REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, 19 de octubre de 2017 207º y 158º ASUNTO: AH12-V-2005-000090 PARTE DEMANDANTE: Ciudadano SAUL TREJO BURGUERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 3.189.075. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados OSWALDO LAFEE, ADOLFO HOBAICA y DIAN CARLA GONZÁLEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 1.049, 12.626 y 104.917, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil CENTURY, C.A. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 1º de febrero de 1.971, bajo el Nº 123, Tomo 8-A. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abogados FERNANDO PLANCHART MARQUEZ, MIGUEL PIMENTEL LARA, MIGUEL ANTONIO PIMENTEL AMIUNY y MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 8.566, 8.486, 92.627 y 94.550, respectivamente. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (PERENCIÓN ANUAL) - I - SÍNTESIS DEL PROCESO Este proceso se inició por demanda de cobro de bolívares incoada en fecha 31 de octubre de 2005, la cual fue admitida por auto dictado por este juzgado en fecha 11 de noviembre de 2005. La última actuación de las partes en esta causa fue la diligencia presentada por la representación judicial de la actora en fecha 10 de diciembre de 2008. Adicionalmente se observa que la última providencia judicial dictada en este proceso judicial consiste en un auto dictado en fecha 26 de octubre de 2015, el cual fijó la oportunidad para informes, acogiendo el criterio establecido en sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 25 de septiembre de 2001, ordenándose la notificación de las partes, que nunca fue impulsada, ni practicada. Es de hacer notar que desde la indicada fecha ha transcurrido más de un año de absoluta inactividad procesal en esta causa. - II - MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” En este estado de cosas, resulta oportuna la cita de la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, contenida en decisión de fecha 22 de septiembre de 1993, en la que se estableció lo siguiente: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.” (Resaltado de este Tribunal) - III - DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese y déjese copia.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 2º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 19 de octubre de 2017. 207º y 158º. El Juez, Abg. Luis R. Herrera G. El Secretario, Abg. Jonathan Morales En esta misma fecha, siendo las 10:52 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario, Abg. Jonathan Morales Asunto: AH12-V-2005-000090