TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS FRANCISCO DE MIRANDA, CAMAGUÁN Y SAN GERÓNIMO DE GUAYABAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO.

EXPEDIENTE: Nº 367-2.017.

SOLICITANTE: ciudadano JUAN VICENTE HERRERA FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-8.628.851.
ABOGADO ASISTENTE: ANGELO MODESTINO FEOLA PARENTE, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 55.035.
CÓNYUGE CITADA: JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad, Nº V- 8.627.889, domiciliada en la Urbanización Cañafístola, sector 01, casa Nº 01, Calabozo Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico.
APODERADO JUDICIAL: DAVID RAFAEL RUEDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 233.901.
MOTIVO: DIVORCIO JURISPRUDENCIA VINCULANTE 1070 de fecha 09/12/2016 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

ASUNTO: SENTENCIA DEFINITIVA

En fecha 04 de Julio 2017, se recibe por distribución escrito contentivo de solicitud de Divorcio, fundamentado en la jurisprudencia vinculante N° 1070 de fecha 09/12/2016, Expediente N° 16-0916 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, presentado por el ciudadano: JUAN VICENTE HERRERA FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-8.628.851, asistido por el Abogado en ejercicio ANGELO MODESTINO FEOLA PARENTE, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 55.035, (folios 1 y 2 y sus vueltos).
Por auto de fecha 10 de Julio de 2017 (folio 5), se admite la misma, ordenando la citación de la cónyuge ciudadana JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad, Nº V- 8.627.889 y de este domicilio, y del Fiscal Décimo del Ministerio Público, con sede en San Juan de los Morros, para lo cual se libraron el correspondiente despacho de comisión junto con oficio. Se libraron boletas.
Se observa al folio 10, diligencia presentada en fecha 14/08/2017 por la Alguacil de este Despacho, en la que consigna la boleta de Citación debidamente firmada, (folio 11).
A los folios 12 vuelto y 13, riela escrito presentado en fecha 20/10/2017 por la cónyuge citada ciudadana JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, asistida de abogado, contentivo de ciertos argumentos esgrimidos por su persona en relación a la presente solicitud de divorcio, consignando legajo de documentales que cursan a los autos desde el folio 14 al 17.
Cursa al folio 18 y su vuelto diligencia suscrita en fecha 07/11/20147 por la ciudadana JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, asistida de abogado, en la que confirió Poder Apud-Acta al Abogado DAVID RUEDA, a los fines de su representación en juicio.
Riela al folio 19 auto de fecha 08/01/2018, en el que quien suscribe se avoca al conocimiento de la presente causa en el estado en la que se encuentra, ordenando la notificación de las partes, a los fines de que ejerzan el recurso de la recusación en caso de existir causa para ello, si libraron boletas.
A los folios 21 y 22 curda escrito procedente de la Fiscalia Decima del Ministerio Público del estado Guárico, contentiva de la opinión favorable de dicho despacho fiscal.
Cursa al folio 23 auto de fecha 19/01/2018, en el que se acuerda agregar a los autos las resultas del despacho de comisión librado por este tribunal, a los fines de la citación del Fiscal Décimo del Ministerio Público del estado Guárico, siendo debidamente cumplido (folios del 24 al 30).
Rielan a los folios 31 al 33, actuaciones realizadas en fecha 22/01/2018 por la Alguacil de este tribunal, contentivas de la práctica de las notificaciones de las partes de este asunto, relacionadas con el avocamiento de la juez temporal.
Al folio 34 cursa nota secretarial de fecha 25/01/2018 en la que se deja constancia que en esa misma fecha, venció el lapso de tres (03) días para que las partes ejerzan el recurso de la recusación.
Cumplido el trámite procesal y realizado el estudio del expediente, el Tribunal pasa a decidir previa las siguientes consideraciones:
Alega el solicitante, que contrajo matrimonio civil con la ciudadana JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad, Nº V- 8.627.889, por ante la antigua Prefectura del Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico, en fecha 14 de Enero del año 1.987, según se evidencia de copia certificada del acta de matrimonio N° 1, folio 012, anexada marcada “A”, que su último domicilio conyugal fue en la Urbanización Cañafístola, sector 01, casa N° 01 de esta ciudad de Calabozo Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico, que durante la unión matrimonial procrearon hijos que actualmente son todos mayores de edad, asimismo, manifiesta que durante la convivencia hubo un clima de armonía, amor y respeto, pero repentinamente comenzaron a surgir problemas y desavenencias, debido a diferencias e incompatibilidad de caracteres que fueron poco a poco erosionando la relación, así como el desenvolvimiento de la vida en común, lo cual trajo como consecuencia que se iniciara un lento y profundo proceso de desafecto y desamor entre ellos, que conllevo a la separación de hecho.
Por otra parte, el actor solicita la citación de la cónyuge JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, razones por las cuales pide se declare el divorcio, fundamentado su pretensión en la jurisprudencia vinculante N° 1070 de fecha 09/12/2016, Expediente N° 16-0916 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En este sentido, es preciso destacar, que el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, prevé que la competencia por el territorio es el lugar del domicilio conyugal.
Por otra parte el Código Civil en su artículo 140 establece lo siguiente:
Artículo 140.- “Los cónyuges, de mutuo acuerdo, tomarán las decisiones relativas a la vida familiar, y fijarán el domicilio conyugal.”
Artículo 140-A.- “El domicilio conyugal será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso de que los cónyuges tuvieren residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia común….”
Al respecto, el solicitante manifiesta que fijaron su domicilio conyugal en la Urbanización Cañafístola, sector 01, casa N° 01 de esta ciudad de Calabozo Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico, siendo este su último domicilio conyugal, siendo así, este Tribunal resulta competente para conocer la presente causa. Así se decide.
Ahora bien, Para decidir este Tribunal observa, que el solicitante pretende se le declare el divorcio con fundamento en la jurisprudencia vinculante N° 1070 de fecha 09/12/2016, Expediente N° 16-0916 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, criterio jurisprudencial que hace mención a la incompatibilidad de caracteres, el desafecto o desamor entre los cónyuges, por lo que el accionante arguye que desea disolver el vínculo matrimonial contraído por él y su cónyuge, en virtud a que no existe entre ellos cohabitación como pareja, aunado a ello que cada uno realiza sus actividades cotidianas en forma individual y aislada, produciéndose de esta manera una incapacidad irreconciliable para existir conjuntamente, lo que ha traído como resultado infelicidad y perturbación de dicha unión matrimonial, que no es otra cosas que el agotamiento del amor, del afecto, de la tolerancia, del respeto y la convivencia, originándose así el perjuicio en la relación armónica de los deberes de socorro y ayuda mutua que debe existir entre los cónyuges.
Como resultado de lo anterior, esta jurisdicente pasa a analizar la presente solicitud y sus recaudos, así pues se evidencia al folio 4 y su vuelto, cursa original de acta de matrimonio Nº 11, folios 011 vto y 012 fte, Tomo I, expedida por el Registro Civil de la Parroquia Calabozo Municipio Francisco de Miranda del estado Guárico, en la que se demuestra que los ciudadanos JUAN VICENTE HERRERA FLORES y JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-8.628.851 y V-8.627.889, respectivamente, contrajeron matrimonio civil por ante la Antigua Prefectura del Municipio Francisco de Miranda, en fecha 14 de enero de 1.987, documental que este Tribunal le otorga pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 1.357 del Código Civil.
Es de destacar, que la ciudadana JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, fue debidamente citada tal y como consta en diligencia fechada 14/08/2017, mediante la cual la alguacil de este tribunal consignó la boleta de citación, firmada por la mencionada ciudadana, quien la recibió conforme, cursante a los folios 10 y 11, motivo por el que en fecha 20/10/2017 la mencionada ciudadana asistida de abogado, presentó escrito por ante este juzgado, contentivo de una serie de alegaciones genéricas relacionadas con los bienes obtenidos durante la comunidad conyugal, no haciendo referencia alguna en lo que respecta a la presente solicitud de divorcio, es decir, no hizo oposición en el presente proceso, para que no sea decretada la disolución del vínculo conyugal contraído por ellos, y vista la opinión favorable de la representación del Ministerio Público esta juzgadora en lo adelante procederá a resolver la solicitud efectuada.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 1070 de fecha 09/12/2016, Expediente N° 16-0916, con ponencia del Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, dejó sentado lo siguiente:
“En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.
En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.”
Sobre este particular, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal en sentencia de fecha 30 de Marzo del año 2017, Expediente N° AA20-C-2016-00479, con Ponencia del Magistrado GUILLERMO BLANCO, estableció el siguiente criterio:

“Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante.
Por último, ratifica esta Sala que el fin que deben perseguir los tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el artículo 49 de la Carta Política, una decisión que entienda el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de la protección familiar y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante) dada a la institución del divorcio en aras –entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la fuerza de cosa juzgada material.
Por ello, una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial, “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…” máxime si cualquier posible discusión en cuanto a una eventual reconciliación estaría –como ocurre en el sub iudice- fuera de contexto por ser ajena a las defensas que se plantearen, sin condicionantes probatorios, pues no existe prueba del sentimiento de desafecto ya que ello no está vinculada a condiciones ni a hechos comprobables; por el contrario, debe depender de la libre manifestación de voluntad del cónyuge de disolver el vínculo por la terminación del afecto, lo cual es más acorde con las exigencias constitucionales del libre consentimiento que impone el derecho de libre desarrollo de la personalidad y sin que el procedimiento pretenda invadir la esfera privada del cónyuge solicitante y sin cuestionar el libre desarrollo de su personalidad, pues las relaciones conyugales se establecen para vivir manteniendo el vínculo afectivo, por lo que a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria el Juez cuenta un amplio margen de discrecionalidad para acordar la demanda y sus pretensiones y de conformidad al artículo 11 del Código ritual, pueda, en casos excepcionales de duda, requerir alguna prueba que considere indispensable, sin permitírsele al Juez inmiscuirse en el libre desarrollo de la personalidad del individuo al valorar los motivos por los cuales el solicitante adoptó la decisión. El trámite es estrictamente objetivo y nada invasivo de la esfera individual del o la solicitante.
Todo ello obedece al respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en las sentencias de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, N° 446, del 15 de mayo de 2014, expediente N° 14-094; N° 693, de fecha 2 de junio de 2015, expediente N° 12-1163; y N° 1070, del 9 de diciembre de 2016, expediente N° 16-916. Así se decide.”
En base a dichos criterios, los cuales comparte esta instancia, la Sala Constitucional ha dispuesto que con solo la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge, tal situación apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas ante los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en los artículos 185 y 185-A del Código Civil, proceso que no amerita se abra un contradictorio, puesto que lo que alega y pretende demostrar el cónyuge peticionante es el profundo deseo y anhelo de no seguir unido legalmente con el otro cónyuge demandado, todo ello en expresión categórica de la manifestación de un sentimiento intrínseco y propio de la persona, que no es aplicable a los procedimientos llevados en la jurisdicción contenciosa, motivo por los que la Sala de Casación Civil del máximo TRIBUNAL analizando el criterio vinculante de la referida sentencia N° 1070, determinó que el procedimiento a seguir en los casos de desafecto y/o incompatibilidad de caracteres es el de la jurisdicción voluntaria, estatuida en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil.
Ante tales circunstancias, en el caso sub iudice se evidencia que el actor solicita se decrete la disolución del vínculo matrimonial, amparado en los mencionados criterios jurisprudenciales, en virtud a que considera que en dicha unión se han dado los supuestos anteriormente esgrimidos tales como: el agotamiento del amor, del afecto, la tolerancia el respeto y la convivencia, situaciones estas que encuadran perfectamente en los términos de desafecto y/o incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges del presente proceso, razones que conllevan a esta juzgadora a determinar que tales hechos no requieren de probanza alguna en razón a no existe prueba del sentimiento de desafecto ya que ello no está vinculada a condiciones ni a hechos comprobables, sino que por el contrario, todo ello depende de la libre manifestación de voluntad del cónyuge peticionante de disolver el vínculo matrimonial por la terminación del afecto, cumpliendo así con las exigencias constitucionales del libre consentimiento que impone el derecho de libre desarrollo de la personalidad, razones suficientes por las que la presente solicitud ha sido tramitada por el procedimiento de la jurisdicción voluntaria contemplado en el mencionado código adjetivo.
En el caso de autos, es evidente que la ciudadana JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, una vez citada compareció en su oportunidad asistida de abogado, a exponer lo que ha bien tuviera en relación a la solicitud, no contradiciendo en forma alguna lo indicado por el actor en su escrito de solicitud, de lo cual puede deducirse que ciertamente existen entre ellos todas estas circunstancias anteriormente expresadas; aunado a la opinión favorable del Fiscal del Ministerio Público, debe tenerse por cumplidos los extremos requeridos para la declaratoria del divorcio solicitado por el ciudadano JUAN VICENTE HERRERA FLORES, al no resultar negado el hecho de las circunstancias que han hecho imposible la vida en común. Por lo que debe declararse procedente la solicitud de divorcio formulada, tal como se resolverá en la dispositiva del fallo. Así se decide.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Gerónimo de Guayabal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CON LUGAR la Solicitud de Divorcio presentada por el ciudadano JUAN VICENTE HERRERA FLORES, venezolano, mayor de edad, titular de las Cédula de Identidad Nº V-8.628.851, de este domicilio y en consecuencia de conformidad con la Sentencia N° 1070 de fecha 09/12/2016, dictada por Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se declara DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL celebrado por los ciudadanos JUAN VICENTE HERRERA FLORES y JUANA DOLORES RODRIGUEZ DE HERRERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-8.628.851 y V-8.627.889, respectivamente, que contrajeron por ante la Antigua Prefectura del Municipio Francisco de Miranda, en fecha 14 de enero de 1.987, Acta N° 1, folio 012.
Ofíciese al Registro Civil de Calabozo Municipio Francisco de Miranda, al Registro Principal del Estado Guárico, y al Consejo Nacional Electoral (CNE) a los fines de que estampe la nota marginal correspondiente. Expídanse dos (2) juegos de copias certificadas del fallo con su decreto de ejecución, para su entrega a los solicitantes. Para la elaboración de las copias se autoriza a la ciudadana YESSICA IZQUIEL funcionaria adscrita a Tribunal, quien debe suscribir las mismas conjuntamente con la Secretaria. Se deja constancia que la sentencia fue dictada dentro del lapso legal correspondiente.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Francisco de Miranda, Camaguán y San Gerónimo de Guayabal de la Circunscripción del Estado Guárico, en Calabozo a los Treinta (30) días del mes de Enero del año Dos Mil dieciocho (2018). Dios y Federación. Años: 207º y 158º
La Jueza Temporal, La Secretaria,

Abg. Yumara Camacho. Abg. Eyriana Hernández

En esta misma fecha se dejó copia certificada de la presente decisión en este Tribunal y se publicó el día de hoy treinta (30) de enero de 2018, siendo las tres y treinta horas de la tarde (3:30 p.m.). La Secretaria,
Abg. Eyriana Hernández
Exp 367-2017.
MCR/eh/ivonne