REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

Corte de Apelaciones Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico San Juan de los Morros, 14 de Marzo de 2017 206º y 157º ASUNTO PRINCIPAL : JP01-O-2017-000011 ASUNTO : JP01-O-2017-000011 Ponente: Abg. Beatriz Alicia Zamora Decisión Nº 55 Motivo: Amparo Constitucional Accionante: Abogado Anayibe Maldonado, Defensora Pública Penal Nº 01. Presunto Agraviado: Yorman Ricardo Mendoza Presunto Agraviante: Juzgado Primero de Control de San Juan de los Morros estado Guárico Atañe a esta Instancia Superior, actuando en sede Constitucional, conocer del presente asunto, en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogado Anayibe Maldonado, en su condición de Defensora Pública Penal del ciudadano Yorman Ricardo Mendoza; donde aparece como presunto agraviante el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros. En fecha 10 de Marzo del año 2017, esta Sala dictó auto por medio del cual se deja constancia de haber dado entrada al presente asunto quedando registrado bajo la nomenclatura alfanumérica JP01-O-2017-000011, a cargo de los Jueces Superiores abogados Beatriz Alicia Zamora (Jueza Presidenta y ponente), Alejandro José Perillo Silva y Julio Cesar Rivas Figuera. ESTA CORTE DE APELACIONES OBSERVA De foja 01 al foja 03, ambas inclusive, aparece inserto escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por la abogado Anayibe Maldonado, en su condición de Defensora Pública Penal del ciudadano Yorman Ricardo Mendoza, en contra del Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, donde expuso: ‘…La presente acción de amparo, se interpone en razón, que en fecha 30-102015, 30-11-2015, 05-01-2016, 05-02-2016, 05-04-2016, 05-06-2016, 05-07-2016, 05-08-2016, 05-10-2016, 05-12-2016, 05-01-2017 mediante escritos dirigidos al mencionado tribunal; en donde se le solicitaba al Tribunal que se sirviera verificar si quedó firme la decisión dictada en audiencia preliminar donde el defendido admitió los hechos y solicitó la inmediata imposición de la pena y fue condenado a Cuatro años de presidio por el delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO y en caso positivo remitir al tribunal de ejecución respectivo. En fecha 25-01-2017 recibí Boleta de notificación emitida boleta de notificación en donde publica la decisión en fecha 04-11-2016 en donde vista la admisión de hechos realizada por mi defendido de conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal se condenó a Cuatro (04) años de prisión por la Comisión del delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTACIÓN, pena que se estima cumplirá el 12 de Marzo del 2017. Y hasta la presente fecha no se ha remitido el asunto al Tribunal de ejecución. A pesar que el Tribunal de Control 1º de este Circuito Judicial Penal, publico decisión, y revisado en el sistema juris 2000 en día de ayer y se pudo observar que todavía no ha pasado el proceso a la fase de ejecución, por lo que el tribunal está violando la garantía del debido proceso, prevista en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…” DE LA COMPETENCIA Previa a toda consideración sobre la acción de amparo constitucional interpuesta, esta Alzada pasa a determinar su competencia para conocer de la presente pretensión de tutela constitucional, y en tal sentido observa que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estatuye: ‘...la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quién decidirá en forma breve, sumaria y efectiva....’ En relación con la norma señalada, es necesario hacer mención a la sentencia Nº 503 de la Sala Constitucional, de fecha día 19 de marzo de 2002, con ponencia del magistrado Iván Rincón Urdaneta, expediente Nº 01-2340, que señala: ‘... Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala, que la conducta omisiva de los tribunales equivale en materia de amparo a una violación por parte de los tribunales al artículo 4° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el 2° eiusdem. En este sentido, ha sostenido esta Sala respecto a la aplicación del referido artículo 4°, en el que se interpone acción de amparo constitucional contra un a omisión, que “…si bien se menciona en la norma el amparo contra “una resolución, sentencia o acto” del tribunal, debe entenderse comprendida además la posibilidad de accionar en amparo contra un tribunal por su falta de pronunciamiento; situaciones que constituyen una omisión que, podría también ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional, y por tanto equiparable a un vicio de incompetencia del tribunal lato sensu, en sentido materia y no sólo formal…’ El anterior criterio jurisprudencial queda ratificado con la disposición del artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual dispone: ‘...La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley’. Por tanto, considerando que en el caso sub examine, como antes se indicó, la acción de amparo es ejercida en contra del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal de San Juan de los Morros, Estado Guárico, por presuntamente incurrir en violación de la “…garantía del debido proceso, prevista en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela …” y siendo esta la única Sala que funge como Corte de Apelaciones en materia Penal de este Circuito Judicial del Estado Guárico, es por lo que asume la competencia para conocer actuando en Primera Instancia sede Constitucional, respecto de la acción propuesta, por tratarse del Tribunal Superior, en el orden jerárquico al órgano jurisdiccional denunciado como agraviante. Y así se declara. DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO Este Órgano Colegiado destaca, que en el presente caso la pretensión aducida, la constituye una acción de amparo incoada por la presunta violación del debido proceso consagrado en los artículos 26, 49 y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto presuntamente el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, no ha remitido la causa seguida en contra del ciudadano Yorman Ricardo Mendoza, por la comisión del delito de Trafico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la Modalidad de Ocultación, al Tribunal de Ejecución competente. Ahora bien, de acuerdo a lo argüido en el escrito contentivo de la presente Acción de Amparo, ha verificado esta Superioridad que los argumentos del accionante giran en definitiva en que presuntamente ha transcurrido aproximadamente “…un (01) año cinco (05) meses y dieciséis (16) días…” desde que se dictó sentencia condenatoria por admisión de hechos y aún no se ha remitido el expediente al Tribunal de Ejecución competente; en este orden de ideas, observada como ha sido la pretensión de la acción de amparo incoada, este órgano jurisdiccional constata que riela al folio 20 del presente recurso constitucional, oficio Nº 321 de fecha 14 de Marzo del año 2017, emitido por el Juzgado Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, en el cual se ordena la remisión a un Tribunal de Ejecución competente, del asunto JP01-P-2013-003037, seguido en contra del ciudadano Yorman Ricardo Mendoza, por la comisión del delito de Trafico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la Modalidad de Ocultación, verificándose por consiguiente el cese de la omisión denunciada por parte del accionante. Así las cosas, esta Alzada pasará a analizar las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece: ‘…Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo: 1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarlas…’ Igualmente cabe resaltar Sentencia Nº 50 de fecha 16-02-2011, expediente 09-1095, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del magistrado Dr. Marco Tulio Dugarte Padrón, la cual establece: “…No obstante lo anterior, la Sala observa de la información remitida por la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, que mediante decisión del 4 de Agosto de 2009, dictada por la abogada Deisy Orasma, quien asumió el cargo de Juez en el Tribunal denunciado como agraviante, se acordó la libertad plena de los accionantes, por lo que cesó la supuesta violación o amenaza de violación de derechos o garantías constitucionales denunciados.” Al respecto, el artículo 6, cardinal 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que no se admitirá la acción de ampara cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucional, que hubiesen podido causarla. Siendo ello así, resulta claro para esta Sala que en el presente caso sobrevino la causal de inadmisibilidad prevista en el cardinal 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haber decaído la alegada infracción constitucional, en virtud de la libertad plena decretada a favor de los ciudadanos Elisa Rafaela Amaya Delgado y Henry Alfredo Cortes Jiménez. Así se declara…” Luego del análisis dispensado a tales elementos y vista la tutela constitucional denunciada, esta Corte Actuando en Sede Constitucional verificó el cese de la presunta violación alegada por el accionante, es por lo que esta Alzada considera que lo procedente y ajustado en derecho es declarar INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO INTENTADA, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derecho y Garantías Constitucionales, siendo Así se decide. Dispositiva Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, actuando como Tribunal Constitucional administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara competente para conocer la presente acción de amparo constitucional. SEGUNDO: Declara INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por la abogado Anayibe Maldonado, en su condición de Defensora Pública Penal del ciudadano Yorman Ricardo Mendoza, de conformidad con lo establecido en el articulo 6 ordinal 1º de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales siendo que en el presente caso sobrevino la causal de inadmisibilidad por haber cesado la presunta infracción constitucional alegada. Publíquese, Diarícese, Regístrese y en la oportunidad de ley remítase al Archivo Judicial de este Circuito Judicial Penal. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, a los catorce (14) días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete (2017) Abg. Beatriz Alicia Zamora La Jueza Presidenta de la Sala (Ponente) Jueces Miembros Abg. Alejandro José Perillo Silva Abg. Julio Cesar Rivas Figuera. El Secretario Abg. Jesús Andrés Borrego En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado en la resolutiva que antecede. El Secretario Abg. Jesús Andrés Borrego ASUNTO: JP01-O-2017-000011 BAZ/JCRF/AJPS/JAB/of.