REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 2 de marzo de 2017
206º y 158º
ASUNTO: AH18-V-1996-000007
DEMANDANTE: El ciudadano JHON WALTER BENNER, canadiense, divorciado, domiciliado en Caracas, titular del pasaporte canadiense Nº HA979168.
DEMANDADOS: La Sociedad Mercantil INVERSIONES LTL DE VENEZUELA C.A., inscrito su documento constitutivo en fecha 14 de Noviembre de 1995, por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 10, Tomo 509-A Sgdo, y los ciudadanos KELVIN ÁLVAREZ PARODI y LEONID POPOK, venezolano el primero y canadiense el segundo, titular de la cédula de identidad y pasaporte, 3.225.959 y BL239419 respectivamente.
APODERADO: Por la parte demandante los Abogados en ejercicio José Araujo Parra, Eiter D’Andrea y Carlos E. Chacin Giffuni, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nºs 7.802, 56.958 y 74.568 respectivamente. Por la parte codemandada Kelvin Álvarez Parodi el Abogado en ejercicio Rodolfo Estrada Tobia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.378. Se designo defensor judicial a los demás codemandados, recayendo dicho nombramiento en el Abogado Nelson Pérez Pulido, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 66.407.
MOTIVO: Nulidad de Asamblea.
- I -
Se inicia el presente procedimiento por libelo de demanda, presentado en fecha 12 de diciembre de 1996, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, una vez sometido a distribución, correspondió su conocimiento a este Juzgado.
En fecha 21 de enero de 1997, este Tribunal admitió la presente demanda y en consecuencia se acordó el emplazamiento de la parte demandada para que comparezca por ante este Tribunal, a los fines de que diera formal contestación a la presente demanda.
En fecha 26 de Febrero de 1997, se admitió la reforma de la demanda, acordándose la citación de la parte demandada. Librándose la respectiva compulsa en fecha 02 de junio de 1997.
En fecha 30 de Junio de 1997, compareció el Alguacil Titular de este Tribunal, y mediante diligencia dejó constancia de su imposibilidad de practicar la citación acordada, razón por la cual consignó la compulsa y el recibo de citación sin firmar.
En fecha 17 de julio de 1997, se acordó la citación de la demandada mediante cartel, librándose en respectivo cartel de citación en fecha 07 de agosto de 1997.
En fecha 27 de octubre de 1997, el ciudadano secretario de este Tribunal, dejó constancia del cumplimiento de las formalidades del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 15 de enero de 1998, a solicitud de la parte interesada, se designó defensor judicial a la demandada, recayendo dicho nombramiento en el Abogado Nelson Pérez Pulido, a quien se acordó notificar mediante boleta. Practicada su notificación, dicho auxiliar de justicia aceptó el cargo y prestó el juramento ley correspondiente.
Practicada la citación del defensor judicial, éste en fecha 08 de octubre de 1998, consigno escrito de contestación a la demanda.
En fecha 26 de Octubre de 1998, el ciudadano Kelvin Álvarez Parodi, en su carácter de parte codemandada, procedió a otorgar poder a su apoderado judicial.
Abierto el juicio a pruebas, solo la representación judicial de la parte actora hizo uso de esta facultad, así por auto de fecha 17 de Noviembre de 1998, fueron admitidas las pruebas promovidas por esa representación.
En fecha 09 de abril de 1999, compareció el apoderado judicial de la parte actora y consignó escrito de informes, el cual fue agregado a los autos por auto de fecha 20 de abril de 1999.
En fecha 25 de junio de 2009, el Juez que suscribe se avocó al conocimiento de la presente causa, acordando la notificación de las partes.
- II -
Efectuado como ha sido el examen de las actas que conforman el presente expediente, y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, este Tribunal pudo constatar que la parte demandante no ha comparecido a objeto de gestionar los trámites tendientes a la continuación de la causa.
Así las cosas, resulta oportuno indicar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 956, de fecha 1º de junio de 2.001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), estableció en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna lo siguiente:
“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. (...) Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. (...). Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.(...) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.). La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. (...). La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído. ...(omisis)... (…)¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación? A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor... (..Omisis)..., tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción.” (Lo subrayado es de este Juzgado).
De igual manera, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2.009, expresó lo siguiente:
“…En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.”
Conforme a los criterios jurisprudenciales antes citados, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En el presente caso se observó que en esporádicas ocasiones la representación judicial de la parte demandante solicitó que se dictara sentencia, siendo la ultima de ellas la del día 29 de octubre de 2014, y desde esa fecha hasta la presente no consta de autos actividad alguna de la parte interesada tendiente a seguir impulsando el decurso de la presente causa, y por cuanto ha transcurrido por ante este despacho más de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento para la continuación del juicio, objetivamente, ello se traduce en la posibilidad de apreciar que el postulante ya no está interesado en activar el procedimiento o en impulsarlo hasta el estado en que haya de dictarse alguna resolución. Conducta omisiva que depende naturalmente de la voluntad de los justiciables, pero que afecta, sin duda, el normal desarrollo del servicio público de administración de justicia, por congestionar innecesariamente la actividad del Tribunal y distraer la atención del Juez sobre otros asuntos que sí la requieren, por lo que resulta forzoso para este Juzgado declarar el DECAIMIENTO de la acción por pérdida del interés procesal. En consecuencia, y de acuerdo con los postulados jurisprudenciales anteriormente citados, se declara terminado el presente procedimiento. Así se decide.-
- III -
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN por pérdida del interés procesal en el juicio que por Nulidad de Asamblea intentó el ciudadano JHON WALTER BENNER contra INVERSIONES LTL DE VENEZUELA C.A., ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, y como consecuencia de ello, se da por terminado el presente procedimiento.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los dos (02) días del mes de marzo de 2017. Años: 206º y 158º.
El Juez,
Abg. César A. Mata Rengifo
La Secretaria,
Abg. Inés Belisario Gavazut
En esta misma fecha, siendo las 1:16 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria,
Abg. Inés Belisario Gavazut
CAMR/IBG/JAP
Asunto: AH18-V-1996-000007
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