
En fecha 03 de Octubre de 2.014, suscribió diligencia el abogado Julio Cesar Ruiz Araujo, antes identificado, apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó la citación por cartel de la parte demandada. (Folio 41).
En fecha 09 de Octubre de 2.014, se dictó auto mediante el cual se acordó la citación por cartel de la parte demandada. (Folios 42 al 44).
En fecha 16 de Diciembre de 2.014, suscribió diligencia el abogado Julio Cesar Ruiz Araujo, antes identificado, apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual solicitó el abocamiento del ciudadano Juez en la presente causa. (Folio 45). En esta misma fecha de dicto auto agregando diligencia. (Folio 46).
En fecha 12 de Enero de 2.015, se dictó auto mediante el cual el ciudadano Juez se aboco a la presente causa. (Folio 47).
En fecha 03 de Febrero de 2.015, se dictó auto mediante el se acordó la citación por cartel de la parte demandada. (Folios 48 al 50).
En fecha 03 de Diciembre de 2.014, suscribió diligencia el abogado Julio Cesar Ruiz Araujo, antes identificado, apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual dejó constancia que recibió de manos del alguacil el cartel de citación, a los fines legales consiguientes. (Folio 51).
En fecha 03 de Diciembre de 2.014, suscribió diligencia el abogado Julio Cesar Ruiz Araujo, antes identificado, apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual consignó copia simple con vista al original del Poder otorgado por el Banco Provincial a su persona y otros. (Folios 52 al 56). En esta misma fecha de dicto auto agregando diligencia. (Folio 57).
II
DE LA COMPETENCIA

Establecido lo anterior considera necesario quien decide, pasar de seguida a establecer algunas consideraciones acerca de la competencia de este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, para dictar medidas y en ese sentido este sentenciador observa:
El artículo 151 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone lo siguiente:
“La jurisdicción especial agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y los demás tribunales señalados en esta Ley (…)” (Cursivas de éste Juzgado Agrario)

Asimismo, el artículo 197 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que:
“Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos (…) 1. Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria. (…) 15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” (Cursivas de éste Juzgado Agrario).

De la interpretación de las normas parcialmente transcritas, se desprende la competencia específica que comportan los Juzgados Agrarios de Primera Instancia, respecto a todas las acciones o controversias, en las cuales no se encuentre involucrado ningún ente del estado como sujeto pasivo; razón por la cual, este Juzgado Agrario Segundo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, resulta competente para conocer del presente Juicio. Así se declara.
III
MOTIVA:

Ahora bien, esta Instancia Judicial Agraria para decidir observa:
El Derecho de acceso a los Órganos de Administración de Justicia, previsto en el artículo 26 Constitucional, es ejercido mediante la acción. El requisito del Interés Procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del Derecho Individual ostentado por la parte demandante que le permite elevar la infracción de la ley ante los Órganos de Administración de Justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad.
Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un Acto Procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El Interés Procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía Judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El Interés Procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que La Pérdida del Interés Procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
Dispone el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
“La Perención de La Instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez o Jueza después de vista, la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, después de vista la causa, no producirá la perención”.

Dicha Normativa Adjetiva Agraria, como Norma Especial que rige la materia agraria, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, en tanto en cuanto, solo debe aplicarse a Los Procedimientos Contenciosos Administrativos ya que dicha Norma se encuentra en el Capítulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”; sin embargo, hay que señalar que cuando una Norma Especial disponga de un recurso distinto al Derecho común debe aplicarse la de la norma especial, en caso contrario estaríamos frente a un Error de Derecho por parte del Juez Agrario.
En este orden de ideas, la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se pronunció en sentencia número 0803 del 19 de Mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.), lo que a continuación se transcribe:
“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de Diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente: Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la Perención ha considerar en Materia Agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún Acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide. Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó La Perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece”

En el presente asunto, este Juzgado Agrario acata y comparte el criterio antes trascrito al establecer que se debe aplicar la perención breve de seis (06) meses en materia agraria, tal como lo contempla el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al decir que “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” no distingue si son Tribunales Superiores Agrarios o de Primera Instancia Agraria los que deben aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador no lo puede hacer el intérprete, es decir, se deben acatar por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela; por consiguiente, este Tribunal en acatamiento a dicha jurisprudencia es por la que aplica la perención breve de seis (6) meses. Así se decide.
Asimismo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela), deja sentado que:
“(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala Nº 00868 de fecha: 10 de Junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).”

En base a la Sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este Tribunal Agrario y revisadas las actas procesales, destaca que la ultima actuación procesal de la parte actora, fue realizada en fecha 03 de Diciembre de 2.015, mediante la cual introdujo diligencia consignando copia simple con vista al original del Poder otorgado por el Banco Provincial a su persona y otros, sin que posterior a esa actuación, conste en las actas procesales algún otro escrito o diligencia por parte del interesado, lo que en consecuencia, se traduce que hasta el día de despacho de hoy, ha transcurrido un lapso de un año y cuatro meses, sin que se evidencie en autos Actividad Procesal alguna de la parte actora.
En corolario con lo sentado en la Sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal hasta su culminación, lo cual manifiesta de manera fehaciente la absoluta paralización, lo que presupone la perención; resultando forzoso para este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, declarar La Perención de la Instancia y en consecuencia dar por terminado el presente Procedimiento y ordenar el archivo de la presente demanda, como en efecto se hará en el dispositivo del presente fallo. Así expresamente se declara.
IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Segundo Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Competente para conocer el juicio de Acción Derivados por Contratos Agrarios, iniciado por el Banco Provincial, S.A. Banco Universal, Sociedad Mercantil de Comercio, representada judicialmente por los abogados Julio Cesar Ruiz Araujo y Ottman Rafael Guzmán Pino, inscritos en los Inpreabogados Nros. 54.050 y 76.111, respectivamente, contra los ciudadanos Yris Gertrudis Hurtado Pérez y Carlos Alonso Rojas Villavicencio, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas Nos V-10.267.213 y V-7.282.954 respectivamente.
SEGUNDO: Perención de la Instancia en la Acción Derivados por Contratos Agrarios, iniciado por el Banco Provincial, S.A. Banco Universal, Sociedad Mercantil de Comercio, representada judicialmente por los abogados Julio Cesar Ruiz Araujo y Ottman Rafael Guzmán Pino, inscritos en los Inpreabogados Nros. 54.050 y 76.111, respectivamente, contra los ciudadanos Yris Gertrudis Hurtado Pérez y Carlos Alonso Rojas Villavicencio, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas Nos V-10.267.213 y V-7.282.954 respectivamente
TERCERO: Se ordena el archivo de la presente causa.
CUARTO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la presente sentencia.
Publíquese y regístrese, y déjese copia certificada de la decisión.
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico; en Calabozo, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecisiete (05/04/2017). Años: 206º de la Independencia y 158° de la Federación.

EL JUEZ,
HUMBERTO MORALES PADRON
LA SECRETARIA,
LILIANA MOGOLLON.

En esta misma fecha se dejó copia certificada de la presente decisión en este Tribunal, y se anunció y publicó el día de hoy cinco de Abril del año dos mil diecisiete (05/04/2017) siendo las diez horas de la mañana (10:00 a.m.). Conste.

LA SECRETARIA,
LILIANA MOGOLLON.

Exp. 253-13
HMP/LM/jc