TSJ Regiones - Decisión

San Juan de los Morros, doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
214º y 165º

ASUNTO: JP41-G-2023-000065
JP41-X-2025-000002
En fecha siete (07) de Agosto del año dos mil veintitrés (2023), el abogado René del Jesús RAMOS FERMÍN (INPREABOGADO Nº 157.363), actuando en representación del ciudadano LORENZO RAMÓN MATHEUS GONZÁLEZ, quien actúa bajo el carácter de presidente de la empresa estadal AGROGUÁRICO POTENCIA S.A., interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Juzgado, escrito contentivo de la Demanda de Contenido Patrimonial conjuntamente con medidas preventivas de embargos y prohibición de enajenar y gravar, contra el ciudadano VICTOR EMILIO SUAREZ GARCÍA (Cédula de Identidad Nº V-12.899.377), mediante la cual solicitó el pago de “…CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS, CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (14.564,20$), que equivale a CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (407.943,24 BS), tomando como referencia el tipo de cambio vigente al 03 de julio de 2023 que era de VEINTIOCHOBOLÍVARES CON UN CÉNTIMOS (28,01 Bs) por dólar americano lo que equivale a la cantidad exacta de 45.327,02 UNIDADES TRIBUTARIA (UT)…”.
I
ANTECEDENTES
Por auto de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), se dio entrada y se registró el presente asunto en los libros respectivos.

En fecha nueve (09) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), esta juzgadora declaró su competencia para conocer del presente asunto, asimismo lo admitió, ordenó citar al ciudadanoVICTOR EMILIO SUAREZ GARCÍA (Cédula de Identidad Nº V-12.899.377), a los fines de comparecer ante este juzgado a la celebración de la audiencia preliminar, así como la notificación al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO y, en consecuencia se ordenó la apertura de un cuaderno separado de medidas previa consignación de los fotostatos por la parte querellante.

En virtud de lo anterior, este Juzgado pasa a realizar las consideraciones siguientes:
II
DE LA SOLICITUD CAUTELAR
Respecto a la solicitud de medidas preventivas de Embargos y Prohibición de Enajenar y Gravar el demandante adujo lo siguiente:
Que “…con fundamento en las consideraciones pertinentes, y motivado a la documentación acompañada a este libelo, que acredita el fundamento de esta acción Judicial, toda vez que se desprende la apariencia del buen derecho reclamado o FUMMUS BONIS IURIS, en virtud de que las obligaciones pautadas en el contrato denominado ‘Convenio de Financiamiento de Insumos Agrícolas para Desarrollar el Proyecto de Plan de Siembra de Invierno del Ciclo 2021’, no fueron honradas en favor de la empresa que preside mi poderdante, por parte del ciudadanoVICTOR EMILIO SUAREZ GARCÍA, aunado a ello, que sin la aplicación de una medida preventiva, se estaría en riesgo manifiesto de la ilusoria ejecución del fallo, por una posible o presunta insolvencia por parte del deudor demandado, lo que constituye el PERICULUM INMORA, con el objeto de garantizar las resultas del juicio, es por lo que solicito de conformidad a los Artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en concordancia con lo establecido en los artículos 585 y 588Númeral 3º, del Código de Procedimiento Civil , el Tribunal decrete Medida Preventivas de Embargos y Prohibición de Enajenar y Gravar sobre los siguientes Bienes e Inmuebles Propiedad del Demandado, los cuales identifico a continuación según Contrato de Prenda sin desplazamiento de posesión entre la Empresa AGROGUÁRICO POTENCIA y el ciudadanoVICTOR EMILIO SUAREZ GARCÍA (Cédula de Identidad Nº V-12.899.377), firmado en fecha 14 de julio de 2021, el cual se puede evidenciar marcada con letra ‘D’, y se describieron como Primero: Un Tractor Con rastra marca Ford, modelo TW20, color azul, año 1981, serial A910432, serial de motor H645427, según se puede evidenciar por Certificado de Vehículo 180105189284 de fecha 19 de octubre de 2018 identificado con la letra “E” Segundo: una cosechadora marca Fiat Agri, modelo 6965, año 1988, color Marrón, serial carrocería 1145066, la cual se marcó como anexo “F”Tercero: Un tractor marca Ford, modelo 7610, año 1988, color azul, serial 420B447926 con Certificado de registro de Vehículo 190105612349 de fecha 27de junio de 2019 identificada con la letra “G” Cuarto: un tractor marca JhonDeere. Modelo JD66054, color verde, año 2012, serial CQ6605A017247 según Certificado de Registro de Vehículo de fecha 3 de agosto de 2017 marcada con la letra “H”Quinto: un rastrillo HID ABA RS4 el cual se identifica con la letra “I”, Sexto: una Motobomba EFCD PC1050 con factura Nº de Control 00-0043299 de fecha 30/06/2009 identificada con la letra “J”, Séptimo: una asperjadora Capacidad 600Ltros. Según factura Nº 0007 de fecha 05/01/2014 el cual marcamos con la letra “K” Octavo: un fundo Agropecuario denominado Gredalito, constante de 54 Has. con 400 Mts2, se encuentra ubicado en el sector Mahomito del Municipio Leonardo Infante, del estado Guárico, dicha propiedad consta en el Registro Público del Municipio Leonardo Infante, Inscrito bajo el Nº 32 Folio 56 Tomo 34 de fecha 10/03/2010. Bien inmueble identificado en el balance anexo en custodia de Agroguarico de fecha 13/03/2010, marcado con la letra “L”. y garantía de letra Única de cambo por la cantidad de 114.000.000.000,00 BOLÍVARES, que luego de a reconvención monetaria publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 42.185 del 6 de agosto de 2021, expresan 114.000,00 BOLÍVARES lo que equivale a CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (4.069,97$) o como referencia el tipo de cambio vigente al 03 de julio de 2023 que era de VEINTIOCHO BOLÍVARES CON UN CÉNTIMO (28,01 BS) por cada Dólar americano, el cual consigno marcado con la letra ‘M’. (Mayúsculas y negrillas del texto).
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Las medidas cautelares son mecanismos procesales, que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el actor al proponer su acción, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que, la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada.
En tal sentido, el legislador ha establecido rigurosos requisitos para su procedencia, estos son: el periculum in mora (peligro en la satisfacción del derecho que se invoque) y el fumus boni iuris (presunción o apariencia de buen derecho); requisitos estos contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto de la procedencia de las medidas cautelares, la Sala Político-Administrativa ha sostenido de manera pacífica y reiterada lo siguiente:
“…Esta Máxima Instancia ha señalado en reiteradas oportunidades, que la garantía de la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota con el libre acceso de los interesados e interesadas a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando estos se encuentren apegados a la legalidad. Por tal razón, el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los y las justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón. (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nros. 160 y 35 de fechas 9 de febrero de 2011 y 25 de enero de 2012, respectivamente).Asimismo, la Sala ha indicado que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar solo se concede cuando haya en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del riesgo manifiesto que resulte ilusoria la ejecución del fallo y del derecho reclamado.…”
En tal sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010, determina lo siguiente:
“…Artículo 104.Requisitos de procedibilidad. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a lo intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante…”
De la norma anteriormente transcrita, se desprende que el tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso, teniendo la facultad de exigir a él o a la solicitante garantías suficientes en las causas de contenido patrimonial.
De esta manera corresponde a esta Juzgadora examinar los requisitos de procedencia de las medidas cautelares a los fines de su otorgamiento siendo estos; la presunción grave del derecho reclamado (fummus bonis iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).

Con relación al primero de los requisitos LA PRESUNCIÓN DE BUEN DERECHO, su configuración consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del o la demandante, correspondiéndole al juez o jueza analizar los recaudos presentados junto con el escrito de la demanda, a fin de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
En conexión con lo anterior, las jurisprudencias de la Sala Político Administrativa, han establecido lo siguiente:
“… (vid., entre otras sentencias Nros. 00739 del 17 de mayo de 2007, 01136 del 14 de octubre de 2015 y 00198 del 1° de septiembre de 2021) ha dejado sentado que debe haber una estricta relación entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que él o la solicitante aporte a los autos, a fin de demostrar los requisitos establecidos en la Ley para otorgar la medida; de manera que no basta invocar el peligro inminente de ilusoriedad en la ejecución del fallo definitivo sino que, además, debe acompañarse un medio de prueba que haga surgir en el juez o la jueza al menos, la presunción grave de la existencia de ese peligro…”
Ahora bien, con el propósito de emitir pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada en el asunto de marras, este Tribunal Superior trae a colación los artículos 585 y 588 (numeral 1 y 3) del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales son del siguiente tenor:
“Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
“Artículo 588. En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1ª. El embargo de bienes muebles (…)
3º. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles; (…)”.
Del mismo modo, la Ley de Procuraduría General del Estado Guárico establece en el artículo 59 lo siguiente:
Articulo 59. Cuando la Procuraduría General del estado Guárico, solicite medidas preventivas o ejecutivas, el Juez para decretarlas, deberá examinar si existe un peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, o si del examen del caso, emerge una presunción de buen derecho a favor de la pretensión, siendo suficiente para que sea procedente la medida, la existencia de cualquiera de los dos requisitos mencionados, podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder el estado Guárico de los daños y perjuicio que se causare, aceptada por el Procurador o Procuradora General del estado Guárico, o quien actué en su nombre, en resguardo de bienes, derechos e intereses patrimoniales del estado Guárico.
En virtud de lo anterior y como quiera que el solicitante es la empresa estadal Agroguarico Potencia S.A, corresponde entonces a esta Juzgadora verificar la existencia de cuando menos, uno de los requisitos antes indicados, y al respecto constata que la presunción de buen derecho deriva del “ Convenio de Financiamiento de Insumos Agrícolas para Desarrollar el Proyecto de Plan de Siembra Invierno del Ciclo 2021” acuerdo este dirigido a la siembra y cosecha de maíz, para garantizar el proceso productivo y de rendimiento de dicho rubro, el precipitado convenio se suscribió, entre Agroguarico Potencia, S.A y el ciudadano VICTOR EMILIO SUAREZ GARCÍA, (Cédula de Identidad NºV-12.899.377), en el cual se dejó constancia de que éste último adeuda la cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS, CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (14.564,20$), que equivale a CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (407.943,24 BS), tomando como referencia el tipo de cambio vigente al 03 de julio de 2023 que era de VEINTIOCHOBOLÍVARES CON UN CÉNTIMOS (28,01 Bs) por dólar americano lo que equivale a la cantidad exacta de 45.327,02 UNIDADES TRIBUTARIA (UT)…”.
Con ello se verifica el cumplimiento del extremo atinente al fumus boni iuris, y dado que en el caso de marra no es necesaria la comprobación concurrente del otro extremo requerido (periculum in mora), para acordar la MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO solicitada, la cual alude a los siguientes bienes muebles identificados en el presente procedimiento por la parte actora “…Un Tractor Con rastra marca Ford, modelo TW20, color azul, año 1981, serial A910432, serial de motor H645427, según se puede evidenciar por Certificado de Vehículo 180105189284 de fecha 19 de octubre de 2018identificado con la letra “E” Segundo: una cosechadora marca Fiat Agri, modelo 6965, año 1988, color Marrón, serial carrocería 1145066, la cual se marcó como anexo “F”Tercero: Un tractor marca Ford, modelo 7610, año 1988, color azul, serial 420B447926 con Certificado de registro de Vehículo 190105612349 de fecha 27de junio de 2019 identificada con la letra “G” Cuarto: un tractor marca JhonDeere. Modelo JD66054, color verde, año 2012, serial CQ6605A017247 según Certificado de Registro de Vehículo de fecha 3 de agosto de 2017 marcada con la letra “H” Quinto: un rastrillo HID ABA RS4 el cual se identifica con la letra “I”, Sexto: una Motobomba EFCD PC1050 con factura Nº de Control 00-0043299 de fecha 30/06/2009 identificada con la letra “J”, Séptimo: una asperjadora Capacidad 600Ltros. Según factura Nº0007 de fecha 05/01/2014 el cual marcamos con la letra “K”.Así se declara.
En relación a la medida de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, resulta necesario, explicar que, se refiere a aquella medida que priva al demandado de la facultad para disponer de un BIEN INMUEBLE, sin restringir el uso y disfrute de los mismos, acordando este Juzgado la solicitud de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR la cual alude a los siguientes bienes inmuebles identificados en el presente procedimiento por la parte actora: “…un fundo Agropecuario denominado Gredalito, constante de 54 Has. con 400 Mts2, se encuentra ubicado en el sector Mahomito del Municipio Leonardo Infante, del estado Guárico, dicha propiedad consta en el Registro Público del Municipio Leonardo Infante, Inscrito bajo el Nº 32 Folio 56 Tomo 34 de fecha 10/03/2010. Bien inmueble identificado en el balance anexo en custodia de Agroguárico de fecha 13/03/2010, marcado con la letra “L”…”. Así se decreta.
En consecuencia, se ordena oficiar a la Oficina de Registro del Municipio Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico, para que estampe la nota marginal correspondiente e informe sobre su cumplimiento y remita copia de los documentos que acrediten la propiedad actual del mismo. Así se decide.

Al quedar demostrado uno de los elementos requeridos para el decreto de las medidas cautelares, esto es, el fummus boni iuris, esta Juzgadora, con vista en las consideración al artículo 59 previsto en la Ley de la Procuraduría General del Estado Guárico, en concordancia con el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, decreta medida de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad del demandado, hasta por el doble del monto demandado, de la siguiente, manera:

La parte actora demandó el pago de “…CATORCE MIL QUINIETOS SESENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS, CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR (14.564,20$) que equivale, a NOVECINETOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTO CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (955.848,45 BS) tomando como referencia el tipo de cambio vigente al 03 de julio de 2023 que era de VEINTIOCHO BOLÍVARES CON UN CÉNTIMO (28,01 Bs) por cada Dólar americano, según la tasa vigente por el Banco Central de Venezuela…¨

Así, se decreta LA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO por el doble de la cantidad demandada, lo cual arroja la suma de VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO DOLARES AMERICANOS CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (29.128.40$) lo que equivale a la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROSCIENTOS CINCO BOLIVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (1.911.405,60 BS) más el treinta por ciento (30%) de esta última cantidad por concepto de costas procesales, equivalente a OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR (8.738,52$) equivalentes a QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS VEINTIUN BOLIVARES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (573.421,68 BS), que arroja una sumatoria total de: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES AMERICADOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (37,866,92$) equivalentes a DOS MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE BOLIVARES CON VEINTINUEVE CENTIMOS (2.484.827,29 BS). Tomando como referencia el tipo de cambio vigente al doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025) que era de SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (65,62Bs) por cada dólar americano, según la tasa vigente por el Banco Central de Venezuela. Así se determina.

IV
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: PROCEDENTE la solicitud de Medida de Embargo Preventivo de Bienes Muebles y DECRETA la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre bienes Inmuebles solicitada por el abogado René del Jesús RAMOS FERMÍN (INPREABOGADO Nº 157.363), actuando en representación del ciudadano LORENZO RAMÓN MATHEUS GONZÁLEZ, quien actúa bajo el carácter de presidente de la empresa estadal AGROGUÁRICO POTENCIA S.A, contra el ciudadano VICTOR EMILIO SUAREZ GARCÍA, (Cédula de Identidad Nº V-12.899.377).

1. Se DECRETA medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles descritos en la parte motiva del presente fallo, por lo que se ORDENA notificar al Registro Inmobiliario del Municipio Leonardo Infante de la Circunscripción del Estado Guárico, para que estampe la nota marginal correspondiente.

2. PROCEDENTE la Solicitud de medida cautelar de embargo preventivo la cual alude a los bienes muebles descritos en la parte motiva del fallo por la siguiente cantidad TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES AMERICADOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (37,866,92$).

3. Se ORDENA notificar al Demandado.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese copia digital de la presente decisión en el copiador de Sentencias de este Juzgado. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, doce (12) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025). Año 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
La Juez,

Abog. NEYLA C. QUINTANA V.
La Secretaria Temporal.

Abog. DIAMANTE DE LOS A. BARRIOS S.

NCQV
Exp. Nº JP41-G-2023-000065
JP41-X-2025-000002
En la misma fecha, siendo las diez y quince antes meridiem (10:15 a.m.) de la mañana se publicó la presente decisión bajo el Nº PJ0102025000018 y se agregó a las actuaciones del expediente. De igual manera, se hará la correspondiente publicación en el portal informático http://guarico.tsj.gob.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.
La Secretaria Temporal.

Abog. DIAMANTE DE LOS A. BARRIOS S.