REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO. Valle de la Pascua, Veinticuatro (24) de Mayo del año 2018. 209º y 159º PARTE DEMANDANTE: JOHNNY GREGORIO HERNANDEZ OROPEZA, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-8.572.130. Abogado inscrito en el inpreabogado Nº 49.360 PARTE DEMANDADA: PEDRO JOSE DIAZ PALMA y MARIA SALOME RAMIREZ, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas Nros° V-8.568.788 y 10.978.866. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION. EXPEDIENTE Nº: 19.428. De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal puede evidenciar que este procedimiento se inició mediante libelo y recaudos anexos, cursantes a los folios 1 al 02, presentado por ante este Juzgado en fecha 26/01/2018, por el abogado JOHNNY GREGORIO HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.572.130, de este domicilio, mediante el cual procedió a demandar por COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION a los ciudadanos PEDRO JOSE DIAZ y MARIA SALOME RAMIREZ, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas Nros° V-8.568.788 y 10.978.866 respectivamente. Dicha demanda fue admitida según consta en auto de fecha 30 de Enero de 2018, cursante al folio 03, ordenándose la citación de la parte demandada, y hasta la presente fecha no consta a los autos que la parte actora le haya suministrado al Alguacil de este Juzgado los emolumentos necesarios, para lograr la citación de los demandados. A tales consideraciones observa este despacho lo siguiente: El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, Ordinal 1° señala textualmente: “…También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Conforme a la nueva doctrina referente a la perención breve, asentada en decisión del 6 de Julio de 2004, emanada de la SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Velez, “… la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad Constitucional, QUEDANDO CON PLENA APLICACIÓN LAS CONTENIDAS EN EL PRECITADO ARTÍCULO 12 DE DICHA LEY Y QUE IGUALMENTE DEBEN SER ESTRICTA Y OPORTUNAMENTE SATISFECHA POR LOS DEMANDANTES DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE DILIGENCIAS EN LAS QUE PONGA A LA ORDEN DEL ALGUACIL LOS MEDIOS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LA CITACIÓN DEL DEMANDADO, CUANDO ÉSTA HAYA DE PRACTICARSE EN UN SITIO O LUGAR QUE DISTE MAS DE 500 METROS DE LA SEDE DEL TRIBUNAL; DE OTRO MODO SU OMISIÓN O INCUMPLIMIENTO, ACARREARÁ LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA…”. Las obligaciones que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial al demandante para lograr la citación del demandado son los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede del Tribunal. A tales obligaciones se añade doctrinariamente la que tiene el actor de señalar al Tribunal la dirección en la cual debe practicarse la citación del demandado. Ahora bien, conforme a la misma sentencia en comento, lo que se requiere para impedir que se produzca la perención breve es que el demandante cumpla con esas obligaciones dentro del lapso de treinta (30) días a que se refiere el ordinal Primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, independientemente de que dentro de ese plazo se materialice o no la citación. En tal sentido, asentó la citada decisión: “Con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. No, por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días”. Siendo así las cosas, tal como se dijo anteriormente, la presente demanda fue admitida el 30 de Enero del año 2018, según auto cursante al folio 03, sin embargo, observa este Despacho que desde la fecha de la admisión de la demanda hasta el día de hoy, han transcurrido mas de Treinta (30) días consecutivos, y la parte actora no ha consignado los emolumentos necesarios para lograr la citación de los excepcionados de autos, tampoco consta a los autos diligencia suscrita por el Alguacil de este Juzgado, declarando recibir dichos emolumentos, cuestión que era imprescindible hacer dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, como lo prevé el articulo 267.1 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no hizo la parte actora, ya que lo que se requiere es que el actor cumpla con esa obligación dentro del lapso de treinta (30) días, una vez admitida la demanda, y no que tal citación se materialice dentro de ese lapso, por lo que este Despacho concluye en que ciertamente estamos en presencia del supuesto establecido en el numeral Primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, así como lo estableció el JUZGADO SUPERIOR CIVIL DEL ESTADO GUARICO, en Sentencia de fecha 30 de Marzo del 2015, en el Expediente Nº 7.462-14, y en Sentencia de fecha 02 de Julio del 2015, en el Expediente Nº 7.535-15, y así se resuelve. Por los motivos antes expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 267, Ordinal 1, y 269 del Código de Procedimiento Civil, declara de oficio la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA EN LA PRESENTE CAUSA y EXTINGUIDO EL PROCESO, asimismo se deja sin efecto LA MEDIDA DECRETADA POR ESTE DESPACHO EN FECHA 30/01/2018 y así se decide. Notifíquese a la parte actora de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese incluso en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, regístrese, y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, a los Veinticuatro (24) días del mes de Mayo del año 2018. AÑOS: 208° de la Independencia y 159° de la Federación. El Juez Dr. JOSÉ ALBERTO BERMEJO. La Secretaria Abog. DAISY DELGADO. Se publicó y registró la misma, siendo las 11:30 a.m., previa las formalidades de ley. La Secretaria JAB/dd/jlo. Exp. Nº 19.428.