TSJ Regiones - Decisión

PARTE ACTORA: ABOGADO LUIS MANUEL LOPEZ (Apoderado Judicial de la ciudadana ESTILITA EDUVIGES TORREALBA REBOLLEDO)
PARTE DEMANDADA: PEDRO ANTONIO CORDERO GONZALEZ
MOTIVO: DESLINDE.
EXPEDIENTE Nº: 1669-13
I
NARRATIVA

Se recibe la presente Demanda, en fecha Treinta (30) de Octubre del año 2013, por Distribución, presentada por el ciudadano LUIS MANUEL LOPEZ, Abogado, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.789.061, inscrito en el I.P.S.A. actuando en este acto como Apoderado Judicial de la ciudadana ESTILITA EDUVIGES TORREALBA REBOLLEDO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.844.958.
Por auto de este Tribunal de fecha veintiseis (26) de Noviembre del año 2013 (folio 11), se admitió la acción incoada y se ordenó la citación del demandado, para que compareciera por ante este Juzgado al QUINTO (5to.) día de despacho siguientes a su citación a las 10:00 horas de la mañana, a fin de efectuar la Operación de Deslinde, librándose la correspondiente Boleta de Citación.
En fecha 13 de Enero de 2014, el Alguacil de este Tribunal consigna Boleta de Citación dirigida al demandado, sin firmar (folio 13).
En fecha 07 de Febrero de 2014, se recibió diligencia suscrita por el ciudadano LUIS MANUEL LOPEZ, Apoderado Judicial de la ciudadana ESTILITA EDUVIGES TORREALBA REBOLLEDO, para que sea habilitado el Alguacil de este Tribunal, para que sea citado la parte demandada, en horario extraordinario es decir de 07:30 PM a 08:30 PM., de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del C.P.C. (folio 14) y por auto de fecha 10 de Febrero de 2014, este Tribunal ordena practicar la citación.
Así mismo en fecha 29 de Abril de 2014, el Alguacil de este Juzgado consigna la boleta de citación dirigida al ciudadano PEDRO ANTONIO CORDERO GONZALEZ, parte demandada en la presente causa, donde manifiesta imposible ubicar ala referido ciudadano, (folio 16).
Al folio 21 corre inserta al expediente diligencia de fecha 05 de Mayo de 2014, solicitando que el ciudadano Pedro Antonio Cordero González, parte demandada sea citado por Cartel.
En fecha 13 de Enero de 2016, la Jueza Temporal este Tribunal se aboca al conocimiento del presente juicio, ordenando librar las correspondientes Boletas de Notificación (folio 24).
En fecha 15de Febrero de 2016, comparece el ciudadano Alguacil de este Tribunal, consignando la Boleta de Notificación debidamente firmada por el ciudadano Edgar Cordero, quien manifestó ser familiar del referido ciudadano (folio 27); y en este misma fecha, consigna también la boleta de Notificación dirigida al Apoderado Judicial de la parte demandante sin firmar (folio 29).
El 16 de Febrero de 2016, el Apoderado Judicial, consigna diligencia dándose por notificado del abocamiento (folio 32).
En fecha 20 de febrero de 2017 la Jueza Provisoria de este Despacho, se aboca al conocimiento de la presente causa (folio 38).
II
MOTIVA
En la presente causa, se hace necesario señalar respecto de la revisión de las actuaciones dentro del ut supra identificado expediente que, el Principio Dispositivo en materia procesal está referido a que las partes pueden dirigir en todo momento el proceso; es decir tienen a su libre disposición el ejercicio de sus derechos procesales, en el momento indicado por la ley o la facultad de no ejercerlos, con las consecuencias jurídicas que eso conlleva, debiendo el Juez decidir en base a lo ocurrido en la litis. De allí que el Código de Procedimiento Civil venezolano en su artículo 11 establezca que el proceso civil no pueda iniciarse sino a instancia de parte sólo pudiendo el Juez actuar de oficio cuando la ley expresamente se lo permita. Por consiguiente, es el que asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.
Ha sostenido el Catedrático y Magistrado peruano Omar Toledo Toribio (2003): “Un proceso está dominado por el principio dispositivo, entonces, cuando las partes pueden iniciarlo libremente y tienen la disponibilidad de este y de sus diversos actos y sus límites fijados por las partes”.
Tal criterio ha sido reafirmado por la Sala de Casación Civil de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 18 de enero del año 2006, exp. AA20-C-2005-000480 quien determinó que:
“La mejor forma de analizar el principio dispositivo es la de considerar diversos subprincipios que lo componen y que, en cada caso, se oponen al sistema inquisitivo. El objeto del proceso (thema decidendum) lo fijan las partes, y es dentro de esos límites que el juez debe decidir.”

Por otra parte, es necesario señalar que el artículo 267 (encabezamiento) del Código de Procedimiento Civil establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; aunado a ello, el artículo 269 eiusdem dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.
De lo anterior se desprende que, la regla general en materia de Perención, prevista en nuestro Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito, de mantener el necesario impulso procesal, origina la Perención, la cual, se verifica de derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse de oficio.
Cabe destacar que, en el Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala el Doctrinario venezolano Emilio Calvo Baca en su obra Terminología Jurídica Venezolana en el 2010 (p.428), el término “instancia” es usado en tres sentidos diferentes o acepciones, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte; dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo y tercero, como los grados jurisdiccionales de los Tribunales.
Sin embargo, en las disposiciones antes transcritas, el término “instancia” es utilizado como el impulso procesal de las partes, tal como lo señala el precitado Principio Dispositivo; pero, éste Perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción como medida sancionatoria a la falta de interés de las partes demostrada por su inactividad procesal en juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados; por ende, la norma que la regula ha sido considerada, como cuestión de orden público, con fundamento en los ut supra citados artículos y que la falta de ese impulso podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica, afectando así la búsqueda de esa sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, siendo estos, de conformidad con el artículo 3 constitucional, los fines del Estado.
Consecuentemente a este fin, en Sentencia de fecha 22 de Septiembre de 1993, Ponente Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, juicio Banco República, C.A., Vs Alejandro Saturno Santander, Exp. Nº 92-0439, pag. 380, la Sala de Casación Civil sostuvo:
“la perención está concebida por el legislador como una norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. Siendo entonces la perención de orden público, se causa por la misma inactividad de las partes durante el procedimiento, antes que este entre en fase de sentencia, esto, es, al día siguiente del vencimiento del término para presentar las observaciones a los informes, pues al verificarse de derecho, su efecto extintivo se expende a todos los actos procesales anteriores y posteriores, salvo aquellos a que se refiere el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, es decir que la perención no impida que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas , ni las pruebas que resulten de los autos…”.

En tal sentido, siendo la Perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales y en autos, las circunstancias que determinan la procedencia de la Perención, la debe declarar de oficio, por ser una figura de orden público; por lo que, este tribunal de oficio debe declarar la Perención de la Instancia por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención.
III
DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JUAN GERMÁN ROSCIO Y ORTÍZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el 253 constitucional, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora conforme lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JUAN GERMÁN ROSCIO Y ORTÍZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, en San Juan de los Morros, a los VEINTISEIS (26) días del mes de ENERO del año DOS MIL DIECIOCHO (2018). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
JUEZ PROVISORIA,

ABG. KARLA CAROLINA TORO DE GONZÁLEZ

SECRETARIA TITULAR,

ABOG. YOLY FLORES DE ISTURIZ

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las 11:32 A.M.

SECRETARIA

KCTdeG/YfdeI/mlv.-