TSJ Regiones - Decisión

EXPEDIENTE Nº: 1766-17

I
NARRATIVA

Se recibe el escrito contentivo de Demanda de Daños y Perjuicios Morales presentada por la ciudadana DORA DEL VALLE PAREDES CORDERO, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera y titular de la cedula de identidad Nº V-15.711.601, Asistida por la abogada Ruth Colmenares, I.P.S.A 236.296, quien actúa en representación de los niños CAROLS DORELYS DEL VALLE TRONPIZ PAREDES, RICARDO JESUS ENRIQUE NORATO PAREDES y RICHANY JOSUE NORATO PEREDES; contra el ciudadano ORLANDO JOSE TROMPIZ BOLIVAR, quien es venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-11.119.570; ante el Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños Niñas y Adolescentes constante de Dos (02) folios útiles; proveniente del Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños Niñas y Adolescentes en fecha Siete (07) de Noviembre del año 2016.
En fecha Nueve (09) de Noviembre del 2016, corre inserto en folio (18), se le dio entrada y admisión de conformidad con el artículo 457 de la Ley de Protección de Niños Niñas y Adolescentes ante el Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños Niñas y Adolescentes de la misma forma se ordeno de conformidad con el artículo 458 de la mencionada Ley la notificación de la parte demandada, quedando registrada con el Nº JP41-V-2016-000371.
En fecha Veintidós (22) de Noviembre del 2016, en folio (22) la secretaria del tribunal ya identificado en autos deja constancia y certifica la actuación del alguacil.
En fecha Doce (12) de Diciembre del 2016, en folio (32) se designa al abogado JOSE FRANCISCO TIAPE MARCANO, como Defensor Público de conformidad con el articulo 26 y 78 de la presenta causa.
En fecha Diez (10) de Enero del 2017, en folio (33) consigno el Defensor Público abogado JOSE FRANCISCO TIAPE MARCANO escrito contentivo de promoción de pruebas constante de cuatro (4) folios útiles y anexos marcados con letras A hasta F. En dicha fecha mencionada en folio (45 hasta 52) asistido por el abogado ADOLFO JULIO MOLINA BRIZUELA I.P.S.A Nº 86.354, el ciudadano, ORLANDO JOSE TROMPIZ BOLIVAR, presento escrito dando contestación a la demanda y presenta escrito de promoción de pruebas en folio (54 y 55).
En fecha Doce (12) de Enero del 2017, en folio (56) la Juez Temporal se ABOCA al conocimiento.
En fecha Veinticuatro (24) de Enero del 2016, en folio (58,59 y 60) se celebro la audiencia preliminar en Fase de sustanciación en el presenta asunto.
En fecha Primero (01) de Marzo del 2019, en folio (70 y 71) el Tribunal de Primera Instancia de juicio de protección de Niños Niñas y Adolescentes se deja constancia de la no comparecencia de la parte actora la ciudadana DORA DEL VALLE PAREDES CORDERO ya identificada.
En fecha Ocho de Marzo del 2017, en folio (72 al 75) el Tribunal de Primera Instancia de juicio de protección de Niños Niñas y Adolescentes SE DECLARA INCOMPETENTE EN LA MATERIA a lo cual ordena remitirlo.
Se recibe la Demanda con sus respectivos anexos por Distribución en fecha Cinco (05) de Abril del año 2017, mediante escrito de Demanda de Daños y Perjuicios Morales presentada por la ciudadana DORA DEL VALLE PAREDES CORDERO, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera y titular de la cedula de identidad Nº V-15.711.601, Asistida por la abogada Ruth Colmenares, I.P.S.A 236.296, contra ciudadano ORLANDO JOSE TROMPIZ BOLIVAR, quien es venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-11.119.570, se ordena darle entrada en los libros.
Por auto de fecha 02 de Febrero del 2018, se ordena LA REPOSICION DE LA CAUSA al estado en que se provea sobre la admisión de la demanda y en consecuencia se insta a la parte demandante a subsanar en el escrito presentado las incongruencias en cuanto al libelo de la demanda no cuenta con los requisitos del articulo 340.
En fecha Veintitrés 23 de Septiembre del 2019, el alguacil temporal del Tribunal consigno Boleta de Notificación, sin firma por cuanto fue imposible ubicar a los ciudadanos: DORA DEL VALLE PEREDES CORDERO venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera y titular de la cedula de identidad Nº V-15.711.601, y del ciudadano ORLANDO JOSE TROMPIZ BOLIVAR, quien es venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-11.119.570.
II
MOTIVA

En la presente causa, se hace necesario señalar respecto de la revisión de las actuaciones dentro del ut supra identificado expediente que, el Principio Dispositivo en materia procesal está referido a que las partes pueden dirigir en todo momento el proceso; es decir tienen a su libre disposición el ejercicio de sus derechos procesales, en el momento indicado por la ley o la facultad de no ejercerlos, con las consecuencias jurídicas que eso conlleva, debiendo el Juez decidir en base a lo ocurrido en la litis. De allí que el Código de Procedimiento Civil venezolano en su artículo 11 establezca que el proceso civil no pueda iniciarse sino a instancia de parte sólo pudiendo el Juez actuar de oficio cuando la ley expresamente se lo permita. Por consiguiente, es el que asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso.
Ha sostenido el Catedrático y Magistrado peruano Omar Toledo Toribio (2003): “Un proceso está dominado por el principio dispositivo, entonces, cuando las partes pueden iniciarlo libremente y tienen la disponibilidad de este y de sus diversos actos y sus límites fijados por las partes”.
Tal criterio ha sido reafirmado por la Sala de Casación Civil de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 18 de enero del año 2006, exp. AA20-C-2005-000480 quien determinó que:
“La mejor forma de analizar el principio dispositivo es la de considerar diversos subprincipios que lo componen y que, en cada caso, se oponen al sistema inquisitivo. El objeto del proceso (thema decidendum) lo fijan las partes, y es dentro de esos límites que el juez debe decidir.”
Por otra parte, es necesario señalar que el artículo 267 (encabezamiento) del Código de Procedimiento Civil establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; aunado a ello, el artículo 269 eiusdem dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.
De lo anterior se desprende que, la regla general en materia de Perención, prevista en nuestro Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito, de mantener el necesario impulso procesal, origina la Perención, la cual, se verifica de derecho, no es renunciable por las partes y puede declararse de oficio.
Cabe destacar que, en el Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala el Doctrinario venezolano Emilio Calvo Baca en su obra Terminología Jurídica Venezolana en el 2010 (p.428), el término “instancia” es usado en tres sentidos diferentes o acepciones, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte; dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo y tercero, como los grados jurisdiccionales de los Tribunales.
Sin embargo, en las disposiciones antes transcritas, el término “instancia”, éste Perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción como medida sancionatoria a la falta de interés de las partes demostrada por su inactividad procesal en juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados; por ende, la norma que la regula ha sido considerada, como cuestión de orden público, con fundamento en los ut supra citados artículos y que la falta de ese impulso podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica, afectando así la búsqueda de esa sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, siendo estos, de conformidad con el artículo 3 constitucional, los fines del Estado.
Consecuentemente a este fin, en Sentencia de fecha 22 de Septiembre de 1993, Ponente Magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, juicio Banco República, C.A., Vs Alejandro Saturno Santander, Exp. Nº 92-0439, pag. 380, la Sala de Casación Civil sostuvo:
“la perención está concebida por el legislador como una norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. Siendo entonces la perención de orden público, se causa por la misma inactividad de las partes durante el procedimiento, antes que este entre en fase de sentencia, esto, es, al día siguiente del vencimiento del término para presentar las observaciones a los informes, pues al verificarse de derecho, su efecto extintivo se expende a todos los actos procesales anteriores y posteriores, salvo aquellos a que se refiere el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, es decir que la perención no impida que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas , ni las pruebas que resulten de los autos…”.
En tal sentido, siendo la Perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales y en autos, las circunstancias que determinan la procedencia de la Perención, la debe declarar de oficio, por ser una figura de orden público; por lo que, este tribunal de oficio debe declarar la Perención de la Instancia por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención.

III
DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JUAN GERMÁN ROSCIO Y ORTÍZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el 253 constitucional, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora conforme lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JUAN GERMÁN ROSCIO Y ORTÍZ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, en San Juan de los Morros, a los Siete (07) días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecinueve (2019). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,

ABG. KARLA C. TORO DE G
LA SECRETARIA TEMPORAL,

ABOG. MARISELA ORTA

En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las 12:30 P.M.

SECRETARIA.