TSJ Regiones - Decisión

EXPEDIENTE Nº: 022-19
I
NARRATIVA

Se recibe la presente solicitud, en fecha veinticuatro (24) de enero del año 2019, por Distribución, presentada por el ciudadano RICARDO DANIEL AGÜERO LATOUCHE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-18.503.965, asistido por el abogado FRANKLIN ENRIQUE AGÜERO HERNANDEZ, inscrito en el IPSA bajo el Nº 30.008, presento solicitud de divorcio por desafecto del vínculo matrimonial contraído con la ciudadana LISBETH REBECA ROMAN QUIROZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-20.587.423.
En fecha 28 de enero de 2019, se acordó darle entrada en los libros y se admitió la acción incoada y se ordenó la citación de la ciudadana LISBETH REBECA ROMAN QUIROZ, ya antes identificada, para que compareciera por ante este Juzgado dentro del TERCER (03) día de despacho siguiente a su citación, para que de contestación a la referida demanda, así mismo se libro notificación al Fiscal Décimo del Ministerio Público. (folio 10)
Por diligencia de fecha 22 de Julio de 2019, que corre inserta al folio 13, el alguacil consignó Boleta de citación por falta de impulso procesal de la parte actora. Por lo cual consignó Boleta de Citación sin firmar dirigida a la ciudadana LISBETH REBECA ROMAN QUIROZ antes identificado.
Corre al folio 16 de fecha 29 de julio del 2019, auto de abocamiento de la Juez de este Tribunal.
II
MOTIVA
Estudiadas como han sido las actas procesales que conforman la presente solicitud, y dada la facultad otorgada al Juez en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la declaratoria de oficio de la perención, estableciendo: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”, pasa este Tribunal, previo al análisis de la expediente, a revisar de oficio si en la presente solicitud ha operado la perención de la instancia contenida en el artículo 267 del 1º ordinal de nuestra norma adjetiva civil, en virtud de que desde la última actuación, de fecha 28 de enero del año 2019, fecha de la admisión hasta la presente fecha, la parte actora no ha dado impulso procesal correspondiente a la Citación en cumplimiento con dicho requisito formal esencial e indispensable para la validez del presente juicio, según lo preceptuado en el artículo 215 y siguientes eiusdem.
En la presente solicitud, se hace necesario señalar respecto de la revisión de las actuaciones que, el Principio Dispositivo en materia procesal está referido a que las partes pueden dirigir en todo momento el proceso; es decir tienen a su libre disposición el ejercicio de sus derechos procesales, en el momento indicado por la ley o la facultad de no ejercerlos, con las consecuencias jurídicas que eso conlleva, debiendo el Juez decidir en base a lo ocurrido en la litis. De allí que el Código de Procedimiento Civil venezolano en su artículo 11, establezca que el proceso civil no pueda iniciarse sino a instancia de parte sólo pudiendo el Juez actuar de oficio cuando la ley expresamente se lo permita. Por consiguiente, es el que asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.
Por otra parte, es necesario señalar que el encabezamiento del artículo 267 ejusdem establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”.
Cabe destacar que, en el Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala el Doctrinario venezolano Emilio Calvo Baca en su obra Terminología Jurídica Venezolana en el 2010 (p.428), el término “instancia” es usado en tres sentidos diferentes o acepciones, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte; dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo y tercero, como los grados jurisdiccionales de los Tribunales.
Sin embargo, en las disposiciones antes transcritas, el término “instancia” es utilizado como el impulso procesal de las partes, tal como lo señala el precitado Principio Dispositivo; pero, éste Perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción como medida sancionatoria a la falta de interés de las partes demostrada por su inactividad procesal en juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, donde la falta de ese impulso podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica, afectando así la búsqueda de esa sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, siendo estos, de conformidad con el artículo 3 constitucional, los fines del Estado; por ende es considerada materia de orden público.
Más sin embargo, es el caso que aún no ha transcurrido un año de inactividad procesal de la parte en la presente solicitud; pero sí pues ha transcurrido mucho más de los treinta (30) días que configuran la Perención Breve.
La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso de la citación por más treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, específicamente la falta de cumplimiento de parte de la actora de su obligación de suministrar los medios o recursos necesarios para el traslado del alguacil, a los fines de practicar la citación, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento.
En ese sentido, el ordinal 1° del ut supra mencionado artículo 267 eiusdem, configura dicha Perención Breve en los siguientes términos: “Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la Admisión de la Demanda, el demandante no hubiese comparecido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Refiriéndose a las circunstancias que extinguen la instancia.
Respecto a la misma, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del veintidós (22) de mayo del año 2008, en Expediente AA20-C-2007-000815 (caso: MARIOLGA QUINTERO TIRADO y NILYAN SANTANA LONGA), ratificando su criterio sentando por decisión N° 537 del 6 de julio de 2004, estableció lo siguiente:
“(omissis)… En otras palabras, las obligaciones de la parte demandante o intimante a los efectos de generar la citación o intimación de su contraparte, son precisamente: la facilitación de vehículo para el traslado del alguacil, los gastos de manutención y el hospedaje; lo que se traduce en la obligación de proporcionar al alguacil los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada. De modo que, el accionante tiene la obligación de presentar diligencia dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, en la cual ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes para la consecución de la citación. Dicho lo anterior, esta suprema jurisdicción concluye y reitera su doctrina en el sentido de dejar sentado que el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, es decir, no proporcionar al alguacil los medios y recursos necesarios para la práctica de la citación, acarreará la perención de la instancia…” (Sentencia Nº 00293 del 22/05/2008, Exp. Nº AA20-C-2007-000815). De acuerdo al criterio precedentemente citado, una vez admitida la demandada, la parte actora tiene la carga de impulsar la citación, carga ésta que se circunscribe a su obligación de proporcionar dentro del lapso de treinta (30) días siguientes a la admisión, los emolumentos al Alguacil a los fines del traslado para la práctica de la citación del demandado, siempre y cuando la dirección a la cual se ha de trasladar el Alguacil diste a más quinientos metros (500 M.) de la sede del Tribunal. El incumplimiento de la mencionada obligación, opera cuando la actora no facilita la labor del Alguacil del Tribunal, en cuanto a su traslado al domicilio del demandado y fundamentalmente al producirse la falta de consignación de los emolumentos respectivos, pasados los 30 días continuos una vez admitida la demanda, lo cual acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados… (omissis)”. Negritas del Tribunal

III
DISPOSITIVA
Por los razonamientos de hecho y derecho antes expuestos, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Juan Germán Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley conforme al articulo 253 Constitucional, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días sin que la actora hubiera cumplido con sus obligaciones para la practica de la citación de la cónyuge, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del articulo 267 y el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento.
No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Juan Germán Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, en San Juan de los Morros, a los primero (01) día del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

ABG. KARLA C. TORO DE G.
LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABG. MARISELA ORTA

En esta misma fecha, siendo las 08:30 a.m., se publicó la anterior decisión y se dejó copia autorizada, conforme está ordenado en el auto que antecede.-.

SECRETARIA