Por auto de fecha, 15 de Noviembre de Dos Mil Dieciocho, este Tribunal admitió la solicitud de Divorcio, fundamentada en el Artículo 185-del Código Civil, presentada por los ciudadanos Carlos Luis Soto Suárez y Thisbeth Anais Hernández Salazar, debidamente asistidos por el abogado Aníbal José Olivo Fonseca, up supra identificados, solicitaron la disolución del vinculo matrimonial por ellos contraído. En efecto, se desprende en resumen que: Contrajeron matrimonio civil en fecha, 25 de Septiembre del año Dos Mil Catorce (2.014) por ante el Registro Civil del Municipio Pedro Zaraza del estado Guárico, según acta Nº 65, como consta de la copia certificada del Acta de Matrimonio la cual acompañaron marcada con la letra “A”, folios 2 y 3 del presente expediente. Que fijaron su último domicilio conyugal en el sector El Médano, calle Bolívar, casa S/N, de este Municipio Pedro Zaraza del estado Guárico. Así mismo, expresaron que durante la unión matrimonial no procrearon hijos; de igual modo alegaron, que no adquirieron bienes que liquidar de ninguna naturaleza. Que desidieron separse de hecho el dìa 07 de Julio del año 2018, sin que hasta la fecha haya existido reconciliación alguna entre ellos, habiéndose tornado en una ruptura definitiva de la vida en común, razón por la cual, solicitan se decrete el divorcio con fundamento a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con jurisprudencia mantenida por la sala constitución del Tribunal supremo de justicia Nº 446-2014 y Nº 693 de fecha 2/06/15, alegando la separación voluntaria y la ruptura prolongada y permanente de la vida conyugal. El Tribunal para dictar sentencia, pasa a decir y a tales fines se observa: III Motivos de Hecho y de Derecho para la Decisión En fecha 13 de Noviembre de 2018, los partes Carlos Luis Soto Suárez y Thisbeth Anais Hernández Salazar, debidamente asistidos por el abogado Aníbal José Olivo Fonseca ya identificados, solicitan la disolución del vinculo matrimonial de manera voluntaria que fue contraído el 25 de Septiembre de 2014, de conformidad con el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la jurisprudencia mantenida por la sala constitución del Tribunal supremo de justicia Nº 446-2014 y Nº 693 de fecha 2/06/15, por haberse separado voluntariamente, y producido la ruptura prolongada y permanente de la vida conyugal desde el 07 de Julio del año 2018, alegando diferencias que hicieron imposible su vida en común. Se hace necesario indicar para quien aquí decide que nuestra Jurisprudencia Patria reconoce el matrimonio como una institución protegida por el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y también reconoce el matrimonio como un contrato civil solemne por el que los cónyuges manifiestan libremente su voluntad de fundar una familia en plena igualdad jurídica, y que implica una comunidad de vida y de bienes con recíprocos deberes y derechos entre cónyuges. El artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de manera expresa establece: “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges…” Existen componentes perturbadores que obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional, en el caso las diferencias que las hace imposibles la vida en común, El divorcio es el mecanismo jurídico válido para extinguir el vínculo matrimonial (artículo 184 del Código Civil), esto es, la solución que otorga el ordenamiento jurídico a los cónyuges, o a uno de ellos, cuando éstos consideran que sus diferencias son insalvables, por otra parte la pretensión de divorcio planteada por ambas partes admite el ejercicio paralelo de otros derechos y garantías constitucionales, como lo son: el libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, este última como el derecho que tienen los justiciables de activar el órgano jurisdiccional a los fines de obtener un pronunciamiento exhaustivo sobre sus pretensiones, expresión de la garantía de acceso a la justicia, y que es novedad de nuestro vigente texto constitucional al estipularlo como derecho autónomo en el artículo 26 constitucional, las partes voluntariamente al solicitar el divorcio involucran además varios derechos fundamentales, el primero perteneciente a la categoría de los derechos referidos a la libertad del ser humano consagrado en el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”. El artículo 77 ejusdem establece la protección al matrimonio, entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, lo que se concatena con los lineamientos del referido artículo 75. De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente por lo que nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges, este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos como consecuencia de su libre consentimiento la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 ejusdem). En efecto, esta última norma del mencionado Código prevé que el domicilio conyugal “será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo, su residencia”. La suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado, por lo que tal y como lo han manifestado las partes convienen en el divorcio, en el presente caso ambas partes plantearon como petición última el divorcio. Por todo lo antes expuesto, lo que a los fines de garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos de acuerdo al criterio con carácter vinculante de la jurisprudencia patria por sentencia de la Sala Constitucional de fecha 2 de junio de 2015, que establece: “Sentencia de la Sala Constitucional que realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil y establece, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento. (negrilla y resaltado de este Tribunal) En virtud de las consideraciones anteriores, este Tribunal, de conformidad con las normas legales y jurisprudencia invocadas, y habiendo quedado demostrado suficientemente en autos, que no hubo reconciliación entre los cónyuges; éste Tribunal considera que la presente solicitud es procedente y así se declara.