Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal NIEGA la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia interlocutoria dictada por este Tribunal el 23 de Mayo de 2.007, la cual afirmó la competencia de la Juez de este Tribunal para conocer de la presente causa. Así se decide.

"...En cumplimiento de la comisión, este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Hizo ENTREGA MATERIAL Y JURÍDICA del siguiente inmueble: Un apartamento distinguido con el numero 47, ubicado en el piso doce (12) del Edificio Olimpo, situado en la Avenida Andrés Bello, jurisdicción del Municipio Libertador, Distrito Capital,; y lo puso en posesión de la parte actora ADMINISTRADORA MILLENIUM MR C.A., en la persona de su apoderada judicial abogada SONIA CASTRO, antes identificada, quien lo recibió conforme libre de bienes y personas..."

Este Tribunal, a los fines de decretar la medida de secuestro solicitada y en cumplimiento a lo establecido en artículo trascrito anteriormente, exige a la parte actora, constituya garantía suficiente de las previstas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, la cual deberá ser hasta por la cantidad de ciento veintinueve millones cuatrocientos veintidós mil novecientos noventa y ocho Bolívares con ochenta y dos céntimos (Bs. 129.422.998,82), que comprende el doble de la cantidad en que fue estimada la demanda (Bs. 115.042.665,62), más las costas calculadas prudencialmente en un 25%, es decir, Bs.14.380.333,20, y si la misma fuere consignada en cantidades liquidas de dinero, deberá ser hasta cubrir la cantidad de setenta y un millones novecientos un mil seiscientos sesenta y seis Bolívares con un céntimo (Bs. 71.901.666,01) suma que representa la cantidad en que fue estimada la demanda (Bs. 57.521.332,81) más las costas calculadas prudencialmente por este Tribunal en 25%, y,.....

DE LA DISPOSITIVA En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda de DESALOJO intentada por la abogada Alejandra María Marcano Martínez en su condición de apoderada judicial de los ciudadanos Miriam Josefina Vivas de Mendoza, Héctor David Mendoza Vivas, Gabriela Claret Mendoza Vivas y Héctor Alejandro Mendoza Vivas, miembros de la sucesión de Héctor Mendoza Galindo, contra la ciudadana Leonor Josefina Brito, representada judicialmente por los abogados Jaime Martínez Peñuela y José Fernando Velásquez Guevara, por cuanto la representación actora no demostró durante el transcurso del hecho controvertido que la demandada estuviese incursa en alguna de las causales que prescribe el Artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios,.....

En fuerza de las anteriores consideraciones, éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR, la demanda por desalojo incoada por el ciudadano RAMIRO ANTONIO CASA F., en contra de la ciudadana DANEIDA JOSEFINA VARGAS GONZALEZ, ambas partes suficientemente identificadas en el encabezamiento de este fallo. En consecuencia, se condena a la parte demandada a: Primero: Entregar a la parte actora libre de personas y de bienes, el inmueble destinado para vivienda que forma parte integrante del Local Mezzanina 03, del Edificio "Residencias Ana Maria", ubicado de Dr. González a Aurora, Parroquia Altagracia, Caracas Distrito Capital. Segundo: Pagar la cantidad de BOLIVARES DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTIMOS (2.520.000,oo), por concepto de cánones de arrendamiento dejados de cancelar, correspondientes a los meses desde Diciembre de 2.006 hasta Septiembre de 2.007, a razón de Bolívares DOSCIEN.....

En consecuencia, este Tribunal a fin de garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva que le asiste a las partes, y en ejercicio de la autoridad que la ley le confiere a los jueces para hacer cumplir sus sentencias, autos y decretos, y a fin de que no quede ilusoria la ejecución de la medida de secuestro decretada por este Tribunal en fecha 09 de agosto de 2007, acuerda poner en posesión de la Depositaria Judicial LA CONSOLIDADA S.A., en las mismas condiciones que constan del acta levantada por el Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, el bien inmueble objeto de la medida de secuestro practicada por ese Tribunal en fecha 20 de septiembre de 2007 y constituido por el apartamento signado con el no. C-211, del Conjunto Residencial Mil Centro, ubicado en San Martín entre las esquinas de Alcabala y Palo Negro, torre C, piso 21 , Municipio Libertador, Distrito Capital. En el cumplimiento de ese encargo, el Tribunal en ejecución de esa medida podrá.....

En vista de las consideraciones antes expuestas, este tribunal haciendo uso de la facultad conferida a los jueces en el articulo 206 del Código de Procedimiento Civil, y en concordancia con los artículos 212 y 245 ejusdem, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara la nulidad de todas las actuaciones verificadas en el presente juicio a partir del vencimiento del lapso legal a que alude el articulo 231 del Código de Procedimiento Civil, y repone la causa al estado en que se le designe a los herederos desconocidos del decuyus , un defensor de oficio en los términos que indica el articulo 232 ejusdem. Así se decide.

SEGUNDO Vista y analizadas como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, así como la transacción celebrada el día 27 de Septiembre de 2007, entre el demandado, ciudadano ANDRES FAJULA CODINA,, identificado ut-supra, quien se encontraba representado por el abogado JORGE DICKSON URDANETA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 64.595, y la sociedad mercantil CONSTRUCTORA Y BIENES RAICES TIPALDI Y LICCIARDI, C.A., ya identificada, representada por su apoderado judicial Abogado JESUS ARTURO BRACHO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 25.402; parte actora en el presente juicio y como quiera que no existe presunción alguna que la transacción que nos ocupa lesione o menoscabe de manera directa o indirecta derechos de terceros, ni de las partes que intervienen en este juicio, ni es contraria al orden público, ni a ninguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal le imparte su correspondiente HOMOLOGACIÓN, teniéndosele como sentencia pasada en autoridad de co.....

En fuerza de la anterior consideración, este Tribunal, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara sin lugar la demanda que presentó Luisa Cristina Acosta González contra Maryeling Mercedes Reinales Peña. Hay condena en costas por razón del vencimiento.

De la interpretación de la norma citada, se desprende que los medios de prueba que debe presentar el solicitante no sólo van dirigidos a demostrar la presunción del buen derecho, sino que también se requiere la prueba de que va a quedar ilusoria la ejecución del fallo, en caso de que éste sea favorable a la misma parte que requiere asegurar las resultas del juicio. Ahora bien, revisados y analizados los recaudos consignados por la parte actora, así como los alegatos esgrimidos para que se le decrete la medida de secuestro, considera esta Juzgadora que no hay constancia en autos de algún medio de prueba que demuestre el peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Como consecuencia de ello, faltando uno de los requisitos para que se decrete la medida de secuestro (Periculum in mora), este Órgano Jurisdiccional considera IMPROCEDENTE la solicitud de la medida antes señalada. Y ASÍ SE DECIDE