TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO
Calabozo, 27 de Febrero de 2.018
207° y 159°
El presente Procedimiento por Acciones por Perturbación o Daño a la Propiedad o Posesión Agraria, iniciado por el ciudadano Edgor José Tabares Carico, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.121.291, representado por la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961, contra el ciudadano Juan Antonio Rodríguez, venezolano, mayor de edad, en fecha 17 de Mayo de 2.016, se le dio entrada asignándole el Nº 388-16.
I
NARRATIVA
En fecha 17 de Mayo de 2.016, el ciudadano Edgor José Tabares Carico, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.121.291, representado por la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961, presentó escrito con sus respectivos anexos ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico. (Folios 01 al 75).
En fecha 29 de Marzo de 2.016, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, admitió el presente asunto, así mismo, libró las respectivas boletas de citación a los fines de que las partes demandadas compareciera ante este tribunal a dar contestación a la presente demanda. (Folio 76 al 81).
En fecha 31 de Marzo de 2.016, este Juzgado revocó por contrario imperio el auto de fecha 29 de Marzo de 2.016. (Folio 82).En esta misma fecha se admitió la presente demanda y asimismo se libro boleta de citación al ciudadano Juan Antonio Rodríguez, identificado en autos. (Folio 83 al 84).
En fecha 14 de Abril de 2.016, suscribió diligencia la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961, mediante la cual solicitó copias certificadas de la demanda. (Folio 85 y 86).

En fecha 18 de Octubre de 2.016, suscribió diligencia la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961, mediante la cual solicitó comisionar al del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Juan German Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, a los fines de realizar la respectiva citación al ciudadano Juan Antonio Rodríguez, identificado en autos. (Folio 87 al 88).
En fecha 21 de Octubre de 2.016, este Juzgado mediante auto acordó comisionar al del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Juan German Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, a los fines de realizar la respectiva citación al ciudadano Juan Antonio Rodríguez, identificado en autos. (Folio 89 al 92).
En fecha 24 de Octubre de 2.016 este Juzgado acordó el desglose de la diligencia del alguacil de oficio Nº 228-16, debido a que fue agregado a la pieza principal del presente expediente, siendo lo correcto el cuaderno de medidas. (Folio 93).En esta misma fecha la Secretaria de este Juzgado dejó constancia de la corrección de foliatura en el presente expediente. (Folio 94).
En fecha 28 de Octubre de 2.016, suscribió diligencia el Alguacil de este Juzgado mediante el cual dejó constancia de no haber encantarado al ciudadano Juan Antonio Rodríguez. (Folio 95).
En fecha 24 de Enero de 2.016, suscribió diligencia la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961, mediante la cual solicitó designar Defensor Publico al ciudadano Juan Antonio Rodríguez. (Folio 96 y 97).
En fecha 25 de Enero de 2.016, este Juzgado mediante auto revocó por contrario imperio la diligencia de fecha 28 de Noviembre de 2.016, suscrita por el Alguacil de este tribunal manifestó haberse trasladado al municipio Ortiz a los fines de practicar la respectiva citación del ciudadano Juan Antonio Rodríguez, (demandado), dejando constancia de no haberla logrado en virtud de no encontrarse en la dirección descrita en el escrito libelar. (Folio 98).
En fecha 26 de Enero de 2.017, En fecha 28 de Octubre de 2.016, suscribió diligencia el Alguacil de este Juzgado mediante el cual consignó boleta de citación del ciudadano Juan Antonio Rodríguez, (demandado), en virtud de la diligencia de 18 de Octubre de 2.016, suscrita por la Defensora Pública Agraria primera Yoraima Liscano Sánchez, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del estado Guárico, mediante la cual solicitó comisionar al Tribunal Distribuidor del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Juan Germàn Roscio y Ortiz del estado Guárico, a los fines de llevar a cabo la citación . (Folio 99 al 113).

En fecha 08 de Enero de 2.017, se recibió oficio Nº 399-17 procedente del Tribunal Distribuidor del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Juan German Roscio y Ortiz del estado Guárico. (Folio 114 al 126).
CUADERNO DE MEDIDAS
En fecha 25 de Abril de 2.016, este Juzgado en vista de la consignación de las copias certificadas solicitadas, a los fines de proveer sobre el cuaderno de medidas, acordó la apertura del mismo. (Folio 01 al 13).
En fecha 03 de Mayo de 2.016, este Juzgado fijó fecha para la práctica de inspección judicial en el lote de terreno denominado “Fundo el Carmen”. (Folio 14 al 16).
En fecha 17 de Mayo de 2.016, suscribió diligencia el Alguacil de este Juzgado, mediante el cual consignó oficio debidamente firmado. (Folio 17 y 18).
En fecha 06 de Junio de 2.016, este Juzgado mediante auto, acordó diferir la práctica de inspección judicial en el lote de terreno antes señalado. (Folio 19).
En fecha 14 de Junio de 2.016, este Juzgado mediante auto acordó fijar nueva fecha para la práctica de inspección judicial en el lote de terreno denominado “Fundo el Carmen”. (Folio 20).
En fecha 27 de Junio de 2.016, suscribió diligencia la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961, mediante la cual solicitó fijar nueva fecha para la practica de inspección judicial. (Folio 21 y 22).
En fecha 01 de Julio de 2.016, este Juzgado mediante auto se pronunció respecto a la diligencia de fecha 01 de Julio de 2.016, suscrita por la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961. (Folio 23).
En fecha 22 de Julio de 2.016, suscribió diligencia la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961, mediante la cual solicitó fijar nueva fecha para la practica de inspección judicial. (Folio 24 y 25).
En fecha 21 de Septiembre de 2.016, este Juzgado mediante auto, acordó diferir la práctica de inspección judicial en el lote de terreno antes señalado. (Folio 26).
En fecha 26 de Septiembre de 2.016, este Juzgado mediante auto acordó fijar nueva fecha para la práctica de inspección judicial en el lote de terreno denominado “Fundo el Carmen”. (Folio 27).
En fecha 24 de Octubre de 2.016, la Secretaria de este Juzgado dejó constancia de la corrección de foliatura en el presente expediente. (Folio 28).
En fecha 23 de Noviembre de 2.016, este Juzgado mediante auto, acordó diferir la práctica de inspección judicial en el lote de terreno antes señalado. (Folio 29).
En fecha 28 de Noviembre de 2.016, este Juzgado mediante auto acordó fijar nueva fecha para la práctica de inspección judicial en el lote de terreno denominado “Fundo el Carmen”. (Folio 30).
En fecha 25 de Enero de 2.016, este Juzgado mediante auto, acordó diferir la práctica de inspección judicial en el lote de terreno antes señalado. (Folio 31).

II
DE LA COMPETENCIA

Establecido lo anterior considera necesario quien decide, pasar de seguida a establecer algunas consideraciones acerca de la competencia de este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, para dictar medidas y en ese sentido este sentenciador observa:
El artículo 151 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone lo siguiente:
“La jurisdicción especial agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y los demás tribunales señalados en esta Ley (…)” (Cursivas de éste Juzgado Agrario)

Asimismo, el artículo 197 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que:
“Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos (…) 7. Acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria (…) 15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.” (Cursivas de éste Juzgado Agrario).

De la interpretación de las normas parcialmente transcritas, se desprende la competencia específica que comportan los Juzgados Agrarios de Primera Instancia, respecto a todas las acciones o controversias, en las cuales no se encuentre involucrado ningún ente del estado como sujeto pasivo; razón por la cual, este Juzgado Agrario Segundo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, resulta competente para conocer del presente Juicio. Así se declara.
III
MOTIVA:
Ahora bien, este Tribunal para decidir observa:
El Derecho de acceso a los Órganos de Administración de Justicia, previsto en el artículo 26 Constitucional, es ejercido mediante la acción. El requisito del Interés Procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del Derecho Individual ostentado por la parte demandante que le permite elevar la infracción de la ley ante los Órganos de Administración de Justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad.
Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un Acto Procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El Interés Procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía Judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El Interés Procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que La Pérdida del Interés Procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.
Dispone el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
“La Perención de La Instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del Juez o Jueza después de vista, la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, después de vista la causa, no producirá la perención”.

Dicha Normativa Adjetiva Agraria, como Norma Especial que rige la materia agraria, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, en tanto en cuanto, solo debe aplicarse a Los Procedimientos Contenciosos Administrativos ya que dicha Norma se encuentra en el Capítulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”; sin embargo, hay que señalar que cuando una Norma Especial disponga de un recurso distinto al Derecho común debe aplicarse la de la norma especial, en caso contrario estaríamos frente a un Error de Derecho por parte del Juez Agrario.
En este orden de ideas, la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se pronunció en sentencia número 0803 del 19 de Mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.), lo que a continuación se transcribe:
“Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión Nº 2140, de fecha 15 de Diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente: Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la Perención ha considerar en Materia Agraria, será la establecida en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún Acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide. Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó La Perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece”

En el presente asunto, este Tribunal Agrario acata y comparte el criterio antes trascrito al establecer que se debe aplicar la perención breve de seis (06) meses en materia agraria, tal como lo contempla el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al decir que “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” no distingue si son Tribunales Superiores Agrarios o de Primera Instancia Agraria los que deben aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador no lo puede hacer el intérprete, es decir, se deben acatar por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela; por consiguiente, este Tribunal en acatamiento a dicha jurisprudencia es por la que aplica la perención breve de seis (6) meses. Así se decide.
Asimismo, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela), deja sentado que:
“(…) Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala Nº 00868 de fecha: 10 de Junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida).”
En base a la Sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este Tribunal Agrario y revisadas las actas procesales, destaca que la ultima actuación procesal de la parte actora, fue realizada en fecha 22 de Julio de 2.016, mediante cual la parte actora suscribió diligencia (folio 24 y 25 cuaderno de medidas), lo que en consecuencia, se traduce que hasta el día de despacho de hoy, ha transcurrido un lapso de un (01) año con siete (05) meses y seis (06) días, sin que se evidencie en autos Actividad Procesal alguna de la parte actora.
En corolario con lo sentado en la Sentencia ut supra, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el procedimiento principal hasta su culminación, lo cual manifiesta de manera fehaciente la absoluta paralización, lo que presupone la perención; resultando forzoso para este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, declarar La Perención de la Instancia y en consecuencia dar por terminado el presente Procedimiento y ordenar el archivo de la presente demanda, como en efecto se hará en el dispositivo del presente fallo. Así expresamente se declara

IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Segundo Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Competente para conocer el juicio de Acción de Perturbación a la Propiedad y Posesión Agraria, iniciado por iniciado por el ciudadano Edgor José Tabares Carico, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.121.291, representado por la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961, contra el ciudadano Juan Antonio Rodríguez, venezolano, mayor de edad.
SEGUNDO: Perención de la Instancia en la Acción de Acciones Derivadas de perturbaciones o daño a la Propiedad Posesión Agraria, iniciado por el ciudadano Edgor José Tabares Carico, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.121.291, representado por la Defensora Pública Primera Agraria del estado Guárico, adscrita a la unidad de Defensa Pública de San Juan de los Morros, abogada Yoraima Claret Liscano Sánchez, inscrita en el Inpre-Abogado Nº 30.961, contra el ciudadano Juan Antonio Rodríguez, venezolano, mayor de edad.
TERCERO: Se ordena el archivo de la presente causa.
CUARTO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la presente sentencia.
Publíquese y regístrese, y déjese copia certificada de la decisión.
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico; en Calabozo, a los veintisiete días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho (27/02/2018). Años: 207º de la Independencia y 159° de la Federación.

EL JUEZ,
HUMBERTO MORALES PADRON
LA SECRETARIA,
LILIANA MOGOLLON

En esta misma fecha se dejó copia certificada de la presente decisión en este Tribunal, y se anunció y publicó el día de hoy veintisiete de Febrero del año dos mil dieciocho (27/02/2018) siendo las dos horas de la tarde. (02:00 p.m.). Conste.

LA SECRETARIA,
LILIANA MOGOLLON

Exp.388-16
HMP/LM/mo