REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGÍMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DE LA COORDINACIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE VALLE DE LA PASCUA

Valle de la Pascua, 31 de Enero de 2007.-
196° y 147°

ASUNTO No. CTVJ-307-2006

PARTE DEMANDANTE: DOMINGO ORTIZ, de nacionalidad dominicano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. E-81.535.695 y de este domicilio.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: FREDDY JOSE GUEVARA MORALES, JUAN VICENTE QUINTANA, AMPARO CAMPOS SILVA Y ONELLA ISABEL PADRON ALVAREZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 26.958, 107.703, 28.713 y 107.707, respectivamente.


PARTES DEMANDADAS: TRANSPORTE DOÑA JULIA C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad del Socorro Jurisdicción del Municipio el Socorro del Estado Guárico, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico; en fecha 11 de Marzo de 1998; quedando anotada bajo el N° 09, Tomo: 3-A, del libro respectivo; representada legalmente por los ciudadanos JOSE GREGORIO SILVEIRA HURTADO Y NELSI LA ROSA ARISMENDI DE SILVEIRA, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 8.553.104 y 5.876.688, respectivamente actuando en su carácter de Directores Gerentes de la mencionada empresa; y en forma solidaria a las Empresas REPSOL Y.P.F. VENEZUELA S.A. (ANTES MAXUS VENEZUELA C.A.), sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda en fecha 05 de Diciembre de 1994; quedando anotada bajo el N° 25, Tomo: 19-A, cuya última modificación de sus estatutos consta en el acta de asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 30 de mayo del 2001 e inscrita por ante el Registro Mercantil en fecha 01 de Junio del 2001, bajo el Nro. 60, tomo 39-A. Y a la Empresa TEIKOKU OIL DE VENEZUELA C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas Distrito Federal, inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda; en fecha 15 de Septiembre de 1992; quedando anotada bajo el N° 26, Tomo: 142-A, del libro respectivo.

APODERADOS JUDICIAL DE LAS PARTES DEMANDADAS: TRANSPORTE DOÑA JULIA C.A., los ciudadanos: Rafael Ignacio Carreño López, Alecio J. Valeri Martínez, y Saúl Ledezma, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 23.215, 101.365 y 7.562, respectivamente. Por la sociedad mercantil REPSOL Y.P.F. VENEZUELA S.A. (ANTES MAXUS VENEZUELA C.A.), el ciudadano Fernando Esber abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 25.343. Y por la sociedad mercantil TEIKOKU OIL DE VENEZUELA C.A., los ciudadanos: Martín Polanco Yuste y José Ramón Hermoso G., abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 8.250 y 8.043, respectivamente, domiciliados ambos en Valencia, Estado Carabobo.


MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES.
I
DEL PROCEDIMIENTO

Recibido el presente asunto procedente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la Ciudad de Valle de la Pascua; en el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales ha incoado el ciudadano: Domingo Ortiz, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. E- 81.535.695, contra la sociedad mercantil TRANSPORTE DOÑA JULIA C.A., y en forma solidaria a las Empresas REPSOL Y.P.F. VENEZUELA S.A. (ANTES MAXUS VENEZUELA C.A.), Y a la Empresa TEIKOKU OIL DE VENEZUELA C.A.
En fecha 06 de Abril de 2006, mediante auto el Tribunal Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial; observa que el libelo de la demanda no llena los extremos señalados en los numerales 3 y 5 del Articulo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo; por lo que se abstiene de admitirlo; en consecuencia se le ordenó a la parte demandante bajo apercibimiento de perención, corrija el libelo de la demanda dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de que conste en autos la notificación que a tal fin se le practique. (Folios 08 al 11 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 21 de abril de 2006, la Apoderada Judicial de la parte demandante, mediante escrito, procede a subsanar y corregir el libelo de la demanda. (Folio 13 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 24 de abril de 2006, mediante auto el Tribunal Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial admite la presente demanda de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica del Trabajo y ordena emplazar mediante cartel de notificación a las partes demandadas a los fines de que tenga lugar la Audiencia Preliminar de acuerdo con el Artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (Folios 14 al 18 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 08 de Mayo de 2006, la ciudadana Secretaria del mencionado Tribunal; deja expresa constancia, de la notificación de las partes demandadas, se efectuó en los términos indicados por la Ley. (Folio 27 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 19 de Mayo de 2006; mediante diligencia comparece por arte ese Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución; el ciudadano: José Gregorio Silveira Hurtado; en su carácter de Director Gerente de la Empresa Mercantil Transporte Doña Julia C.A., a los fines de otorgar poder apud-acta a los ciudadanos Rafael Ignacio Carreño López, Alecio J. Valeri Martínez, y Saúl Ledezma, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 23.215, 101.365 y 7.562, respectivamente (Folios 29 al 45 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 23 de Mayo de 2006; mediante escrito comparece por ante ese Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución; los ciudadanos: José Ramón Hermoso Graterol y Martín Polanco Yusti; actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada empresa Teikoku Oil de Venezuela C.A; a objeto de consignar copias fotostáticas del Poder otorgado por ante la Notaría Pública 3era del Municipio Chacao del Estado Miranda, de fecha 16 de Diciembre de 2003. (Folios 48 al 53 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 24 de Mayo de 2006; mediante diligencia comparece por ante ese Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución; el ciudadano: Martín Polanco Yusti; actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada empresa Teikoku Oil de Venezuela C.A; a los fines de sustituir poder a los ciudadanos Gustavo Adolfo Martínez H., e Ydalia Martínez H. abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 76.141 y 61.475, respectivamente (Folio 55 de la primera pieza de este expediente)
Llegada la oportunidad para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente asunto; en fecha 31 de Mayo de 2006, el referido Juzgado deja constancia de la comparecencia de ambas partes, a la presente Audiencia, En este estado el Tribunal deja constancia que ambas partes promovieron sus respectivas pruebas, y consideran necesario prolongar la presente Audiencia para el día 15 de Junio del presente año, a las 2:30 p.m. (Folios 56 y 57 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 15 de Junio de 2006, el referido Juzgado Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución; deja constancia de la comparecencia de ambas partes en la presente Audiencia, y de común acuerdo ambas partes consideran la Prolongación de la Audiencia Preliminar para el día 04 de julio del presente año a las 9:00 de la mañana. (Folios 58 y 59 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 04 de Julio de 2006, el referido Juzgado Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución; deja constancia de la comparecencia de ambas partes en la presente Audiencia, y de común acuerdo ambas partes consideran la Prolongación de la Audiencia Preliminar para el día 03 de agosto del presente año a las 11:00 de la mañana (Folios 62 al 63 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 09 de Agosto de 2006, el referido Juzgado Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución; deja constancia de la comparecencia de las partes en la presente Audiencia, las partes de manera unánime solicitan al Tribunal sea pasada a juicio la presente causa; por lo que no es posible entendimiento alguno y al no lograrse la Mediación; se da por concluida la Audiencia Preliminar de conformidad con lo previsto en el Articulo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Igualmente se deja constancia que las pruebas son incorporadas a los autos en este acto. Se advirtió a las partes que a partir del día de despacho siguiente a este comenzará a correr los lapsos legales pertinentes para la contestación de la demanda, conforme a lo preceptuado en el Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (Folios 65 al 231 de la primera pieza de este expediente).
En fecha 20 de Septiembre de 2006, mediante auto el referido Juzgado Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución, dada la voluminosidad de la presente pieza de este expediente, para un mejor manejo de los autos de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda abrir otra pieza, la cual se denominará, pieza Nro. 02 (Folio 232 de la primera pieza de este expediente)
En fecha 20 de Septiembre de 2006; mediante escrito los Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil Teikoku Oil de Venezuela C.A., co-demandada en la presente causa, procede a dar contestación a la demanda. (Folios 03 y 04; segunda pieza de este expediente).
En fecha 20 de Septiembre de 2006; mediante escrito los Apoderados Judiciales de la sociedad mercantil Transporte Doña Julia C.A., co-demandada en la presente causa, procede a dar contestación a la demanda. (Folios 06 al 08; segunda pieza de este expediente).
En fecha 20 de Septiembre de 2006; mediante escrito el Apoderado Judicial de la sociedad mercantil Repsol Y.P.F, Venezuela S.A., (antes Maxus Venezuela C.A.), co-demandada en la presente causa, procede a dar contestación a la demanda. (Folios 10 al 13; segunda pieza de este expediente).
En fecha, 21 de Septiembre de 2006, mediante auto el referido Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, ordena remitir las presentes actuaciones judiciales a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a los fines de que previa distribución sea asignada al Tribunal de Juicio correspondiente para que conozca del asunto. (Folio 14 al 15; segunda pieza de este expediente).
En fecha 27 de septiembre de 2006, mediante auto, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la Ciudad de Valle de la Pascua, recibe la presente causa, ordena su revisión a los fines de proveer lo conducente. (Folio 17; segunda pieza de este expediente).
En fecha 02 de Octubre de 2006, mediante auto, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la Ciudad de Valle de la Pascua; se pronuncia con respecto a las pruebas sobre su admisión consignadas por las partes en la presente causa. (Folios 18 al 22; segunda pieza de este expediente).
En fecha 04 de Octubre de 2006, este Tribunal de conformidad con el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fijó la celebración de la Audiencia de Juicio para el día Martes 07 de Noviembre de 2006, a las diez de la mañana (10:00 a.m.). (Folio 25; segunda pieza de este expediente).
En fecha 07 de Noviembre de 2006; se llevo a cabo la celebración de la Audiencia de Juicio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; se dejo constancia de la comparecencia de las partes y con motivo del desconocimientos de las documentales insertas a los folios 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la primera pieza de este expediente judicial; este Tribunal suspende la Audiencia de Juicio hasta tanto conste en las actas las resultas de la prueba de cotejo que será ordenada por este Tribunal mediante auto separado; y una vez que conste en autos dichas resultas se fijara mediante auto expreso el día y la hora de la Prolongación de la celebración de la Audiencia de Juicio; todo ello de conformidad con lo previsto en los Artículos 5, 6, 11, 86 y siguientes de la Ley Organica Procesal del Trabajo. (Folios 29 al 34 de la segunda pieza de este expediente judicial).
En fecha 17 de Enero de 2007; se llevo a cabo la celebración la Prolongación de Audiencia de Juicio, de conformidad con auto dictado por este Tribunal, en fecha 15 de Diciembre de 2006, (Folio 101); se dejo constancia de la comparecencia de las partes a la misma y por la complejidad del presente asunto y con motivo de haberse abierto la incidencia del desconocimiento de las firmas difiere el dictamen del dispositivo oral para el día Miércoles 24 de Enero de 2007, a las Diez horas de la mañana (10:00 am). (Folios 114 al 118 de la segunda pieza de este expediente judicial).
En fecha 24 de Enero de 2007; se llevo a cabo la celebración de la Audiencia de Juicio, de conformidad con lo establecido en el Acta levantada por este Tribunal, en fecha 17 de Enero de 2007; se dicto el pronunciamiento del fallo, y se declaro Parcialmente Con Lugar, la presente demanda. (Folios 121 al 124 de la segunda pieza).
Siendo la oportunidad para reproducir la sentencia en el presente expediente judicial, este Tribunal, lo hace sobre las siguientes consideraciones:
II
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA Y DE LA CONTESTACIÓN

Señala la demandante en su libelo de demanda, lo siguiente:
Que comenzó a trabajar como chofer de gandola para la empresa Transporte Doña Julia C.A., en fecha 17 de Noviembre de 2001, devengando un salario de Bs. 46.666,67 diarios.
Que la referida empresa se dedica como actividad principal a la transportación de taladro y todo lo referente a taladro petrolero en el Estado Guárico, y en otras ciudades del país; como contratista de la empresa Repsol Y.P.F y Teikoku Oil de Venezuela C.A.
Que en fecha 17 de Diciembre de 2005, le informó al ciudadano José Gregorio Silveira Hurtado, propietario de la empresa Transporte Doña Julia C.A., que por razones personales renunciaba a su trabajo.
Que acudió en varias oportunidades para que le cancelaran las prestaciones sociales y otros derechos que le corresponden por 4 años y 1 mes completo de servicio sin que hasta el día de hoy la empresa le haya cancelado los conceptos que de acuerdo a la Convención Colectiva Petrolera le corresponde.
Que se desempeñaba como chofer de gandola devengando un salario mensual de Bs. 1.400.000,oo, es decir, la cantidad de Bs. 46.666,67 diarios, cantidad ésta que esta por encima del salario estipulado en la Contratación Colectiva Petrolera (aplicable por beneficiar al trabajador).
Que de conformidad con lo establecido en el tabulador de Prestaciones Sociales en la Convención Colectiva Petrolera le corresponden los siguientes derechos, por 4 años y 1 mes de salario que van desde el 17-11-01 al 17-12-05.
Que de conformidad con lo previsto en la Contratación Colectiva Petrolera vigente le corresponden los siguientes beneficios laborales:
Antigüedad: Establecidos en el articulo 9 de la Contratación Colectiva; 508,96 días x 46.666,67 = Bs. 23.751.468,36.
Vacaciones: Establecidos en el articulo 8 de la Contratación Colectiva; 106 días x 46.666,67 = Bs. 4.946.667,02.
Vacaciones Fraccionadas: Establecidos en el articulo 8 de la Contratación Colectiva; 26.5 días x 46.666,67 = Bs. 1.236.666,75
Bono Vacacional: Establecidos en el articulo 8 de la Contratación Colectiva; 159 días x 46.666,67 = Bs. 7.420.000,53.
Bono Vacacional Fraccionado: Establecidos en el articulo 8 de la Contratación Colectiva; 39.75 días x 46.666,67 = Bs. 1.855.000,13
Utilidades: Calculados de la siguiente manera: 49 meses que se corresponden con los 4 años y 1 mes que laboró para la empresa: 49 meses x Bs. 66.600,000,oo x 33,34% = Bs. 22.204.440,00.
Total de las especificaciones hechas Bs. 61.414.242,79.
Que por las razones de hecho y de derecho, es por lo que demanda como en efecto lo hace a la empresa Transporte Doña Julia C.A. y en forma solidaria a las empresas Repsol Y.P.F. de Venezuela S.A. y a la empresa Teikoku Oil de Venezuela C.A., para que le cancele las cantidades que le corresponden por concepto de Prestaciones Sociales y otros Beneficios, y que según las especificaciones hechas ascienden a la suma de Bolívares 61.414.242,79.
Que demanda igualmente el fideicomiso, las costas procesales y la indexación monetaria con sujeción a las tasas que tiene fijadas el Banco Central de Venezuela.

Escrito de subsanación de la parte demandante, corrigiendo el libelo de la demanda:
Que estando en la oportunidad procesal de corregir el libelo de demanda, que por auto de fecha 06 de Abril de 2006, fue ordenado por este Tribunal en acatamiento al mismo procede hacerlo en los términos siguientes:
Que ratifica el contenido de la demanda en todos y cada uno de sus partes y corrige en los términos siguientes:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señala como domicilio de la empresa Transporte Doña Julia C.A., para que sea debidamente notificada en: La salida a la población de Tucupido, local donde funciona la empresa DILULLANO, C.A., diagonal a la empresa Construcciones Floridia y diagonal al matadero municipal de Valle de la Pascua; Estado Guárico, asimismo se encuentra ubicada en la población del Socorro, Estado Guárico en la carretera nacional sede de la estación de Servicio Doña Julia en esa población.
Que con el presente escrito da por cumplido con lo ordenado en el despacho saneador y solicitó que el mismo sea considerado parte integrante de la demanda.

Las partes co-demandadas dieron contestación a la demanda en los siguientes términos:
I.- Sociedad Mercantil Teikoku Oil de Venezuela C.A.:
Que la empresa Teikoku Oil de Venezuela C.A., no tiene ni ha tenido vinculación con la empresa Transporte Doña Julia C.A, demandada principal y supuesta empleadora del trabajador Domingo Ortiz mientras éste prestó sus supuestos servicios para dicha empresa.
Que la empresa Teikoku Oil de Venezuela C.A., no tiene cualidad para ser demandada en el siguiente proceso, por lo cual oponen la falta de cualidad e interés para sostener este juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil y así lo solicitan al ciudadano Juez lo declare en la definitiva.
Que niegan y rechazan que exista solidaridad alguna de Teikoku Oil de Venezuela C.A., respecto a los beneficios laborales que pudieran corresponderle al Ciudadano Domingo Ortiz, con ocasión a la supuesta relación que dice haber tenido con la empresa Transporte Doña Julia C.A.
Que su representada fue incluida como co-demandada en el presente litigio, en virtud de ser supuestamente garante y principal pagadora de las obligaciones de Transporte Doña Julia C.A., de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de la Industria Petrolera.
Que sin embargo, rechazan y niegan esa supuesta protección de garante y principal pagadora que se atribuyen a su representada, en virtud de que Teikoku Oil de Venezuela C.A., jamás ha suscrito contrato alguno con la empresa Transporte Doña Julia C.A., para obras donde hubiera trabajado Domingo Ortiz, por tanto no puede tener responsabilidad solidaria en este procedimiento.
Que en el libelo de demanda no se determinó en que obra trabajaba el demandante en el momento de terminar su relación laboral, así como tampoco se señala por quien fue contratada dicha obra.
Que solo se limitan los apoderados del demandante a señalar que las empresas co-demandadas son solidariamente responsables sin decir en que, ni porque existe la responsabilidad solidaria, lo que demuestra y así lo alegamos que no existe la determinación de dicha responsabilidad solidaria.
Que en consecuencia Teikoku Oil de Venezuela S.A., no tiene cualidad para ser demandada en el presente juicio y así lo oponen a tenor de lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.
Que la responsabilidad solidaria, que es la base o fundamentación de la demanda contra su representada no consta en los alegatos de la parte actora, porque la acción no puede ni debe afectar los intereses de su representada y así debe ser resuelto por el Tribunal.
Que igualmente rechazan y niegan el dicho del demandante de que su representada por ser supuestamente, solidaria y principal pagadora, le deba cantidad alguna y mucho menos que su poderdante este obligado a pagarle la suma de Bs. 61.414.242,79, a razón de un salario diario equivalente a Bs. 46.666,67, por los conceptos siguientes: 508,96 días de antigüedad; 106 días de vacaciones; 26,5 días de vacaciones fraccionadas; 159 días de bono vacacional; 39,75 días de bono vacacional fraccionado y 49 días de utilidades.
Que igualmente alegan la confesión de la demandada Transporte Doña Julia, C.A., cuando expresa: “…que nunca fue contratista fija o de nomina de la empresa Teikoku Oil de Venezuela, S.A. y Repsol Y.P.F.”
Y finalmente solicitan que la demanda interpuesta sea declarada sin lugar por la definitiva y para el supuesto negado que pueda asistir al trabajador algún derecho, este nunca puede ser derivado de la Contratación Colectiva Petrolera.

II.- Sociedad Mercantil Transporte Doña Julia, C.A:
Que formalmente rechazan y contradicen en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como el derecho, la demanda incoada por el antes ciudadano Domingo Ortiz, contra su representada.
Que niegan que su representada este obligada a cancelarle al actor los beneficios que demanda conforme a las previsiones de la Convención Colectiva de la Industria Petrolera, habida cuenta que su mandante nunca fue una contratista fija o de nomina de las empresas Teikoku Oil de Venezuela y Repsol Y.P.F, puesto que la prestación de un servicio en forma eventual no puede ser considerada ni invocada como fundamento para pretender pago de prestaciones sociales y otros conceptos, conforme a las previsiones de la convención colectiva de la industria.
Que teniendo su representada como objeto la prestación de servicios de transporte en las areas de fertilizantes y cereales en las épocas de cosechas, fue en esas actividades en que el demandante le presto sus servicios e igualmente también se los presto simultáneamente al ciudadano José Gregorio Silveira Hurtado.
Que niegan que el demandante devengara un salario diario equivalente a la cantidad de Bs. 46.666,67.
Que expresamente niegan y rechazan que su mandante le adeude la cantidad de Bs. 61.414.242,79 por los conceptos siguientes: 508,96 días de antigüedad; 106 días de vacaciones; 26,5 días de vacaciones fraccionadas; 159 días de bono vacacional; 39,75 días de bono vacacional fraccionado y 49 días de utilidades.
Que como antes señalamos, el ciudadano Domingo Ortiz, le prestó sus servicios tanto a su representada como al ciudadano: José Gregorio Silveira Hurtado, operando un vehiculo de carga destinado al transporte de cereales y fertilizantes; por los servicios prestados.
Que tanto su representada al igual que el antes mencionado ciudadano, siempre le cancelaron oportunamente al demandante su salario al igual que sus prestaciones sociales y los otros conceptos derivados de la relación laboral, conforme se evidencia de los recibos que otorgó en diferentes fechas y los cuales fueron promovidos en el escrito de promoción de pruebas.
Que con fundamento de los argumentos de hecho y de derecho antes expuesto y las pruebas que serán evacuadas en su oportunidad legal, piden que la demanda incoada contra su mandante sea declarada sin lugar, con todos los pronunciamientos de ley.
III.- Sociedad Mercantil: Repsol YPF Venezuela, S.A. (antes Maxus de Venezuela S.A.), C.A.:
Que invoca la parte actora, que la precitada sociedad mercantil Doña Julia C.A., ejecutó a favor de su reprensado, y de la empresa Teikoku Oil de Venezuela, C.A, trabajos de transporte de Taladro en el Estado Guárico y en otras partes del país.
Que sobre esta invocación de la parte actora, cabe destacar que en ningún momento el actor identificó la obra, trabajo determinado o servicio especifico que invoca existía entre ambas empresas.
Que se hace necesario establecer en los casos donde se reclama la responsabilidad solidaria como es el caso que ocupa, toca a la parte actora, no solo invocar la supuesta relación, sino determinar de manera precisa y pormenorizada en el libelo de demanda las condiciones contractuales y particulares por las cuales reclama tal solidaridad, correspondiéndole por ende la carga de la prueba de demostrar la invocación de solidaridad que aduce en la demanda.
Que la sociedad mercantil que representa niega rechaza y contradice por ser falso, que sea solidaria con las sociedades mercantiles Doña Julia C.A. y Teikoku Oil de Venezuela C.A., motivo por los cuales solicita sea declarada como punto previo a la sentencia correspondiente la falta de legitimidad pasiva de la sociedad mercantil Repsol YPF VENEZUELA S.A.
Que niega rechaza y contradice, por ser falso que el accionante comenzará a trabajar como Chofer de Gandola para la empresa Transporte “Doña Julia”, C.A.. en fecha 17 de noviembre de 2001; devengando un salario de Bs. 46.666,67 diario y que la referida empresa se dedica como actividad principal a la transportación de taladro y todo lo referente a taladro petrolero en el Estado Guárico y en otras ciudades del país.
Que niega, rechaza y contradice que dicha empresa Transporte Doña Julia C.A., sea contratista de las Empresas Repsol YPF Venezuela Y Teikoku Oil de Venezuela, C.A.
Que niega rechaza y contradice por ser falso que en fecha 17 de diciembre de 2005, el actor informara al ciudadano: José Gregorio Silveira Hurtado, propietario de la empresa Transporte Doña Julia, C.A., que por razones personales éste renunciaba a la relación de trabajo que invoca, y que fijará como terminación de la relación laboral el día 17 de diciembre de 2005.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que el actor acudiera en varias oportunidades a la precitada empresa Doña Julia, C.A., reclamando prestaciones sociales y otros derechos que aducen le corresponde.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que la relación de trabajo que invoca el demandante, haya sido por espacio de cuatro años y un mes.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que la empresa Doña Julia, deba cancelar prestaciones sociales de acuerdo a la Convención Colectiva Petrolera.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que el actor se desempeñará como Chofer de Gandola, y así mismo niega rechaza y contradice por ser falso, que devengará un sueldo mensual de Bs. 1.400.000,oo o sea Bs. 46.666,67 diarios.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que la invocada relación de trabajo haya tenido una duración de 4 años y 1 mes de trabajo desde el 17 de diciembre de 2001 al 17 de diciembre de 2005.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que su representada deba cancelar por concepto de Antigüedad: según la cláusula 9 de la Contratación Colectiva; 508,96 días x 46.666,67, la cantidad Bs. 23.751.468,36.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que su representada deba cancelar por concepto de Vacaciones: según la cláusula 8 de la Contratación Colectiva; 106 días x 46.666,67, la cantidad de Bs. 4.946.667,02.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que su representada deba cancelar por concepto de Vacaciones Fraccionadas: según la cláusula 8 de la Contratación Colectiva; 26.5 días x 46.666,67, la cantidad de Bs. 1.236.666,75.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que su representada deba cancelar por concepto de Bono Vacacional, según la cláusula 8 de la Contratación Colectiva; 159 días x 46.666,67, la cantidad Bs. 7.420.000,53.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que su representada deba cancelar por concepto de Bono Vacacional Fraccionado; según la cláusula 8 de la Contratación Colectiva; 39.75 días x 46.666,67, la cantidad de Bs. 1.855.000,13
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que su representada deba cancelar por concepto de Utilidades: Calculados de la siguiente manera: 49 meses que se corresponden con los 4 años y 1 mes que invoca el actor laboró para la empresa: Doña Julia, 49 meses x Bs. 66.600.000,oo x 33,34% , la cantidad de Bs. 22.204.440,00.
Que niega rechaza y contradice por ser falso, que su representada deba cancelar al actor la cantidad total de Bs. 61.414.242,79
Que niega rechaza y contradice por ser falso, la invocación de la parte actora de que su representada, la sociedad mercantil Repsol Y.P.F Venezuela S.A., sea solidaria con la empresa Transporte Doña Julia C.A., y la empresa Teikoku Oil de Venezuela C.A., en el presente caso.
Que niega rechaza y contradice la pretensión del actor de demandar el pago de fideicomiso, costas procesales y la indexación o corrección monetaria con sujeción a las tasas que tiene fijadas el Banco Central de Venezuela.
Que solicita que la presente demanda sea declarada sin lugar, con todos los pronunciamientos de ley correspondientes.
III
PUNTO PREVIO
DE LA FALTA DE CUALIDAD O INTERES

Este Tribunal estima necesario, antes de entrar al análisis de lo que constituirá la decisión de fondo, revisar la defensa perentoria de la falta de cualidad o interés para sostener el presente juicio; opuesta por las sociedades mercantiles: Teikoku Oil de Venezuela, C.A. y Repsol YPF Venezuela, S.A. partes co-demandadas, en forma solidaria con la empresa: Transporte Doña Julia, C.A.; en la presente causa.
La representación de la sociedad mercantil: Teikoku Oil de Venezuela, C.A, señaló en su escrito de contestación de demanda, lo siguiente:
“La empresa Teikoku Oil de Venezuela, C.A., no tiene ni ha tenido vinculación con la empresa Transporte Doña Julia C.A., demandada principal y supuesta empleadora del trabajador Domingo Ortiz, mientras éste prestó sus servicios para dicha empresa.
Por lo antes expuesto, la empresa Teikoku Oil de Venezuela, S.A., no tiene cualidad para ser demandada e interés para sostener este juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil …”

Asimismo, la representación de la empresa Repsol YPF Venezuela, S.A; en su escrito de contestación de la demanda señalo;
“Que se hace necesario establecer en los casos donde se reclama la responsabilidad solidaria como es el caso que ocupa, toca a la parte actora, no solo invocar la supuesta relación, sino determinar de manera precisa y pormenorizada en el libelo de demanda las condiciones contractuales y particulares por las cuales reclama tal solidaridad, correspondiéndole por ende la carga de la prueba de demostrar la invocación de solidaridad que aduce en la demanda.
Que la sociedad mercantil que representa niega rechaza y contradice por ser falso, que sea solidaria con las sociedades mercantiles Doña Julia C.A. y Teikoku Oil de Venezuela C.A., motivo por los cuales solicita sea declarada como punto previo a la sentencia correspondiente la falta de legitimidad pasiva de la sociedad mercantil Repsol YPF VENEZUELA S.A.”

Al respecto, a los fines de dilucidar este punto relativo a la falta de legitimidad pasiva alegada, se circunscribe a determinar la inherencia o conexidad entre el objeto desarrollado por la primera de las codemandas Transporte Doña Julia, C.A., con el objeto mercantil desplegado por las co-demandas empresas Teikoku Oil de Venezuela, C.A. y Repsol Y.P.F de Venezuela, S.A; y en consecuencia, proceder a establecer la responsabilidad solidaria. En ese mismo sentido, se considera pertinente ahondar sobre la presunción de las figuras ut supra indicadas previstas en los artículos 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establecen:

ARTÍCULO 55. (…) Las obras o servicios ejecutados por contratistas para empresas mineras y de hidrocarburos se presumirán inherentes o conexas con la actividad del patrono beneficiario.
ARTICULO 56:“ A los efectos de establecer la responsabilidad solidaria del dueño de la obra o beneficiario del servicio, se entiende por inherente, la obra que participa de la misma naturaleza de la actividad que se dedica el contratante; y por conexa, la que está en relación intima y se produce con ocasión de ella.
La responsabilidad del dueño de la obra o beneficiario del servicio se extiende hasta los trabajadores utilizados por subcontratistas, aun en el caso de que el contratista no éste autorizado para subcontratar; y los trabajadores referidos gozaran de los mismos beneficios que correspondan a los trabajadores empleados en la obra o servicio.”

ARTICULO 57: Cuando un contratista realice habitualmente obras o servicios para una empresa en un volumen que constituya su mayor fuente de lucro, se presumirá que su actividad es inherente o conexa con la de la empresa que se beneficie con ella.”(Destacado del Tribunal)

De los artículos trascritos, se desprenden dos presunciones establecidas por el legislador para determinar la inherencia o conexidad de las actividades: a) las obras o servicios realizados mediante contratos para empresas mineras o hidrocarburos, se presumirán inherentes o conexas con la actividad del beneficiario; b) cuando el contratista realice habitualmente obras o servicios para una empresa en un volumen que constituya su mayor fuente de lucro, se presumirá que su actividad es inherente o conexa con la de la empresa que se beneficie con ella.

Es de referir, que dichas presunciones tiene carácter relativo, por tanto, admiten prueba en contrario; de allí, que el criterio de la doctrina patria para que la presunción se materialice señala que debe coexistir la permanencia o continuidad del contratista en la realización de obras para el contratante, la concurrencia de trabajadores del contratista junto con los del contratante en la ejecución del trabajo, y ser la fuente de lucro en un volumen tal que representen efectivamente el mayor monto de los ingresos globales.

De lo anterior, se puede colegir que las obras realizadas por el contratista son inherentes a la actividad desarrollada por el contratante cuando constituyan, de manera permanente, una fase indispensable del proceso productivo desarrollado por éste, de tal manera que sin su realización no sería posible lograr el resultado propio de su objeto económico.

Asimismo, merece citar la sentencia emanada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 25 de mayo de 2006; Exp: 05-1627; que contempla la presunción de que la actividad que realiza la contratista es inherente o conexa con la que realiza el beneficiario contratante; el cual señala:

“Las normas que anteceden, contemplan la presunción de que la actividad que realiza la contratista es inherente o conexa con la que realiza el beneficiario contratante. Tales presunciones tienen carácter relativo, por lo que admiten prueba en contrario –ex artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo-. Para que la presunción opere, debe coexistir la permanencia o continuidad del contratista en la realización de obras para el contratante, la concurrencia de trabajadores del contratista junto con los del contratante en la ejecución del trabajo y por lo que respecta a la mayor fuente de lucro, ésta debe consistir en la percepción regular, no accidental, de ingresos en un volumen tal que represente efectivamente el mayor monto de los ingresos globales.”(Destacado del Tribunal)

De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende que para que opere la presunción de que la actividad que realiza la contratista es inherente o conexa con la que realiza el beneficiario contratante; es necesario que coexista la permanencia o continuidad del contratista en la realización de obras para el contratante, la concurrencia de trabajadores del contratista junto con los del contratante en la ejecución del trabajo y que sea la mayor fuente de ganancia.

Ahora bien, revisadas minuciosamente el acervo probatorio y muy especialmente de lo que se desprende de la confesión que realiza el propio actor, en la oportunidad de la Audiencia de Juicio, en la Declaración de Parte; cuando señala: “…yo le trabajaba casi todos los días … y duramos casi tres (3) años trabajando; después el Señor José perdió la subasta por otro transporte y me mandaron para el destacamento del Socorro a trabajar con los señores de Teikoku, con el taladro en la vía de Macoya 30 01 06 …, para transportar agua salada, sacar agua fresca para su uso de lavado y agua salada para profundizar en el petróleo (…) En Chaguarama dure tres (3) años como chancero fijo por la empresa Doña Julia; pero no fijo que me pagaran la nomina de Repsol; no me pagaron porque el sindicato ejercían mucha presión (…) también cargamos puro cereales …, trabajamos tres (03) meses cargando abono … y estando en el taller reparando caucho, cambiando caucho, (…); declaración plenamente valorada por este Tribunal, lo cual se le concedió pleno valor probatorio; de dicha declaración no se evidencia que en la prestación del servicio exista conexidad e inherencias entre las co-demandadas empresas Teikoku Oil de Venezuela, C.A. y Repsol Y.P.F. de Venezuela, S.A.; con la sociedad mercantil: Transporte Doña Julia, C.A.; por cuanto que la empresa Transporte Doña Julia, C.A., se dedicada no solo a transportar el vacum cargando agua salada, agua fresca para su uso de lavado y agua salada para profundizar en el petróleo; sino se dedicaba a transportar cereales y abono; razón por la cual, no se evidencia que la labor realizada por el contratante sea su mayor fuente de ingreso; no se evidencia la inherencia, conexidad o exclusividad del servicio; por lo que de conformidad con los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no existe la responsabilidad solidaria alegada por el actor en el libelo; aunado al hecho de que el actor no probó nada que lo favorezca. Así se decide.

De tal manera, considera esta sentenciadora, que al no existir inherencia, conexidad o exclusividad del servicio, entre las empresas co-demandas, no se le pueden aplicar las normas contenidas en la Convención Colectiva Petrolera como fue solicito por la parte actora en su escrito libelar; en consecuencia, la norma aplicable para el calculo de las Prestaciones Sociales y demás Beneficios laborales, serán las contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. Así se decide.

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas y conforme a los Artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo; esta juzgadora concluye, que no se evidencia la inherencia, conexidad o exclusividad del servicio; entre las empresas Transporte Doña Julia y las empresas Teikoku Oil de Venezuela, C.A. y Repsol Y.P.F de Venezuela, S.A. siendo forzoso para este Tribunal declarar CON LUGAR la defensa opuesta por las accionadas: Teikoku Oil de Venezuela, C.A. y Repsol Y.P.F de Venezuela, S.A.; sobre la falta de cualidad e interés para sostener este Juicio. Así se decide.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, conteste a lo previsto en los artículos 72 y 135 de la Ley Adjetiva Laboral, el régimen de distribución de la carga de la prueba se fijará de acuerdo con la forma en que el accionado dio contestación a la demanda.
En tal sentido, se ratifica una vez más el criterio sentado por la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 419 de fecha 11 de mayo de 2004, en el juicio que por calificación de despido, fue incoado por el ciudadano: Juan Rafael Cabral contra la sociedad mercantil: “DISTRIBUIDORA DE PESCADO LA PERLA ESCONDIDA, C.A”; el cual es del tenor siguiente:
“Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.
También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:
Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).
Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.”

En atención a la mencionada sentencia, este Tribunal considera necesario precisar, previo el análisis de los hechos que fueron admitidos por la co-demandada, sociedad mercantil: Transporte Doña Julia, C.A, que los mismos a criterio de quien decide son suficientes para determinar y establecer que efectivamente: fue admitida la existencia de la relación laboral; el cargo desempeñado por el demandante para la demandada, la fecha de inicio de la relación laboral y la fecha de terminación de la relación de trabajo y la forma de la terminación laboral; siendo controvertido, el salario y el monto reclamado por el trabajador por conceptos de prestaciones sociales a los efectos del calculo de las distintas indemnizaciones derivadas de la culminación de la relación de trabajo; así como la normativa aplicable en las relaciones de empleo de la industria petrolera; siendo carga de la parte demandada demostrar el salario y los hechos en que fundamentan su pretensión. Y con lo que respecta a la responsabilidad solidaria que aduce el actor de las empresas Teikoku Oil de Venezuela, C.A. y Repsol Y.P. F de Venezuela, S.A; es la parte demandante, a quien le corresponde por ende la carga de la prueba de demostrar la invocación de solidaridad que aduce en la demanda. Así se decide.

Determinado lo anterior, pasa este Tribunal a valorar las pruebas que constan en el expediente a los fines de establecer cuáles de los hechos controvertidos en el proceso han sido demostrados; advirtiendo, que las pruebas y la distribución de la carga probatoria se analizará a luz de la legislación vigente para la época en que el presente juicio se sustanció, vale decir, conforme a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
A continuación se valorarán las pruebas que consten en el expediente a los fines de establecer cuales de los hechos controvertidos en el proceso han sido demostrados.

La parte demandante promovió en la Audiencia Preliminar lo siguiente:

a) Copias fotostáticas certificadas del expediente administrativo, emanado de la Inspectoría del Trabajo, en Valle de la Pascua, estado Guárico Unidad de Supervisión de fecha 09 de Febrero del 2005, marcada con la letra “A”. (Folio 97 al 108). Se observa que las referidas documentales son inoficiosas por cuanto no aportan elemento alguno al punto controvertido en el presente asunto; de tal manera que las mismas se desechan, de conformidad con lo establecido en el Articulo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

b) Exhibición de Documentos. Promovió la exhibición de documentos para que en la Audiencia de juicio las partes demandadas exhibieran:
Con respecto a las Sociedades Mercantiles: Transporte Doña Julia C.A., Teikoku Oil de Venezuela C.A., y Repsol Y.P.F. el Tribunal la admite cuanto ha lugar en derecho de conformidad al artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo tanto se ordena:
1) A la Sociedad Mercantil: Transporte Doña Julia C.A., en la persona de su representante legal; a exhibir:
a) Los contratos que suscribió con las empresas Repsol Y.P.F y Teikoku Oil de Venezuela C.A., durante los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. En la oportunidad de la Audiencia de Juicio el Apoderado Judicial de la parte co-demandada; empresa Transporte Doña Julia; señalo que solo suscribió un solo contrato el cual lo exhibe en este acto en forma original; contentivo de contrato de servicio suscrito entre la empresa Repsol YPF de Venezuela, C.A. y Transporte Doña Julia C.A; de fecha 15 de Noviembre de 2001; no exhibiendo el resto de los contratos de servicios de los años 2002, 2003, 2004 y 2005; en consecuencia; se le confiere valor probatorio de conformidad con lo establecido en el 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; demostrándose con la referida documental; que la empresa Repsol YPF de Venezuela, S.A (antes Maxus de Venezuela, S.A.) celebró contrato de servicio con la Sociedad Mercantil: Transporte Doña Julia C.A; en fecha 15 de Noviembre de 2001; que la duración de ese contrato será a partir del día 19 de noviembre del 2001 hasta el 19 de Mayo del 2002; y las estipulaciones contenidas en las cláusulas de dicho contrato. Y con relación a los contratos que no fueron exhibidos por la co-demandada Transporte Doña Julia, durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005; le es imposible a esta sentenciadora precisar que pretendió demostrar con la presente prueba la parte actora ya que no indico la afirmación de los datos que conoce y que a su vez quiso demostrar; en consecuencia, esta Juzgadora, no puede valorar dicha prueba en virtud de que la parte actora no presento las copias o el texto del documento, no aporto los datos característicos del contenido del documento; para conceder el efecto establecido en el Artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

b) El libro diario, el libro mayor y el libro de inventario; con sus respectivos soportes; libros estos que por mandato legal debe llevar este empleador. En la oportunidad de la Audiencia de Juicio el Apoderado Judicial de la parte co-demandada; empresa Transporte Doña Julia; presentó el libro diario y el libro de inventario no exhibieron el libro mayor ni los soportes de los libros citados anteriormente. Se observa que lo que pretende demostrar la parte demandante con la referida prueba; es la concordancia de los recibos de egresos con la fecha de los viajes realizados. En relación al libro diario y el libro de inventario que fueron exhibidos en la audiencia de juicio; de la revisión exhaustiva realizada por esta juzgadora de los mismo se observa que dichas documentales no aportan elemento alguno al punto controvertido en el presente asunto; de tal manera que la misma se desecha, de conformidad con lo establecido en el Articulo 509 del Código de Procedimiento Civil. Y con relación al libro mayor y los soportes de los libros antes enunciados, que no fueron exhibidos por la parte co-demandada esta sentenciadora no puede valorar dicha prueba en virtud de que la parte actora no presento las copias o el texto del documento, no aporto los datos característicos del contenido del documento; para conceder el efecto establecido en el Artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

c) El original de la Autorización, otorgada a su mandante, la cual esta consignada en copia fotostática simple marcada “B”. En la oportunidad de la Audiencia de Juicio el Apoderado Judicial de la parte co-demandada; empresa Transporte Doña Julia; alegó que da como fiel y exacta dicha autorización que se encuentra consignada en copia fotostática simple, reconociendo expresamente la referida documental; en consecuencia se tendrá como exacto el texto de los documentos que fueron presentados por la parte demandante en copia simple; de conformidad con lo establecido en el 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; demostrándose con la referida documental; que el ciudadano José Gregorio Silveira Hurtado, actuando en su carácter de Director de la sociedad mercantil: Transporte Doña Julia, C.A.; autorizo al señor Domingo Ortiz, hoy parte demandante en la presente causa; para que transite por el territorio nacional con un vehiculo de su propiedad, debidamente identificado en dicha autorización. Así se decide.

d) El original de la renuncia y la entrega del vehiculo (Chuto y Batea), efectuadas por su mandante en fechas 17 de noviembre de 2005 y 16 de diciembre de 2005, respectivamente las cuales están consignadas en copias fotostáticas marcadas “C”. En la oportunidad de la Audiencia de Juicio el Apoderado Judicial de la parte co-demandada; empresa Transporte Doña Julia; alegó que da como fiel y exacta dichas documentales que se encuentran consignadas en copias fotostáticas simples, reconociendo expresamente las referidas documentales; en consecuencia se tendrá como exacto el texto de los documentos que fueron presentados por la parte demandante en copia simple; de conformidad con lo establecido en el 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; demostrándose con la referida documental; que el ciudadano Domingo Ortiz, hoy parte demandante en la presente causa; le notificó en fecha 17 de Noviembre de 2005, al ciudadano: José Gregorio Silveira Hurtado, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil: Transporte Doña Julia, C.A.; el motivo de su renuncia; y la entrega del chuto y batea que efecto en fecha 16 de diciembre de 2005. Así se decide.

e) Recibos de pagos de su representado, durante todo el tiempo que duró la relación laboral. En la oportunidad de la Audiencia de Juicio el Apoderado Judicial de la parte co-demandada; empresa Transporte Doña Julia; expreso que dado el carácter eventual del servicio no tenían los recibos de pagos; es decir no presento los referidos documentales; en consecuencia; esta sentenciadora no puede valorar dicha prueba en virtud de que la parte actora no presento las copias o el texto del documento, no aporto los datos característicos del contenido del documento; para conceder el efecto establecido en el Artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

2.) A la Sociedad Mercantil: Transporte Doña Julia C.A., así como a la sociedad mercantil: Teikoku Oil de Venezuela, C.A. en la persona de sus representantes legales; a exhibir:
a) Los registros de servicios, datos de recepción o reportes; con el logo de Transporte Doña Julia C.A., los cuales se encuentran consignados en copias fotostáticas marcadas “D”. En la oportunidad de la Audiencia de Juicio el Apoderado Judicial de la parte co-demandada; empresa Transporte Doña Julia; alegó que da como fiel y exacta dichas documentales que se encuentran consignadas en copias fotostáticas simples, reconociendo expresamente las referidas documentales; en consecuencia se tendrá como exacto el texto de los documentos que fueron presentados por la parte demandante en copia simple; de conformidad con lo establecido en el 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; demostrándose con las referidas documentales; el registro de servicio y datos de recepción; emanada de la sociedad mercantil: Transporte Doña Julia C.A.; el nombre de la empresa donde va dirigido el servicio, el cual es la empresa Teikoku Oil de Venezuela; el nombre del Trabajador; el cual es el ciudadano Domingo Ortiz, hoy demandante en la presente causa; el cargo desempeñado; como chofer. Así se decide.

3.) A la Sociedad Mercantil: Transporte Doña Julia C.A., así como a la sociedad mercantil: Teikoku Oil de Venezuela, C.A. y a la empresa Repsol Y.P.F; en la persona de sus representantes legales; a exhibir:
a) Facturas y registro de servicios, datos de recepción y reportes; de los trabajos realizados por su mandante; los cuales se encuentran consignados marcados “H”.
En la oportunidad de la Audiencia de Juicio el Apoderado Judicial de la parte co-demandada; empresa Transporte Doña Julia; señalo; que por ningún lado aparece la firma de su representado; que son pruebas que emanan de la propia parte. Con relación a las referidas documentales, que no fueron exhibidos por la parte demandada esta sentenciadora no puede valorar dicha prueba en virtud de que la parte actora no presento las copias o el texto del documento, no aporto los datos característicos del contenido del documento; para conceder el efecto establecido en el Artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

c) Y con respecto a la Exhibición de Documentos, solicitada a la empresa Asociación de Maiceros y Ganaderos (AMYGA) y a la empresa Agroisleña, C.A.; este Tribunal en la oportunidad legal correspondiente la declaró Inadmisible, por considerar que los referidos documentales, no se encuentran en poder de su adversario; tal y como lo establece el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y Así se decide.-

d) Prueba de Informe: Promovió la prueba de informe y se ordenó oficiar: Al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT); con el fin de que informen si la empresa Transporte Doña Julia C.A., realizó durante los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 la correspondiente declaración sobre la renta; el monto de la misma y los desgrávamenes. Se observa que a la presente fecha no hemos recibido respuesta; este Tribunal, no puede valorarlas; en consecuencia la misma se desecha de conformidad con lo establecido en el Articulo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

e) Testimoniales:
Promovió las declaraciones de los ciudadanos: HECTOR JOSE BONILLA PIÑANGO; JOSE GREGORIO RODRIGUEZ, MARIO RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ, RENNY ANTONIO RODRIGUEZ RISSO; WILIAN RAFAEL LEDEZMA, ENRIQUE RODRIGUEZ RISSO, MAXIMO RAMON MORENO, FREDDY LEONARDO GARCIA, MARCO ANTONIO BRAVO GUERRA, SERGIO JOSE ESCALONA, LUIS ORANGEL ALVAREZ, CARLOS ANTONIO BANDRES LAYA Y AMERICA JOSEFINA SANCHEZ; venezolanos, mayores de edad y de este domicilio.

Con relación a los testigos: JOSE GREGORIO RODRIGUEZ, MARIO RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ, RENNY ANTONIO RODRIGUEZ RISSO; WILIAN RAFAEL LEDEZMA, ENRIQUE RODRIGUEZ RISSO, MAXIMO RAMON MORENO, FREDDY LEONARDO GARCIA, MARCO ANTONIO BRAVO GUERRA, SERGIO JOSE ESCALONA, LUIS ORANGEL ALVAREZ Y AMERICA JOSEFINA SANCHEZ; el Tribunal dejo constancia de la incomparecencia de los mismos a la Audiencia de Juicio, oportunidad fijada para la evacuación de dichas testimoniales; en consecuencia esta Juzgadora los desecha del juicio. Así se decide.

Seguidamente se procedió a la juramentación de Ley de los testigos promovidos, ciudadanos: HECTOR JOSE BONILLA PIÑANGO Y CARLOS ANTONIO BANDRES LAYA; plenamente identificados en los autos y posteriormente se le exhortó sobre lo que establece la Primera Parte del Artículo 99 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, relativo a cuando el testigo declare falsamente. En cuanto a las declaraciones rendidas por los ciudadanos: Héctor José Bonilla y Carlos Antonio Bandres Laya; este Tribunal no le confiere valor probatorio; por cuanto que la declaración rendida por el primero de ellos no aportó elemento alguno al punto controvertido en la presente causa; ya que los hechos que informa a este Juzgado, en nada ayuda a resolver el conflicto planteado. Y en lo que respecta al segundo de los nombrados, se constata que al momento de ser repreguntado por el Apoderado Judicial de la co-demandada empresa Transporte Doña Julia C.A., a través de su declaración informa que existe una amistad con el Señor Domingo Ortiz; al señalar que son buenos vecinos, buenos compañeros, que siempre están en una licorería echándose palos y que se cuentan sus problemas; que se conocen desde el año 84; por lo que es forzoso desechar la declaración que se analiza, por no merecerle confianza a este Tribunal. Así se decide

Las partes demandadas promovieron en la Audiencia Preliminar lo siguiente:

I.- SOCIEDAD MERCANTIL: REPSOL YPF VENEZUELA, S.A.

a) Invoco el merito favorable de los autos. (Folio 68). En relación con la solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, este Tribunal observa que tal alegación es utilizada comúnmente por los abogados litigantes, no es un medio de prueba sino la solicitud de aplicación del Principio de la Comunidad de la Prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, razón por la cual al no ser promovido un medio de prueba susceptible de valoración, ésta Juzgadora considera, que es improcedente valorar tales alegaciones. Así se decide.

II.- SOCIEDAD MERCANTIL: TEIKOKU OIL DE VENEZUELA, C.A.
No promovió pruebas, y se adhiere a las pruebas aportadas por la sociedad mercantil: Transporte Doña Julia, C.A.

III.- SOCIEDAD MERCANTIL: TRANSPORTE DOÑA JULIA, C.A.; promovió las siguientes:

DE LA INCIDENCIA POR DESCONOCIMIENTO
DE FIRMA
Documentales:

a) Panilla de pago ó liquidación de flete emanado de la sociedad mercantil Transporte Doña Julia C.A., marcada con la letra “A” (Folio 79). Panilla de pago ó liquidación de flete emanado de la sociedad mercantil Transporte Doña Julia C.A., marcada con la letra “B” (Folio 80). Panilla de pago ó liquidación de flete emanado de la sociedad mercantil Transporte Doña Julia C.A., marcada con la letra “C” (Folio 81). Panilla de pago ó liquidación de flete emanado de la sociedad mercantil Transporte Doña Julia C.A., marcada con la letra “D” (Folio 82). Planilla de liquidación de Prestaciones Sociales, emanada del ciudadano José Gregorio Silveira Hurtado de fecha 06 de Diciembre de 2004, marcado con la letra “E”. (Folio 83). Planilla de liquidación de Prestaciones Sociales, emanada del ciudadano José Gregorio Silveira Hurtado de fecha 16 de Diciembre del 2005, marcado con la letra “F”. (Folio 84). Se observa que las referidas documentales están suscritas por la parte demandante; pero en la oportunidad de la Audiencia de Juicio, en la fase de evacuación de pruebas la parte demandante, desconoció formalmente la firma de las documental up-supra señaladas que riela a los folios 79, 80, 81, 82, 83 y 84, de este expediente judicial; manifestando que no había firmado dichas documentales ni recibido cantidad alguna por tales concepto; con excepción de las documentales que rielan a los folios 81 y 82 de este expediente, marcada con la letra “C” y “D”; manifestando que había recibido la cantidad de Bs. 501.140, oo y la suma de Bs. 2.615.394,oo; pero no en las fecha señaladas en las referidas documentales, sino en otra fecha, y que la firma que se encuentran en esas documentales no era su firma; insistiendo la parte demandada en hacer valer dichos documentales; posteriormente mediante diligencia el Apoderado Judicial de la parte co-demandada sociedad mercantil: Transporte Doña Julia, C.A. señalo, los documentos indubitados para la prueba de cotejo; de conformidad con lo establecido en el Articulo 90 de la Ley Orgánica del Trabajo; y señalo que dichos documentos son los siguientes: a) El libelo de la demanda inserto en el folio 04 de este expediente; b) El instrumento poder que el demandante otorgo a sus abogados el cual esta inserto en el folio 05 de la primera pieza; c) Acta de la Audiencia de Juicio celebrada en fecha 07 de Noviembre de 2006, que corre inserta a la segunda pieza del expediente. Visto el desconocimiento de las firmas opuesta por la parte actora en la Audiencia de Juicio de las documentales antes señaladas; este Tribunal dentro de la oportunidad legal correspondiente procedió a nombrar el experto Grafotécnico en el presente asunto, todo ello de conformidad con lo establecido en el Articulo 94 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y procedió a designar al Abogado German Arturo Vivas, Experto Grafotécnico; quien es venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 5.268.349; inscrito en el Colegio de Peritos y Expertos Grafotecnicos del Estado Aragua bajo el Nº 2; a los fines de practicar la experticia pericial correspondiente; quien acepto el cargo y fue debidamente juramentado; tal y como se desprende de las actas que conforman el presente expediente judicial. (Folios 70 al 76 de la segunda pieza). Quien asistió a la Prolongación de la Audiencia de Juicio, previamente notificado, cuyas resultas corren insertas a los folios 72 al 74, de este expediente judicial, siendo ratificado el informe pericial a través de la prueba testimonial en la Prolongación de la Audiencia de Juicio. A través del análisis de la presente prueba, se verifica que el experto Grafotécnico designado por este Tribunal, practico el estudio pericial encomendado y presentó dicho informe en fecha 13 de Diciembre de 2006, informe pericial que riela a los folios 81 al 84 de este expediente judicial. En la oportunidad de la Prolongación de la Audiencia de Juicio, debidamente juramentado expuso: “El dictamen pericial consistió en examinar un material ecritural cuestionado, que me fue facilitado por este Tribunal y cotejando con el material indubitado, aplicando el Método de Estudio de la Motrocidad Automática del Ejecutante y provisto para ello de Instrumental Óptico apropiado, consistente de Microscopio de campo extenso, que sirve para magnificar el campo visual del experto; una vez tramitado dicho cotejo, ubique peculiaridades graficas de la autoría totalmente coincidente entre el material cuestionado y el material indubitado, lo cuál me condujo a establecer que las firmas cuestionadas correspondían a la autoría de la persona que facilitó las firmas de origen indubitado que me facilitaron para dicho cotejo.” Finalizada su exposición intervino la ciudadana Juez y le concedió el derecho de palabra a las partes para que formularan sus preguntas, dudas y observaciones, concediéndoles el derecho de la contradicción de la prueba. Seguidamente el Apoderado Judicial de la parte demandante expone: “… Me permite el Tribunal hacerle varias preguntas al ciudadano experto para que me pueda dar respuesta a las observaciones y preguntas que voy hacer (…). Doctor para llegar a la determinación de la realización de los hechos y del derecho que utilizó su persona para llegar a esa conclusión, en que porcentaje de veracidad nos puede suministrar a nosotros que es cierto, la conclusión que Usted llego. Respondió el experto: “Bueno en mi experiencia el 99 % de veracidad, porque; en la practica de la grafotecnia no se analiza el parecido o desemejanza entre una firma y otra, o sea no es el aspecto morfológico, lo que va a ubicar al experto en el estudio del cotejo Grafotécnico o de la confrontación entre firmas; de allí que cuando tú piensas que se me parece esta firma o no se me parece, eso no es lo que el experto entra a estudiar, el experto entra ha estudiar son los puntos característicos inherentes a la persona que esta escribiendo, que ni que quiera disfrazarlo o imitarlo lo va ha poder hacer, realizar eso”. De acuerdo con la pregunta y a la respuesta que yo le hice me permito repreguntarle en base a ello, yo le hice una pregunta en base al hecho y al derecho, Usted que grado de porcentaje era cierto, Usted utilizó alguna norma, algún derecho para llegar a esa conclusión?. Respondió el experto: “No, el Método de Estudio de la Motrocidad Automática del Ejecutante y Instrumental óptico apropiado; porque es una misión técnica que me encomendó el tribunal”. O sea no utilizó el derecho (…), basándonos en la primera respuesta quiere decir entonces que no es el derecho sino los hechos; yo quiero preguntarle ciudadano doctor con todo respeto que tipo de firma existen en el banco del Estudio del Análisis en el sistema Grafotécnico Venezolano?. Respondió el experto: “Firmas legibles e ilegibles”. Cuando hablamos de firma para ilustrar más al Tribunal, cuando hablamos de firmas legibles y firmas ilegibles podrías detallarnos más cuales son las firmas legibles y cuales son las ilegibles. Respondió el experto:”Firmas legibles son las que se leen (...) Otra pregunta doctor para el análisis de las firmas legibles e ilegibles son diferentes los métodos, las herramientas son diferentes. Respondió el experto:”No, lo ideal en verdad es que el material sea homologo, esto es que si vamos ha analizar firmas ilegibles se correspondan con firmas ilegibles, es lo ideal, pero en dado caso que no existan, se pueden cotejar con firmas ilegibles con firmas legibles, lo ideal seria firma legible (…) Cuando Usted me dice que es indiferentemente el análisis con las herramientas o instrumentos realizados para llegar al análisis de la experticia y cuando Usted nos dice que utilizó la Metodología de la Motrocidad Automática del Ejecutante, lo que es que la persona piensa y el sub-conciente lo hace; es así?. Respondió el experto:”Si es un acto evolutivo al principio”. Y me habla de la caja de reglón, espontaneidad, de la firmeza de los trazos y puntos característicos, cierto en su experticia esta este análisis; por lo menos ésta firma ilegible Usted analiza el punto inicial y el punto final o los rasgos finales o los rasgos iniciales y no el contenido?. Respondió el experto: “ Se puede analizar, pero como le explique anteriormente, lo ideal es firma ilegible con firma legible, dado el caso que no exista sino esto que Usted me esta exponiendo , firma ilegible con firma legible se tiene que ser un estudio con la salvedad de que se esta trabajando con material no apropiado; y para eso se requiere entonces, para llegar aún material adecuado de cuestiones de veracidad para un análisis de este tipo”. Que necesitamos. Respondió el experto:” El material idóneo (…)” Otra pregunta doctor, ya entrando en la experticia plenamente a la firma de mi representado, esa firma es legible o ilegible?. Respondió el experto:“ Es legible” . Cuando estamos hablando de firma legible (…). Con todo respeto doctor respetamos mucho su trabajo, pero no estamos de acuerdo, la objetamos (…), lamentablemente no estamos de acuerdo, presentamos las objeciones, la inconformidad, la objetamos totalmente y no estamos de acuerdo por todos y cada uno de los documentos tanto del doctor como los míos. Seguidamente se le concede el derecho de palabra al co-apoderado judicial de la parte co-demanda, sociedad mercantil: Transporte Doña Julia, C.A., quien expone:”...Yo previamente quiero señalar, un punto previo, la experticia o mejor dicho el informe pericial, que habrá que determinar este Tribunal para llegar a la certeza si la firma corresponde o n al demandante, eso no puede ser objeto de impugnación en este acto ni en días anteriores; por la sencilla razón de que este Tribunal le confió a un experto que tenía conocimiento sobre la materia en especial sobre la grafotecnia para que realizará sobre el documento que se negó y lo que nosotros señalamos como documentos indubitados (…). En otras palabras lo que dice mi distinguido colega y lo que pueda yo supuestamente objetar no debe ser tomado en cuenta por el Tribunal, porque el Tribunal y me perdona la redundancia debe analizar únicamente el dictamen del experto, como lo ordena el articulo 92 (…); es el Tribunal, es Usted ciudadana Juez, la que deberá determinar si el dictamen tiene convicción para su persona o no tiene (…) Ahora bien, le voy hacer una o dos preguntas. Ciudadano experto Usted tiene cuantos años desempeñando función de experto. Respondió el experto: “Creo que V