TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Sexto (6º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Guárico
Calabozo, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
212º y 163º

ASUNTO: JH61-X-2022-000003
ASUNTO PRINCIPAL: JP61-L-2022-000040

PARTE DEMANDANTE: JOSE LUIS ALVARADO RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.796.925.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ANA SOBEIDA MEDINA inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 297.756.

PARTE DEMANDADA: NELSON ALEXIS VERA NIEVES y EDUARDO ALEXIS VERA GARCES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 8.793.125 y V-25.549.565, respectivamente.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: VICTOR PARRA HERNANDEZ y FERNANDO EDUARDO JIMENEZ GRATEROL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nros. V- 2.517.421 y V- 19.942.169, respectivamente; inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros.12.988 y 226.234, respectivamente.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES

Vista la diligencia que antecede, presentada en fecha 12 de diciembre de 2022, por la Profesional del Derecho ANA SOBEIDA MEDINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.650.875, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 297.756, en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano JOSE LUIS ALVARADO RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 11.796.925, mediante la cual solicita MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO sobre bienes propiedad de los ciudadanos NELSON ALEXIS VERA NIEVES y EDUARDO ALEXIS VERA GARCES, con ocasión a la causa principal Nº JP61-L-2022-000040 por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES; este Tribunal a los fines de proveer observa:

La tutela jurisdiccional cautelar, puede conceptualizarse, como aquella que va dirigida a hacer cesar el peligro de un daño en potencia, impidiendo la comisión o continuación de un acto perjudicial al interesado, o de forma alguna la facilitación de la actuación futura del derecho mismo.

En el nuevo proceso laboral venezolano las medidas cautelares están desarrolladas en la actual Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuya normativa laboral, en su exposición de motivos, prevé que el Juez del Trabajo está facultado para acordar las medidas cautelares, nominadas o innominadas, que considere pertinente, con estricta observancia de los requisitos de Ley, específicamente de aquellos establecidos en el artículo 137 ejusdem, que textualmente prevé: “A petición de parte, podrá el Juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinente a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama…”. (subrayado y negrillas del Tribunal)

En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia ha sido constante en establecer los requisitos de procedencia de estas medidas a saber: 1.- Que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo "Periculum in Mora"; y 2.- Que exista presunción grave del derecho que se reclama (“Fomus Boni Iuris”); para otros, se plantea un tercer requisito llamado el periculum in damni que consiste en el fundado temor de que las partes en el proceso puedan ocasionar un daño al derecho de la otra de difícil reparación; en cualquier caso, los dos primeros deben acreditarse de forma circunstanciada, aportando los medios de prueba que constituyan al menos presunción grave.
Al respecto en sentencia Nº RC.00844 del 11/08/2004, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció:

“… De allí que para que proceda el decreto de la medida cautelar, nominada o innominada, debe verificarse el cumplimiento de estos dos (2) requisitos, los cuales han sido exigidos por la doctrina y la jurisprudencia patria, quienes han sostenido que para decretar tales medidas cautelares, el juez debe evaluar no solo la “apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado” (fumus boni iuris), sino que debe verificar también de las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante de la medida, la existencia del “…peligro de infructuosidad de ese derecho (fumus periculum in mora), no sólo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra la que recae la medida…”

De igual forma, el doctor Miguel Ángel Martín en el Libro Derecho Procesal del Trabajo señala:

“… el Juez Laboral tanto de Primera como de Segunda instancia, tiene la facultad para decretar medidas cautelares, ya que la necesidad de salvaguardar los derechos discutidos, puede presentarse en cualquier estado y grado de la causa, pudiendo presentarse circunstancias que determinen que el obligado está realizando actos tendientes a insolventarse o empobrecerse, por ello el juez Laboral debe efectuar un estudio y análisis en el decreto de la medida y verificar la existencia de los requisitos de procedencia, porque de lo contrario incurriría en el vicio de inmotivación, inficionando el decreto cautelar…” “…Solo en aquellos casos en que el actor demuestre la existencia de circunstancias que evidencien la dilapidación u ocultación de los bienes del demandado, que en definitiva se traduce en un periculum in mora, el juez puede obrar a petición de parte y decretar (excepcionalmente) medidas cautelares para evitar se haga ilusoria la ejecución del fallo, siendo una carga del actor traer a los autos elementos suficientes que demuestren tal circunstancia…” (Negrillas y Subrayado del Tribunal).

En este orden, resulta oportuno indicar, que el nuevo proceso laboral venezolano está regido por los principios de oralidad, brevedad y celeridad, que hacen que el proceso sea considerablemente expedito, enalteciendo dentro del mismo el fenómeno jurídico de la mediación, impulsado por el Juez Laboral con el propósito de estimular y materializar los mecanismos alternos de solución de conflictos, bajo este escenario, resultaría contradictorio y hasta contraproducente, acordar medidas cautelares sin agotarse la fase de mediación; no obstante, es admisible, que en casos extremos cuando se demuestre la necesidad de decretar medidas preventivas, podría el juez laboral acordar las mismas, siempre que el interesado demuestre fehacientemente, la existencia de una presunción grave del derecho que reclama, así como, la existencia de un fundado temor de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo, presupuestos que se encuentran in situ en las medidas cautelares prevista en la nueva legislación adjetiva laboral.

Respecto al presupuesto relativo al periculum in mora, ha establecido la doctrina, “…Este peligro que bien puede denominarse “peligro de infructuosidad del fallo” no se presume sino que debe manifestarse de manera probable o potencial, además de ser cierto y serio; en otras palabras, el periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba ésta que debe ser a lo menos una presunción grave, constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio…”. (Criterio del Dr. R. Ortiz Ortiz, recogido en la obra Medidas preventivas y ejecutivas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, autor: Iván Darío Torres, páginas 39-40). (Negrillas y subrayado del tribunal).

Bajo los postulados señalados, desciende esta juzgadora a las actas y advierte que la parte actora, no acompañó a su solicitud elementos de prueba de los cuales se pueda al menos presumir la procedencia de los presupuestos necesarios para acordar una medida cautelar, así como a la demostración del periculum in mora o temor fundado al que se refiere la norma y la jurisprudencia, que permitiera evidenciar que efectivamente existe el peligro de que se haga nugatorio el derecho que se reclama, lo que evidentemente, no se soporta en las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, capítulo de las Medidas Preventivas, específicamente los artículos 585 y 588 de interpretación restrictiva; en tal sentido, claro como se encuentra que la solicitud resulta infundada e imprecisa e insistiendo en que la parte nada alegó ni probo para crear la convicción en esta jurisdicente de la inminencia de un riesgo, deviene forzoso, negar la medida preventiva solicitada, tal y como se señalará de seguidas.

Por todas las consideraciones expuestas, este Tribunal NIEGA al ciudadano JOSE LUIS ALVARADO RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.796.925, representado por la Profesional del Derecho ANA SOBEIDA MEDINA, inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el Nº 297.756, la Medida Preventiva de Embargo solicitada sobre bienes de los demandados ciudadanos NELSON ALEXIS VERA NIEVES y EDUARDO ALEXIS VERA GARCES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.793.125 y V-25.549.565, respectivamente. Y así se decide. Expídase copia certificada de la presente decisión y archívese en el copiador llevado al efecto por el Tribunal. Déjense correr los lapsos a los fines de la interposición de los recursos a que hubiera lugar. Publíquese y Regístrese. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto (6º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. Calabozo a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

LA JUEZ;

ABG. MARLENE ARANGUREN
LA SECRETARIA;

ABG. NAYIBE QUIÑONES

La anterior sentencia se publicó en esta misma fecha siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.).-

LA SECRETARIA;