TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, de septiembre de 2024
214º y 165º

Nro. Exp. AH12-X-FALLAS-2024-000037.-
Admitida como se encuentra la demanda por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMATORIA), incoado por la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil del Estado Venezolano, domiciliada en Caracas, registrada originalmente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el Tercer Trimestre de 1890, bajo el Nro. 33, folio 36 Vto., del Libro de Protocolo Duplicado y, con posterioridad, en el Registro de Comercio del entonces Distrito Federal el 02 de septiembre de 1890, bajo el No. 56, siendo su última modificación Estatutaria la que consta de asiento inscrito en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital de fecha 19 de julio de 2022, bajo el Nro. 23, Tomo 435-A, e inscrito en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) J-20009997-6, contra la sociedad mercantil INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), domiciliada, en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, inscrita ante el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) J-400026911, constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Cuarto del estado Zulia, en fecha 25 de octubre de 2015, bajo el Nro. 24, Tomo 87-A, del año 2019, así como a los ciudadanos FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PEREZ y ANGELICA LILIANA DURAN PARRA venezolanos, mayores de edad, de estado civil solteros y titulares de las cédulas de identidad Nro. V-9.785.009y V-27.496.100, respectivamente, en su carácter de fiadores, así como, las pretensiones cautelares solicitadas, a saber en las medidas preventivas de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR y EMBARGO PREVENTIVO.
Este Tribunal con el fin de pronunciarse acerca de las protecciones cautelares solicitadas, pasa hacer las siguientes consideraciones:

-I-
SOBRE LA PRETENSIÓN DE LA ACTORA

Como hechos constitutivos de la pretensión de la parte actora, se afirma en el libelo de demanda lo siguiente:
“En fecha cuatro (04) de enero de dos mil veintidós (2022), entre nuestra representada BANCO DE VENEZUELA Y LA DEUDORA supra identificada, se celebró un contrato de préstamo expresado en Unidad de Valor de Crédito (UVC) Sector Comercial, por la cantidad de DIEZ MILLONES DE UNIDADES DE VALOR DE CRÉDITO (UVC 10.000.000,00), que se anexa con la letra “B”, el cual fue liquidado en fecha trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022) y abonado a la cuenta corriente N° 0102-0749-52-0000001009, titular de LA DEUDORA y que mantiene en el BANCO DE VENEZUELA, tal como se evidencia de los estados de cuenta que se anexan marcados con la letra "C"
En este orden de ideas y a manera de facilitar la interpretación del contrato de préstamo que analizaremos más adelante, definiremos la UVC, como la unidad de Valor del Crédito con las que se expresan las obligaciones de EL DEUDOR; IDI como el índice de inversión determinado por el Banco Central de Venezuela tomando en cuenta la variación del tipo de cambio de referencia del mercado, publicado diariamente su página web; a la RESOLUCIÓN N° 21-01-02: como aquella emanada del Banco Central de Venezuela, de fecha siete (7 ) de enero de (2021), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 42.050 de fecha diecinueve (19) de enero de 2021, la cual regirá los términos de cada uno de los préstamos, que se anexan marcados con la letra "D"; FECHA DE OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO: como aquella fecha de liquidación del préstamo en la cuenta que el DEUDOR mantiene en esta entidad financiera; PRESTAMO: como la cantidad de UVC que EL DEUDOR recibió de esta entidad financiera en calidad de préstamo a interés, a su entera satisfacción, la cual es el resultado de dividir el monto en bolívares liquidado en la cuenta de EL DEUDOR entre el IDI vigente para la fecha de otorgamiento del préstamo, conforme lo estipula el artículo 1º de la RESOLUCIÓN; y a la TABLA DE AMORTIZACIÓN: como aquella que contempla los montos fijos de cada cuota de amortización del préstamo expresados en UVC, los cuales son contentivos de capital e intereses.
De tal manera, tenemos que las partes en el instrumento contractual acordaron que el préstamo devengaría a favor del BANCO DE VENEZUELA, desde la fecha de su liquidación, es decir, desde el trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022), hasta el vencimiento intereses calculados a la tasa fija del diez por ciento (10%) anual, pagaderos con cada cuota de amortización del préstamo, en un plazo de DOCE (12) MESES continuos, contados a partir de la fecha de liquidación, mediante el pago de DOCE (12) cuotas mensuales y consecutivas, contentivas de capital e interés sobre saldos deudores, por la cantidad de OCHOCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE UNIDADES DE VALOR DE CREDITO (UVC 879.158,87), pagadera la primera de ellas, al vencimiento de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de liquidación del préstamo y las cuotas restantes, pagaderas en la misma fecha de cada periodo de treinta (30) días subsiguientes hasta su pago total.

Sin embargo, LA DEUDORA realizó el pago de las primeras cinco (05) primeras cuotas, quedando pendiente por pagar las siete (07) cuotas restantes las cuales debieron honrarse en la fecha y montos que se discriminan a continuación:
(...Omisis...)

Ahora bien, ciudadano Juez, quedo entendido en la relación jurídica naciente en el contrato de préstamo mencionado, que la falta oportuna en el pago de las cuotas de amortización del capital adeudado y de sus intereses pactados, produciría el vencimiento del plazo de las obligaciones contraídas, haciéndose exigible el pago total e inmediato de los intereses de mora sobre la totalidad del capital adeudado, a la tasa de interés que resulte de aplicar la tasa de interés anual pactada, que es del diez por ciento (10%), adicionándole el cero coma ochenta por ciento (0,80%) puntos enteros porcentuales, calculados diariamente hasta su total y efectivo pago.

A los fines de garantizar los préstamos en referencia, los ciudadanos FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PEREZ y ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, antes identificados, se constituyeron como fiadores solidarios y principales pagadores de todas las obligaciones asumidas por LA DEUDORA, fianza que se mantiene vigente durante todo el tiempo que subsistan las obligaciones asumidas en el documento contractual, hasta su definitivo pago. Asimismo, quedó señalado que LOS FIADORES autorizaban al BANCO DE VENEZUELA de manera irrevocable, para cargarle en cualquier otra cuenta o depósito que mantenga en la entidad bancaria, cualquier suma de dinero que fuese exigible o compensarla con cualquier acreencia que tuviere a su favor. En cuanto a este punto cabe destacar, que LOS FIADORES suscribieron los referidos instrumentos contractuales, siendo expresa la fianza tal como lo exige el articula 1.808 del Código Civil venezolano.

Ahora bien, es el caso ciudadano Juez que, para esta fecha, la sociedad mercantil INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), Inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-400026911, como deudor principal, del préstamo descrito, no ha dado cumplimiento a las obligaciones de pago asumidas en el contratos de préstamo consignado con esta demanda judicial, a pesar de los esfuerzos extrajudiciales desplegados por el BANCO DE VENEZUELA, siendo exigibles y de plazos vencidos las siguientes cantidades de dinero, calculadas en UVC, en Bolívares y en Divisas:
(…Omisis…)

Finalmente, consideramos oportuno recalcar, que LAS PARTES acordaron en el contrato de préstamo referido, que, para todos los efectos derivados de la relación contractual, se elige como domicilio especial, único y excluyente, a la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales declararon someterse.”
(…Omisis…)

-II-
PETITORIO

“Con base en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, y visto que hasta la fecha de interposición de esta demanda, LA DEUDORA no ha dado cumplimiento a las obligaciones de pago asumidas en los contratos ampliamente identificados en este escrito libelar, motivo por el cual en nombre de nuestra representada demandamos, como en efecto formalmente lo hacemos, de conformidad con los artículos 640, 641 y 642 del Código de Procedimiento Civil, a la sociedad mercantil INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), Inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-400026911 domiciliada en Maracaibo, estado Zulia, y a los ciudadanos FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PEREZ y ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, quienes constituyeron como fiadores solidarios y principales pagadores de las obligaciones de LA DEUDORA, para que dentro del lapso de ley, apercibidos de ejecución, pague la cantidad liquida exigible de obligación contraída en el documento de préstamo marcado con la letra “B”, o en sud efecto sean condenado por este Tribunal, a pagar en los siguientes conceptos:
1.- La cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO UNIDADES DE VALOR DE CRÉDITO (UVC 5.953.998,55), ò su equivalente en bolívares, UN MILLON CUARENTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON OCHENTA Y UN CENTIMO (Bs. 1.049.272,81) por concepto de capital; el monto de UN MILLON ONCE MIL CUATROCIENTAS VEINTICINCO CON OCHENTA Y CINCO UNIDADES DE VALOR DE CRÉDITO (UVC 1.011.425,85), o su equivalente en bolívares, CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES BOLIVARES CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS, (Bs. 178.243,52) por concepto de intereses convencionales calculados desde el trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022), hasta el diecisiete (17) de enero de dos mil veinticuatro (2024); y la cantidad de SESENTA MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS UNIDADES DE VALOR DE CRÉDITO (UVC 60.454,96) ò su equivalente a DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLIVARES CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 10.653,97), por concepto de intereses moratorios calculados desde el trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022), hasta el diecisiete (17) de enero de 2024, que sumados los montos dan un total de SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS UNIDADES DE VALOR DE CREDITO (UVC 7.025.879,36), siendo el equivalente al diecisiete (17) de enero de 2024, la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs1.238.170,30); o el equivalente a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DIECISEIS CENTAVOS DE DOLAR ($ 34.349,16), según posición deudora que se anexa.
2.- Los intereses que se sigan venciendo hasta la total cancelación de la acreencia.
3.- Los costos y costas procesales del presente proceso.
4.- La indexación judicial o corrección monetaria debe ser acordada tomando en cuenta para ello el valor de las Unidad de Valor de Crédito y el criterio Jurisprudencial imperante, por tratarse de una obligación de valor, solicitamos a este digo Tribunal se sirva ordenar experticia complementaria del fallo, a fin de la Indexación judicial de las obligaciones principales reclamadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, ello en aplicación del criterio jurisprudencial que rige en nuestro país habida cuenta del hecho notorio inflacionario que afecta nuestra economía el cual hace procedente la aplicación de la corrección monetaria como método de preservación del valor de nuestro signo monetario. (…)”.-

-III-
SOBRE LA PRETENSIÓN CAUTELAR DE LA PARTE ACTORA

Alegatos de la parte actora, con respecto a las protecciones cautelares solicitadas:

DE LA SOLICITUD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
“...Es imperioso para esta representación judicial, traer a colación lo dispuesto en los artículos 585, 588 y 646 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se dispone lo siguiente:
"Articulo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama." (Destacado nuestro).
"Articulo 588.- En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1" El embargo de bienes muebles;
2" El secuestro de bienes determinados:
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podrá también el Juez acordar cuales quiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, adoptar las providencias que tengan por objeto hacer continuidad de la lesión.
Parágrafo Segundo: Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares revistas en el Parágrafo Primero de este Articulo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los Artículos 602, 603 у 604 de este Código
Parágrafo Tercero: El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el Artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del Articulo 589." (Destacado nuestro).
"Artículo 646: Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagares, cheques y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir el demandante afiance o comprueba solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas".
En atención a las normativas transcritas, es necesario manifestar que para que pueda ser decretada cualquier medida, deben cumplirse requisitos, los cuales se identifican como Fumus Boni Iuris, Periculum in Mora y Periculum in damni.

En este particular, el Maestro Piero Calamandrei, en su obra Instrucción al estudio sistemático de la Providencias Cautelares, (1945), establece las condiciones esenciales para que las mismas procedan judicialmente. Al respecto expone:

"En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos pueden asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho. Las condiciones de la providencia cautelar podrían, pues, considerarse estas dos. 1" la existencia de un derecho, 2º el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho. A estos dos puntos debería referirse el conocimiento del juez en vía cautelar. Hemos visto ya que las providencias cautelares tienen su razón de ser en la celeridad con que pueden obviar el peligro en vía de urgencia, adelantando la providencia definitiva: si para emanar la medida cautelar fuese necesario un conocimiento completo y profundo sobre la existencia del derecho, esto es, sobre el mismo objeto en relación al cual se espera la providencia principal, valdría más esperar ésta y no complicar el proceso con una duplicidad de investigaciones que no tendrían ni siquiera la ventaja de la prontitud. Para poder llenar su función de prevención urgente las providencias cautelares deben, pues, contentarse, en lugar de con la certeza, que solamente podría lograrse a través de largas investigaciones, con la apariencia del derecho, que puede resultar a través de una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria (summaria cognitivo) Diremos, pues, que los extremos para obtener la providencia cautelar (condiciones de la acción cautelar) son estos dos: 1° Apariencia de un derecho: 2º Peligros de que este derecho aparente no sea satisfecho".

Por otra parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 0155, de fecha 17 de Febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Carlos Escarrá Malavé, establece lo siguiente:

"Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la necesaria presencia de dos ddirectrices fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus bont turis y periculum in mora. Ambos requisitos se encuentran previstos en el artículo 585 ejusdem y están referidos, en primer lugar, a la apariencia de buen derecho que reclama en el fondo del proceso el solicitante de la medida cautelar y, en segundo lugar, a la existencia del riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria. En este sentido, ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de reparación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumarias o de una argumentación fáctico-jurídica consistente por parte del demandante (...) Asimismo, el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil contiene una exigencia adicional para el otorgamiento de las medidas cautelares innominadas, y es que debe existir un fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in mora especifico)".

En el caso de marras existe plena evidencia de la existencia de los elementos concurrentes antes señalados, a saber:
1°) Fumus Boni Juris (presunción de buen derecho), de la realización exhaustivo y análisis de los documentos fundamentales que acompañan al libelo de la demanda, documental marcada con la letra "B" contentiva del contrato de préstamo celebrado entre nuestra representada y LA DEUDORA, se evidencia las obligaciones contraídas por LAS PARTES y, por ende, se desprende el derecho que tenemos como parte accionante de solicitar la respectiva medida cautelar, dada la falta de pago por parte de LA DEUDORA, ya que su principal obligación era el pago; lo que constituye prueba fehaciente de la existencia de las obligaciones no cumplidas (pago).
Así consumada la falta de pago, hace exigible la obligación pecuniaria; quedando demostrado, de esta manera, la presunción del buen derecho alegada por esta representación judicial. Dicha situación de hecho, también queda demostrada en la posición deudora, mediante la cual se resume las fechas y los montos que debió pagar, evidenciándose la situación de morosidad y, por ende, de incumplimiento de las obligaciones de pago pactadas.
2°) Periculum in Mora (peligro de la infructuosidad del fallo): como advertimos supra, referido a que exista el riesgo de quedar ilusoria la ejecución del fallo, es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreparable a la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva. Al respecto, en nuestro caso, la sola existencia de las acreencias suficientemente alegadas y probadas por esta representación judicial, que tenemos frente a LA DEUDORA dada su situación de morosidad e insolvencia, concretamente la falta de pago o la espera indeterminada de que este se verifique, obra ineludiblemente frente a los intereses patrimoniales del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, lo cual incide o podría afectar, como consecuencia directa de lo anterior, en el interés colectivo, ya que debemos recordar que nuestra entidad bancaria es la primera del Estado Venezolano y que apoya en el apalacamiento de los planes sociales impulsados por el Ejecutivo Nacional, así como en la ejecución de las políticas de desarrollo industrial, comercial, agrario, entre otros.
3°) Periculum in damni: Con respecto a este requisito, conforme a los alegatos esgrimidos por esta representación judicial, manifestamos que LA DEUDORA puede causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho patrimonial nuestro, debido a su negativa de pagar la obligación pecuniaria, obviamente dicha situación, ocasiona una lesión en los derechos subjetivos de nuestra representada; dado que no solo se ha dejado de recibir los intereses convencionales que legalmente le correspondía percibir con ocasión al crédito comercial otorgado sino que, además, no ha recuperado el capital otorgado en calidad de préstamo, lo cual podría acarrear un desmejoramiento intrínseco en su patrimonio, ello en atención a la conducta desplegada por LA DEUDORA y solidariamente LOS FIADORES, en su actitud continua y contumaz de negarse al cumplimiento de su obligación principal: el pago del crédito adeudado; con tales actuaciones los accionados han dejado ilusoria la expectativa de cobro y evidentemente afectado el capital de nuestra entidad bancaria haciendo procedente. en virtud de los presupuestos antes transcritos, el decreto de la medida cautelar al estar cumplidos todos los requisitos de procedibilidad exigidos legalmente.
Así tenemos que en el asunto que nos ocupa, están perfectamente configurados los supuestos, en razón de los préstamos vencidos, líquidos y exigibles, por cuanto no han sido pagados por LA DEUDORA, acumulando por demás, una alta cantidad de intereses ordinarios y moratorios, según consta de los estados de cuenta marcado con la letra "C" y posición deudora marcada con la letra "E" anexos a este escrito libelar, que constituyen medios de prueba.
En este sentido, conforme a lo establecido en el artículo 588, en concordancia con el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos respetuosamente a este Juzgado decrete con carácter de urgencia las siguientes Medidas:

1.- Medida Cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar, sobre:
A. “Sobre un terreno y un galpón que sobre el mismo se encuentra construido con todas sus adherencias e instalaciones ubicado en Barrio Gallo Verde, sector 1, calle 99, entre avenida 52 A y 53, N°52A-10 (antes N° 98H-178) jurisdicción de la Parroquia Cecilio Acosta del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual abarca una extensión de 875.87 M2, conforme al código Catastral Número 231305U01001132013, según se evidencia de constancia N° 050814-10155464, de fecha 05 de agosto de 2014; y que según documento de adquisición mide 1.111,66 mts2; y comprendido dentro de las medidas y linderos siguientes NORTE: Mide VEINTIUN METROS CON SIETE CENTIMETROS (21,7 mts) y linda con un terreno que es o fue de la compañía anónima San Isidro Land & Development Corporation, ocupado por las casas signadas con los N°52-36 y 52-30. Que son o fueron propiedad de María de Acosta y Yoleida Urdaneta; SUR: Mide veintidós metros con sesenta y seis metros (22,66 mts) y linda con calle 98H; ESTE: Mide cincuenta metros con dieciséis centímetros (50,16) mts) y linda con terrenos que son o fueron de la Compañía Anónima San Isidro Land & Developmet Corporation, ocupado por las casas signadas con los N° 52-18, 98H-64 y 98H-54, que son o fueron propiedad de Rafael Vergel, Emiro Urdaneta y Magalis Jiménez, y OESTE: Mide CINCUENTA Y TRES METROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMETROS (53,86 MTS) y linda con terrenos que son o fueron de la compañía Anónima San Isidro Land & Developmet Corporation, ocupado por las casas signadas con los Números 98H-180 y la otra sin número visible, que son o fueron de Elsa Fernández y Luis López, cuya área total según documento es de UN MIL CIENTO ONCE CON SESENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS (1.11,66 mts2) y le pertenece a la ciudadana ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, antes identificada, según consta de documento inscrito ante el Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo, Estado Zulia el 15 de agosto de 2014, bajo el N° 2014.900, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el N° 481.21.5.11.2015 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2014. Tal como consta de copias fotostáticas contentivo de cuatro (4) folios útiles y sus vueltos marcado con la letra “F”.

2.- Medida Preventiva de Embargo:
“A. Sobre las cuentas Nros. 0163-0002-1800-2301-0065; 0163-0706-8870-6300-3482; 0160-0000-0000-0000-7090 y 0160-0000-0000-0000-7004 del Banco del Tesoro, perteneciente a la empresa INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), Inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-4000269-1, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (1.238.170,30), que representa el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponible en esa cuenta.
B. Sobre la cuenta N° 0174-0125-4412-5419-4366, del Banco Banplus, perteneciente a la empresa INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), identificada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-4000269-1, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170,30), que representan el monto adeudado, mas el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta.
C. Sobre la cuenta N° 0134-0001-6500-1117-8087 de Banesco Banco Universal, perteneciente a la empresa INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), identificada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-4000269-1, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170,30), que representan el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta.
D. Sobre la cuenta N° 0116-0116-2500-2190-6637 del Banco Occidental de Descuento (B.O.D), perteneciente a la empresa INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), identificada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-4000269-1, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170,30). Que representan el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta.
E. Sobre la cuenta N° 0175-0534-3900-7231-8304 del Banco Bicentenario, perteneciente a la empresa INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), identificada en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) Nº J-4000269-1, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170,30). Que representan el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta
F. Sobre la cuenta corriente N° 0116-0486-2200-1498-7414 del Banco Occidental de Descuento (B.O.D), perteneciente a la ciudadana ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-27.496.100, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170,30). Que representan el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta.
I. Sobre la cuenta corriente N° 0134-0220-5522-0305-1535 de Banesco Banco Universal, perteneciente a la ciudadana ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-27.496.100, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170, 30). Que representan el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta.
J. Sobre la cuenta corriente N° 0174-0125-4512-5420-63767 del Banco Banplus, perteneciente a la ciudadana ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-27.496.100, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170, 30). Que representan el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta.
K. Sobre la cuenta corriente N° 0116-0486-2400-1494-8966 del Banco Occidental de Descuento, perteneciente al ciudadano FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PEREZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.785.009, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170, 30). Que representan el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta.
L. Sobre la cuenta corriente N° 0134-0709-6170-9300-0549 de Banesco Banco Universal, perteneciente al ciudadano FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PEREZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.785.009, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170, 30), que representan el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta.
M. Sobre la cuenta corriente N° 0174-0125-4612-5420-6384 del Banco Banplus, perteneciente al ciudadano FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PEREZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.785.009, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170, 30). que representan el monto adeudado, más el 30% de las costas procesales, o el monto disponibles en esa cuenta.
N. Sobre las acciones que le pertenecen al ciudadano FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PEREZ, titular de la cédula de identidad N° V-9.785.009, en la Sociedad Mercantil “INTERNATIONAL FRANK SERVICES, C.A.” Inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-412767259, constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Cuarto del Estado Zulia, en fecha 07 de junio de 2019, bajo el Nro. 103, Tomo 13-A-Rm 4TO, del año 2019, que representa un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social de la empresa, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170, 30), que corresponde a la cantidad demandada, más el 30% de las costas procesales, tal como consta en copias fotostáticas del acta constitutiva que se anexan marcado con letra “G” y posteriormente se consignara copia certificada de la misma.
Ñ. Sobre las acciones que le pertenecen a la ciudadana ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, titular de la cédula de identidad N° V-27.496.100, en la Sociedad Mercantil “INTERNATIONAL FRANK SERVICES, C.A.” Inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-412767259, constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Cuarto del Estado Zulia, en fecha 07 de junio de 2019, bajo el Nro. 103, Tomo 13-A-Rm 4TO, del año 2019, que representa un VEINTICUATRO (24%) del capital social de la empresa, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs.1.238.170, 30), que corresponde a la cantidad demandada, más el 30% de las costas procesales, tal como consta en copias fotostáticas del acta constitutiva que se anexan marcado con letra “G” y posteriormente se consignara copia certificada de la misma.”

-IV-
DE LOS RECAUDOS CONSIGNADOS
JUNTO A LA DEMANDA

1. Marcado con la letra “A”, copia simple de poder especial conferido por el ciudadano ROMAN MANIGLIA, en su carácter de Presidente del BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, a los abogados BEATRIZ FERNÁNDEZ, CATERINA CANTELMI JEWTUSCHENKO, LISBETH JOSEFINA BORREGO CASTILLO, RAÚL GONZALO MEDIDA VELEZ, MARÍA CAROLINA BENÍTEZ VEGA, ALEJANDRO ISSAC OTALORA, JIMENEZ, VÍCTOR JOSÉ ETANCOURT, MORENO, JOHN HENRY QUIJADA UGUETO, MARTHA YANMIRA GÓNZALEZ CISNERO, DVID ALEJANDRO MORENO VASQUEZ, ARTURO LUIS BLANCO, CANDIDA GREGORIA GÓNZALEZ FARÍAS, MARIANA DANIELA MARCON LEDEZMA, ANYEL JOSÉ CRESPO PACHECO, PLACIDO VICENTE MUJICA, DIANA CAROLINA SARGO VARGAS y JHONATAN ISRAEL MORALES ZURITA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. . 95.067, 86.790, 59.143, 112.135, 49.667, 187.326, 112.760, 306.755, 306.755, 278.470, 113.539, 196.301, 255.234, 244.096, 126.557, 187.713 y 212.321, respectivamente.-
2. Marcado con la letra “B”, original de contrato de préstamo, suscrito entre el BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, y la sociedad mercantil INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), en fecha 04 de enero de 2022, en la ciudad de Maracaibo.
3. Marcado con la letra “C”, Original de estados de cuentas de la sociedad mercantil INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022; y enero, febrero, marzo abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre, octubre del 2023.
4. Marcado con la letra “D”, copia simple de Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nro. 42.050, de fecha 19 de enero de 2021, Resolución Nro. 21-01-02.
5. Marcado con la letra “E”, Original Posición Deudora del sociedad mercantil INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA),
6. Marcado con la letra “F”, copia simple de documento de propiedad de un bien inmueble.
7. Marcado con la letra “G”, copia simple del acta constitutiva de la sociedad mercantil “INTERNATIONAL FRANK SERVICES, C.A.”

-V-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Considera esta Juzgadora, que la potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la Tutela Judicial Efectiva, le confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, es decir, busca evitar cualquier daño que se presente como probable, concreto e inminente en el marco de un proceso en perjuicio de las partes y por supuesto en detrimento de la administración de justicia, dando así cumpliendo al contenido del artículo 257 de la Constitución Nacional, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia.-
El jurisconsulto patrio Ricardo Henríquez La Roche, según las citas que hace en su obra Las Instituciones del Derecho Procesal, 2005, página 499, lo siguiente: “para el maestro Carneluti, sirve para garantizar constituye una cautela para el buen fin de otro proceso defintivo”, y para Micheli tiene como finalidad, “evitar la violación de un derecho ante la amenaza seria de ser violado, presuponiendo una fundado temor, o sea, el interés y serio en el demandante, para evitar peticiones relativas a ilusas y utópicas amenazas”.-

Sobre este particular, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº.1662, de fecha 16 de junio de 2003, dejó sentado lo siguiente:

“(…) las medidas cautelares son actos judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces.”

En sintonía con respecto al poder cautelar, es pertinente señalar que las medidas cautelares típicas, son preferentemente patrimoniales y tienden a garantizar concretamente la ejecución del fallo (asegurando que existían bienes suficientes sobre los cuales trabar la ejecución a través de las medidas ejecutivas). Este tipo de medidas forman parte de lo que en doctrina se ha denominado el poder cautelar general y están consagradas en la legislación patria en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual textualmente señala lo siguiente:

“Artículo 588: En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de causa, las siguientes medidas: 1º El embargo de bienes muebles; 2º El secuestro de bienes determinados; 3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.

Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
Parágrafo Segundo: Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602, 603 y 604 de este Código.

Parágrafo Tercero: El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el artículo 590. Si objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del artículo 589...”.-

De manera pues, el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren y la providencia cautelar sólo se concede cuando se verifiquen el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Estos requisitos de procedencia que en general exige el ordenamiento adjetivo para el decreto de todas las medidas preventivas, a saber:i) la presunción grave del derecho que se reclama (fumusboni iuris) y ii) la presunción grave que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).-
En ese sentido, el mismo artículo 585 del Código de Procedimiento Civil no exige que el Decreto que acuerda o niega la pretensión cautelar deba ser motivado, lo cual ha sido confirmado tanto por los Tribunales Superiores como por nuestro máximo Tribunal de Justicia.
Con base al criterio anteriormente expuesto, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas efectuó las siguientes consideraciones:
“(...) el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, no ordena al juez que motive el decreto que acuerda la medida preventiva, por lo que debe interpretarse que al Juzgador le basta con expresar en el decreto que según su criterio están llenos los requisitos que exige el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para que se decrete la medida. En el mismo sentido debe señalarse que tampoco en el artículo que regula el secuestro de bienes determinados, se exige el requisito de señalar expresamente en cuál de las causales se fundamenta la medida de secuestro decretada...”.
Asimismo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Especial Agraria, de fecha 04 de junio de 2004, con Ponencia de la Conjuez Nora Vásquez de Escobar, señalo lo siguiente:
“...el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existe en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de queda ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama...”
Sin embargo, este Tribunal, observa que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.
En el caso de marras, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal, que en este estado y grado de la causa existen elementos suficientes que demuestren in limine litis, que exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, así como la presunción grave del derecho que se demanda.
Al respecto, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Especial Agraria, en la sentencia de fecha 04 de junio de 2004 anteriormente citada en este capítulo, ha señalado lo siguiente:
“...En cuanto al periculium in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante este tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia. Con referencia la fomus boni iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama...”.
En el caso que nos ocupa, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal, sin que ello constituya pronunciamiento de mérito, que existe en este estado y grado del proceso elementos suficientes de prueba que permitan demostrar que en este caso exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, y de los cuales se presuma la existencia del derecho que se reclama. ASÍ SE ESTABLECE.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Juzgadora, en el caso de autos, considera PROCEDENTE las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante de autos, toda vez que la solicitud de la misma llena los extremos exigidos por el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, de que existe el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora),y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave (fumusboni iuris), y ASÍ SE DECIDE.-

En base a las consideraciones anteriores y revisadas las actas que conforman el presente expediente, y sin que ello signifique prejuzgar sobre la materia de fondo, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta:

PRIMERO: MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el inmueble propiedad de la ciudadana ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, en su carácter de representante legal y fiador solidario de la sociedad mercantil INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), el cuales se detalla a continuación:
A. “Sobre un terreno y un galpón que sobre el mismo se encuentra construido con todas sus adherencias e instalaciones ubicado en Barrio Gallo Verde, sector 1, calle 99, entre avenida 52 A y 53, N°52A-10 (antes N° 98H-178) jurisdicción de la Parroquia Cecilio Acosta del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual abarca una extensión de 875.87 M2, conforme al código Catastral Número 231305U01001132013, según se evidencia de constancia N° 050814-10155464, de fecha 05 de agosto de 2014; y que según documento de adquisición mide 1.111,66 mts2; y comprendido dentro de las medidas y linderos siguientes NORTE: Mide VEINTIUN METROS CON SIETE CENTIMETROS (21,7 mts) y linda con un terreno que es o fue de la compañía anónima San Isidro Land & Development Corporation, ocupado por las casas signadas con los N°52-36 y 52-30. Que son o fueron propiedad de María de Acosta y Yoleida Urdaneta; SUR: Mide veintidós metros con sesenta y seis metros (22,66 mts) y linda con calle 98H; ESTE: Mide cincuenta metros con dieciséis centímetros (50,16) mts) y linda con terrenos que son o fueron de la Compañía Anónima San Isidro Land & Developmet Corporation, ocupado por las casas signadas con los N° 52-18, 98H-64 y 98H-54, que son o fueron propiedad de Rafael Vergel, Emiro Urdaneta y Magalis Jiménez, y OESTE: Mide CINCUENTA Y TRES METROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMETROS (53,86 MTS) y linda con terrenos que son o fueron de la compañía Anónima San Isidro Land & Developmet Corporation, ocupado por las casas signadas con los Números 98H-180 y la otra sin número visible, que son o fueron de Elsa Fernández y Luis López, cuya área total según documento es de UN MIL CIENTO ONCE CON SESENTA Y SEIS DECIMETROS CUADRADOS (1.11,66 mts2) y le pertenece a la ciudadana ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, antes identificada, según consta de documento inscrito ante el Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo, Estado Zulia el 15 de agosto de 2014, bajo el N° 2014.900, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el N° 481.21.5.11.2015 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2014. Tal como consta de copias fotostáticas contentivo de cuatro (4) folios útiles y sus vueltos marcado con la letra “F”.

SEGUNDO: Se ordena oficiar al Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo, estado Zulia, conforme a lo establecido en el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: SE DECRETA LA MEDIDA PREVENTIVA EMBARGO sobre bienes, propiedad de la sociedad mercantil INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), así como de los ciudadanos FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PEREZ y ANGELICA LILIANA DURAN PARRA, en su carácter de fiadores de la sociedad mercantil INTERNATIONAL FRANK COMPANY, C.A. (INFRANCOMCA), hasta cubrir la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLIVARES CON DIECISIETE CÉNTIMOS (Bs. 2.785.883,17), monto que comprende el doble de la cantidad demandada como deuda principal, más las costas del proceso calculado en un 25%. Si la medida recayera sobre cantidad líquida, el monto a ser embargado será hasta por la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE BOLIVARES CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.1.547.712, 87), monto este que comprende la cantidad demandada, más las costas calculadas por este Tribunal en un veinticinco por ciento (25%) de la cantidad demandada como deuda principal.

CUARTO: A los fines de la práctica de la medida aquí decretada, se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, que designe previamente la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial. Igualmente, a tal efecto, se le faculta al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas correspondiente, para que designe los auxiliares de justicia que considere necesario y les tome el juramento de Ley, líbrese despacho de comisión junto con el presente decreto cautelar.-
QUINTO: Se designa correo especial para el traslado y devolución de los oficios aquí indicados, a cualesquiera de los abogados BEATRIZ FERNÁNDEZ, CATERINA CANTELMI JEWTUSCHENKO, LISBETH JOSEFINA BORREGO CASTILLO, RAÚL GONZALO MEDIDA VELEZ, MARÍA CAROLINA BENÍTEZ VEGA, ALEJANDRO ISSAC OTALORA, JIMENEZ, VÍCTOR JOSÉ ETANCOURT, MORENO, JOHN HENRY QUUIJADA UGUETO, MARTHA YANMIRA GÓNZALEZ CISNERO, DVID ALEJANDRO MORENO VASQUEZ, ARTURO LUIS BLANCO, CANDIDA GREGORIA GÓNZALEZ FARÍAS, MARIANA DANIELA MARCON LEDEZMA, ANYEL JOSÉ CRESPO PACHECO, PLACIDO VICENTE MUJICA, DIANA CAROLINA SARGO VARGAS y JHONATAN ISRAEL MORALES ZURITA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 95.067, 86.790, 59.143, 112.135, 49.667, 187.326, 112.760, 306.755, 306.755, 278.470, 113.539, 196.301, 255.234, 244.096, 126.557, 187.713 y 212.321, respectivamente, apoderados judiciales de la parte actora, sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL,.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los ___ días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.-
LA JUEZ,

ANDREINA MEJIAS DIAZ.
EL SECRETARIO ACC,

PEDRO NIETO.

En esta misma fecha, siendo las _________, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
Se requieren los fotostatos del presente Decreto para librar los oficios correspondientes.
EL SECRETARIO ACC,

PEDRO NIETO.
AMD/PN/Jennifer