TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Sexto (6º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Guárico
Calabozo, cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2.023)
213º y 164º

EXPEDIENTE Nº JP61-L-2023-000043
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PARTE ACTORA: EUNICE OLINDA MACHADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 9.591.612.

APODERADOS JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LEONEL CONCEPCIÓN RÁPALO VERA, inscrito en el Instituto de Previsión Social bajo los Nº 158.922.

PARTE DEMANDADA: NOLY YASMIN PAREDES GUDIÑO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 14.691.526.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: DIANA BEATRIZ PÉREZ ESPINOZA, inscrita en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nº 269.681.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS BENEFICIOS LABORALES.

Vista la diligencia que antecede, constante de un (01) folio útil, suscrita por la ciudadana EUNICE OLINDA MACHADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.591.612, debidamente asistida por el profesional del derecho JUAN ERASMO MOLINA, inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nº 59.009, mediante la cual DESISTE DEL PROCEDIMIENTO contra la ciudadana NOLY YASMIN PAREDES GUDIÑO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 14.691.526; este Tribunal, a los fines de proveer precisa:

La Institución del desistimiento de la acción o del procedimiento, como medio de autocomposición procesal, no se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que, se procederá a su revisión con fundamento en los artículos 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil, aplicados por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; así mismo, se entenderá a la doctrina y a la jurisprudencia en la materia.

En este sentido, la doctrina nacional, ha definido el desistimiento como “la declaración unilateral de voluntad del actor por la cual éste renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria”. (Arístides Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II, páginas 330 y siguientes). En el mismo orden el Dr. Ricardo la Roche define el desistimiento como el acto por el cual el actor retira la demanda, es decir, abandona la petición de otorgamiento de tutela jurídica, lo cual conlleva, sin medir aceptación del demandado a la extinción de la relación procesal por falta del impulso y la omisión de la consiguiente sentencia de fondo. Su fundamento radica en el principio dispositivo del proceso civil, que impide la iniciación y continuación de un proceso sin instancia de parte, ya que el Estado no tiene en el proceso un interés superior a la suma de los intereses individuales que están en juego, Así el efecto de un desistimiento de instancia es que se tengan por inexistentes todos los actos del procedimiento, desde que éste se inició, es decir, el procedimiento habido queda borrado.

Al respecto, la Sala de Casación Social del Tribunal supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, en sentencia de fecha diez (10) de mayo del 2005, caso: Miguel Olivares contra la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Trujillo, en relación al desistimiento, acogió criterio, sentado por la Sala de Casación Civil de fecha once (11) de agosto de 1993, ratificado en fecha veinticuatro (24) de abril de 1998, del tenor siguiente:

“Ahora bien, en cuanto el desistimiento, como acto de autocomposición procesal en la materia que se examina, la Sala estima que nada obsta para que el trabajador pueda desistir en un proceso laboral, siempre y cuando tal acto revista todos los requisitos necesarios para tenerse como válido y además no implique una enuncia a la acción que ostenta el trabajador como actor, pues esto implicaría que éste último no pudiese eventualmente reclamar sus derechos laborales a posteriori, lo que indudablemente sí atenta al principio de irrenuncibilidad de derechos laborales que benefician y protegen a todo trabajador. En efecto, puede el trabajador desistir del proceso mediante el cual reclama derechos que éste pretende, pero lo que ciertamente resulta inadmisible es que el trabajador desista de su acción, y al mismo tiempo de su pretensión, pues ello se constituye en una renuncia evidente a sus derechos, y por tanto equivale a ignorar la protección espacialísima que se comenta, y la cual se destina a resguardar los derechos del trabajador, frente a los actos del patrono; de admitirse lo anterior, sería desmejorar al trabajador en cuanto a sus derechos adquiridos se refiere, lo cual no es el espíritu y razón que sobre esta materia tuvo el legislador.” “…Observa esta Sala de Casación Social, como así quedo sentado en la decisión anteriormente transcrita, la cual acoge, que puede el trabajador desistir del proceso, pero no de la acción y de su pretensión, pues esto implicaría una renuncia a sus derechos y por ende constituye una desmejora en cuanto a los derechos adquiridos…” (Subrayado propio de la Sala).

De lo anterior se colige, que en el proceso laboral venezolano, el desistimiento o renuncia, es admisible cuando se trate del procedimiento, en virtud de que la renuncia genérica al derecho de acción, resulta inconstitucional, por contrariar las disposiciones contenidas en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el caso de marras ajustado al ordenamiento positivo, el diligenciante con facultades plenas para Desistir, renuncia al procedimiento, por lo que corresponde a esta Jurisdicente la función homologadora, y en este sentido, se revisó la manifestación del Apoderado Judicial del actor, quien tiene facultades para desistir del procedimiento, y en este sentido, se procedió a constatar los elementos siguientes: Primero: la existencia de una conducta humana voluntaria, realizada por un sujeto del proceso y que tiene trascendencia jurídica para el mismo y Segundo: que el acto procesal de la parte actora, quien es el sujeto legitimado para tal efecto, por ser el demandante el que inicia el proceso con la demanda, la Ley lo legitima para extinguirlo con el desistimiento; en este orden, examinados los presupuestos requeridos para la validez del desistimiento, tales como la legitimación, capacidad procesal del apoderado diligenciante y la declaración hecha expresamente mediante diligencia, a juicio del Tribunal se encuentran satisfechos; lo que en consecuencia conlleva a esta Instancia, de conformidad con el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a homologar el desistimiento del procedimiento tal y como se indicará en la parte dispositiva.

DISPOSITIVO

En mérito de las anteriores consideraciones, este tribunal Sexto (6º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y ejecución del Trabajo Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO suscrita por la ciudadana EUNICE OLINDA MACHADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.591.612, debidamente asistida por el profesional del derecho JUAN ERASMO MOLINA, inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nº 59.009, mediante la cual DESISTE DEL PROCEDIMIENTO contra la ciudadana NOLY YASMIN PAREDES GUDIÑO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 14.691.526 y le imparte su aprobación otorgándole el carácter de cosa juzgada. No se procede a condenar en costas dada la naturaleza de la decisión. Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese y Regístrese y Déjese Copia Autorizada. Dada, firmada y sellada en el despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. En la Ciudad de Calabozo al cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2.023). Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación.

LA JUEZA;

ABG. MARLENE ARANGUREN

LA SECRETARIA;

ABG. CLEMENCIA RAMOS
MA/Cr/nayibe*